¿Por qué debería declararse el 28 de abril como Día Nacional de la Resistencia Popular?

• Durante una audiencia pública realizada en la Cámara de Representantes, varias personas que participaron del estallido social de 2021 pidieron que se apruebe el Proyecto de Ley 055 de 2022 y que, con este, se reconozcan las memorias ciudadanas y populares de un paro nacional que partió la historia de Colombia.

“Somos una fuerza colectiva y estamos aquí en plural (…) En el estallido social de 2021 salimos a alimentar la protesta con nuestras ollas comunitarias, con música, pintura, grafiti, asambleas populares, huertas, bibliotecas itinerantes, picaditos de futbol (…) Con creatividad y amor, nos cuidamos colectivamente de esa fuerza policial criminal y desproporcionada que salió a sacarnos los ojos, a estallarnos los oídos y las narices y a abusar sexualmente de nosotras (…) Nada de esto quedará en el olvido”.

Estas son algunas de las palabras que Liliana Gómez -integrante del Espacio Humanitario ‘Al Calor de la Olla’, del Portal La Resistencia- compartió durante la audiencia pública del Proyecto de Ley 055 de 2022 por medio del cual se declara el 28 de abril como Día Nacional de la Resistencia Popular. La audiencia tuvo lugar el pasado 11 de mayo en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Allí, las representantes Carmen Ramírez Boscán y Mary Anne Andrea Perdomo, ponentes del proyecto de Ley, se dieron cita con numerosas personas que participaron del estallido social, con otros congresistas y algunos representantes de instituciones estatales que intercambiaron argumentos a favor de la propuesta.

Un estallido social en el que fue posible imaginar el porvenir

Durante la audiencia, líderes sociales, estudiantes, jóvenes, sindicalistas, periodistas populares, maestras y defensoras de derechos humanos recordaron el entusiasmo cultural, artístico y afectivo que movilizó y sostuvo el estallido. “La movilización social es y será siempre una fábrica de pensamiento, un espacio pedagógico donde podemos imaginar futuros posibles y un porvenir que se gesta desde las artes y la poesía”, recordó Sören Molano Cajamarca, antropóloga, documentalista del estallido y realizadora del documental ‘Dis-Paro: imágenes sonoras de un pueblo que habita la palabra, el canto y la lucha’.

Las memorias de la violencia y la brutalidad policial

El estallido del 2021 fue, según Lina Porras de la ONG Temblores, “un punto de quiebre en nuestro país” que posicionó demandas sociales acumuladas, propició el encuentro de múltiples ciudadanías y abrió espacio a la imaginación colectiva de otras posibilidades para Colombia. Sin embargo -señaló Porras durante la audiencia-, el paro “también nos mostró con crudeza la dimensión de la violencia estatal que se dirigió, con especial intensidad, hacia las poblaciones históricamente marginadas”.

Del 28 de abril al 20 de julio de 2021 -los meses más álgidos del estallido - la plataforma ‘Grita’ de la ONG Temblores registró, de acuerdo con Porras, al menos 5.340 hechos de violencia policial. De estos hechos, 103 fueron casos de heridas oculares, 40 fueron homicidios y 35 fueron casos de violencia sexual.  Estas violencias fueron constatadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en la visita de trabajo que hizo a Colombia entre el 8 y el 10 de junio de 2021, observó el impacto que “la estigmatización tiene sobre los derechos humanos de las personas manifestantes” y expresó que entre las grandes preocupaciones de este estallido social figuran el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia basada en género y la violencia étnico-racial en el marco de la protesta, la violencia contra periodistas, etc.

La necesidad de reivindicar las memorias de la resistencia

“Por todo esto hoy es fundamental hacer memoria sobre lo sucedido en el estallido”, dice Lina Porras. Ella y las demás intervinientes de la audiencia reconocen en el Proyecto de Ley 055 de 2022 la posibilidad de honrar la movilización creativa, la contundencia de la lucha social, la capacidad de resistencia comunitaria y las vidas y los ojos que se perdieron en el marco de las protestas sociales.

Lo que con este proyecto se reivindica -agregó Porras- es la importancia de construir otros sentidos sobre la movilización social que no estén atravesados por la estigmatización y el rechazo, “sino que la entiendan como una forma de participación clave en la construcción democrática de nuestro país”. Hacer memoria -añadió la investigadora- pasa también por construir y reconocer símbolos, por nombrar, resignificar y visibilizar los lugares de enunciación que dieron forma a esa movilización”.

Las propuestas CNMH de cara al Proyecto de Ley

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) estuvo en la audiencia pública y respaldó el Proyecto de Ley. “Hacemos énfasis en la necesidad del cumplimiento cabal de las 41 recomendaciones de la CIDH, en llevar a cabo las reformas en la fuerza policial, la disolución del ESMAD y en darle el lugar civilista que le corresponde a la Fuerza Pública”, afirmó Álvaro Villarraga Sarmiento, director técnico para la Construcción de la Memoria Histórica del CNMH

Villarraga se refirió a dos propuestas claves: por un lado, expresó que se considera pertinente incluir al CNMH como una de las instituciones que velará por el cumplimiento de esta Ley en caso de ser aprobada. “Todas las tareas de esta institución son coherentes y compatibles con las apuestas del Proyecto de Ley”, señaló Villarraga y contó que, desde finales de 2022, el CNMH avanza en un ejercicio investigativo sobre el estallido social en cinco lugares de Colombia.

Por otro lado, Villarraga propuso que al reconocimiento de Puerto Resistencia (Cali) como patrimonio material de la nación se sume el reconocimiento de otros lugares de memoria que surgieron en diferentes lugares de resistencia de distintas ciudades y municipios del país. Yerson González, integrante de los Colectivos de Educación Popular de la Localidad de Suba (Bogotá), concuerda con esta propuesta. En la audiencia, el joven recordó que, desde el estallido social, se han posicionado una serie de “símbolos urbanos” que deben legitimarse social e institucionalmente. “Hay puentes y calles que cambiaron de nombre durante las movilizaciones. En Bogotá, la Avenida Jiménez ahora se llama Avenida Misak, el Portal Américas ahora se llama Portal Resistencia y en Usme tenemos el Puente de la Dignidad. Esos lugares, al igual que nuestras luchas, merecen ser reconocidos, validados y ponderados como parte de la memoria histórica del país”.