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Este documento presenta los lineamientos conceptuales que definen al Museo Nacional de la Memoria (MNM) como lugar de encuentro para la memoria y que constituyen la base de su construcción física, de su definición institucional, del proceso de formulación del proyecto museológico y del conjunto de sus programas. En particular, los presentes lineamientos fundamentan la elaboración del guion y del plan museológico.

En respuesta al mandato legal que surge de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras –Ley 1448 de 2011– y de sus decretos reglamentarios –4633, 4634 y 4635–, así como al legado social de los procesos sociales de memoria en el país, la formulación de estos lineamientos está basada en los resultados y análisis sistemático del proceso de diálogo que el Centro Nacional de Memoria Histórica1 (CNMH) ha sostenido durante más de tres años tanto con grupos de víctimas y organizaciones sociales en diversas regiones del país como con sectores académicos, artísticos, no gubernamentales y del gobierno, y con personas expertas provenientes de Colombia y del extranjero.

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Colombia no logró una solución global ni simultánea de paz entre el Estado y las guerrillas. Sin embargo, en las últimas décadas se han registrado  pactos de paz progresivos relacionados con reformas de transición del posconflicto bélico. En tal contexto, aparecen experiencias de desarme, desmovilización militar y paso de excombatientes a la vida civil con respaldo en políticas, instrumentos legales y programas diversos.

En los noventa, a quienes integraron el M19, el EPL y  otras agrupaciones regionales menores que pactaron la paz les otorgaron amnistía o indulto, garantías de participación política y beneficios sociales. En las zonas de impacto hubo inversión social, promoción de la paz, de los derechos humanos y de la participación ciudadana. No obstante, el Estado no recuperó el control de buena parte de los territorios que estaba antes en poder de estas insurgencias ni brindó la seguridad requerida.

Entre 2003 y 2006 se sucedieron, en acuerdo con el gobierno, desmovilizaciones de las AUC y se rediseñaron programas de reintegración. Pero, hubo parcialidad en los resultados del proceso: notorio marginamiento de los programas, reincidencia y fracaso de la reintegración en zonas afectadas por la violencia, el conflicto armado y la ilegalidad. Aunque las AUC se desarticularon, persistieron o se rearmaron estructuras que prolongan una dinámica más dispersa y degradada del fenómeno paramilitar.

Este informe estudia estos procesos tema que cobra importancia actual, cuando se implementa el acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC EP, el cual introduce una dinámica más amplia, profunda y definitiva en compromisos de construcción de paz y en la reincorporación de excombatientes. Del mismo modo, es relevante cuando existe la expectativa sobre un acuerdo de paz también con el ELN, lo que llevaría de manera general al fin del conflicto armado.

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El “Protocolo de gestión documental de los archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones a los Derechos Humanos, e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno” es un documento publicado por el CNMH y el Archivo General de la Nación (AGN), cumpliendo con las disposiciones de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que establece los criterios y las medidas que se deben seguir para la identificación, protección, y garantías de acceso a la información de archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado. Por ejemplo, alienta a las entidades a ajustar y a actualizar los inventarios de sus archivos de derechos humanos, así como a suspender de manera temporal las actividades de eliminación de documentos y de series documentales sobre este tipo especial de archivos.

Las entidades de la administración pública deberán adoptar las disposiciones contenidas en el Protocolo en los diferentes niveles de actuación. También deberán hacerlo las entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos regulados por la Ley 594 de 2000, en consonancia con el Decreto 1084 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación. Asimismo, el documento contiene recomendaciones para el manejo de los archivos y la información de las organizaciones de la sociedad civil.

El Protocolo quedó oficializado a través de la Resolución 031, la cual fue firmada el 6 de febrero de 2017, por Armando Martínez Garnica, director general del AGN, y por Gonzalo Sánchez Gómez, director del CNMH.

Este documento está enmarcado en los componentes de Conformación, Protección y Apropiación Social de la Política Pública de Archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto. (Política Pública de Archivos de los Derechos Humanos)

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Esta guía presenta una aproximación a la reconstrucción de la memoria desde una metodología con enfoque participativo que utiliza el cuerpo como lugar esencial de memoria. La metodología que presentamos surge a partir de los talleres que realizamos para el informe “La guerra escondida. Minas Antipersonal y Remanentes Explosivos en Colombia” con sobrevivientes y víctimas indirectas civiles de ocho regiones del país: Antioquia, Arauca, Cauca, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y la región de los Montes de María.

A través de los talleres pudimos reconocer las distintas experiencias y percepciones de las personas participantes en torno a cómo han vivido la guerra y el impacto que ha tenido en sus vidas la victimización por Minas Antipersonal (MAP) o Remanentes Explosivos de Guerra (REG). Además de las narrativas y los relatos verbales, los talleres tuvieron como apuesta la inclusión del cuerpo y el movimiento. El propósito fue reconstruir la memoria, no solo desde una dimensión mental y por tanto racional, sino también desde las sensaciones, impresiones o emociones que permanecen en el cuerpo. El sustento metodológico parte de considerar que no recordamos únicamente desde la mente; el cuerpo entero tiene memoria.

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Un nuevo informe del Centro Nacional de Memoria Histórica ‘El derecho a la justicia como garantía de no repetición’ es una memoria de la relación de las víctimas con la justicia y las falencias del aparato judicial para satisfacer sus derechos.

El informe ilustra, desde el punto de vista de las víctimas, cómo ha sido su experiencia de búsqueda de la justicia y cómo ha operado el sistema judicial para satisfacer su derecho a la justicia. Analiza cómo se han incluido las víctimas en el sistema judicial penal, qué significado han dado a la justicia y si se han sentido satisfechas o no con ella; explora el sentido reparador que tiene o no el proceso penal y la incidencia de los contextos sociopolíticos cambiantes en la satisfacción del derecho a la justicia.

Para hacerlo, combina un repaso detallado a la evolución en los últimos 30 años de las normas judiciales para enfrentar los reclamos de las víctimas y seis relatos en profundidad de casos emblemáticos de la lucha de las víctimas y sus familias por la satisfacción de su derecho a la justicia.

El informe está dividido en dos volúmenes. El primero, ‘Graves violaciones de derechos humanos: luchas sociales y cambios normativos e institucionales 1985 – 2012’, reconstruye la historia de la lucha de los movimientos sociales y de víctimas por la defensa de los derechos humanos y contra la impunidad, la evolución de las normas y regulaciones en Colombia, en esos 30 años, y los contextos cambiantes en los que todo esto tuvo lugar.

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El segundo, ‘Casos de víctimas de violaciones a los derechos humanos en búsqueda de la justicia y de la satisfacción del derecho a la justicia’, reúne con gran detalle los relatos de seis víctimas de distintas violaciones, que exponen las debilidades, los avances y las contradicciones entre las normas y su interpretación y aplicación del acceso de las víctimas a la justicia.

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En el año de 1988 Colombia sufrió algunas de las masacres más atroces y recordadas: Honduras y La Negra, Mejor Esquina, Coqui-tos, Segovia… De 19 masacres registradas en 1987, se pasó a 64 en ese 1988. En medio de este mar de sangre se hundió en el olvido la masacre de mineros de la vereda El Topacio del municipio de San Rafael, Antioquia, ocurrida en junio del mismo año. En dicha vereda un grupo de hombres armados que vestían prendas camufla-das llevó a cabo la masacre de 14 mineros. El 20 de junio se hallaron partes de los cuerpos desmembrados, las cuales fueron trasladadas en un helicóptero de la Gobernación de Antioquia para ser deposi-tadas en varios ataúdes en el cementerio de San Rafael, hecho que es recordado con horror por sus habitantes.

En este informe se da cuenta del modo en que esta masacre se in-scribe en el exterminio de la Unión Patriótica, en la estigmatización de los habitantes de las veredas del cañón del río Nare como aux-iliadores de las FARC y en la descripción de los procesos penal y contencioso administrativo contra algunos miembros del Ejército en este hecho. También se consideran las pérdidas y daños sufridos, así como las diversas formas de resistencia contra el olvido y lucha contra la impunidad. 

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El departamento de Cesar es uno de los más ricos de Colombia. Pero también es el mejor ejemplo – o quizás el peor – de lo que ha sido la disputa por la tenencia de la tierra en el país. En los últimos 30 años sus habitantes han visto transcurrir varias bonanzas que se han entremezclado con varios ciclos de violencia: la del algodón, la de la marihuana, la ganadería y la que trajo el carbón.

Esta investigación periodística es un relato alrededor de los penosos hechos sobre los que ha girado el conflicto armado en la zona minera de esa región en la que sus habitantes, más que prosperidad y desarrollo, han sufrido todo el rigor de la guerra.

Campesinos, sindicalistas, empresarios, trabajadores, agricultores, líderes, políticos, mujeres y niños, hacen parte de la numerosa lista de víctimas de una guerra que ha tenido de trasfondo el control de miles de hectáreas de las tierras más prósperas que tiene el país. La maldita tierra muestra los momentos clave para entender esa violencia y le da voz a muchos de los protagonistas, testigos y sobrevivientes, como un aporte a la verdad sobre la barbarie que ha padecido la Costa Caribe colombiana.

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Este libro surge en respuesta a la orden judicial de reparar simbólicamente a las víctimas que fueron reconocidas por Gian Carlo Gutiérrez Suárez, desmovilizado del Bloque Calima de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), en el marco de la Ley 975, llamada ley de Justicia y Paz. El recurso usado para lograr este propósito fueron los perfiles biográficos de las víctimas mortales, relatos que desmienten falsas acusaciones y repudian los crímenes cometidos por los paramilitares.

Los municipios donde sucedieron las 24 historias consignadas en este libro son El Tambo, Patía, Mercaderes (Cauca), Guadalupe y San José de Isnos (Huila). Los perfiles biográficos dimensionan los rasgos más humanos de aquellos que fueron suprimidos por los paramilitares cuando decidieron simplificar su identidad a ser “colaboradores de la guerrilla”.

Estos perfiles muestran además los impactos por la pérdida repentina y violenta de padres, madres, abuelas e hijos, quienes a su vez eran los agricultores, líderes, conductores, vigilantes, enfermeras del pueblo; en resumen, aquellas personas que permiten que la vida familiar y comunitaria perviva en su cotidianidad.

A través de esta publicación, se revela una vez más cómo en los escenarios más adversos en medio del conflicto armado, la fortaleza de los sobrevivientes se impone al sufrimiento generado por los violentos. Virtud muchas veces alentada por el legado que dejaron quienes fueron asesinados y hoy viven gracias a la valentía del recuerdo de sus familiares.

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Este informe presenta los resultados nacionales del proyecto de investigación del CNMH, Tierras, organización social y territorio. Pone a disposición una exhaustiva información estadística sobre las políticas de tierras del Estado colombiano en el siglo XX y la primera década del XXI, presenta nuevas hipótesis sobre las estructuras agrarias de Colombia en el marco de debates centrales sobre temas agrarios y rurales.

Contiene una síntesis histórica de la legislación de tierras que sirve de marco de referencia a la descripción y análisis de la asignación de tierras del Estado colombiano a particulares y a comunidades étnicas en un extenso periodo que abarca los años de 1900 a 2012. Contiene una reseña histórica de prácticas que vulneran los derechos de propiedad en Colombia. Documenta y describe el abandono y despojo de tierras en relación con el desplazamiento forzado y con el “desplazamiento económico”. También analiza los efectos estadísticos del conflicto armado sobre la producción agraria. Y ofrece un panorama global de los gremios y las organizaciones sociales rurales que permite ver los puntos de tensión y los conflictos rurales que vive actualmente Colombia.

Incluye, también, una serie de observaciones y recomendaciones a las agencias estatales responsables de los temas agrarios y rurales, en materia de información, investigación, legislación y políticas agrarias, para las cuales se tuvo en cuenta el Acuerdo Agrario entre el Gobierno Nacional y las FARC “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral”.

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Granada (Antioquia) es un municipio emblemático de la guerra y de la paz. Desde mediados de los años ochenta fue escenario de una cruenta disputa por el control de un territorio estratégico para la expansión militar, de la puja por la humanización del conflicto armado y la realización de diálogos de paz regional; y del despliegue militar que acompañó la política de Seguridad Democrática. Gracias a estas dinámicas, Granada fue un territorio, casi literalmente, devastado por la guerra. Sin embargo, ¡no sucumbió! y no lo hizo gracias a la capacidad de su gente y sus instituciones, quienes después de sortear la guerra debieron emprender rápidamente un proceso de reconstrucción física y social que hoy tiene como eje el reconocimiento de las víctimas y la memoria colectiva.

Este informe describe a Granada como un caso emblemático de las dinámicas de la guerra y, al mismo tiempo, de resistencia y dignidad. En un contexto en el que en el país se pone en primer plano de la agenda nacional la urgencia de una salida política negociada al conflicto armado, la necesidad de avanzar en caminos de paz y reconciliación y de reivindicar la memoria como un recurso para la verdad, el reconocimiento y la reparación, mirar hacia Granda es profundamente aleccionador.

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