Con esta afirmación, que hace parte de la condena a José Efraín Ríos Montt, conocida el 10 de mayo de 2013, y en la que se le impuso una pena de 80 años de cárcel por genocidio y otros delitos de lesa humanidad, inició el proceso de reparación de la comunidad maya Ixil y de la misma sociedad guatemalteca, que hoy reitera su persistencia por la construcción de memoria histórica de los hechos del conflicto.

Y es que a dos años de la emblemática condena, las comunidades afectadas durante la dictadura de Ríos Montt ratifican la vigencia de la sentencia la cual siguen celebrando, conmemorando y difundiendo. Sin embargo, los miembros del Tribunal de Sentencia y la Unidad de Esclarecimiento Histórico y la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, que adoptaron esta decisión, están siendo perseguidos por el sistema nacional de justicia y el tribunal de honor del colegio de abogados y notarios de Guatemala.

Y es que la sentencia contra Ríos Montt fue anulada ese mismo 2013, por la llamada Corte de Constitucionalidad, argumentando que hubo desobediencia y desacato de la jueza Yasmin Barrios y del Tribunal de Mayor Riesgo.

Sin embargo, para el Centro para la Acción Legal por los Derechos Humanos (CALDH por su sigla en inglés) la sentencia representa una importante fractura a la impunidad, pues participaron más de 100 personas como testigos que confirmaron los abusos cometidos por militares.

“En esta histórica sentencia, el Tribunal le dio valor probatorio a  los testimonios valientes de las mujeres y hombres ixiles, que después de 31 años, han sido escuchados y sus sufrimientos reconocidos por el tribunal”.

Por ello, las víctimas consideran que además de formar parte de la historia de la humanidad, la sentencia sigue viva como compromiso con la memoria, la verdad y la justicia frente a delitos como la violencia sexual como arma de guerra, el racismo calificado como “la máquina del exterminio” y, en general, el genocidio contra esta comunidad maya.

A pesar de esta situación, las víctimas pueden avanzar en medio de las dificultades de la justicia para resolver sus controversias y en el marco de esta conmemoración denunciaron que continúa la represión, la criminalización y la estigmatización de las comunidades indígenas que exigen el cumplimiento de sus derechos.

El informe de Recuperación de la Memoria Histórica de Guatemala asegura que alrededor de 200.000 personas fueron asesinadas entre 1960 y 1996 y hay registros de 45.000 desaparecidos.