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Esta cartilla se realiza como resultado de un ejercicio de reconstrucción de memoria histórica en diferentes regiones del país con diversas comunidades afectadas por el conflicto armado. Allí las víctimas tuvieron la oportunidad de hablar sobre las pérdidas, los daños y las situaciones que debieron enfrentar en algún momento.

Fue gracias a este ejercicio de memoria colectivo que se logró ubicar los hechos violentos, los contextos en que éstos ocurrieron, reconstruir las acciones de los actores armados y evocar los padecimientos y las transformaciones por las que atravesaron las víctimas.

De esta manera, esta cartilla se constituye como un inventario de daños sobre los que las víctimas demandan acciones de reparación. La identificación de los daños contribuye a que las víctimas procesen sus experiencias, encuentran respuestas y otorguen sentido a sus vivencias. Además, aporta para que la sociedad y el Estado entiendan lo que significa y cuesta reparar, y asuman la responsabilidad de llevar a cabo acciones y políticas para lograrlo.

Ronald Villamil, investigador del CNMH, explica que “se trata de un instrumento metodológico que recoge la experiencia y postura que desde la entidad se le da a la relación entre memoria histórica y daño. La cartilla aporta en dos dimensiones: 1) fortalece el debate sobre los procesos de identificación de daño desde una perspectiva de exigibilidad de derechos y reparación y 2) ofrece una propuesta metodológica que va dirigida a aquellas entidades, instituciones o personas que deseen fortalecer sus procesos de valoración de los daños y esa relación entre memoria histórica y daño.”

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Esta obra es un texto histórico, descriptivo y explicativo de los procesos extractivos inherentes al primer período de la explotación cauchera en el Putumayo y ha sido construida con base en un vasto universo de fuentes documentales primarias, elaboradas por indígenas y mestizos, por caucheros, por misioneros, por militares, por agentes gubernamentales locales y regionales y, en fin, por un conjunto muy diverso de sujetos que, fundamentalmente, estuvieron atrapados en “la vorágine” de las caucherías.

La obra está dirigida a las poblaciones indígenas del Putumayo y, en general, de la Amazonia, cuyos “taitas”, “abuelos” y “mayores”, como mano de obra endeudada y esclavizada, sufrieron los vejámenes cometidos durante el primer auge de la explotación cauchera. Asimismo, la obra está dirigida a todas aquellas personas e instituciones comprometidas con el presente y el futuro del Putumayo y, en general, de la Amazonia.

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Esta investigación se centra en la relación conflicto armado – problema agrario en el departamento del Valle del Cauca, con especial interés en temas como el despojo de tierras, los cambios en la estructura agraria y los efectos que éste ha ejercido sobre el movimiento campesino y las organizaciones sociales campesinas.

El Valle del Cauca, por su ubicación geográfica, es un punto neurálgico de conexión con el Pacífico, el Eje Cafetero y el centro del país. Es un departamento que ha sufrido durante décadas por cuenta de la violencia entre liberales y conservadores, del conflicto armado interno y del surgimiento del fenómeno del narcotráfico y sus aparatos armados.

En los últimos 30 años se ha configurado en este departamento una nueva territorialidad regida por narcotraficantes y sus grupos armados. Este orden social regional trajo consigo el uso de violencia extrema contra la población rural y urbana: 100 masacres entre 1986 y 2012; más de 1.600 secuestros entre 1996 y 2012; más de 1.000 asesinatos selectivos entre 1981 y 2012; y más de 200.000 personas desplazadas entre 1984 y 2012. 

Este texto aborda todas esas violencias, así como factores estructurales en materia de propiedad y tenencia de la tierra, y la vocación agrícola de la zona plana y de la cordillera. A pesar de ello, los y las campesinas han promovido procesos organizativos y prácticas de participación en la política local y regional, a través de los cuales siguen luchando por derechos históricos.

El evento de lanzamiento contará con la presencia de: distintos líderes y lideresas campesinos del Valle del Cauca: Inge Helena Valencia, Directora del Programa de Antropología de la Universidad ICESI; y de uno los relatores del informe, John Jairo Rincón, quien es investigador del CNMH.

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A las 8:30 am del 7 de diciembre varios buses provenientes de Tame, Arauca, y otras veredas cercanas (Cravo Charo, Campoalegre, Caño Limón, Malvinas, entre otras) llegaron al Parque El Macaguán ubicado en la vereda Corocito con cerca de 200 personas que habían asistido al lugar para acompañar a los familiares de las víctimas de la masacre de Corocito.

El 8 de febrero de 2003, hacia las 10 de la noche, cerca de 50 paramilitares del Bloque Vencedores de Arauca, al mando de Cantante y Cero Tres, entraron a Corocito y, por medio de gritos, amenazas y golpes, llevaron terror y pánico “a un caserío cuya tranquilidad solo era interrumpida por el tránsito esporádico de las guerrillas y las reuniones a las que algunas veces los obligaban a asistir” (pág. 89). El resultado: toda una población desplazada y 12 víctimas (entre secuestros, tortura, desaparición forzada y homicidio en persona protegida).

Mientras los asistentes seguían llegando al Parque, los familiares de las víctimas se reunieron en el segundo piso de la antigua Cooperativa Cooagrosarare para participar de un espacio dedicado al acompañamiento psicosocial liderado por la psicóloga del CNMH, Ana Lorena González. Allí, aprovecharon para afirmar que lo más importante para ellos es que se reconozca, no solo la dignidad de sus seres queridos fallecidos, sino de toda la comunidad que tuvo que desplazarse. “Se murieron los líderes y con ellos las costumbres de toda una comunidad”, dijeron.

Hacia las 9 am, los familiares, vestidos ahora con camiseta blanca y la frase “Recordando unidos. Por la vida y para la paz”, salieron al parque para reunirse con las personas que venían a acompañarlos.

Kalia Ronderos, investigadora del CNMH, dio la bienvenida a todos los asistentes y afirmó que este evento era un homenaje por la memoria de las personas que perdieron la vida, pero que hoy son símbolo de resistencia y fuerza para toda una comunidad.

Seguidamente, Carolina Restrepo, investigadora del CNMH y relatora del informe “Recordar para reparar. Las masacres de Matal de Flor Amarillo y Corocito en Arauca”, agradeció a los familiares de las víctimas por haberle abierto las puertas de sus vidas y permitirles tener ese nivel de acercamiento. Asimismo, comentó que este acto y la entrega del informe eran un aporte en el proceso de reparación y dignificación de las víctimas de Corocito y Matal de Flor Amarillo, reconocidas en el fallo de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá contra José Rubén Peña Tobón, Wilmer Morelo Castro y José Manuel Hernández Calderas, exintegrantes del BVA de las Autodefensas Unidas de Colombia. Debido a ello, y luego de cerca de 2 años de una investigación juiciosa, el CNMH hacía presencia de nuevo en la vereda para realizar este acto de reparación y hacer entrega del informe, el cual, explicó, es una forma para recordar lo ocurrido y dignificar la memoria de las víctimas, pues ninguna de ellas merecía la suerte que les tocó.

Carlos Mejía, también relator del informe, procedió a hacer lectura en voz alta de cada uno de los perfiles biográficos de las víctimas fatales de la masacre de Corocito, todos ellos contenidos en el informe: Los hermanos Gonzalo y Pedro González Romero, Gregorio Rojas Cárdenas, José Elías Motavita Arévalo, Onésimo Leonel Tonocolia Macualo y Santos Yimmy Contreras Ramírez.

Al finalizar la lectura, una a una de las familias de las víctimas pasaron al frente para recibir, de manos de los investigadores del CNMH, la fotografía de su ser querido, una ofrenda floral que representaba su arraigo con el campo y ejemplares del informe “Recordar para reparar”.

Posteriormente, y luego de una sentida oración de uno de los familiares, uno a uno de los asistentes se apropió de la tarima; cantantes, poetas y grupos de joropo fueron pasando al frente para rendir un homenaje y acompañar a las familias. El Alcalde de Tame, Octavio Pérez Hernández, aprovechó también el momento para recalcar la importancia que tiene el no perder la memoria de los hechos tristes y reconocer que, por omisión del Estado, se llegó a ellos. “Los araucanos son gente capaz de sobreponerse a las dificultades”, dijo.

Para finalizar, Carolina Restrepo invitó a todos los asistentes a sembrar una palma de Corozo en el parque, como símbolo de una comunidad que vuelve a unirse y a recuperar sus costumbres. Explicó que este lugar se va a convertir en el futuro lugar de memoria de la vereda y se va a llamar Parque Representativo de la Paz de El Macaguán, un espacio que será dedicado a la memoria de los fallecidos en ausencia de sus cuerpos. Al terminar, todos se dirigieron a la discoteca para pasar un rato agradable en comunidad y comer ternera a la llanera con sancocho.

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La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 de 2011, creó en Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y le atribuyó, entre otras, la función de diseñar e implementar un archivo de derechos humanos y de conflicto armado. Vale destacar que esa decisión del legislador se abrió espacio en la citada ley luego de intensos debates que pusieron de presente la importancia de los archivos en un eventual proceso transicional, y su carácter de esenciales en la realización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del conflicto y de la sociedad en general.

Este reto llevó al CNMH, a través de la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos, entre otras labores, a un exhaustivo trabajo orientado al diseño y construcción de una política pública de archivos de graves violaciones a los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario, memoria histórica y conflicto armado. Un tema hasta entonces inédito en el país, ausente de la legislación sobre archivos que rife la institucionalidad pública que, elaborada a parir del desconocimiento de la existencia y vigencia de un conflicto armado interno, no incluía disposición alguna relacionada con los archivos sobre violaciones a los Derechos Humanos.

Este documento es el resultado preliminar de un proceso de participación de instituciones públicas, víctimas del conflicto y las organizaciones que las representan, académicos y expertos nacionales e internacionales, en la ruta de construcción de la mencionada política pública. Se trata de un conjunto de insumos sobre los que se está construyendo un marco legislativo que respete los principios y normas archivísticos, y que tengo los estándares de Derechos Humanos como guía para su aplicación, y así permitir tanto la reconstrucción de la memoria histórica como la lucha contra la impunidad.

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Según la Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP), desde 1977 hasta 2015, hay un total de 142 periodistas asesinados en Colombia. Esta misma institución registra, que en el 2001, nueve comunicadores sociales murieron en el país ejerciendo su oficio.  Este el caso de Eduardo Estrada Presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Comunicación y la Cultura de San Pablo, organización comunitaria afiliada a La Asociación Red de Emisoras Comunitarias del Magdalena Medio, quien fue asesinado el 16 de julio de ese año en San Pablo, sur de Bolívar.

El pasado viernes 6 de febrero, el Grupo Regional de Memoria Histórica (GRMH) de la Universidad Tecnológica del Bolívar, presentó oficialmente el informe “Comunicar en medio del conflicto” basado en la vida de Eduardo Estrada, como caso emblemático de la región. Ese día también se mostró el documental “El silencio de un pueblo”, complemento del documento escrito y como homenaje a todos los periodistas que cubren con responsabilidad los temas relacionados al conflicto armado.  

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El presente documento de orientaciones se concentra en los instrumentos contemplados por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (ley 1448 de 2011) referentes a la realización del derecho a la verdad, así como en aquellos relacionados con la reparación simbólica a través de las medidas de satisfacción y la construcción de memoria histórica como forma de esclarecimiento y dignificación de las víctimas.

El Centro Nacional de Memoria Histórica espera con este documento continuar fortaleciendo los lazos de cooperación y asistencia técnica a las autoridades territoriales, con miras al cumplimiento conjunto del mandato de promoción y realización de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno.

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Nueva Venecia, Buenavista y Bocas de Aracataca son poblaciones palafíticas de pescadores que viven sobre las aguas de la Ciénaga Grande de Santa Marta desde hace más de dos siglos. Son comunidades que se destacan, así, por la vida y la cultura que han construido sobre el agua, resultado de un proceso de mestizaje desde la época de la colonia. En el año 2000, estas poblaciones entraron a formar parte de la extensa lista de comunidades afectadas por la violencia en la región Caribe al ser el objetivo de dos de las más grandes masacres paramilitares ejecutadas en la zona: la masacre de Bocas de Aracataca, en febrero de 2000, y la masacre de Nueva Venecia y Buena Vista, en noviembre del mismo año. 

El presente informe recoge la historia de estas comunidades, de los contextos y situaciones que rodearon la gestación del conflicto en la región, de las masacres allí perpetradas, el desplazamiento masivo de sus pobladores tras los hechos violentos y el retorno paulatino de estas comunidades a su lugar de origen. Mientras en el caso de Bocas de Aracataca la población permanece desplazada, hay un retorno casi total a las poblaciones de Nueva Venecia y Buena Vista. 

Este informe se ha propuesto rescatar las razones que han conducido a este retorno, y acompañar a sus pobladores en el recuento de la historia de una cultura anfibia que se resiste a desaparecer en manos de la violencia y que reclama el derecho a vivir dignamente en su lugar de origen. 

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El 12 de febrero del año 2009 Luis Alberto Arango Crespo, líder de la comunidad de pescadores artesanales de la Ciénaga de El Llanito (Barrancabermeja), fue asesinado por la banda criminal Los Rastrojos. Este informe recoge los resultados de investigación de la memoria histórica de Lucho Arango, líder pescador comprometido con la protección del medio ambiente, enamorado de su ciénaga, y empeñado por proteger la pesca artesanal como saber ancestral y como forma amable de explotación de los recursos naturales.

El equipo de investigación implementó una serie de metodologías que incluyeron investigación de archivos, entrevistas, observación participante y talleres de memoria histórica con la familia de Arango, sus compañeros de pesca, miembros de organizaciones de pescadores de la región, y expertos de medio ambiente. El informe intenta reconstruir quién fue Lucho Arango como miembro y líder de la comunidad de pescadores de El Llanito; su lucha de tantos años por proteger la ciénaga y sus caños ante las amenazas de las economías del petróleo, la palma y la ganadería. En su constante batallar en contra de la negligencia estatal, y su esfuerzo por presionar a las instituciones responsables para que vigilaran y cuidaran la ciénaga, Lucho Arango va acumulando enemigos; estas enemistades se van enredando con los entramados del conflicto armado, culminando en su asesinato.

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Entre 2001 y mediados del 2002, Puerto Torres, una pequeña Inspección del municipio de Belén de los Andaquíes, Caquetá, fue tomada por miembros del Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes convirtieron el poblado en un epicentro de la barbarie.

En Puerto Torres los paramilitares no solamente confinaron, desplazaron y desaparecieron a muchas personas, sino que además convirtieron el colegio, la iglesia y la casa cural en las aulas de una Escuela de la Muerte.

Este informe narra los procedimientos forenses y judiciales de la diligencia de exhumación en donde se recuperaron 36 de los cadáveres de las víctimas del Frente Sur Andaquíes en Puerto Torres.

La presente investigación recogió las voces de los familiares, de los funcionarios judiciales y forenses, y también de algunos de los responsables de las muertes y desapariciones. Asimismo, se describen los hallazgos forenses, siendo los cadáveres y las fosas la principal fuente de información. Como contexto de los hechos estudiados, se relata la incursión paramilitar del Frente Sur Andaquíes de las AUC en la zona y su modus operandi.

Este trabajo reconoce los aportes de la antropología forense para narrar y descubrir qué les sucedió a estos 36 colombianos y cómo murieron, pero también para rescartar su grito silencioso, pese a que su identidad siga siendo transitoriamente negada para 28 de ellos.

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