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La historia del Catatumbo, y especialmente de Tibú, ha estado signa-da por su ubicación estratégica en la frontera con la República Boli-variana de Venezuela y por contar con innumerables riquezas natu-rales renovables y no renovables. El pueblo indígena Barí es la vícti-ma más antigua del ingreso de actores, de los conictos y de las transformaciones del territorio. Su exterminio y desterritorialización fue amparado por el compromiso “legal” de proteger a las multina-cionales beneciarias de la Concesión Barco del “arco y la echa” indígena.

Desde los años ochenta comenzaron a tenderse nuevas bras de la violencia, las que en apenas tres décadas lograron entramar un terri-torio con paisajes, economías y actores nuevos: el petróleo, la coca, la política antidrogas, la agroindustria de la palma y el auge minero energético. En su entramado fueron sustanciales el “paraguas legal” de la Defensa Nacional y la Doctrina de Seguridad Nacional, las Convivir y la Política de Consolidación Territorial.

La comisión de treinta masacres de cuatro o más personas y el desplazamiento de más de treinta y cuatro mil entre 1997 y 2004 conllevó una profunda reestructuración territorial. En la última década terratenientes, empresas palmeras y políticos adquirieron masivamente tierras en las que se instalaron cultivos de palma de aceite y proyectos minero energéticos.

Como se cuenta en este informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, a pesar del horror y las transformaciones del territorio, tibuyanos y tibuyanas construyen un vigoroso tejido social para retornar y permanecer en él, a la vez que demandan el recono-cimiento de la responsabilidad del Estado en las violencias.

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El libro que el Centro Nacional de Memoria Histórica le presenta al país, titulado Desmovilización y reintegración. Panorama posacuerdos con las AUC”, producto del arduo trabajo realizado por el investigador Álvaro Villarraga Sarmiento y su equipo, tiene dos características que hacen que su publicación cobre en la actualidad significativa importancia: La primera, la oportunidad, pues el momento histórico que vivimos como sociedad, avanzado aunque no sin graves dificultades en el proceso de paz que impulsa el gobierno de Juan Manuel Santos, reclama como urgente conocer a fondo lo que ha vivido y desarrollado el país en materia de políticas de desmovilización, reinserción y reintegración –DDR–. Valga decir, conocer esa historia, acceder con sentido crítico y constructivo a la memoria de esos procesos a través de distintos actores y a los resultados de los mismos, los cuales constituyen insumos necesarios para diseñar, ojalá pronto, nuevas, pertinentes y concertadas políticas públicas en la materia, que de verdad sirvan a los propósitos de paz.

La segunda característica del texto es que pone de presente y sobre la mesa la importancia de construir, a partir de lo construido, políticas públicas de DDR para una etapa de posconflicto bélico que será compleja, difícil y larga, que exigirá sacrificios y un alto sentido de solidaridad de todas y todos los colombianos, asumiendo y analizando las experiencias positivas y negativas que nos han dejado décadas de intentos con logros pero también con fracasos o frustraciones. De la lectura del texto puede inferirse algo así como un manual de buenas y malas prácticas que podrán orientar la difícil tarea que supone la desmovilización, el desarme y la reintegración, si el proceso de paz en curso concluye con éxito.

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La tarea principal de la DAV (Dirección de Acuerdos de la Verdad) del CNMH es contribuir a esclarecer el fenómeno paramilitar, con apoyo en el mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica de los Acuerdos de la Verdad.

Este ejercicio de reconstrucción de memoria histórica a través de los Acuerdos de la Verdad conjugará las revelaciones proporcionadas por la población desmovilizada de estructuras paramilitares, en proceso de reintegración y firmante de estos acuerdos, con las revelaciones entregadas voluntariamente por otras personas, organizaciones e instituciones interesadas en este proceso.

El análisis de tales informaciones habrá de complementarse y contrastarse con la línea de base establecida por la DAV sobre cada estructura paramilitar y con el apoyo en las diversas fuentes secundarias de información existentes.

Esta versión resumida del Informe No. 1 Yo Aporto a la Verdad entrega información y consideraciones sobre el diseño y puesta en marcha del mecanismo no judicial de memoria histórica implementado con los Acuerdos de la Verdad. Entrega consideraciones de enfoque, de fundamentación jurídica, sobre la metodología adoptada y el contexto en el cual se actúa. Permite conocer los procedimientos e instrumentos adoptados y los resultados conseguidos con su aplicación en el nivel nacional y en distintas regiones. Señala las rutas en asuntos como la convocatoria de la población desmovilizada firmante de los acuerdos y la toma de otras contribuciones voluntarias. Detalla los criterios para la valoración de las contribuciones de las personas desmovilizadas participantes en el mecanismo y el procedimiento para su certificación. Y rerefiere el proceso de sistematización de hallazgos y de investigación orientada a la producción de los informes.

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En Colombia, desde 1977, han sido asesinados 152 periodistas por hacer su trabajo. La mayoría de ellos trabajaban en pequeñas emisoras y periódicos regionales, y su compromiso con el oficio lo dedicaban a investigar y denunciar hechos de corrupción o sucesos del conflicto armado que se vivían en las distintas zonas.

Esa cifra de asesinados, juntos a las amenazas, los secuestros y las demás obstrucciones que han sufrido los reporteros, han llevado a que el país ocupe los peores puestos en indicadores de libertad de expresión.

Los periodistas sufren por romper el silencio, por poner en palabras la verdad de lo que acontece, por informar lo que sucede, por creer que una sociedad informada no permitirá que las injusticias se perpetúen o se repitan. Pero el armado y el corrupto se incomoda con la palabra del periodista, quiere quitársela, apagarla, sacarla del aire, para que solo se imponga el discurso de la guerra y de la corrupción.

Hacer memoria sobre ese periodismo que ha resistido entre la palabra de su oficio y el silencio de la guerra es, en parte, devolverle la dignidad a los primeros que dieron la vida reconstruyendo la verdad de nuestra historia. Es también devolverle a la sociedad la posibilidad de saber, de informarse, y de salir del desconcierto que deja el conflicto.

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El libro “El legado de los ausentes. Líderes y personas importantes en la historia de El Salado”, es la más completa descripción biográfica sobre cinco perfiles de dirigentes emblemáticos de esta comunidad anclada en los Montes de María. Una reconstrucción de memoria realizada por el Centro Nacional de Memoria Histórica a través de los relatos de sus familiares, amigos y conocidos.

El Salado era un pueblo condenado a desaparecer. Los actores del conflicto armado hicieron todo lo posible para arrasar con este pueblo enclavado en la región de los Montes de María. No les bastó con perpetrar dos masacres seguidas de desplazamientos forzados que provocaron su abandono. No les fue suciente amenazar a las personas que retornaron con bombardear su pueblo con cilindros de gas si no lo abandonaban. Exterminaron y estigmatizaron a los liderazgos comunitarios para doblegar la voluntad de saladeros llenos de coraje y valentía que se resistieron a que su pueblo desapareciera, aún si ello implicaba sacrificar su propia vida.

Pedro Eloy Cohen, Agustín Redondo, Álvaro Pérez Ponce, Gustavo Rendondo, María Cabrera y los tabacaleros representan ese pasado trágico pero también resistente y emprendedor de los saladeros y saladeras. Cada uno de ellos, seres humanos, con virtudes, defectos y vacilaciones, se volvieron extraordinarios en medio de la adversidad para transformar la vida de su poblado, sus condiciones de vida, sus formas de pensar, pero siempre exaltando la dignidad. Se busca en el pasado lo que se reclama para el presente: un liderazgo inspirado en el servir a otros, en la búsqueda del bienestar colectivo y en levantar la voz contra las injusticias.

El Salado aún no es lo que en su pasado próspero fue, pero mientras siga siendo, mientras sea presente, todo será posible en el futuro.

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Cuando se arma que una comunidad ha sentido con fuerza el impacto del conflicto armado, ¿en quiénes se piensa dentro de la comunidad? ¿Quiénes conforman, legítimamente, “la comunidad”? Existen siempre márgenes sociales, personas que las propias comunidades no han reconocido como sujetos de derecho y han vivido victimizaciones por causa de la guerra. Las voces de estas víctimas, que incluso antes del accionar armado han sufrido sistemáticamente la estigmatización y la violencia, pocas veces logran ser recogidas en los procesos de memoria histórica, pues no todas las personas que conforman una comunidad tienen la misma posibilidad de hablar, ni todas las vidas aparecen como “susceptibles de ser lloradas” (Butler, 2010).

En esa perspectiva, este informe asume una deuda institucional que se mantenía pendiente: avanzar en la construcción de la memoria histórica de uno de los sectores de víctimas históricamente marginado, esto es, aquellas víctimas del conicto armado que se reconocen como lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas o desde otros lugares que se apartan de la norma heterosexual.

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En Arauca, como en Colombia, impera una cultura en la que la violencia contra las mujeres es omnipresente y socialmente aceptada. “En el contexto araucano, la violencia sexual no emerge como una forma novedosa de violencia ejercida exclusiva por los actores armados, sino que hace parte de un continuum de violencias ejercidas contra ellas”, dice el informe.

Este informe es una aproximación a la forma de violencia más silenciada del conflicto armado. Es un ejercicio de esclarecimiento histórico, un aporte a la reparación simbólica de las víctimas y una aproximación respetuosa a las mujeres que han sido víctimas de estos hechos. 

La violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado es la continuación de la violencia sexual en la sociedad. Aunque el marco normativo para atenderlas ha avanzado, su aplicación práctica presenta serias deficiencias.

El informe discute las complejidades jurídicas del tema, la legislación internacional y nacional y las circunstancias en las que la violencia sexual puede considerarse como un crimen internacional, ya se trate de un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra o parte de una estrategia de genocidio u otros crímenes internacionales, como la tortura.

El caso de Arauca

El informe hace un resumen de los inicios y el desarrollo del conflicto armado en Arauca: la colonización dirigida del Sarare, del gobierno de Guillermo León Valencia, en 1963, y el comienzo de la Anuc. Las primeras acciones del Eln y las Farc, en 1980; los intentos de creación de varias Convivir a lo largo de los años noventa; la llegada del Bloque Vencedores de Arauca, liderado por los mellizos Mejía Múnera, en 2001, a petición de empresas petroleras y políticos locales, que dispara los homicidios de civiles (99% de sus víctimas), y la desmovilización de medio millar de efectivos en 2006; la cruenta guerra entre las Farc y el Eln, entre 2005 y 2010, que ocasionó un aumento de la tasa de homicidios y el desplazamiento forzoso, y la excepcional ausencia de ‘bandas criminales’ en el departamento, en años recientes. 

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Este informe da cuenta de cómo en Putumayo los grandes procesos de configuración territorial tienen expresiones tanto en las formas de tenencia y de uso de la tierra y del territorio como en los conflictos relacionados con ellas. 

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Pogue es un pueblo afrodescendiente perteneciente al Consejo Comunitario de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), un territorio al cual se llega tras embarcarse por varias horas en panga y bote por el río Atrato y por el río Bojayá en el departamento del Chocó.

Desde allí, en noviembre de 2015 el grupo de cantaoras las Musas de Pogue presentaron a su comunidad y a atrateños visitantes dos productos para fortalecer su cultura y sus experiencias cotidianas de resistencia, en medio de la disputa que se gesta desde hace varias décadas en la región del Atrato por su territorio colectivo.

La cartilla Pogue: un pueblo, una familia, un río y el documental Las Musas de Pogue, fueron compartidos a los rezanderos y cantadoras invitadas de comunidades vecinas como La Boba, Veracruz, Buchado, Bellavista y Puerto Conto, pueblos en los cuales aún perviven las manifestaciones que, junto a los cantos de las Musas, constituyen el universo espiritual y las prácticas mortuorias de las comunidades negras del Chocó.

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El nuevo informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) pretende hacer visible una práctica que ha ido tomando fuerza en Colombia de manera silenciosa pero aun así goza de cierta aprobación. La llamada ‘Limpieza social’ es una dinámica que en la localidad de Ciudad Bolívar se ha convertido en un acontecimiento más de la vida cotidiana, y que ocurre de manera impune en el país desde hace más de 40 años.

Bajo premisas  como “árbol que no da fruto debe ser cortado” y “lo que no sirve, no debe estorbar” grupos de personas encubiertas, a menudo envueltos en las tinieblas de la noche, asesinan a otras personas en estado de completa indefensión. Sus convicciones les revelan estar haciendo lo correcto, pues las victimas portan consigo una marca de identidad: habitar la calle, un oficio sexual, delinquir, ser joven popular, lo cual, según los perpetradores, condena y despoja de toda dignidad a las víctimas, reduciéndolas a la condición de mal que es necesario extirpar.

El informe responde a  cuestionamientos que giran alrededor del origen de su nombre, como por ejemplo ¿Por qué se llama limpieza social si su práctica está lejos de tener una connotación positiva o de justicia? Explora además el por qué de este accionar de muerte contra grupos humanos estigmatizados, ofreciendo explicaciones sobre sus mecanismos, su persistencia y el asentimiento del que goza socialmente.

El documento se centra en Ciudad Bolívar, pero estudia también el fenómeno en Bogotá y en el país.

La investigación del CNMH explora un fenómeno sobre el que hay escasa información académica y estadística, pero que es de proporciones alarmantes: el único seguimiento sistemático, adelantado por el CINEP, da cuenta de casi 5.000 víctimas de ‘limpieza social’ entre 1988 y 2013, en 356 municipios. Y el subregistro es inmenso. En Bogotá se registran 189 casos, con 346 homicidios producto de esta modalidad, 28 por ciento de esos casos ocurrieron en Ciudad Bolívar.

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