El Presidente Iván Duque sancionó la Ley 2078 del 8 de enero de 2021, por medio de la cual se prorroga la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras hasta el año 2031. Asimismo, se prorrogaron los decretos ley étnicos 4633, 4634 y 4635 que protegen a los pueblos indígenas, afro y rom.
Esta Ley inició su trámite en el Congreso en el año 2019, y contó con el apoyo del Gobierno Nacional, como señal inequívoca de su compromiso con la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto, eje central en la política de Paz con Legalidad.
Estas normas constituyen un marco normativo amplio, diferencial, inclusivo y completo para las víctimas de distintos hechos victimizantes y sin distinción de quien haya sido el perpetrador. De igual forma, ha sido reconocida por diferentes instancias nacionales e internacionales como una Ley sin precedentes en materia de reparación integral. En este sentido, se enfatiza que la ley sancionada amplió el rango de vigencia de la política pública de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas sin realizar modificaciones a los textos originales y a los derechos ya reconocidos.
Para la Unidad para las Víctimas la prórroga es una acción necesaria, puesto que la implementación de la política de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas presenta importantes avances, entre los que se detalla que se ha indemnizado a más de un millón de personas, pero aún tiene retos que realizar para lograr llegar a las más de nueve millones de víctimas incluidas en el Registro Único de Víctimas, así como fortalecer su implementación articulada en relación con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Este Gobierno, consiente de las afectaciones en los derechos de un universo importante de colombianos producto del conflicto y violencia que padeció el país, decidió incorporar en su Plan de Gobierno, el análisis y gestión de la prórroga de la Ley con criterios serios y responsables de cara a las expectativas de las víctimas. Con ello, el Gobierno Nacional avanza en la actualización del Conpes de financiación de esta política pública, alineado precisamente a los 10 años adicionales en que ha sido prorrogada la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras junto con sus Decretos Ley Étnicos.
La aprobación y sanción de esta Ley se realiza en el contexto de un consenso nacional, entre los diferentes partidos políticos en el Congreso de la República, y con el respaldo del Gobierno, que coincidieron en hacer de los derechos de las víctimas un factor en torno al cual se debe unir todo el país y todos los sectores. Con ello, además se da cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-588 de 2019.
La Unidad para las Víctimas continuará trabajando cada día, para que los derechos reconocidos en esta normatividad sean una realidad para todas las víctimas del territorio nacional.
