Ante la violencia de los grupos armados hay una comunidad que encontró la clave para resistir a ella: la palabra. Se trata del corregimiento de La Plaza en Micoahumado, en el municipio de Morales, sur de Bolívar, escenario de una de las movilizaciones y luchas populares campesinas que más han resistido al conflicto armado.

Su organización es su fuerza y la paz el motivo que mueve a 400 familias, una organización social campesina que promueve el diálogo con otros líderes como en la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, el Congreso de los Pueblos y La Cumbre Agraria Étnica y Popular.

En esta región, desde los años setenta, hacen presencia el Eln y las Farc, y a finales de los noventa se conformaron allí varias estructuras paramilitares. En todos los casos este grupo campesino, solo con la fuerza del diálogo, ha logrado mantener las condiciones para seguir adelante en sus labores a pesar de estar en medio de la violencia armada y social.

Así fue que el 14 de marzo de 2002, cuando se agudizaron los enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares en el sur de Bolívar, los habitantes de Micoahumado le hicieron un llamado a la comunidad internacional y a las organizaciones sociales para que los rodearan. Es en este momento que nace la Asamblea Popular Constituyente, que desde entonces defiende el derecho a la vida y a la permanencia en el territorio, y ejerce autonomía y soberanía como sociedad civil en medio del conflicto. E incluso, ya desde 2001, esta comunidad iniciaba el Proceso Comunitario por la Vida, la Justicia y la Paz.

“La defensa por la vida y la permanencia en el territorio fue lo que nos movió. La mujer fue la que más impulsó los diálogos con los grupos, de hecho integraron las comisiones que fueron a hablar con los actores violentos”, aseguró Arisolina Rodríguez, una de las lideresas de esta iniciativa.

De esta manera, la fuerza del diálogo se constituyó en la mejor arma de los civiles. Para Arisolina es una fuerza humana muy grande que debe tenerse en cuenta en los diálogos de paz de La Habana y en las demandas sociales para construir una paz sostenible.
“A pesar de la violencia de la región, nos hemos mantenido en el territorio y la resistencia campesina está en el proceso de la Asociación Agrominera del Sur de Bolívar. Entre todos hemos llegado a construir tranquilidad, convivencia y arraigo en el territorio”, agregó.

Para Álvaro Villarraga, Director Técnico de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica y quien formó parte de las organizaciones sociales que rodearon esta iniciativa, “se trata de un caso en el que la palabra fue respetada por tratarse de una acción colectiva. A través del diálogo pobladores y grupos armados llegaron a acuerdos como la no incursión en el casco urbano, en las fincas; frenar atropellos a la población civil y conseguir la primera experiencia de desminado humanitario”.

Por su parte Neila Hernández, quien acompaña este proceso hace siete años, destacó la importancia que desde la Asamblea Popular Constituyente, la población de Micoahumado se haya organizado en procesos comunitarios y productivos en estos 13 años, toda vez que esta región padece el abandono y la inversión social es una deuda histórica. La pujanza de la gente logró detener la guerra, promover espacios de incidencia y proyectos para la inclusión social frente a la pobreza.

En efecto, Micoahumado representa un caso emblemático de resistencia civil a la guerra y de logro de demandas humanitarias que llevaron al Eln a desminar este territorio, acción que convocó el apoyo de organizaciones sociales nacionales e internacionales. A la vez que los pobladores consolidaron el proceso que se inició con la Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado, organización que mantiene continuidad e iniciativa a través de los años bajo el lema: Proceso Comunitario por la Vida, la Justicia y la Paz de Micoahumado.