Antonio González Quintana es un experto en archivística que, desde 1994, se ha especializado en procesos de transición política o superación del conflicto armado. Es archivero de profesión desde 1979 y actual Subdirector General de Archivos, responsable de la ejecución de la política archivística de Madrid.

Ha publicado diversos trabajos sobre los archivos del Movimiento Obrero en España y en los últimos años ha trabajado especialmente en la relación entre archivos y defensa de los derechos humanos, colaborando con diversos proyectos de la UNESCO, Archiveros Sin Fronteras, el Grupo de Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos, y Swisspeace.

González Quintana estuvo de visita en la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) hablando de la importancia de los archivos de derechos humanos en el proceso de justicia transicional que está viviendo Colombia.

¿Cuál va a ser la importancia de los archivos para la implementación del proceso de paz con las Farc?

Todos los archivos, en general de todas las administraciones, van a jugar un papel esencial en la implementación de los acuerdos, especialmente para la reconciliación y reparación de las víctimas. Tanto los archivos de carácter público, como los de instituciones privadas, que den cuenta de diferentes temas, no solo relacionados con derechos humanos van a ser muy importantes. También, los registros de la propiedad serán fundamentales por ejemplo, en el caso de la restitución de tierras.

La experiencia internacional dice que la reparación a las víctimas requiere de pruebas documentales. Alguien tiene que demostrar su condición de víctima, el alcance del daño sufrido, la motivación política de ese daño o la motivación religiosa, dependiendo de las características de cada régimen y las violaciones a los derechos humanos que se hayan experimentado.

Desde su experiencia internacional, ¿qué medidas recomienda que se tomen en Colombia con los archivos de Derechos Humanos?

Una moratoria, una paralización de los procesos de eliminación de documentos de derechos humanos, por lo menos durante el tiempo que las instancias transicionales existan, podría ser una buena alternativa. En Argentina, por ejemplo, a partir de la anulación de los decretos y leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, que abrieron la puerta a la intervención de la justicia penal, el enjuiciamiento y encarcelamiento de responsables de graves delitos contra los derechos humanos fue posible con la medida de moratoria en la eliminación de documentos.

Las instancias que se están creando en el marco de la implementación de los acuerdos deberían garantizar que no se va a destruir ningún papel, ningún documento electrónico, ningún documento en general. Esto se plantea porque en contextos de necesidades transicionales como en Colombia, algunos archivos tan simples como un documento hospitalario, un registro en una administración de educación, de sanidad o de cualquier tipo, puede tener una gran importancia en la búsqueda de la verdad; verdad que se construye con base a ese rompecabezas de los testimonios que están en los distintos archivos públicos o privados.

¿Cuál sería entonces el siguiente paso para la conservación de archivos en la implementación de los acuerdos?

Es más un conjunto de pasos, pero el primero a seguir sería el de hacer un esfuerzo por conocer mejor el contenido de todos los archivos públicos, y saber qué materiales pueden ser útiles para entidades de justicia transicional como la Comisión de Esclarecimiento,  la Jurisdicción Especial, para la Unidad de búsqueda de personas desaparecidas, o para cualquiera de los entes nuevos. Este trabajo va a requerir una gran cantidad de recursos humanos, de profesionales de los archivos, de personas que hagan ese trabajo de profundizar en los contenidos de los documentos que puedan servir. Es un reto muy difícil.

¿Y para el manejo de los archivos producidos por la Comisión de Esclarecimiento qué recomendaría?

La Comisión del Esclarecimiento hará un acopio de documentos, como ha sucedido en otras experiencias internacionales, de un enorme valor para la historia del país. Muchos de los testimonios que se puedan evacuar en las sesiones que la Comisión  pondrá en marcha, se van a hacer bajo estricta confidencialidad, y habrá que mantener cierto grado de reserva que garantice la protección de las víctimas. También hay que garantizar que esos archivos, una vez que la Comisión termine su actuación, se incluyan en la memoria escrita o visual del país, y sean conservados.  

Publicado en Noticias CNMH