Protocolo de Gestión Documental de los Archivos Referidos a las Graves y Manifiestas Violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario, Ocurridas con Ocasión del Conflicto Armado Interno.
Versión II.

El Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH y el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado - AGN entregan, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Protocolo de Gestión Documental de los Archivos Referidos a las Graves y Manifiestas Violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Este protocolo reconoce la importancia de los archivos como instrumento de lucha contra la impunidad y la garantía de los derechos de las víctimas, así como los riesgos de destrucción, adulteración o suplantación que éstos enfrentan.

En esta segunda versión del Protocolo inicialmente reconoce a las organizaciones de la sociedad civil como productoras de archivos y su importancia como fuentes privilegiadas de información para la comprensión del conflicto armado en Colombia. También se exponen los objetivos generales y específicos del protocolo, se desarrollan los principios orientadores y se delimita una definición de archivos de graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Seguidamente se clarifica el marco de la gestión de este tipo de archivos, su alcance, ámbito de aplicación y los criterios de identificación de los archivos relativos a Derechos Humanos, memoria histórica y conflicto armado, para después describir el alcance y concepto de gestión documental, que será tenido en cuenta para el establecimiento de las medidas que deberán implementarse en los archivos de las entidades a las que se dirige este protocolo.

Así mismo se desarrollan las medidas de gestión documental para este tipo de archivos a partir de cuatro ejes fundamentales: protección, valoración, acceso y difusión, y se desarrollan las medidas específicas teniendo en cuenta cada uno de los procesos de la gestión documental: planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición y preservación.

La adopción de este protocolo, de imperativo cumplimiento para los sujetos obligados de la Ley 594 de 2000, se recomienda a las personas naturales y jurídicas de derecho privado, especialmente las organizaciones sociales, de Derechos Humanos y de víctimas, en el entendido de que se pretende lograr su implementación en diversas comunidades, con enfoque diferencial, respetando su voluntad y reconociendo su titularidad en relación con los archivos que poseen.