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El “Protocolo de gestión documental de los archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones a los Derechos Humanos, e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno” es un documento publicado por el CNMH y el Archivo General de la Nación (AGN), cumpliendo con las disposiciones de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que establece los criterios y las medidas que se deben seguir para la identificación, protección, y garantías de acceso a la información de archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado. Por ejemplo, alienta a las entidades a ajustar y a actualizar los inventarios de sus archivos de derechos humanos, así como a suspender de manera temporal las actividades de eliminación de documentos y de series documentales sobre este tipo especial de archivos.

Las entidades de la administración pública deberán adoptar las disposiciones contenidas en el Protocolo en los diferentes niveles de actuación. También deberán hacerlo las entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos regulados por la Ley 594 de 2000, en consonancia con el Decreto 1084 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación. Asimismo, el documento contiene recomendaciones para el manejo de los archivos y la información de las organizaciones de la sociedad civil.

El Protocolo quedó oficializado a través de la Resolución 031, la cual fue firmada el 6 de febrero de 2017, por Armando Martínez Garnica, director general del AGN, y por Gonzalo Sánchez Gómez, director del CNMH.

Este documento está enmarcado en los componentes de Conformación, Protección y Apropiación Social de la Política Pública de Archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto. (Política Pública de Archivos de los Derechos Humanos)

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Esta guía presenta una aproximación a la reconstrucción de la memoria desde una metodología con enfoque participativo que utiliza el cuerpo como lugar esencial de memoria. La metodología que presentamos surge a partir de los talleres que realizamos para el informe “La guerra escondida. Minas Antipersonal y Remanentes Explosivos en Colombia” con sobrevivientes y víctimas indirectas civiles de ocho regiones del país: Antioquia, Arauca, Cauca, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y la región de los Montes de María.

A través de los talleres pudimos reconocer las distintas experiencias y percepciones de las personas participantes en torno a cómo han vivido la guerra y el impacto que ha tenido en sus vidas la victimización por Minas Antipersonal (MAP) o Remanentes Explosivos de Guerra (REG). Además de las narrativas y los relatos verbales, los talleres tuvieron como apuesta la inclusión del cuerpo y el movimiento. El propósito fue reconstruir la memoria, no solo desde una dimensión mental y por tanto racional, sino también desde las sensaciones, impresiones o emociones que permanecen en el cuerpo. El sustento metodológico parte de considerar que no recordamos únicamente desde la mente; el cuerpo entero tiene memoria.

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Un nuevo informe del Centro Nacional de Memoria Histórica ‘El derecho a la justicia como garantía de no repetición’ es una memoria de la relación de las víctimas con la justicia y las falencias del aparato judicial para satisfacer sus derechos.

El informe ilustra, desde el punto de vista de las víctimas, cómo ha sido su experiencia de búsqueda de la justicia y cómo ha operado el sistema judicial para satisfacer su derecho a la justicia. Analiza cómo se han incluido las víctimas en el sistema judicial penal, qué significado han dado a la justicia y si se han sentido satisfechas o no con ella; explora el sentido reparador que tiene o no el proceso penal y la incidencia de los contextos sociopolíticos cambiantes en la satisfacción del derecho a la justicia.

Para hacerlo, combina un repaso detallado a la evolución en los últimos 30 años de las normas judiciales para enfrentar los reclamos de las víctimas y seis relatos en profundidad de casos emblemáticos de la lucha de las víctimas y sus familias por la satisfacción de su derecho a la justicia.

El informe está dividido en dos volúmenes. El primero, ‘Graves violaciones de derechos humanos: luchas sociales y cambios normativos e institucionales 1985 – 2012’, reconstruye la historia de la lucha de los movimientos sociales y de víctimas por la defensa de los derechos humanos y contra la impunidad, la evolución de las normas y regulaciones en Colombia, en esos 30 años, y los contextos cambiantes en los que todo esto tuvo lugar.

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El segundo, ‘Casos de víctimas de violaciones a los derechos humanos en búsqueda de la justicia y de la satisfacción del derecho a la justicia’, reúne con gran detalle los relatos de seis víctimas de distintas violaciones, que exponen las debilidades, los avances y las contradicciones entre las normas y su interpretación y aplicación del acceso de las víctimas a la justicia.

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En el año de 1988 Colombia sufrió algunas de las masacres más atroces y recordadas: Honduras y La Negra, Mejor Esquina, Coqui-tos, Segovia… De 19 masacres registradas en 1987, se pasó a 64 en ese 1988. En medio de este mar de sangre se hundió en el olvido la masacre de mineros de la vereda El Topacio del municipio de San Rafael, Antioquia, ocurrida en junio del mismo año. En dicha vereda un grupo de hombres armados que vestían prendas camufla-das llevó a cabo la masacre de 14 mineros. El 20 de junio se hallaron partes de los cuerpos desmembrados, las cuales fueron trasladadas en un helicóptero de la Gobernación de Antioquia para ser deposi-tadas en varios ataúdes en el cementerio de San Rafael, hecho que es recordado con horror por sus habitantes.

En este informe se da cuenta del modo en que esta masacre se in-scribe en el exterminio de la Unión Patriótica, en la estigmatización de los habitantes de las veredas del cañón del río Nare como aux-iliadores de las FARC y en la descripción de los procesos penal y contencioso administrativo contra algunos miembros del Ejército en este hecho. También se consideran las pérdidas y daños sufridos, así como las diversas formas de resistencia contra el olvido y lucha contra la impunidad. 

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El departamento de Cesar es uno de los más ricos de Colombia. Pero también es el mejor ejemplo – o quizás el peor – de lo que ha sido la disputa por la tenencia de la tierra en el país. En los últimos 30 años sus habitantes han visto transcurrir varias bonanzas que se han entremezclado con varios ciclos de violencia: la del algodón, la de la marihuana, la ganadería y la que trajo el carbón.

Esta investigación periodística es un relato alrededor de los penosos hechos sobre los que ha girado el conflicto armado en la zona minera de esa región en la que sus habitantes, más que prosperidad y desarrollo, han sufrido todo el rigor de la guerra.

Campesinos, sindicalistas, empresarios, trabajadores, agricultores, líderes, políticos, mujeres y niños, hacen parte de la numerosa lista de víctimas de una guerra que ha tenido de trasfondo el control de miles de hectáreas de las tierras más prósperas que tiene el país. La maldita tierra muestra los momentos clave para entender esa violencia y le da voz a muchos de los protagonistas, testigos y sobrevivientes, como un aporte a la verdad sobre la barbarie que ha padecido la Costa Caribe colombiana.

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Este libro surge en respuesta a la orden judicial de reparar simbólicamente a las víctimas que fueron reconocidas por Gian Carlo Gutiérrez Suárez, desmovilizado del Bloque Calima de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), en el marco de la Ley 975, llamada ley de Justicia y Paz. El recurso usado para lograr este propósito fueron los perfiles biográficos de las víctimas mortales, relatos que desmienten falsas acusaciones y repudian los crímenes cometidos por los paramilitares.

Los municipios donde sucedieron las 24 historias consignadas en este libro son El Tambo, Patía, Mercaderes (Cauca), Guadalupe y San José de Isnos (Huila). Los perfiles biográficos dimensionan los rasgos más humanos de aquellos que fueron suprimidos por los paramilitares cuando decidieron simplificar su identidad a ser “colaboradores de la guerrilla”.

Estos perfiles muestran además los impactos por la pérdida repentina y violenta de padres, madres, abuelas e hijos, quienes a su vez eran los agricultores, líderes, conductores, vigilantes, enfermeras del pueblo; en resumen, aquellas personas que permiten que la vida familiar y comunitaria perviva en su cotidianidad.

A través de esta publicación, se revela una vez más cómo en los escenarios más adversos en medio del conflicto armado, la fortaleza de los sobrevivientes se impone al sufrimiento generado por los violentos. Virtud muchas veces alentada por el legado que dejaron quienes fueron asesinados y hoy viven gracias a la valentía del recuerdo de sus familiares.

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Este informe presenta los resultados nacionales del proyecto de investigación del CNMH, Tierras, organización social y territorio. Pone a disposición una exhaustiva información estadística sobre las políticas de tierras del Estado colombiano en el siglo XX y la primera década del XXI, presenta nuevas hipótesis sobre las estructuras agrarias de Colombia en el marco de debates centrales sobre temas agrarios y rurales.

Contiene una síntesis histórica de la legislación de tierras que sirve de marco de referencia a la descripción y análisis de la asignación de tierras del Estado colombiano a particulares y a comunidades étnicas en un extenso periodo que abarca los años de 1900 a 2012. Contiene una reseña histórica de prácticas que vulneran los derechos de propiedad en Colombia. Documenta y describe el abandono y despojo de tierras en relación con el desplazamiento forzado y con el “desplazamiento económico”. También analiza los efectos estadísticos del conflicto armado sobre la producción agraria. Y ofrece un panorama global de los gremios y las organizaciones sociales rurales que permite ver los puntos de tensión y los conflictos rurales que vive actualmente Colombia.

Incluye, también, una serie de observaciones y recomendaciones a las agencias estatales responsables de los temas agrarios y rurales, en materia de información, investigación, legislación y políticas agrarias, para las cuales se tuvo en cuenta el Acuerdo Agrario entre el Gobierno Nacional y las FARC “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral”.

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Granada (Antioquia) es un municipio emblemático de la guerra y de la paz. Desde mediados de los años ochenta fue escenario de una cruenta disputa por el control de un territorio estratégico para la expansión militar, de la puja por la humanización del conflicto armado y la realización de diálogos de paz regional; y del despliegue militar que acompañó la política de Seguridad Democrática. Gracias a estas dinámicas, Granada fue un territorio, casi literalmente, devastado por la guerra. Sin embargo, ¡no sucumbió! y no lo hizo gracias a la capacidad de su gente y sus instituciones, quienes después de sortear la guerra debieron emprender rápidamente un proceso de reconstrucción física y social que hoy tiene como eje el reconocimiento de las víctimas y la memoria colectiva.

Este informe describe a Granada como un caso emblemático de las dinámicas de la guerra y, al mismo tiempo, de resistencia y dignidad. En un contexto en el que en el país se pone en primer plano de la agenda nacional la urgencia de una salida política negociada al conflicto armado, la necesidad de avanzar en caminos de paz y reconciliación y de reivindicar la memoria como un recurso para la verdad, el reconocimiento y la reparación, mirar hacia Granda es profundamente aleccionador.

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Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia pretende señalar las características de la infamia que acompaña al precepto de “desaparecer a un ser humano”, recordar y dignificar a las víctimas, denunciar a los responsables de este crimen en cada momento de nuestra historia reciente, así como sus móviles y modos de ejecutarlo, y reconocer las consecuencias y daños que causa la ambigüedad entre la presencia y la ausencia sostenida de un ser querido.

La desaparición forzada es tal vez una de las prácticas represivas más atroces de las que se han valido regímenes y organizaciones para imponer su control y su poder. Es una forma de violencia capaz de producir terror, de causar sufrimiento prolongado, de alterar la vida de familias por generaciones y de paralizar a comunidades y sociedades enteras.

En Colombia han sido desparecidas 60.630 personas en los últimos 45 años en el marco del conflicto armado. Las dimensiones de este crimen resultan escalofriantes e inmorales y son el resultado de la conjunción de varias situaciones: de un lado, de la persistencia de un crimen que se inflige intencionadamente con el ánimo de castigar y de sembrar el terror, de la existencia de prácticas empleadas por distintos actores armados con el propósito de invisibilizar sus crímenes y de garantizar su impunidad o de distorsionar las cifras producto de sus acciones.

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Las cartillas Desde el Carare la niñez y la juventud siembra cultura de paz hacen parte del proyecto que da cumplimiento a la medida Cátedra de Paz del Plan de Reparación Colectiva de la ATCC (Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare). Este material pedagógico reconoce los impactos que el conflicto armado ha producido sobre esta asociación, el territorio y los habitantes del Carare y tiene como objetivo fortalecer y habilitar espacios para la formación integral y la convivencia pacífica de la comunidad educativa de esta región, sin olvidar los aprendizajes que en materia de construcción de paz tiene para ofrecernos la ATCC.

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