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La Ley de Justicia y Paz se ha ganado todas las críticas imaginables por la lentitud de sus procesos, miles de casos en espera y sólo once sentencias en siete años de funcionamiento. Sin embargo su aporte en la reconstrucción de la verdad histórica del conflicto colombiano es invaluable y jamás se hubiera alcanzado a través de la Justicia Ordinaria.

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La población indígena colombiana, considerada por muchos, los verdaderos herederos de esta tierra, ha sido por siglos la más ignorada y atropellada de todos los grupos sociales que habitan este país. Su trabajo, incansable, ha sido resistir y asegurar la sobrevivencia de su cosmovisión.

El Centro de Memoria Histórica presenta su más reciente investigación sobre pueblos indígenas. Paéces, yanaconas, guambianos, coconucos, emberas e ingas del departamento del Cauca narran la historia de su participación política y su supervivencia en medio de las balas, el desplazamiento, las desapariciones forzadas, las masacres y la indiferencia de millones de sus hermanos menores.

Nuestra vida ha sido nuestra lucha, es la reconstrucción de la memoria de los indígenas caucanos desde la formación de sus primeras asociaciones en los años 60, pasando por su participación en la Constituyente de 1991, hasta el camino que recorrieron con firmeza en las marchas de la primera década del siglo XXI. Toda esta actividad ha estado concentrada en tres demandas históricas, identificadas por lo investigadores del CMH: Unidad de tierras, unidad de culturas y autonomía.

La oportunidad de entender el trasfondo de estas demandas a través del informe del CMH se da precisamente en el momento en el que la etnia Nasa-Paez del norte del Cauca alza su voz una vez más. Durante lo últimos meses esto ha tenido repercusión en la agenda noticiosa del país: imágenes de desalojo, análisis de los medios y declaraciones encontradas han sido el pan de cada día. Su grito por el respeto a la autonomía territorial tiene, en esta ocasión, otros reclamos puntuales: seguridad alimentaria y el retiro de las concesiones a multinacionales para la exploración y explotación minera y energética en sus territorios.

Una salvedad importante sobre este informe que queda clara desde el prólogo es la pluralidad de voces que el lector encontrará en los diferentes capítulos. Esto se debe a que los investigadores encontraron que es imposible hablar de una sola “memoria” para todos los pueblos indígenas, así que optaron por aproximar al lector a distintas “memorias” sin temer a los matices y contradicciones que pueden hallarse entre ellas.

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La población civil del Bajo Putumayo ha sido, por más de veinte años, configurada en blanco y negro: guerrilleros o paramilitares. El acelerado progreso de los cultivos de coca, tan atractivo para las mafias y los actores armados, convirtieron esta tierra, de infinitos recursos naturales y cosmogonías indígenas, en un escenario de guerra.

El Placer: mujeres, coca y guerra en el Bajo Putumayo es un recorrido por estas dos décadas de violencia impartida por las FARC y las AUC. Revela, también, los esfuerzos de resistencia de la población, promovidos, en especial, por las mujeres, quienes aún hoy persisten en un profundo anhelo por hacer memoria y romper con los estigmas que han marcado a su pueblo.

La inspección de policía El Placer del municipio del Valle del Guamuez ha sido un punto clave de este conflicto. Narcotraficantes, guerrillas y paramilitares dispersaron terror, miedo, amenazas, torturas y violencia sexual por el afán de controlar el negocio de la producción de hoja de coca. Como si fuera poco, durante los noventa, El Placer fue foco de fumigaciones con glifosato (fue en esta zona, precisamente, donde comenzó el Plan Colombia), cuando a sus alrededores se extendía una de las mayores áreas de cultivo de coca.

En los años noventa imperó la hegemonía guerrillera. Las FARC regulaban el negocio, administraban la justicia e intervenían en la cotidianidad de la población. En 1999 la expansión paramilitar en el sur de Colombia sembró al Bloque Sur Putumayo de las AUC en la zona. Empezó entonces una disputa por el poder territorial, económico, político y social. Durante siete años los paramilitares tomaron el casco urbano de El Placer como su base militar. Dado el prolongado tiempo de dominio de las FARC, los habitantes de El Valle y de El Placer fueron estigmatizados por las AUC como “guerrilleros de civil”.

‘Guerrillero’, ‘colaborador’, o ‘auxiliador’, fueron los rótulos con los que los paramilitares categorizaron a los campesinos de la zona, posteriormente amenazados o castigados. ‘Decente’, ‘indecente’, ‘prostituta’, ‘paraquera’ o ‘recorrida’, fue como resumieron los roles de las mujeres, limitando su participación en la comunidad y, en muchos casos, sometiéndolas al escarnio público. Los pobladores de El Placer han decidido parar de guardar silencio. En este libro narraron sus historias y transmitieron sus dolores. Dejaron claro que son mucho más que un rótulo.

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Estos cuatro relatos de mujeres valientes de la Costa Caribe son el reverso de la guerra. Sus historias ayudan a entender el capítulo del conflicto que habla de la esperanza y la ilusión de que un día la barbarie va a terminar.

Las mujeres no sólo fueron víctimas sino que se resistieron a las guerras, sostuvieron la vida en condiciones adversas mediante gestos cotidianos y organizaciones colectivas. Además, en medio de esas guerras las mujeres empiezan a hablar y a apropiarse de los derechos como ciudadanas. No todo es horror, no todo es desesperanza.

Aparecen testimonios como los de María Zabala, involucrada en actividades comunitarias en su vereda, quien se convierte en víctima de los paramilitares cuando ellos asesinan a su marido frente a ella y sus hijos. Yolanda Izquierdo, quien se abre paso navegando en las distintas redes políticas de Córdoba y que es asesinada al reclamar por el precio irrisorio ofrecido por la Fundación Funpazcor, auspiciada por los Castaño. Magola Gómez, quien desde su adolescencia y en medio de la guerra, se apasiona por la política y se convierte en la primera dirigente mujer de la zona en el Directorio Liberal Nacional. La historia de las Mujeres del Perrenque como Margarita, hija de una de las pioneras que, en los años setenta, reclamaron tierras en Magdalena y lograron la titulación.

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Para entender la guerra también es necesario mirar más allá del campo de batalla. Las festividades, las celebraciones religiosas o las actividades deportivas ilustran cuán importante es la cotidianidad de los pueblos como botín de guerra. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido en la Costa Caribe entre 1997 y 2005, cuando las Autodefensas Unidas de Colombia dominaron a sangre y plomo los pueblos de la zona. Algunos de sus rasgos más notorios durante este periodo de conquista fueron la violencia contra las mujeres y la reconstrucción de un nuevo orden social.

El acceso muchas veces violento a las mujeres más apetecidas de los pueblos y los castigos físicos diferenciados por sexo –que incluían crueles ejercicios de estigmatización pública como rapar sus cabezas, la esclavitud laboral y los trabajos forzados domésticos– se convirtieron en una estrategia tan poderosa como los propios muertos.

Sin embargo, es claro dentro de los relatos que la violencia sexual responde a condiciones históricas y no biológicas de los actores armados. Es decir, este informe se aleja del lugar común que dice que todos los hombres armados estás dispuestos a violar a todas las mujeres. Hay momentos específi cos, dados por las condiciones sociales del momento, que hacen que algunos tengan propensión a regular la vida sexual de las mujeres.

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Desde principios de los noventa, gracias a la presión y cabildeo de organizaciones nacionales e internacionales de mujeres, la prensa colombiana difunde cada vez con mayor frecuencia noticias y reportajes sobre el impacto de la guerra y la relación entre actores armados y mujeres. Gracias a este esfuerzo, la opinión se entera de las incontables violaciones sexuales ocurridas en el marco del conflicto armado; del sufrimiento de las viudas, madres, novias e hijas que lloran la muerte de sus parientes o compañeros asesinados o desaparecidos en la guerra; de las resistencias que emprenden líderes campesinas que reclaman sus tierras, y que por eso mismo son amenazadas, perseguidas e infortunadamente, aun, asesinadas; de las mujeres que protestan contra la guerra y se toman las calles clamando que no han ‘parido hijos para la guerra’; y de la experiencia de mujeres, jóvenes y niñas en las filas paramilitares y guerrilleras.

Este esfuerzo, loable a todas luces, puesto que rompe un silencio, presenta en ocasiones una visión idealizada,  escontextualizada, fragmentaria y general de la relación de la guerra y las mujeres. Esta idealización, descontextualización, fragmentación y generalidad pueden conjugarse, no para generar un entendimiento más profundo y complejo de la relación guerra-mujeres, sino para provocar nuevos estereotipos que, en su simplicidad, albergan el potencial de reubicar a las colombianas en lugares apolíticos, y contribuir así a reforzar concepciones que asocian a las mujeres con la pasividad, la dependencia y la subordinación.

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La estigmatización como “pueblo guerrillero”, soportó este accionar violento, convirtiendo a sus pobladores en objetivos militares.

La noche del 9 de enero de 1999, aproximadamente 150 paramilitares del Bloque Sur Putumayo, unidad adscrita al Bloque Central Bolívar—BCB— de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), irrumpieron en la zona urbana de la Inspección de Policía El Tigre, en el Bajo Putumayo (Valle del Guamuéz), en donde asesinaron a 28 personas, quemaron casas, motocicletas y vehículos.

La represión y violencia directa contra esta población no terminó con la masacre, sino que se intensificó durante el período 2001-2006, cuando este mismo bloque paramilitar estableció en la mayoría de las zonas urbanas del Bajo Putumayo (Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, La Hormiga, La Dorada) un control territorial permanente, ejerciendo un dominio social, económico y político en esta región.

Así, la masacre y posterior ocupación paramilitar de la zona, generaron diversos daños y pérdidas que no sólo afectaron la economía de los habitantes del poblado, sino que modificaron sustancialmente la vida de campesinos, afrocolombianos e indígenas que habitan el sector.

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A diferencia de los otros informes publicados por el GMH, este no trata de hacer memoria frente a un episodio inédito y anteriormente contado de manera fragmentada, sino de reconstruir un proceso y la historia de 24 años (surge en 1987) de una organización campesina enfrentada en su transcurrir a diversas modalidades de violencia en el Carare, Santander. Es así que el informe se mueve en dos dimensiones: de un lado resalta la resistencia de la ATCC, la memoria de sus formas de enfrentar la violencia y las fases de la organización campesina. Y, del otro lado, contempla aspectos relacionados al proceso de victimización, la acción de la justicia y el proceso apenas inicial de reparación colectiva.

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Entre los años 2001 y 2003 la comuna 13 en Medellín, se convirtió en escenario de una guerra que tuvo como protagonistas a milicias, guerrillas, paramilitares y Fuerza Pública.

Las noticias relacionadas con esta confrontación  hicieron visible la crisis humanitaria que vivía la comuna y los territorios en los que se hacía evidente la guerra en las ciudades. Esto tuvo profundas implicaciones para la sociedad civil, entre ellas, el desplazamiento forzado que ocasionó y que fue el resultado de una estrategia implementada por los grupos armados para desalojar a poblaciones localizadas en ciertos territorios estratégicos o en disputa, desterrar a quienes se consideraba enemigo e implementar un régimen de terror que facilitara el control de la población y el territorio.

¿Qué factores explican la continuidad y la magnitud del desplazamiento en la Comuna 13?, ¿Cuáles son las causas y responsables de los desplazamientos?, ¿Cómo viven y recuerdan los pobladores urbanos el desplazamiento?, ¿A dónde van sus desplazados? ¿Cuáles son los daños y pérdidas producidos en las personas por el desplazamiento en contextos urbanos? Alrededor de estas preguntas se construye el presente informe que introduce un caso ilustrativo del desplazamiento forzado en contextos urbanos haciendo énfasis en el desplazamiento intraurbano.

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La intensidad con que en San Carlos, Antioquia, se produjo el desplazamiento forzado hace de éste un caso emblemático para leer las lógicas del conflicto armado.

A lo largo de este informe se intenta dar cuenta de la incidencia que ha tenido en el desarrollo de este conflicto en el Oriente Antioqueño la presencia de las principales centrales hidroeléctricas del país y sus diversos efectos sobre las personas y los territorios; de la magnitud de la violencia desatada por la heterogeneidad de los grupos armados que hicieron presencia en la región.

Cómo estos y otros hechos (entre ellos asesinatos selectivos, amenazas, masacres, desapariciones forzadas, voladuras de puentes y torres energéticas, tomas del pueblo, extorsiones, el minado, secuestros) se articulan produciendo en San Carlos lo que la población denomina como el “éxodo”: el paso de 1985 a 2006 de ser un municipio con aproximadamente 26.000 habitantes a uno con 11.000. Este caso también quiere resaltar la importancia de los procesos de organización social para la resistencia y reconstrucción de las sociedades.

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