Este 2016 se cumplen ocho años de homenaje a las víctimas de crímenes de Estado en Colombia. Los actos conmemorativos que suelen adelantarse cada 6 de marzo, en esta oportunidad tuvieron lugar el martes 15 de marzo. Diversas organizaciones sociales realizaron una concentración en la Plaza de Bolívar de Bogotá, acompañada de una rueda de prensa para exponer la situación de las víctimas de crimenes de Estado en Colombia. En departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Meta y Sucre se realizaron las tradicionales movilizaciones.
Y es que fue con movilizaciones que se hizo el primer homenaje a las víctimas, el 6 de marzo del 2008. Entonces, cerca de dos millones de personas salieron a las calles de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla. La jornada, según lo señalado por sus convocantes, no era una respuesta a la marcha realizada ese mismo año, el 4 de febrero, contra las Farc. Por el contrario, aseguraban que era resultado de la crítica a la desmovilización paramilitar. “Aquí hay de fondo una discusión que es el problema de orden publico, el monopolio de la fuerza, el comportamiento de los funcionarios y de los miembros de la fuerza pública, y la relación con los grupos paramilitares que consideramos que en este momento con el instrumento que hay, que es la Ley de Justicia y Paz, no se resuelve de una manera satisfactoria”, declaró en su momento Iván Cepeda.
Para Soraya Gutiérrez, del Comité de Impulso del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) “las organizaciones habían tenido que enfrentarse a una Ley de Justicia y Paz negacionista, que no reconocía que en Colombia existieran víctimas diferentes a las generadas por el conflicto armado entre el Estado y las guerrillas; personas que son víctimas del conflicto social y de las políticas sistemáticas y generalizadas creadas desde altos niveles del Estado que buscan eliminar a sectores alternativos que reivindican derechos, y que por lo tanto, son víctimas del Estado”.
Lo que inició entonces como una movilización para denunciar ese “negacionismo”, y hacer manifiesta la existencia de víctimas de crímenes cometidos por el Estado, se ha convertido con el paso de los años en una iniciativa de encuentro y memoria colectiva, que convoca a diferentes expresiones sociales en un esfuerzo por trascender lo aprobado por la Ley de Justicia y Paz, pero también para promover y fortalecer el diálogo entre organizaciones para la realización de propuestas judiciales y extrajudiciales de reparación integral, sanción moral y política.
Las jornadas de conmemoración del 6 de marzo han contado con un sinnúmero iniciativas en los diferentes departamentos del país, entre las que se cuentan galerías itinerantes de la memoria, foros de debate público, talleres de memoria, plantones y movilizaciones, fomentadas por organizaciones como la Asociación de Familiares y Víctimas de la Masacre de Trujillo, la Fundación Nicolás Neira, las Madres de Soacha, la Unión Patriótica, y el Movice, entre otras.
“Las víctimas han encontrado un escenario para poder recordar a sus seres queridos pero hacer memoria de quienes eran ellos es también hacer memoria de lo que reivindicaban, y de los procesos sociales que fueron destruidos. Por eso la memoria para nosotros es transformación, es poder decir que somos ciudadanos y ciudadanas con derechos, que no exigimos medidas paliatorias de reparación, sino medidas que ataquen las causas que han generado la criminalidad del Estado”, asegura Soraya Gutiérrez-.
Victimas advierten incremento de amenazas y asesinatos
En el octavo homenaje anual a las víctimas de crímenes de Estado, las organizaciones valoraron el trabajo adelantado a lo largo de los últimos años que les permitió exponer ante la mesa de conversaciones de paz de La Habana, la necesidad de que el quinto punto incluya la necesidad de contemplar la responsabilidad del Estado en la eventual comisión de la verdad.
“Allí hay un escenario, y allí vamos a seguir luchando para que haya reformas estructurales que permitan una depuración al interior del Estado, pues son instituciones como el Ejército y la Policía las que como caldo de cultivo, han alimentado la persecución contra el movimiento social y popular en Colombia”, señala Soraya Gutiérrez. Sin embargo, asegura que este logro se ve disminuido ante la realidad que viven actualmente las organizaciones de derechos humanos en Colombia; denuncian que las situaciones de riesgo y seguridad persisten para las víctimas de crímenes de Estado.
En el último mes se registraron 54 agresiones a líderes y lideresas sociales, y 28 asesinatos, entre los cuales se encuentran 13 líderes de restitución de tierras y de movimientos en defensa de los derechos humanos, y 15 asesinatos “en el marco de las mal llamadas acciones de limpieza social, parte de la estrategia de terror y zozobra para controlar a las comunidades donde hacen presencia (los grupos paramilitares)”, indicó Ángela Castellanos, de la Corporación Acción Humanitaria por la Convicencia y la Paz del Nordeste Antioqueño.
Cabe recordar que en 2015 fueron asesinados 51 defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia (Informe de Amnistía Internacional), y en 2014 fueron asesinadas 55 (informe Somos Defensores), lo que supondría un incremento cercano al 200% en asesinatos en el primer trimestre del año. Por otra parte, desde que se implementó la Ley de Justicia y Paz en 2005, 86 personas han sido amenazadas, atribuyendolas a las “bacrim” o parmilitares desmovilizados, y han sido asesinados 71 reclamantes de tierras (informe Human Right Watch 2013) con una sola condena a los autores materiales y sin investigaciones en curso respecto a los autores intelectuales.
Las organizaciones sociales participantes en la conmemoración aseguraron que “estos hechos constituyen una respuesta de sectores de ultraderecha ante los anuncios de un inminente cese al fuego bilateral y la eventual firma del acuerdo de paz con las Farc, como a los anuncios de los avances en los diálogos con el ELN”, por lo que solicitan a la mesa de diálogos de paz de La Habana y a los países garantes, que se cree una comisión del más alto nivel “que depure las instituciones del Estado que perpetúan la impunidad en Colombia, y que dé garantías de no repetición porque no es posible que a las puertas de la firma de un acuerdo de paz, se esté iniciando un segundo genocidio”.
Para el Movice, el homenaje a las víctimas de crímenes de Estado sigue siendo en el 2016 tan vigente como en 2008, en tanto el reconocimiento de la magnitud del fenómeno paramilitar, la reparación y no repetición, sigue siendo una tarea pendiente por parte del Estado colombiano.
