En el medio, sectores del Estado, que deberían velar por los derechos de la sociedad en su conjunto, privilegiaron los intereses de unas élites políticas y económicas, que han bloqueado la solución al conflicto armado y agrario, lo que terminó siendo uno de los principales combustibles de la violencia.

Además, las grandes empresas mineras que fueron llegando a la región, y se instalaron como la gran esperanza de desarrollo, a pesar de generar empleos y dejar miles de millones de pesos en regalías, también multiplicaron los conflictos.

Entre 1996 y 2006 en La Jagua, Becerril, Codazzi, El Paso y Chiriguaná, que tenían unos 140.000 habitantes, fueron desplazadas casi 58.000 personas y otras 6.000 fueron asesinadas. Hoy en día los campesinos desplazados intentan que les devuelvan sus tierras, pero se encuentran con que éstas están en manos de socios y cómplices de los paramilitares, terratenientes, ganaderos y compañías mineras.

La maldita tierra muestra los momentos clave para entender la violencia en el departamento de Cesar y le da voz a muchos de los protagonistas, testigos y sobrevivientes, como un aporte a la verdad y a la memoria sobre la barbarie que ha padecido la Costa Caribe colombiana. Esto cobra mayor relevancia en momentos en que el país empieza a hacer el tránsito a un escenario de posconflicto y en el que se hace sustancial esclarecer esas zonas grises.

El cuadro que dibuja este texto tiene aún muchas preguntas sin respuesta, relevantes para el proceso de esclarecimiento que se abre con la firma de un acuerdo de paz. Entre ellas, una que ha sido objeto de escasa investigación: ¿hasta dónde las grandes empresas jugaron un papel en los procesos de violencia y despojo de tierras que caracterizan la década terrible del Cesar?