Memoria por las víctimas de la masacre de El Topacio, San Rafael

Se cumplen 37 años de la masacre de 14 mineros de la vereda El Topacio, en San Rafael (Antioquia), inscrita en el exterminio sistemático de la Unión Patriótica en la década de los 80.

Individuos armados trazaron recorridos de horror por la vereda El Topacio, en San Rafael, Oriente antioqueño, entre el 12 y el 14 de junio de 1988. Llegaron a cuatro casas y al campamento El Encenillo, lugares donde secuestraron a 14 hombres asociados a la Cooperativa de Mineros del río Nare, fundada por Alejo Arango, líder político de la Unión Patriótica (UP) en la región, asesinado junto a otros militantes del partido a principios del mismo año. Semanas después se encontraron partes de sus cuerpos en el lecho del río.

El exterminio sistemático de la UP —partido que fundaron las FARC-EP y el Partido Comunista Colombiano tras el acuerdo de paz con el gobierno de Belisario Betancur— trajo 64 masacres en el país en 1988. Segovia, la vereda Coquitos y las fincas bananeras Honduras y La Negra en el corregimiento Currulao, de Turbo (Antioquia) y el corregimiento Mejor Esquina, de Buenavista (Córdoba) son lugares en la memoria por estos hechos de violencia con la colaboración o tolerancia de agentes del Estado. De lo ocurrido en El Topacio, da cuenta el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) Memorias de una masacre olvidada. Los mineros de El Topacio, San Rafael (Antioquia), 1998.

Alrededor de la una de la mañana del 13 de junio, hombres con fusiles, vestidos con prendas camufladas, se llevaron a los hermanos Abel Antonio y Ovidio Buriticá Rincón, a quienes acusaron de ser guerrilleros. La noche de aquel lunes secuestraron a Jesús Antonio Buriticá Parra; en la tienda de la cooperativa de la junta de acción comunal, golpearon al administrador y lo amenazaron frente a cuatro personas que estaban allí.

Otros cuatro hombres, con ropa oscura y armas cortas, llegaron al campamento minero de Los Encenillos en la tarde del martes y obligaron a diez mineros. En silencio, vigilados, caminaron río abajo Gustavo Adolfo, Guillermo León y Fredy de Jesús Giraldo García, Juan de Jesús Taborda Colorado, Juan Evangelista Marín, Fabio Elías Cuervo, Alirio de Jesús Cuervo, Diofanor de Jesús Daza, Óscar Enrique Daza y John Mario Giraldo Gutiérrez. Esa misma noche, desconocidos sacaron de su casa a Julio Arturo Hincapié, minero y líder comunitario, y saquearon la tienda de la cooperativa, a unos 50 metros de la escuela.

Según relatos de sus familiares, la muerte de todos estos hombres se reveló el 21 de junio con los gallinazos que se peleaban partes de sus cuerpos en las playas del río. Al día siguiente y el 20 de julio, dos comisiones judiciales practicaron diligencias de inspección y trasladaron los restos que se depositaron en varios ataúdes en el cementerio de San Rafael. No hubo velorios, solo talegos con los huesos lanzados desde un helicóptero.

En agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró responsable al Ejército por la desaparición forzada de dos de las víctimas. Crédito: Unidad para las Víctimas.

La lucha por el esclarecimiento

«Cuando vaciaron el primer costal, que mamá comenzó a reblujar la ropa, lo primero que encontró fue los dos interiores de los dos muchachos. Ya las otras madres siguieron reblujando otros costales y encontraron la ropa de ellos», declaró una familiar de las víctimas en 2014 a investigadores del CNMH.

Los reclamos de los familiares frente a la identificación llevaron a que se exhumaran los restos en 2010 y se asignara la investigación a la recién creada Unidad Nacional contra los delitos de Desaparición y Desplazamiento Forzado. En 2019, tras el trabajo del grupo de Identificación Humana del CTI de la Fiscalía en Medellín y del Grupo de Genética de la Fiscalía en Bogotá, se entregaron los restos mortales de 10 de los mineros identificados de manera plena. Con los restos cuya identidad no fue posible establecer con precisión científica se realizó una despedida simbólica y se entregaron los respectivos certificados de defunción a sus familiares.

En agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró responsable al Ejército Nacional por la desaparición forzada de los hermanos Abel Antonio y Ovidio Buriticá Rincón. El tribunal determinó que los sujetos armados que irrumpieron en sus casas, en la vereda El Topacio, eran integrantes de la fuerza pública o contaron con su aprobación.

A pesar de esta decisión, la impunidad hasta el presente hace parte del daño a familiares y allegados a las víctimas. La investigación penal que implicaba al comandante de la base militar en San Rafael, capitán Carlos Enrique Martínez Orozco —retirado del servicio en 1992—, por la desaparición forzada de los mineros, concluyó con la absolución en dos instancias, en 1990 y 1991. No obstante, ante posteriores denuncias de familiares de las víctimas se determinó la reapertura del proceso contra el oficial y otros militares.