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Se publica la segunda edición de “Silenciar la democracia”

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Autor

CNMH

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CNMH

Publicado

09 Mar 2015


Se publica la segunda edición de “Silenciar la democracia”

Este informe, cuya primera edición fue publicada en 2011, reconstruye y analiza cuatro de las 14 masacres que ocurrieron en Segovia y Remedios entre 1982 y 1997, que dejaron 147 víctimas fatales. La mayoría de los asesinados eran miembros de movimientos políticos alternativos, en especial de la Unión Patriótica.

¿Por qué es un caso emblemático del conflicto armado en Colombia?

Ronald Villamil, miembro del equipo relator del informe, explica que estas masacres ocurridas en el Nordeste antioqueño son un caso emblemático por tres razones:

La primera es que se trata de un caso que representa el daño social y político causado a la democracia. “En palabras de las víctimas, todo ese proceso de violencia lo que generó fue el aniquilamiento de un proyecto de sociedad”, asegura Villamil. Y eso es lo que ilustra el informe, el daño político causado por la violación sistemática de los derechos a la vida e integridad personal.

Las masacres de Segovia y Remedios son un ejemplo de la pérdida de la pluralidad política, de la limitación al ejercicio de la democracia por la desintegración de organizaciones comunitarias y partidistas, por la imposibilidad del ejercicio de los derechos políticos para elegir o ser elegido a través del mecanismo electoral, y por la violación del derecho a la libre expresión ya que las manifestaciones públicas de protesta social fueron proscritas. Los sobrevivientes lo resumen de la siguiente manera: “cambiamos nuestros proyectos de vida para conservar nuestras vidas”.

La segunda razón tiene que ver con la documentación de una forma particular del paramilitarismo que se diferencia del que operó en  el Magdalena Medio, Córdoba o Urabá. Mientras en esas regiones se configuraron y establecieron ejércitos privados con duración de largo o mediano plazo, en el caso del Nordeste antioqueño el paramilitarismo se manifestó en unas redes criminales funcionales, cambiantes y coyunturales que fueron articuladas por miembros activos de la fuerza pública que operaban en la región, en asociación con grupos paramilitares y civiles en calidad de determinadores, promotores, facilitadores o sicarios. Como resultado de esta violencia crónica y de la recurrencia del terror en la región, se coartaron el ejercicio pleno de la ciudadanía, los procesos democráticos y el disenso en medio de la guerra. De ahí que el informe concluya que las masacres de Segovia y Remedios son un caso emblemático en el conflicto armado porque evidencia claramente la responsabilidad del Estado en estos hechos.

Y, finalmente, la tercera razón se debe a que se logró recuperar, a través del acompañamiento a las víctimas, unas iniciativas de memoria que también fueron objeto de exterminio y silenciamiento por parte de los actores armados ilegales y la fuerza pública, debido a que reivindicaban un proyecto político alternativo. Algunas de esas iniciativas se pueden observar en las fotografías de este informe.

Un balance de la primera edición

Cuenta Ronald Villamil que para la publicación de la primera edición hubo un trabajo investigativo previo de alrededor de 3 años, que contó con la participación activa de las víctimas que para entonces se encontraban dispersas.

Posterior a la publicación del informe y, como resultado del proceso de acompañamiento, las víctimas que estaban en Medellín decidieron volverse a reunir y conformaron una nueva organización de víctimas en 2012: la Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño (AVSNA).

¿Qué novedades incluye esta segunda edición?

La publicación de esta segunda edición es, ante todo, una petición de las víctimas.

En la conmemoración de los 25 años de la Masacre de Segovia en Medellín, los asistentes al evento coincidieron en la necesidad de actualizar el informe con un nuevo hecho significativo: la condena al excongresista César Pérez García.

Fue en 2013, posterior a la publicación de la primera edición del informe, que la Corte Suprema de Justicia condenó al político liberal César Pérez García, como determinador y coautor de la masacre, y reconoció como delito de lesa humanidad lo ocurrido el 11 de noviembre de 1988 en Segovia.

“Creo que al final los aprendizajes de este caso, en perspectiva de proceso de paz y posconflicto, radica en no desconocer que hay casos muy concretos, como este, donde ha sido evidente la responsabilidad del Estado en todos los niveles: como determinador, perpetrador y victimario, lo que implica una reflexión profunda acerca de la transformación del Estado y sus instituciones garantes”, explica Ronald Villamil.

Además, esta edición incluye otras novedades:
  • Nueva información sobre las víctimas fatales y lesionadas en el periodo 1982 – 1997
  • Actualización e incorporación del material gráfico existente
  • Inclusión de la bibliografía consultada para quienes deseen ahondar más en la memoria histórica de la región.

El micrositio:

Consulte más información sobre los hechos, contexto, impactos, victimarios y demás en el especial web sobre las masacres de Remedios y Segovia.

Descargas:

Conoce y descarga el informe sobre las masacres de Remedios y Segovia.

*Las personas interesadas en adquirir esta publicación impresa deben escribir a pqrs@centrodememoriahistorica.gov.co (entrega sujeta a disponibilidad de inventario)

 


Democracia, Informe, Narrativas, Publicaciones CNMH

Un documento obligatorio para los negociadores en La Habana

Un documento obligatorio para los negociadores en La Habana

Residente de la comunidad de Tanguí se desplaza para regresar a su casa después de tres meses de vivir en una escuela pública en la ciudad de Quibdó.

Autor

CNMH

Fotografía

Juan Arredondo, 2014

Publicado

31 Dic 2015


Un documento obligatorio para los negociadores en La Habana

Así lo aseguró Maicol Martínez Vásquez, representante de las víctimas de desplazamiento forzado ante la Mesa Nacional de Víctimas, a propósito del lanzamiento del informe “Una nación desplazada”, del Centro Nacional de Memoria Histórica.


Son cuatro tomos que componen esta serie que retrata el drama que viven más de 6 millones de personas que están en condición de desplazamiento por el conflicto armado.

¿Cuál es la importancia de este informe para las víctimas?

Realmente nosotros celebramos con júbilo que este hecho se esté dando, una memoria desde la cual todos los colombianos, desde el conocimiento del conflicto y desde el material recopilado, es y será la verdadera reparación. Hemos visto que las dinámicas del conflicto se han dado de diferentes formas, y los victimarios han desplazadoy utilizado el conflicto para desarraigar al pueblo. Con estos documentos vamos a poder garantizar que no haya una repetición, porque cuando uno se adentra en estos documentos se da cuenta que no solamente las personas de estratos bajos, de estratos medios, sino también los estratos altos sufrieron una gran cantidad de hechos a causa de este conflicto.

En esa memoria suya, personal, ¿qué le sucedió?

Nosotros con mi familia sufrimos un desarraigo en 1998, un grupo armado nos sacó de nuestra finca en el sur del Tolima. Después de varios secuestros y varias extorciones a mi madre y varios integrantes de la familia, nos vimos en la obligación de dejar nuestras tierras, dejar lo que sabíamos hacer, desplazarnos a una ciudad a escondernos por razones de seguridad y luchar por subsistir.

¿Cómo han sido estos 17 años fuera de su territorio?

Lo primero es que legas a un sitio donde las personas que no conoces están en la misma situación que la tuya, o simplemente no han podido hacer algo mejor en temas de restablecimientos económico, porque tu empiezas desde cero, es supremamente difícil y más en una ciudad como Bogotá, que el que no la conoce se lo come. Pero igual el ser humano se adapta a las circunstancias y trata de sobrevivir. Pero volver a comenzar, que tus hijos no crezcan bajo las costumbres, bajo todo ese tema cultural que le da identidad al ser humano, es muy difícil porque te lo quitaron.

¿El colombiano es indiferente con las víctimas?, en este caso, ¿Los colombianos son indiferentes con los desplazados?

Muchas veces tú escuchas en otros escenarios e incluso en conversaciones informales que con las víctimas aparte del tema del abandono del Estado, la principal deuda que hay es la deuda social. Es la deuda de esa indiferencia, porque cuando muchas personas dicen: ‘es que todos somos víctimas, todos los 47 millones de colombianos’, sí, pero los 47 millones tuvieron un porcentaje de su población, que hoy en día está alrededor de los siete millones y medio con los cuales fueron indiferentes. Eso es una deuda social que Colombia debe empezar a pagarnos a las víctimas. Los colombianos se deben apropiar de estas memorias, como las de este informe. 

¿Usted cree que este informe cumple en algo las necesidades de las personas desplazadas?, ¿Qué le agregaría o qué le quitaría a ese informe?

Nosotros lo hemos estado leyendo, no todo porque es muy extenso. Nosotros no le quitaríamos absolutamente nada. Si nosotros analizamos el documento, vemos que es un trabajo realizado a conciencia y apoteósico, es una gran investigación científica, es un trabajo cercano a las víctimas que toca las cifras.

Sí, pero cómo hacer con las personas que no saben leer, este es un informe de casi mil páginas, ¿cómo lograr difundirlo de manera masiva?

Eso es un tema pedagógico, también está la animación “Pueblo sin tierra” basada en este informe. Y dentro de todo esto los profesionales que conocen del tema seguramente que conocen muchas herramientas para lograr este objetivo. El llamado es que no lo dejen de hacer, que sigan buscando esas herramientas, porque nos dan una esperanza para que la sociedad se reivindique con nosotros desde el punto de vista de la indiferencia.

En este momento se está negociando con las Farc un proceso de paz, grupo armado que ha sido causante de un porcentaje alto de desplazamiento en el país, ¿Qué pasa en este proceso de paz con el desplazamiento?

Nosotros como víctimas queremos participar de estos diálogos de una manera más activa. Los representantes de las instituciones del Estado están diciendo siempre que: “las víctimas son las que legitiman el proceso de paz”, y si nosotros legitimamos el proceso de paz, ¿por qué no estamos allá?, entonces es un proceso ilegítimo. Nosotros somos los encargados de hablar sobre perdón, olvido, y muchos temas más.

No queremos hablar de cifras, de números, pero ¿cómo le damos rostro a más de seis millones de desplazados?

Es divulgar historias, divulguemos las entrañas del conflicto. De qué manera se dio, cuáles fueron las dinámicas y cuáles fueron los verdaderos motores para que los diferentes grupos armados de esta guerra pudieran cometer tantos delitos, con una mirada indiferente no solo del Estado sino de la sociedad. Esa debería ser la columna vertebral. Los negociadores en La Habana deben leer este informe, es un deber histórico y parte del verdadero arrepentimiento, es un compromiso, y es parte también del aporte integral a las víctimas, leer y apropiarse de estos documentos. 

Descargar toda la serie de informes sobre desplazamiento forzado, Una nación desplazada.
 


Desplazados, Farc, Habana, Informe, Negociadores, Víctimas

Lanzamiento del informe “La maldita tierra”

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Autor

CNMH

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CNMH

Publicado

29 Ago 2016


Lanzamiento del informe “La maldita tierra”

El lanzamiento de este informe se llevará a cabo el 31 de agosto a las 5:00p.m. en el auditorio de la revista Semana (Cra. 11 # 77A – 49)


La maldita tierra, la nueva publicación del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), cuyos relatores son César Molinares y Nathan Jaccard, es una minuciosa investigación periodística sobre los años terribles, entre mediados de los 80 y 2000, que padeció el departamento del Cesar por la confrontación armado y, en especial, los seis municipios de la llamada zona minera donde están instaladas grandes empresas carboníferas. Los habitantes de esta región, más que prosperidad y desarrollo, han sufrido todo el rigor de la guerra

El departamento de Cesar es uno de los más ricos de Colombia. Pero también es el mejor ejemplo —o quizás el peor— de lo que ha sido la disputa por la tenencia de la tierra en el país. Campesinos, sindicalistas, empresarios, trabajadores, agricultores, líderes, políticos, mujeres y niños, hacen parte de la numerosa lista de víctimas de una guerra que ha tenido de trasfondo el control de miles de hectáreas de las tierras más prósperas que tiene el país.

El informe habla en detalle de las causas del auge guerrillero a partir de los años ochenta y la llegada de los paramilitares a la región a mediados de los noventa. También analiza el “sistema industrial de saqueo” de recursos públicos que impusieron estos últimos, la oleada de asesinatos de políticos, sindicalistas y líderes sociales que desataron, y explora a profundidad el papel de las empresas multinacionales y nacionales en todo lo ocurrido.

En los últimos 30 años el conflicto armado ha dejado a su paso por Cesar 72 mil víctimas, entre ellas 6.000 personas asesinadas, 66 mil desplazadas, 1.200 desaparecidas y 2.524 secuestradas, además de huérfanos, viudas y campesinos que abandonaron y malvendieron miles de hectáreas. (Red Nacional de Información, 2016).


En el medio, sectores del Estado, que deberían velar por los derechos de la sociedad en su conjunto, privilegiaron los intereses de unas élites políticas y económicas, que han bloqueado la solución al conflicto armado y agrario, lo que terminó siendo uno de los principales combustibles de la violencia.

Además, las grandes empresas mineras que fueron llegando a la región, y se instalaron como la gran esperanza de desarrollo, a pesar de generar empleos y dejar miles de millones de pesos en regalías, también multiplicaron los conflictos.

Entre 1996 y 2006 en La Jagua, Becerril, Codazzi, El Paso y Chiriguaná, que tenían unos 140.000 habitantes, fueron desplazadas casi 58.000 personas y otras 6.000 fueron asesinadas. Hoy en día los campesinos desplazados intentan que les devuelvan sus tierras, pero se encuentran con que éstas están en manos de socios y cómplices de los paramilitares, terratenientes, ganaderos y compañías mineras.

La maldita tierra muestra los momentos clave para entender la violencia en el departamento de Cesar y le da voz a muchos de los protagonistas, testigos y sobrevivientes, como un aporte a la verdad y a la memoria sobre la barbarie que ha padecido la Costa Caribe colombiana. Esto cobra mayor relevancia en momentos en que el país empieza a hacer el tránsito a un escenario de posconflicto y en el que se hace sustancial esclarecer esas zonas grises.

El cuadro que dibuja este texto tiene aún muchas preguntas sin respuesta, relevantes para el proceso de esclarecimiento que se abre con la firma de un acuerdo de paz. Entre ellas, una que ha sido objeto de escasa investigación: ¿hasta dónde las grandes empresas jugaron un papel en los procesos de violencia y despojo de tierras que caracterizan la década terrible del Cesar?

 


Informe, Lanzamiento, tierra

Conoce el informe “Tomas y ataques guerrilleros (1965 – 2013)”

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Autor

Luis Robayo

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Luis Robayo

Publicado

08 Jun 2017


Conoce el informe “Tomas y ataques guerrilleros (1965 – 2013)”

La base de datos “Incursiones guerrilleras en cabeceras municipales y centros poblados 1965-2013” (CNMH-IEPRI, 2016) registró:

  • Un total de 1.755 incursiones guerrilleras en centros poblados y cabeceras municipales entre 1965 y 2013, de las cuales:
  • 609 fueron tomas de poblados.
  • 1.146 correspondieron a ataques a puestos de policía.
  • 1.106 fueron realizadas por las FARC (63 por ciento).
  • 323 fueron realizadas por el ELN (18,4 por ciento).
  • 88 fueron realizadas por el EPL (5 por ciento).
  • 48 fueron realizadas por el M-19 (2,7 por ciento).
  • Las FARC concentraron sus acciones en los departamentos de Cauca (244 acciones), Antioquia (113), Nariño (87), Cundinamarca (74), Huila (67) y Tolima (66).
  • Las incursiones del ELN se localizaron de forma preponderante en los departamentos de Antioquia (66 acciones), Norte de Santander (49), Santander (36) y Cesar (34).
  • Las incursiones del EPL se concentraron en Antioquia (43) y Córdoba (16).
  • El principal centro de operaciones del M-19, en lo concerniente a tomas y ataques, estuvo ubicado en los departamentos de Caquetá (11), Tolima y Valle del Cauca (cada uno con 6 incursiones), y Cauca (5).
  • La mitad de los municipios con un mayor número de incursiones guerrilleras pertenece al departamento del Cauca, siendo el municipio de Toribío el más golpeado con un registro de 32 acciones (8 tomas y 24 ataques). A Toribío le suceden: Caldono, con 30 acciones (9 tomas y 21 ataques); Argelia, con 25 (4 tomas y 21 ataques); y El Tambo, con 20 (8 tomas y 12 ataques).

Durante décadas las guerrillas libraron una guerra centrada en la lógica de acumulación territorial y en la idea mítica de llegar triunfantes a la capital del país. Esta estrategia, sin embargo, fue respondida con la retoma territorial del norte del país por parte de los paramilitares, y con la combinación del Plan Colombia y el Plan Patriota del Ejército. Estas acciones desmantelaron las retaguardias guerrilleras nacionales y disminuyeron los principales recursos para el sostenimiento de la guerra insurgente.

Así las cosas, cada frente guerrillero tuvo entonces la aspiración de controlar a la población circundante y de contribuir al desmoronamiento de la presencia estatal. Con este objetivo recurrieron a emboscadas, sabotajes, extracción de recursos en diversas formas (extorsión, secuestro y producción y comercialización de cultivos de coca), homicidios selectivos y ofertas de justicia guerrillera.

En el marco de dicha estrategia, las llamadas tomas y ataques de poblados tuvieron un lugar central en la tarea de desmoronar paulatinamente la presencia del Estado en los escenarios locales y regionales. No obstante, debido a las dinámicas de la guerra, estas tomas pasaron de ser propagandísticas en su origen a tener unos objetivos de acumulación territorial, es decir, ampliar las retaguardias de los frentes, mantener los corredores de comunicación y afianzarse en zonas estratégicas por sus recursos o por sus ventajas políticas y militares. Fue entonces cuando las tomas de pueblos y los ataques a estaciones de policía tuvieron un escalamiento que mostró que Colombia estaba viviendo un conflicto interno de importantes dimensiones.

Como era de esperarse, el reproche y la resistencia social, armada y pacífica, no se hicieron esperar y se presentaron más fuertes cuando las guerrillas empezaron a usar artefactos explosivos artesanales.

Y este clamor en contra de los estragos ocasionados por ese tipo de incursión, unido a la actividad paramilitar y a la reorganización de la fuerza pública, logró limitar la capacidad de movilidad de las guerrillas, lo cual hizo mucho más difícil que estas pudieran actuar a sus anchas y que volvieran a ejecutar el mismo tipo de incursiones que realizaban en décadas atrás. Prueba de ello es que desde los primeros años del presente siglo hubo una notable disminución de las incursiones guerrilleras sobre los cascos urbanos y de los ataques a los puestos de policía.

Tomas y ataques guerrilleros (1965 – 2013), investigación realizada en convenio entre el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia, es el primer informe en asumir el tema de las tomas guerrilleras de manera sistemática y desde una perspectiva temporal amplia, que va desde sus primeras expresiones en los orígenes de las guerrillas hasta las que se presentan en la apertura de las conversaciones de paz entre las FARC y el actual gobierno. Esta mirada también incorpora el análisis de sus antecedentes en la violencia partidista y en algunos procesos insurgentes del ámbito latinoamericano.

Este informe, además, presenta varias novedades, entre las que se encuentran:

  • La identificación de las lógicas con que se ejecutaba este método de guerra por los diversos actores insurgentes. Lógicas que se articulaban a las estrategias de cada organización, a los diversos escenarios regionales y a la evolución del conflicto armado.
  • Distinguir, por un lado, que existieron dos tipos de incursiones guerrilleras a los cascos urbanos, y por el otro, identificar los escenarios preferidos para las mismas. Respecto de lo primero, el informe diferencia las tomas de pueblos de los ataques a estaciones de policía. Con ello se distancia de los esquemas heredados de las visiones del conflicto, las cuales consideran todo ingreso armado como toma guerrillera.
  • La cuantificación de la magnitud de los impactos de las incursiones armadas a las cabeceras municipales y centros poblados a través de la identificación de sus blancos, sus manifestaciones a lo largo de la geografía nacional y las diferentes dimensiones de la victimización. Gracias a ello se identificó que el blanco sistemático de los ataques lo constituyó la fuerza pública y los bienes públicos municipales. La población civil no fue el blanco principal de las incursiones guerrilleras, a diferencia de las tomas paramilitares que la tuvieron como objetivo central. Sin embargo, el que las incursiones guerrilleras no hayan tenido en la mira a personas civiles no quiere decir que estas no hubieran sido perjudicadas de muy diversas maneras.

Descargue el informe haciendo click aquí

Publicado en Noticias CNMH


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Informe

Lanzamiento del informe: Memoria de la infamia

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Autor

CNMH

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CNMH

Publicado

20 Sep 2017


Lanzamiento del informe: Memoria de la infamia

  • No existe un acuerdo entre las diferentes entidades públicas sobre cuántas personas han sido desaparecidas en el marco del conflicto armado, y tampoco con las organizaciones sociales y de familiares que se han dedicado a seguir las huellas de las personas desaparecidas. La razón de dicho desencuentro está en el núcleo central que caracteriza el delito: el ocultamiento por parte de los “desaparecedores” con prácticas que dificultan el registro. 
  • En este informe se usa la palabra “desaparecedor”, en lugar de perpetrador, para connotar el acto vil y deshumanizador del delito en quien lo ejecuta. 
  • Según el Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto, ONMC, del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1970 y 2013:
  • Se registró un total de 2.627 víctimas directas de desaparición forzada en los diez municipios de la investigación, así: Puerto Berrío (590), Yondó (119), Cantagallo (21), San Pablo (261), Aguachica (281), Barrancabermeja (745), Cimitarra (207), Puerto Wilches (86), Sabana de Torres (99) y San Vicente de Chucurí (218).
  • En cuanto al género de las víctimas, se estableció que el 86,6 por ciento corresponde a hombres, el 9,3 por ciento a mujeres, y en el 4,1 por ciento de los casos no se tenía información.
  • En todo caso, no obstante el esfuerzo del ONMC, el informe plantea el problema del subregistro. Se puede afirmar que el número de personas desaparecidas en Colombia es superior al conjunto de las desaparecidas en las dictaduras del Cono Sur, pero no ha generado en la sociedad los niveles de conciencia y rechazo que existen en Argentina o en Chile. 

La región del Magdalena Medio se encuentra ubicada en el centro de Colombia, entre las cordilleras Central y Oriental. Está conformada por 31 municipios de los departamentos de Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Santander, Cesar y Magdalena, y cuenta con una extensión territorial de aproximadamente 60 mil kilómetros cuadrados. Cuenta con importantes recursos minero-energéticos, tierras planas para el desarrollo de actividades agropecuarias de tipo comercial, infraestructura energética y vial, así como una posición geográfica estratégica para la interconexión comercial, lo cual funcionó como un atractivo para la exacción de rentas de origen y obtención tanto lícitas como ilícitas. 

Lo anterior condujo a una fuerte disputa violenta y a un ejercicio del control territorial y social de la región entre diferentes actores armados que derivó en una degradación extrema, a través de la comisión de delitos tipificados como violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH. En particular, el delito atroz de la desaparición forzada fue utilizado como un recurso efectivo para generar terror y paralizar a los pobladores. 

La desaparición forzada refleja el drama y el sufrimiento de los familiares, la desprotección del Estado y la barbarie de los “desaparecedores”, quienes niegan los valores que sustentan la convivencia humana y el respeto por la dignidad y la vida.

Memoria de la infamia. Desaparición forzada en el Magdalena Medio,la nueva investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica, contó con el apoyo de Credhos, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos regional Barrancabermeja (ASFADDES), la Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado en el Magdalena Medio (Asorvimm) en Puerto Berrío, la Fundación Círculo de Estudios Culturales y Políticos en San Vicente del Chucurí, y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM). Presenta un análisis testimonial de 128 casos de desaparición forzada en 10 municipios del Magdalena Medio. Lo expresado por los familiares de las víctimas, desde su experiencia trágica y singular, da cuenta sobre quiénes fueron las personas víctimas para honrar su dignidad y su historia. 

La base central del informe es la voz de los familiares, a través de sus testimonios que orientaron los hallazgos, tales como el perfil de las víctimas, las características del método infame perpetrado, quiénes son los “desaparecedores”, el discurso justificativo utilizado y la micropolítica creada en cuanto a guiones y creencias que hacen parte no solo del acto delictivo sino de su posibilidad de existencia en el contexto social. Los testimonios no solo hablan de lo que ocurrió, sino de la sociedad en la que aparece la desaparición forzada. 

El informe da cuenta de los dispositivos que configuran el atroz delito, tales como la destrucción de la identidad reflejada en la desaparición del cuerpo, la estigmatización e intención de anulación de la historia de las personas víctimas, y la impunidad. Esta última activa una doble desaparición en tanto invisibiliza el delito y describe cómo la desaparición forzada es un hecho contundente y arrasador para las familias, ya que la ausencia de su familiar es una presencia permanente mediante el retorno repetido de recuerdos e imágenes que atormentan y mantienen el sufrimiento, convirtiéndose en una tragedia congelada en el tiempo. 

Esta investigación expone los cambios en las circunstancias de la vida de los familiares en una cotidianidad signada por el dolor y el silenciamiento. También muestra la contracara de la barbarie al encontrar dentro de los testimonios la persistencia del sentido de la búsqueda y el inquebrantable vínculo de amor de los familiares con su ser querido, así como la mano solidaria y de apoyo de las organizaciones sociales de la región. 

Para finalizar, esta investigación presenta unas recomendaciones al Estado colombiano y a la sociedad general respecto a su papel en la reparación de las víctimas y para que como país se concreten actos éticos, políticos de apoyo a las víctimas que logren transformar las condiciones que favorecen la ocurrencia de este atroz delito. 

Publicado en Noticias CNMH



Informe, Lanzamiento, Memoria

Lanzamiento del informe: La guerra inscrita en el cuerpo

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Autor

CNMH

Fotografía

CNMH

Publicado

14 Nov 2017


Lanzamiento del informe: La guerra inscrita en el cuerpo

Bogotá
Lugar: Antiguo Teatro México
Auditorio Jorge Enrique Molina (Calle 22 # 5-85
Fecha: 24 de noviembre de 2017. 
Hora: 5:30 p.m. 

Medellín
Lugar: Auditorio Casa del Encuentro 
Museo de Antioquia (Calle 52 # 52-43
Fecha: 28 de noviembre de 2017. 
Hora: 5:30 p.m. 

  • Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), con corte al 20 de septiembre de 2017, se contabilizó 15.076 personas víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco del conflicto armado. De estas, el 91,6 por ciento han sido niñas, adolescentes y mujeres adultas.
  • Si bien estas cifras pueden ser indicativas de las magnitudes de la violencia sexual, el aún importante subregistro, la invisibilización de algunas modalidades de violencia sexual y el importante porcentaje en el que se desconoce el perpetrador, hace que no sean concluyentes.

La violencia sexual es quizás la violencia más olvidada y silenciada entre los repertorios de violencia empleados en el marco del conflicto armado colombiano. Aun así, las víctimas de violencia sexual han vivido en carne propia las vejaciones que todos los actores armados han ejercido sobre ellas. En sus cuerpos están escritas las marcas de una sociedad que silencia a las víctimas, de un Estado incapaz de hacer justicia, de familias y comunidades tolerantes a las violencias de género y de un manto de señalamiento, vergüenza y culpa que impide que se reconozca la verdad sobre lo sucedido.

Aunque ningún actor armado reconoce el uso de la violencia sexual en el marco del conflicto armado, las múltiples voces y silencios, principalmente de mujeres, confirman la magnitud de la violencia con que sus cuerpos han sido sometidos, apropiados, despojados de su humanidad. Por eso al informe lo cruzan múltiples testimonios de las 227 personas que aportaron para la construcción del mismo. Aquí ponemos solo un par de ellos: 

¿Por qué lo hacía? ¿Que pretendían hacer? ¿Qué buscaban? de pronto 
porque eran bonitas o de pronto también como decimos nosotras siempre la 
utilizaban de botines de guerra. Y también pues utilizaban el objetivo de que 
ellos se sentían dueños de ellas. 

Flor Silvestre, Magdalena 

Él siempre llevaba su doble intención, porque a él le gustaba cogerlo a 
uno que para escolta, siempre tenía muchachas así y después abusar de uno,
él le gustaba abusar de las muchachas que llevaba.

Gina, excombatiente FARC

Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH, los paramilitares han sido responsables de 4.837 casos, es decir el 32,2 por ciento y las guerrillas han sido responsables de 4.722 casos, es decir, el 31,5 por ciento. Agentes del Estado han sido responsables de por lo menos 206 casos registrados y los grupos armados posdesmovilización GAPD son responsables de 950 casos. Hay un importante número de casos en los que no se ha establecido el responsable: 3.973. 

Toda forma de violencia sexual en el conflicto armado emite un mensaje político, un mensaje de poder que repercute de manera negativa en la subjetividad y en la vida de las víctimas. La violencia sexual ha operado como una violencia eminentemente comunicativa que le envía a la población y a la víctima un mensaje sobre quién manda en un territorio; el cuerpo ha servido para descifrar entre líneas eso que los actores armados quieren comunicarse unos a otros, a los pobladores y a sus víctimas. 

La guerra inscrita en el cuerpo, la nueva investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica en respuesta a la Ley 1719 de 2014, con apoyo de OnuMujeres y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y con la colaboración de distintas organizaciones de mujeres, hace parte del acumulado de 10 años en los que el CNMH ha documentado todo tipo de violaciones a los derechos humanos y ha sido testigo de las memorias de dignidad y resistencia. Sobre temas de género el CNMH ha publicado informes como: 

La masacre de Bahía Portete. Mujeres Wayuu en la mira; Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombiano; Mujeres que hacen historia. Tierra, cuerpo y política en el Caribe colombiano; El Placer. Mujeres, coca y guerra en el Bajo Putumayo; Desafíos para la reintegración. Enfoques de género, edad y etnia; Aniquilar la diferencia. Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano, entre otros. Son 10 años de historias para transformar el país y por eso este informe se lanza en la 10ª Semana por la Memoria. 

 

Esta investigación pretende avanzar en la comprensión de las circunstancias en que se ha cometido la violencia sexual en el marco del conflicto armado, para describir las motivaciones, los usos que esta modalidad de violencia tiene y la manera como los actores armados han ejercido violencia sexual en los distintos escenarios del conflicto armado, así como los mecanismos de resistencias y afrontamiento de las víctimas. 

Propone la construcción de una memoria ineludible: la de las violencias que han sido silenciadas por una sociedad que en no pocos casos ha elevado un manto de señalamiento, vergüenza y culpa sobre las víctimas. Los testimonios de dolor y sufrimiento recogidos en este informe constituyen una apuesta política desde la dignidad de las víctimas de violencia sexual que le preguntan al país: ¿qué vamos a hacer para que esto no vuelva a suceder? 

No obstante, cabe mencionar que ante los hechos de horror las víctimas han respondido con dignidad, muchas veces tejiendo estrategias de afrontamiento y resistencia para seguir con sus vidas y no permitirse sucumbir al dolor del pasado. Algunas mujeres emberá, por ejemplo, manifestaron que permanecer en el territorio, defenderlo y enfrentar con la palabra a los distintos grupos armados son las estrategias que han encontrado para protegerse y evitar que la violencia sexual se siga ejerciendo en contra de las niñas, jóvenes y mujeres de su comunidad. Otras mujeres en los contextos rurales han decidido enfrentar a los victimarios retándolos con denunciar los hechos, aunque para algunas estas acciones rebeldes les implicaron salir de sus pueblos. 

Algunas mujeres afrocolombianas, por su parte, desde los saberes propios han logrado enfrentar las situaciones de violencia sexual y sus consecuencias, gracias al apoyo espiritual y emocional que han recibido de sus parientes y vecinas en medio del dolor. Así mismo, las mujeres indígenas amazónicas del Caquetá y Putumayo manifiestan que por medio de prácticas ancestrales de sanación, como los rituales de armonización y los círculos de la palabra, los pueblos indígenas pueden reconstruir el tejido social fracturado por la guerra y contribuir a que las mujeres sanen sus heridas como víctimas de violencia sexual. 

Otra estrategia de afrontamiento que algunas mujeres han asumido es la de habitar sus cuerpos, recuperar el control sobre sus contornos, sus formas, sus devenires. Las prácticas artísticas como el teatro, la danza, la música, la pintura y la escritura también se han convertido para algunas mujeres en sus salvavidas para crecer y afrontar la adversidad. Y, por supuesto, algunas de ellas han fortalecido sus liderazgos gracias al acompañamiento que han recibido por parte de organizaciones de víctimas o de derechos humanos. 

Este, entonces, no es solamente un informe sobre la violencia sexual en el conflicto armado, es ante todo un fragmento de lo que nos sucede como sociedad. Primordialmente, debe interpelarnos como país en general acerca de cómo hemos permitido que miles de personas sufran las vejaciones y las estigmatizaciones propias de este crimen. Por esto, este documento se nutre de múltiples descripciones de dolor y sufrimiento que nos permiten entrever la complejidad de lo que somos como seres humanos, las contradicciones que nos habitan, las crueles e infames formas en que los grupos armados se han ensañado contra los cuerpos de las mujeres, los silencios y las connivencias de nuestra sociedad, pero a la par, la fortaleza, las lecciones de resistencia y de afrontamiento que estas personas han desplegado para seguir viviendo. 

Los invitamos a participar en redes sociales con el numeral   #HistoriasqueTransforman y el lema: 10 años de historias para transformar el país.

Publicado en Noticias CNMH



Guerra, Informe, Lanzamiento

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