Entre el 16 y el 21 de febrero de 2000, el corregimiento de El Salado, en el municipio de El Carmen de Bolívar, fue escenario de una de las más brutales masacres del conflicto armado colombiano. Unos 450 hombres armados, pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), avanzaron sobre esta comunidad campesina. Durante cerca de seis días, sacaron de sus casas a personas civiles, las torturaron y asesinaron, señalándolas arbitrariamente de colaborar con la insurgencia, en un despliegue de violencia extrema que constituye un paradigma de la violencia paramilitar.

Este hecho no fue un acto aislado, sino parte de una estrategia paramilitar más amplia, que había ido consolidándose en los Montes de María desde mediados de los años noventa, en un contexto de disputa territorial y violencia prolongada entre guerrillas, paramilitares y fuerzas del Estado. La presencia guerrillera de grupos como las FARC y, antes, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Patria Libre, generó dinámicas de violencia que, junto con la reacción de élites regionales y la debilidad institucional, facilitaron la expansión de grupos armados ilegales.

Desde 1996, las AUC intensificaron su presencia en los Montes de María, realizando acciones de violencia selectiva contra población civil, homicidios, desapariciones forzadas y desplazamientos masivos. Entre 1999 y 2001, este “ciclón de violencia” se materializó en 42 masacres en la región, con un saldo de al menos 354 víctimas fatales, posicionando a los Montes de María como uno de los epicentros más golpeados del conflicto.

Durante esta masacre, que fue la segunda más grande de El Salado, las estructuras paramilitares no solo ejecutaron asesinatos, sino que usaron la violencia como instrumento de terror para controlar el territorio: instalaron retenes en las vías, detuvieron viajeros inocentes, obligaron a la comunidad a concentrarse en espacios públicos y desplegaron actos de tortura y degradación que quedaron grabados en la memoria colectiva.

Según la investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica “La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestra”, sesenta personas fueron asesinadas en estado de indefensión, y toda la población se desplazó forzosamente, transformando a El Salado en un pueblo fantasma por años. Las víctimas sobrevivientes se desplazaron a distintos lugares, incluidos el corregimiento de El Carmen de Bolívar y ciudades como Barranquilla, Sincelejo y Cartagena. De las aproximadamente 7.000 personas que habitaban el corregimiento, solo 730 han retornado con el paso del tiempo.  

El informe advierte que estos hechos “ponen en evidencia las consecuencias funestas de la estigmatización de la población civil atrapada en la lucha de los actores armados por el control de territorios”. La masacre de El Salado simbolizó la intensidad de la violencia paramilitar de la época y se convirtió en un llamado urgente al reconocimiento de lo sucedido, a la búsqueda de verdad, justicia, reparación y la garantía de no repetición.

A 26 años de estos hechos, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) reafirma la importancia de recordar no solo la violencia vivida, sino también los procesos comunitarios de resistencia, retorno y reconstrucción de la vida colectiva que han tenido lugar en este territorio de los Montes de María.

El retorno como acto de dignidad y resistencia

A pesar del dolor y las dificultades, el retorno a El Salado ha sido posible gracias a la determinación de sus habitantes, quienes han liderado procesos de reconstrucción comunitaria, recuperación de la memoria y reafirmación del arraigo territorial.

El documento “El Salado: memorias del retorno” cuenta también cómo las familias que decidieron volver enfrentaron múltiples obstáculos —la inseguridad, la precariedad institucional, el temor persistente— y, aún así, apostaron por reconstruir la vida colectiva. El retorno no fue solo físico, sino también simbólico: volver significó disputar el olvido y reclamar el derecho a existir en el territorio.

“Por eso, tomar la decisión de rehacer la vida en el lugar en donde fue deshecha es tomar la decisión de continuar la construcción de una identidad colectiva con historia y memoria. Los pobladores regresan para construir una vida teniendo en cuenta el pasado, pero dejándolo como pasado” Juana Durán, estudiante del colegio Campoalegre.

El retorno de las personas de El Salado al territorio ha sido lento, progresivo y profundamente marcado por el dolor, la desconfianza y la resistencia comunitaria. No se trató de un regreso inmediato ni masivo, sino de un proceso complejo que comenzó varios años después de la masacre.

Los primeros regresos comenzaron hacia 2002–2003, pero de manera individual y espontánea, no como un retorno colectivo acompañado plenamente por el Estado. Muchas familias retornaron para proteger sus tierras ante el riesgo de despojo, pese a que persistían condiciones de inseguridad y presencia de actores armados en la región.

El miedo fue uno de los principales obstáculos. Las personas retornaron a casas destruidas o saqueadas, sin servicios básicos, sin infraestructura productiva y con profundas afectaciones psicosociales. En este proceso han sido fundamentales los liderazgos comunitarios, especialmente de personas que promovieron espacios de encuentro, memoria y organización, y que han sostenido la exigencia de verdad y reconocimiento para las víctimas.

Desde la memoria y la reconstrucción histórica, recordar a El Salado es honrar la dignidad de quienes perdieron la vida, acompañar a quienes sobrevivieron y afirmar el compromiso con una paz que nazca del esclarecimiento de la verdad y del reconocimiento pleno de las víctimas en la historia de Colombia.