Una lucha por la justicia y la verdad: la historia detrás de la sentencia que reconoció el paramilitarismo como política de Estado en Colombia

Hace 20 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un histórico fallo al revisar el caso de desaparición forzada de 19 comerciantes en Puerto Boyacá en 1987

El ejercicio de buscar a los desaparecidos en Colombia está atravesado por un camino lleno de impunidad y de dolor. Ese es el caso de las familias buscadoras que llevan alrededor de 37 años luchando por conocer la verdad y lograr justicia ante el caso de desaparición forzada de 19 comerciantes en Puerto Boyacá (Boyacá), cometido en octubre de 1987.

Desde entonces, las víctimas han seguido las huellas de sus desaparecidos: en esa época, organizaron caravanas de búsqueda para recolectar pruebas de lo que sucedió e incluso llevaron el caso a instancias internacionales. Ese proceso fue posible gracias al acompañamiento jurídico, inicialmente, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), posteriormente del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).

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No fue sino hasta 2004 que recibieron una luz de esperanza con el histórico fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); sin embargo, con el pasar de los años, ese destello se ha ido apagando por otras acciones del Estado colombiano que se mantienen bajo el mismo manto de la impunidad.  

«Nos han dicho que la sentencia les permitió acceder por un rato a la justicia y conocer la verdad de la desaparición», precisó Rodrigo Torrejano Jiménez, investigador de la Dirección para la Construcción de Memoria Histórica (DCMH) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). «Incluso, muchos nos han planteado que aceptaron la muerte de sus familiares una vez leyeron el fallo», agregó.

#EfeméridesCNMH | ¿Sabías que hace 20 años el Estado colombiano fue declarado responsable por la existencia y fortalecimiento de los grupos paramilitares?

🧵👇 Acá te contamos cómo se logró una histórica sentencia de la @CorteIDH por la masacre de 19 comerciantes en 1987. pic.twitter.com/q41vh622ZS

— Centro Nacional de Memoria Histórica (@CentroMemoriaH) July 5, 2024

El veredicto de la Corte IDH determinó que las víctimas fueron detenidas, torturadas y desaparecidas por un grupo paramilitar, comandado por Henry Pérez, con la participación de la fuerza pública. Según la CCJ, «los despojaron de sus pertenencias, los asesinaron y arrojaron sus restos a un caño después de descuartizarlos». 

Esas acciones estuvieron respaldadas por un discurso justificatorio: «En los alegatos se mencionó que las víctimas eran “parte de la insurgencia”», explicó Torrejano. Lo cierto es que los comerciantes no tenían vínculo alguno con las guerrillas, y bajo ese argumento fueron vulnerados sus derechos humanos durante el trayecto que hacían al transportar productos electrodomésticos y de miscelánea desde Cúcuta hacia Medellín.

El paramilitarismo como política de Estado

 

 

 

 

 

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Si bien el caso se remonta al 6 y 7 de octubre de 1987, lo que sucedió en los límites de Puerto Boyacá se volvió emblemático. La sentencia logró, por primera vez, responsabilizar al Estado colombiano por la existencia y el fortalecimiento de los grupos de autodefensas. De acuerdo con la Corte IDH, la legislación les «permitió actuar con protección legal y legitimidad en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta» y, de ese modo, el paramilitarismo se convirtió en una política de Estado. 

Según Andrés Quiroga Delgado, investigador del CNMH y compañero de Torrejano, había una estrategia contrainsurgente reglamentada en la Ley 48 de 1968, la cual «permitía que las personas se organizaran y pidieran apoyo a las fuerzas militares, principalmente para el suministro de armas». Así pues, la normativa fundamentó la promoción y organización de los grupos paramilitares. 

«La sentencia también tuvo gran impacto por el momento en el que quedó en firme, es decir, en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez», manifestó Rodrigo Torrejano. Para esa década, en vez de hablar de conflicto armado, «se mencionaba que en Colombia había una amenaza terrorista. Eso tuvo implicaciones frente a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario», detalló el investigador del CNMH. 

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La victoria del fallo fue precisamente en 2004, en un gobierno «radicalizado en la defensa de las Fuerzas Armadas», comentó Quiroga, y que abrió la puerta a las negociaciones públicas para la desmovilización con grupos paramilitares. En ese momento, «empezaron los tropiezos y la desilusión para las víctimas», agregó.

A pesar de que la sentencia parecía un faro de luz para buscar a los desaparecidos, 37 años después el Estado no ha avanzado al respecto. No solo ha incumplido el mandato de la Corte IDH de reparar integralmente a las familias, también ha habido «una serie de revictimizaciones en el apoyo psicosocial y de dignificación», puntualizó Quiroga. 

El caso de los 19 comerciantes demuestra el camino empedrado para llegar a la justicia y refleja el manto de impunidad que cubre a Colombia. Según la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), «los estudios coinciden en diagnosticar un alto nivel de impunidad mayor al 90 % de los casos de violaciones de derechos humanos con ocasión del conflicto armado». 

La reparación integral y el papel del CNMH

En 2024, el Centro Nacional de Memoria Histórica decidió avanzar en la construcción de un informe que aporte al reconocimiento de la lucha y la búsqueda de las familias. En el equipo de investigación del «Caso de las familias buscadoras de los 19 comerciantes» están precisamente Rodrigo Torrejano y Andrés Quiroga, quienes han podido constatar el impacto de la sentencia de la Corte IDH y los incumplimientos sistemáticos del Estado. 

El coordinador de la investigación que se está adelantando, Rodrigo Torrejano, explicó cómo ha avanzado la reparación integral de las víctimas y por qué ha habido revictimizaciones:

—¿En qué consiste la reparación integral?

—Esta es una de las primeras sentencias que incorpora una reparación integral de las familias, en tres componentes: el administrativo, el psicosocial y un reconocimiento público de dignificación de memoria de las víctimas. 

—¿Cómo ha sido la reparación administrativa?

—Se ve representada en montos de salarios mínimos y de unas valoraciones económicas sobre las afectaciones que permitan recomponer el proyecto de vida de las familias. Las víctimas (los 19 comerciantes), por su posición, por su edad, asumieron en muchos casos el soporte económico de las familias, entonces su desaparición representó una afectación directa. 

—¿Qué ha pasado con la reparación psicosocial?

—Para el acompañamiento psicosocial la Corte determinó que el Estado tiene que comprometerse con un acceso permanente, gratuito e integral. Sin embargo, lo que pasó con la Gobernación de Santander, como responsable de la atención de las familias, es que carecía de un programa adecuado y lo que hizo fue mandarlos a un sanatorio. Esa es una clara acción de victimización. 

Este componente psicosocial también estipula el acceso gratuito a la salud integral. Eso sigue siendo una de las disputas y exigencias más fuertes de las familias porque lo único que se ha reconocido es el «no copago». Eso no es gratuidad, ni acceso garantizado a la salud.  

—Respecto al reconocimiento público de dignificación de memoria de las víctimas, ¿cómo ha avanzado el Estado al respecto?

—Ese reconocimiento público tiene dos aspectos: la instalación de un monumento conmemorativo en un lugar público de encuentro de peregrinación para las familias y el acto de desagravio del Estado.  

—Hablemos primero del acto de desagravio o de reconocimiento de responsabilidad, ¿el Estado sí cumplió con lo establecido?

—Ese acto, a pesar de que cumple las condiciones mínimas que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no cumplió con las expectativas que tenían las familias. 

—¿Por qué no?

—No hubo un alto representante del Estado, las familias no fueron invitadas y hubo, incluso, un acto de revictimización pública. Hasta el último momento siguieron diciendo que las familias tenían vínculos con la insurgencia, cuando no era así. 

—¿Y qué pasó con el monumento? ¿La obra cumplió con las expectativas de las familias?

—El monumento es un ejercicio interesante y respetuoso. La obra se crea y se funda en Bogotá y luego se lleva hasta Santander, porque el artista Juan Arreaza ya no lo puede tener en su taller dado su gran tamaño. Con su traslado, en 2011, empezaron las revictimizaciones.

—¿El monumento no llegó a Santander?

—Sí, llegó. Pero no hubo una voluntad de instalarlo prontamente. Lo que hizo la Quinta Brigada fue llevarlo a sus instalaciones y eso fue muy grave para las familias. En las entrevistas nos decían «somos víctimas de desaparición forzada y lo del monumento es una doble desaparición». 

—¿A qué se referían con doble desaparición?

—Lo que sentían las familias es que existía una intención clara de las fuerzas militares de desaparecer el monumento. 

—¿Y no lo instalaron o qué pasó con la obra?

—En este momento, el monumento está ubicado en el Parque de los Niños y las Niñas en Bucaramanga. Tiene dos placas y lo que nos han dicho las familias es que tampoco existe una voluntad por parte de la administración de tener un ejercicio juicioso y cuidadoso de mantenimiento. Casi que está en el olvido.

Monumento de los 19 comerciantes desaparecidos entre el 6 y 7 de octubre de 1987, ubicado en el el Parque de los Niños y las Niñas en Bucaramanga.

Tal como lo explica Rodrigo Torrejano, aquel monumento no recibe los cuidados que implica mantener en buen estado una estructura de ese tipo en el espacio público. Si las dos placas y las esculturas de los 19 comerciantes siguen vigentes es gracias a la lucha tesonera de las familias. 

Tras 20 años de la sentencia y 37 de búsqueda, el CNMH destaca la leyenda de la placa de la obra: «Aquí no descansan los 19 comerciantes desaparecidos el 7 de octubre de 1987, porque sus restos no han sido encontrados. Este es, sin embargo, un monumento a su memoria y en contra del olvido, para que el mundo sepa y para que la sociedad y el Estado colombiano recuerden que hechos tan atroces no deben volverse a repetir».