En la mañana del jueves 26 de marzo, en el auditorio de la Universidad Santo Tomás, en Bogotá (sede principal), se realizó la audiencia pública del Proyecto de Ley de Memoria y Justicia Histórica, una iniciativa impulsada por la Mesa de Víctimas con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). El espacio contó con la participación de organizaciones de víctimas, representantes de la academia y de la ciudadanía, quienes coincidieron en la importancia de avanzar en una ley que reconozca la memoria como un derecho y como parte del deber del Estado frente a más de setenta y cinco años de conflicto armado.

Durante la jornada, los participantes destacaron que la propuesta busca situar a las víctimas en el centro de la discusión pública y consolidar una política de memoria con alcance nacional. En ese contexto, una de las solicitudes más reiteradas fue fortalecer al Centro Nacional de Memoria Histórica y avanzar hacia su consolidación como una entidad permanente. Según se expresó, el CNMH ha contribuido a entender un conflicto prolongado mediante investigaciones, procesos pedagógicos y ejercicios de documentación que han permitido visibilizar a las víctimas y aportar al esclarecimiento de lo ocurrido.

Para los asistentes, la permanencia institucional del CNMH permitiría dar continuidad al deber de memoria y seguir aportando a la búsqueda de caminos que ayuden a detener la guerra y a proyectar un país más equitativo. En esa línea, se resaltó que la memoria no solo se refiere al pasado, sino que interpela el presente y contribuye a pensar el después del conflicto.

Entre las intervenciones, Rocío Méndez, en representación de la Mesa Étnica Recipaz —que acompaña a víctimas en el exilio, especialmente de comunidades étnicas, campesinas y LGBTIQ+, así como a personas retornadas—, destacó la importancia de contar con una ley que reconozca las distintas experiencias de las víctimas y garantice su participación efectiva. Señaló, además, la necesidad de que las organizaciones participen no solo en los espacios de discusión, sino también en la construcción e implementación de las iniciativas que se deriven de la norma.

Méndez también planteó la creación de mecanismos que permitan el acceso directo a los apoyos contemplados en la ley, el reconocimiento de la diáspora como sujeto político y la incorporación de un enfoque territorial diferenciado que fortalezca los procesos de investigación y las narrativas de memoria histórica.

Por su parte, el antropólogo e investigador Wilson Peña Pinzón valoró el alcance del proyecto para un país atravesado por el conflicto durante décadas. Asimismo, señaló la importancia de no dejar por fuera del debate algunas dimensiones complejas del trabajo de memoria, entre ellas las lógicas de victimización presentes en los procesos de reclutamiento y en las violencias que también atraviesan a los sujetos armados. En ese sentido, propuso articular este esfuerzo con los trabajos adelantados por el CNMH y la JEP y avanzar en escenarios que contribuyan a la reconstrucción del tejido social afectado por la guerra.

La audiencia pública evidenció el respaldo al Proyecto de Ley de Memoria y Justicia Histórica y a la necesidad de consolidar el deber de memoria como una política de Estado. Las voces participantes coincidieron en que esta iniciativa, promovida por la Mesa de Víctimas con el apoyo del CNMH, constituye un paso para afirmar la centralidad de las víctimas, contribuir a detener la continuidad del conflicto armado y abrir caminos hacia un país más justo y equitativo.