El pasado 4 de marzo de 2016 la población de Puerto Torres celebró, por decirlo así, que la Unidad de Víctimas reconoció a esta comunidad y a La Mono como sujetos de reparación colectiva. Los pocos habitantes que se quedaron en la región luego del dominio paramilitar, sufrido por la presencia del Bloque Sur Andaquíes, se encontraron en la escuela del pueblo y allí escucharon a las diferentes instituciones del Estado de que todo lo que padecieron sí pasó, que no debe volver a repetirse y tanto dolor debe repararse.

El silencio con el que las personas esperaban en el recinto, se vio interrumpido por el inicio del evento, que trajo consigo un ambiente de agradecimientos y solicitudes. Primero, palabras de reconocimiento para los dirigentes políticos que aportaron para el almuerzo, luego para quien puso los papas, y también hubo palabras de gratitud por el escenario. Todo fue cambiando hasta la intervención de los pobladores, quienes después de 15 años de lo que vivieron en su territorio, por fin sentaron su voz. Los niños de la escuela compartieron sus preocupaciones por la falta de sillas, mesas, balones y computadores; los habitantes se apropiaron por un tiempo, que pudo ser más largo, de la palabra, esa misma que les había quitado la guerra. “Aquí el gobierno no ha existido desde hace mucho tiempo. La carretera no está pavimentada, tenemos un puente caído desde hace mucho y nuestros proyectos productivos no se incentivan”.

Y es que esa mezcla de sentimientos, reclamos y gratitudes, tiene una explicación. Antes, a estas tierras no venían los políticos en campaña. Ninguna institución del Estado llegaba al territorio y, además, allí recaía una estigmatización porque los paramilitares se habían apoderado del pueblo, una cuadra con 40 casas. Hasta se apropiaron de la iglesia, la casa cural y la escuela, para cometer actos de tortura,  "capacitar", si se puede llamar así, a sus hombres sobre cómo asesinar, descuartizar y enterrar a sus víctimas de la manera más rápida y sin dejar, aparentemente, rastro. La mayoría de los asesinados fueron campesinos acusados de ser guerrilleros.

En la época de la presencia paramilitar en Puerto Torres varios pobladores se vieron forzados a dejar sus casas, potreros y cultivos. Aquí, hasta el cura se había ido. En el 2001, cuando el padre Fredy Galindo era seminarista, fue enviado por el padre de Belén de los Andaquíes a Puerto Torres. “Yo ni sabía que esta gente estaba ahí, y cogen y me envían en el mixto” —un carro que funciona como medio de transporte entre municipios y veredas—, recuerda Fredy. En ese carro llegó a La Mono donde se encontró el primer anillo de seguridad, y luego a la última loma que se empina en la carretera y desde donde se divisa todo Puerto Torres. Allí, en un mirador de los paramilitares, le preguntaron quién era y qué venía a hacer; la defensa a su miedo, que ocultaba con una serenidad teatral, fue mostrar el carnet de seminarista. De inmediato lo dejaron pasar.

Al bajar a la zona urbana, incrédulo al desborde del horror que allí se vivía, se fue a la casa cural a dejar sus cosas. "¡Virgen santísima!", exclamó al ver solo sangre, rasguños y una cama sin colchón; huellas de las torturas.

Al decidir que allí no se quedaría, buscó a dos mujeres del lugar para que lo acompañaran donde el comandante, en la tienda del casco urbano. Al rato, llegó en camioneta. “Comandante, me enviaron como seminarista y vengo a pedir permiso para poder celebrar la Semana Santa”, se presentó el padre Fredy con la seriedad que lo caracteriza. “Vea, haga lo que tenga que hacer, vino a una misión y tiene que cumplirla, pero no queremos ver a nadie después de las 6:00 p.m., usted haga lo suyo, pero sin movimientos raros”.

Nadie transitaba a esa hora por orden de los paramilitares, era un pueblito a oscuras, casi fantasma. Luego de esa charla corta, como quien pide permiso a un padre autoritario, el comandante le ofreció a Fredy un pan, un pedazo de salchichón y una gaseosa. “Comí delante de él. Al terminar, él sacó un fajo de billetes y pagó”. Ese mismo pan, el que el padre Fredy había acabado de comer, era uno de los que hizo con la comunidad para recolectar recursos para la celebración de la Semana Santa. ¿Quiénes compraban los panes? Los mismos paramilitares. Se sentaban, se quitaban las botas y comían mientras contaban sus historias de combate entre chistes.

Los pocos habitantes que quedaban en el pueblo se dirigían a la iglesia. Los paramilitares antes de ingresar al recinto religioso se quitaban la gorra pero no el fusil. Un año después, en 2002, el padre Fredy volvería hablar con el comandante, vender pan, dar la misa y bendecir a todos los que asistían a la ceremonia.

El padre Fredy, luego de esos años, no volvió a Puerto Torres hasta  2015, para marchar por la paz. También regresó el pasado 4 de marzo, un viernes, donde las personas, olvidadas de este pueblo al sur de Colombia, tuvieron la oportunidad de ser escuchadas de nuevo. “Hoy Puerto Torres renace de las cenizas, y créannos, el pueblo está totalmente dispuesto a la construcción de una paz”, comentó en su intervención la única profesora de la escuela del lugar. 

Antes de 2015, cuando se lanzó el informe “Textos corporales de la crueldad. Memoria histórica y antropología forense”, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Puerto Torres era otro pueblo olvidado de Colombia. Y es que gracias a este informe —narra las infamias que ocurrieron en el poblado, la exhumación de 36 cuerpos por un equipo forense del CTI en 2002, los relatos de la angustiosa espera de los familiares de estas víctimas—  elaborado por Helka Quevedo, el CNMH puso el tema en agenda y ayudó como puente para que otras instituciones miraran a Puerto Torres después de muchos años. 

Publicado en Noticias CNMH