Se trata de algunas de las respuestas a la pregunta ¿qué transformaciones sociales e institucionales se requieren para la sostenibilidad de un escenario de posacuerdos?, planteado por un conversatorio realizado en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) el pasado viernes.

Marco Alberto Romero Silva, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES); Maria Consuelo del Rio Mantilla, directora Nacional de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo; Álvaro Villarraga Sarmiento, director de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); y Katherine Paola Herrera Moreno, subdirectora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) intentaron responder a esta inquietud de cara a los acuerdos de paz que avanzan en La Habana.

“Es esencial que exista una convergencia histórica entre el proceso por terminarse con las Farc y el proceso que inicia con el Eln”, aseguró Villarraga Sarmiento, quien recalcó la importancia de la academia para el posconflicto al afirmar que las universidades tienen la responsabilidad de actualizarse, dado que existen notorios atrasos en los programas académicos e investigaciones en relación al conflicto armado colombiano.

“Cuando se habla del papel de la academia, se habla del papel de la educación. Es indispensable una educación transformadora basada en los derechos humanos. Este es un discurso que las instituciones usan con frecuencia, pero seguirá siendo un discurso vacío de contenido si no adopta una posición transformadora que parte desde las comunidades en los territorios”, agregó la representante de la Defensoría del Pueblo.

Por su parte, Herrera Moreno reconoció que frente al posible aumento del universo de víctimas se prevé un desafío para la UARIV, aunque reprochó que los cambios de gobierno sean un obstáculo para  la coyuntura con las diferentes entidades estatales a cargo del seguimiento de las políticas de víctimas, desconociendo que este asunto debería ser una política de Estado.

“El principal de los retos es la articulación entre la política de víctimas, y las políticas que se van a derivar de los acuerdos en La Habana. Para ello se necesita la coordinación institucional”, concluyó.

A su turno, el director del CODHES sugirió que las organizaciones defensoras de derechos humanos, de cara al posconflicto, deberían incursionar en una dinámica de cambio. “Este país está acostumbrado a una anormalidad de arbitrariedad, de violencia, de guerra. Y lo ideal es que haya una normalidad de civilidad, de democracia, de equidad, de respeto a la diversidad cultural, de pluralidad política. Pero esas son cosas exóticas para esta sociedad. Tenemos que ser capaces de ir de la lógica de la crisis humanitaria a la sociedad de derechos”.