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Hoy la libertad de todos los seres humanos es reconocida como un derecho fundamental. No obstante, el fenómeno del secuestro ha cobrado más de 39.058 víctimas directas en Colombia durante los últimos cuarenta años.

En un secuestro se priva al individuo de su libertad en contra de su voluntad y se le condiciona a un intercambio o a una transacción – económica o no –, pero siempre está enfocado a la consecución de un beneficio que prima sobre la vida humana.

El Centro Nacional de Memoria Histórica y la firma Cifras y Conceptos presentan su más reciente investigación sobre el fenómeno del secuestro en Colombia para el periodo 1970 – 2010, cuya principal motivación es visibilizar y reconocer a las víctimas de este flagelo.

Una sociedad secuestrada es una interpretación, de las múltiples posibles, de la base de datos Una verdad secuestrada, la cual fue entregada al país por ambas entidades en junio del presente año. Allí se busca reflejar la manera como el secuestro ha impactado a la sociedad colombiana en el marco del conflicto armado y de qué manera este delito ha trascendido la magnitud del conflicto para constituirse en una industria criminal con etapas específicas que garantizan el éxito de la “operación” y una remuneración económica a cambio de la liberación del secuestrado.

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En su tarea de elaborar una memoria del conflicto colombiano, el Centro Nacional de Memoria Histórica publica el presente trabajo del profesor Absalón Machado, conocedor como pocos del tema de tierras en el país.

Se trata de un texto lúcido e ilustrativo sobre los intentos de reforma agraria y el desafío pendiente de hacer una verdadera reforma rural en Colombia, aspectos que son fundamentales para conocer uno de los temas más conflictivos de la historia del país.

El trabajo del profesor Machado hace un repaso detallado y juicioso de lo que ha ocurrido en materia de política de tierras a partir de 1960, cuando se estaba iniciando el Frente Nacional, y muestra cómo se ha frustrado la reforma rural, que va mucho más allá de la reforma agraria y se requiere en un país donde persiste la alta concentración de la propiedad rural.

Con esta publicación, el Centro Nacional de Memoria Histórica quiere contribuir a la comprensión del conflicto colombiano y, además, entregar insumos de calidad para el análisis del tema rural.

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Durante cuarenta años Colombia ha sido víctima de un volumen de secuestros que, en su conjunto, afectan a todos los sectores de nuestra sociedad. El país cuenta con mediciones de instituciones oficiales y esfuerzos de organizaciones no gubernamentales y particulares. Sin embargo, no existe consenso ni certeza sobre las cifras del secuestro debido a diversos obstáculos: la falta de información anterior al año 1991, el subregistro por la ausencia de denuncias, la fragmentación de los datos en diversas entidades, los múltiples cambios en la definición legal y jurisprudencial del delito y desiciones de política pública que afectan las estadísticas.

El objetivo de este estudio fue construir una base de datos lo más sólida y consistente posible en el tiempo sobre el secuestro en Colombia desde el año 1970 hasta el 2010.

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El departamento de Caquetá se encuentra ubicado en la zona de transición de la cordillera de los Andes al sistema amazónico. Este departamento es un corredor de tránsito entre la Región Andina, la Amazonia y el sur de los llanos orientales, y ocupa el tercer lugar en extensión territorial del país.

La población del Caquetá es heterogénea, compuesta, entre otras, por flujos migratorios ocurridos entre 1946 y 1962, enmarcados por la violencia bipartidista, además de la migración generada por la bonanza cocalera de la década de 1970.

Han existido diferentes circunstancias como la débil presencia del Estado, las precarias condiciones económicas de la zona, la marginalidad de las poblaciones y el terreno inhóspito, que han servido de incentivo para actores armados ilegales de origen y accionar diverso. Los grupos guerrilleros, los paramilitares y las organizaciones dedicadas al narcotráfico encontraron en este departamento un lugar propicio para el desarrollo de sus actividades ilícitas y la confrontación armada.

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Este informe contiene un conjunto de investigaciones que indagan sobre experiencias históricas relacionadas con los procesos de Desmovilización, Desarme y Reintegración (DDR) que se han realizado recientemente en el país, en las cuales se destacan la afectación diferencial y desproporcionada sufrida por diferentes sectores sociales y poblacionales; las apuestas por la recuperación de la paz; los impactos regionales y las expresiones de resistencia ante la guerra y la violencia en el marco del conflicto armado colombiano.

Con ello, el Centro Nacional de Memoria Histórica, a través de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, llama la atención sobre la necesidad de incorporar elementos para la reconstrucción de la verdad y la memoria histórica desde una perspectiva diferencial para la atención a las víctimas y sus derechos, y sobre la oportunidad de hacer seguimiento y verificación críticos a los procesos de desmovilización y reintegración de excombatientes, dando lugar a aportes invaluables en este sentido.

En particular advierte sobre la urgencia de adoptar enfoques diferenciales en las políticas públicas que reconfigure las relaciones de género para contribuir a una transformación social y a la construcción de relaciones no discriminatorias ni violentas entre hombres y mujeres. Da cuenta de la problemática, tratamiento y re”comendaciones frente al reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes en el contexto de la guerra, además de los alcances de la dimensión étnica en el conflicto armado en Co”lombia al poner en evidencia la dramática afectación sufrida por los pueblos indígenas en términos de violaciones al De”recho Internacional Humanitario y a sus derechos fundamen-tales y colectivos, ocasionados directamente por los actores armados legales e ilegales. Así como del impacto del conflicto armado y los procesos de DDR en co”munidades afrocolombianas del Pacífico, donde se registra un tipo de afec-tación diferenciada y desproporcionada.

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Esta encuesta, realizada con el apoyo de la Unidad de Víctimas, Fundación Social, la Universidad de los Andes; el acompañamiento técnico y financiero de OIM y USAID, y el Centro de Memoria Histórica, es la evaluación social de la Ley 975 de 2005 ó Justicia y Paz.

Diferentes sectores de la población urbana colaboraron para obtener respuestas a preguntas como ¿Cuál es el impacto de la Ley de Justicia y Paz? Y ¿Cómo percibe su legado la sociedad colombiana? Los encuestados fueron seleccionados desde grupos de expertos, víctimas organizadas y ciudadanos del común.

Los resultados presentados ofrecen un panorama del camino que la sociedad colombiana ha recorrido con la Ley de Justicia y Paz, al tiempo que contribuyen con sugerencias sobre las falencias y la gestión colectiva que le falta a nuestra sociedad para terminar el conflicto armado y hacer justicia para las víctimas.

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La Ley de Justicia y Paz se ha ganado todas las críticas imaginables por la lentitud de sus procesos, miles de casos en espera y sólo once sentencias en siete años de funcionamiento. Sin embargo su aporte en la reconstrucción de la verdad histórica del conflicto colombiano es invaluable y jamás se hubiera alcanzado a través de la Justicia Ordinaria.

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La población indígena colombiana, considerada por muchos, los verdaderos herederos de esta tierra, ha sido por siglos la más ignorada y atropellada de todos los grupos sociales que habitan este país. Su trabajo, incansable, ha sido resistir y asegurar la sobrevivencia de su cosmovisión.

El Centro de Memoria Histórica presenta su más reciente investigación sobre pueblos indígenas. Paéces, yanaconas, guambianos, coconucos, emberas e ingas del departamento del Cauca narran la historia de su participación política y su supervivencia en medio de las balas, el desplazamiento, las desapariciones forzadas, las masacres y la indiferencia de millones de sus hermanos menores.

Nuestra vida ha sido nuestra lucha, es la reconstrucción de la memoria de los indígenas caucanos desde la formación de sus primeras asociaciones en los años 60, pasando por su participación en la Constituyente de 1991, hasta el camino que recorrieron con firmeza en las marchas de la primera década del siglo XXI. Toda esta actividad ha estado concentrada en tres demandas históricas, identificadas por lo investigadores del CMH: Unidad de tierras, unidad de culturas y autonomía.

La oportunidad de entender el trasfondo de estas demandas a través del informe del CMH se da precisamente en el momento en el que la etnia Nasa-Paez del norte del Cauca alza su voz una vez más. Durante lo últimos meses esto ha tenido repercusión en la agenda noticiosa del país: imágenes de desalojo, análisis de los medios y declaraciones encontradas han sido el pan de cada día. Su grito por el respeto a la autonomía territorial tiene, en esta ocasión, otros reclamos puntuales: seguridad alimentaria y el retiro de las concesiones a multinacionales para la exploración y explotación minera y energética en sus territorios.

Una salvedad importante sobre este informe que queda clara desde el prólogo es la pluralidad de voces que el lector encontrará en los diferentes capítulos. Esto se debe a que los investigadores encontraron que es imposible hablar de una sola “memoria” para todos los pueblos indígenas, así que optaron por aproximar al lector a distintas “memorias” sin temer a los matices y contradicciones que pueden hallarse entre ellas.

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La población civil del Bajo Putumayo ha sido, por más de veinte años, configurada en blanco y negro: guerrilleros o paramilitares. El acelerado progreso de los cultivos de coca, tan atractivo para las mafias y los actores armados, convirtieron esta tierra, de infinitos recursos naturales y cosmogonías indígenas, en un escenario de guerra.

El Placer: mujeres, coca y guerra en el Bajo Putumayo es un recorrido por estas dos décadas de violencia impartida por las FARC y las AUC. Revela, también, los esfuerzos de resistencia de la población, promovidos, en especial, por las mujeres, quienes aún hoy persisten en un profundo anhelo por hacer memoria y romper con los estigmas que han marcado a su pueblo.

La inspección de policía El Placer del municipio del Valle del Guamuez ha sido un punto clave de este conflicto. Narcotraficantes, guerrillas y paramilitares dispersaron terror, miedo, amenazas, torturas y violencia sexual por el afán de controlar el negocio de la producción de hoja de coca. Como si fuera poco, durante los noventa, El Placer fue foco de fumigaciones con glifosato (fue en esta zona, precisamente, donde comenzó el Plan Colombia), cuando a sus alrededores se extendía una de las mayores áreas de cultivo de coca.

En los años noventa imperó la hegemonía guerrillera. Las FARC regulaban el negocio, administraban la justicia e intervenían en la cotidianidad de la población. En 1999 la expansión paramilitar en el sur de Colombia sembró al Bloque Sur Putumayo de las AUC en la zona. Empezó entonces una disputa por el poder territorial, económico, político y social. Durante siete años los paramilitares tomaron el casco urbano de El Placer como su base militar. Dado el prolongado tiempo de dominio de las FARC, los habitantes de El Valle y de El Placer fueron estigmatizados por las AUC como “guerrilleros de civil”.

‘Guerrillero’, ‘colaborador’, o ‘auxiliador’, fueron los rótulos con los que los paramilitares categorizaron a los campesinos de la zona, posteriormente amenazados o castigados. ‘Decente’, ‘indecente’, ‘prostituta’, ‘paraquera’ o ‘recorrida’, fue como resumieron los roles de las mujeres, limitando su participación en la comunidad y, en muchos casos, sometiéndolas al escarnio público. Los pobladores de El Placer han decidido parar de guardar silencio. En este libro narraron sus historias y transmitieron sus dolores. Dejaron claro que son mucho más que un rótulo.

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