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Desde principios de los noventa, gracias a la presión y cabildeo de organizaciones nacionales e internacionales de mujeres, la prensa colombiana difunde cada vez con mayor frecuencia noticias y reportajes sobre el impacto de la guerra y la relación entre actores armados y mujeres. Gracias a este esfuerzo, la opinión se entera de las incontables violaciones sexuales ocurridas en el marco del conflicto armado; del sufrimiento de las viudas, madres, novias e hijas que lloran la muerte de sus parientes o compañeros asesinados o desaparecidos en la guerra; de las resistencias que emprenden líderes campesinas que reclaman sus tierras, y que por eso mismo son amenazadas, perseguidas e infortunadamente, aun, asesinadas; de las mujeres que protestan contra la guerra y se toman las calles clamando que no han ‘parido hijos para la guerra’; y de la experiencia de mujeres, jóvenes y niñas en las filas paramilitares y guerrilleras.

Este esfuerzo, loable a todas luces, puesto que rompe un silencio, presenta en ocasiones una visión idealizada,  escontextualizada, fragmentaria y general de la relación de la guerra y las mujeres. Esta idealización, descontextualización, fragmentación y generalidad pueden conjugarse, no para generar un entendimiento más profundo y complejo de la relación guerra-mujeres, sino para provocar nuevos estereotipos que, en su simplicidad, albergan el potencial de reubicar a las colombianas en lugares apolíticos, y contribuir así a reforzar concepciones que asocian a las mujeres con la pasividad, la dependencia y la subordinación.

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La estigmatización como “pueblo guerrillero”, soportó este accionar violento, convirtiendo a sus pobladores en objetivos militares.

La noche del 9 de enero de 1999, aproximadamente 150 paramilitares del Bloque Sur Putumayo, unidad adscrita al Bloque Central Bolívar—BCB— de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), irrumpieron en la zona urbana de la Inspección de Policía El Tigre, en el Bajo Putumayo (Valle del Guamuéz), en donde asesinaron a 28 personas, quemaron casas, motocicletas y vehículos.

La represión y violencia directa contra esta población no terminó con la masacre, sino que se intensificó durante el período 2001-2006, cuando este mismo bloque paramilitar estableció en la mayoría de las zonas urbanas del Bajo Putumayo (Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, La Hormiga, La Dorada) un control territorial permanente, ejerciendo un dominio social, económico y político en esta región.

Así, la masacre y posterior ocupación paramilitar de la zona, generaron diversos daños y pérdidas que no sólo afectaron la economía de los habitantes del poblado, sino que modificaron sustancialmente la vida de campesinos, afrocolombianos e indígenas que habitan el sector.

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A diferencia de los otros informes publicados por el GMH, este no trata de hacer memoria frente a un episodio inédito y anteriormente contado de manera fragmentada, sino de reconstruir un proceso y la historia de 24 años (surge en 1987) de una organización campesina enfrentada en su transcurrir a diversas modalidades de violencia en el Carare, Santander. Es así que el informe se mueve en dos dimensiones: de un lado resalta la resistencia de la ATCC, la memoria de sus formas de enfrentar la violencia y las fases de la organización campesina. Y, del otro lado, contempla aspectos relacionados al proceso de victimización, la acción de la justicia y el proceso apenas inicial de reparación colectiva.

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Entre los años 2001 y 2003 la comuna 13 en Medellín, se convirtió en escenario de una guerra que tuvo como protagonistas a milicias, guerrillas, paramilitares y Fuerza Pública.

Las noticias relacionadas con esta confrontación  hicieron visible la crisis humanitaria que vivía la comuna y los territorios en los que se hacía evidente la guerra en las ciudades. Esto tuvo profundas implicaciones para la sociedad civil, entre ellas, el desplazamiento forzado que ocasionó y que fue el resultado de una estrategia implementada por los grupos armados para desalojar a poblaciones localizadas en ciertos territorios estratégicos o en disputa, desterrar a quienes se consideraba enemigo e implementar un régimen de terror que facilitara el control de la población y el territorio.

¿Qué factores explican la continuidad y la magnitud del desplazamiento en la Comuna 13?, ¿Cuáles son las causas y responsables de los desplazamientos?, ¿Cómo viven y recuerdan los pobladores urbanos el desplazamiento?, ¿A dónde van sus desplazados? ¿Cuáles son los daños y pérdidas producidos en las personas por el desplazamiento en contextos urbanos? Alrededor de estas preguntas se construye el presente informe que introduce un caso ilustrativo del desplazamiento forzado en contextos urbanos haciendo énfasis en el desplazamiento intraurbano.

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La intensidad con que en San Carlos, Antioquia, se produjo el desplazamiento forzado hace de éste un caso emblemático para leer las lógicas del conflicto armado.

A lo largo de este informe se intenta dar cuenta de la incidencia que ha tenido en el desarrollo de este conflicto en el Oriente Antioqueño la presencia de las principales centrales hidroeléctricas del país y sus diversos efectos sobre las personas y los territorios; de la magnitud de la violencia desatada por la heterogeneidad de los grupos armados que hicieron presencia en la región.

Cómo estos y otros hechos (entre ellos asesinatos selectivos, amenazas, masacres, desapariciones forzadas, voladuras de puentes y torres energéticas, tomas del pueblo, extorsiones, el minado, secuestros) se articulan produciendo en San Carlos lo que la población denomina como el “éxodo”: el paso de 1985 a 2006 de ser un municipio con aproximadamente 26.000 habitantes a uno con 11.000. Este caso también quiere resaltar la importancia de los procesos de organización social para la resistencia y reconstrucción de las sociedades.

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En la época en que ocurrieron los hechos, se presentaron en Colombia numerosos ataques contra empleados de la administración de justicia.

El 18 de enero de 1989, cerca al corregimiento de La Rochela, en el municipio de Simacota, Santander, fue perpetrada por un grupo paramilitar una masacre en la que murieron 12 de un total de 15 funcionarios judiciales que investigaban varios delitos en la zona. El crimen fue el resultado de una alianza entre paramilitares, narcotraficantes y algunos miembros del Ejército, y se enmarca dentro de un contexto de violencia contra funcionarios judiciales.

Entre 1979 y 1991, un promedio anual de 25 jueces y abogados fueron asesinados o sufrieron algún tipo de atentado. A partir de la masacre de la Rochela, como caso emblemático, se ilustrarán las múltiples formas de victimización de los operadores judiciales en Colombia.

Memoria Histórica presentó el informe sobre este caso y el multimedia La Rochela: Memorias de un crimen contra la justicia , en la III Semana por la Memoria, el día miércoles 22 de septiembre de 2010 en la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá.

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La masacre ocasionó el desplazamiento de 5.771 personas a Quibdó.

El 2 de mayo de 2002, aproximadamente 80 personas murieron (entre ellos 48 menores) luego de que guerrilleros de las FARC lanzaran un cilindro bomba, durante un enfrentamiento con paramilitares de las AUC, contra la iglesia de Bellavista (casco urbano del municipio de Bojayá) en donde la población se refugiaba.

Este hecho representa un hito en la larga cadena de violencia que ha vivido nuestro país, a la vez que es un punto culmen de la degradación del conflicto armado que aún padecen las comunidades afrodescendientes e indígenas del medio Atrato y del departamento de Chocó. Esta acción violenta evidenció la violación de todas las normas del Derecho Internacional Humanitario por parte de los grupos armados, así como las fallas del Estado colombiano en su obligación de velar por la integridad de esta comunidad.

Memoria Histórica (MH) presentó públicamente este informe el 24 de septiembre de 2010, durante la III Semana por la Memoria, en la sede del Archivo General de la Nación en Bogotá; y en los lanzamientos regionales realizados el 18 y 19 de noviembre de 2010 en Bellavista-Bojayá (Chocó) y Quibdó (Chocó), respectivamente.

Como apoyo a esta investigación MH presentó el documental Bojayá: La guerra sin límites, cuyo estreno se llevó a cabo durante la III Semana por la Memoria (jueves 23 de septiembre) y fue proyectado también durante los lanzamientos regionales.

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Este informe fue lanzado en la III Semana por la Memoria de 2010.

El 18 de abril de 2004, aproximadamente 40 paramilitares entran a Bahía Portete, en La Alta Guajira, y con lista en mano torturan y asesinan a por lo menos 6 personas, cuatro de ellas mujeres; profanan el cementerio, saquean y queman varias casas, generando así el desplazamiento forzado de más de 600 indígenas wayuu. Este caso ilustra un patrón de violencia y tortura sexual contra las mujeres como mecanismo para arrasar y doblegar a miembros de un grupo étnico.

Junto con el informe también se lanzó la Exposición fotográfica:  Memorias y huellas de la guerra: resistencias de las mujeres en el Caribe Colombiano, el jueves 30 de septiembre de 2010 en la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá.

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Este informe recoge las memorias de despojo de tierras y resistencias campesinas en los departamentos de Córdoba, Sucre y en los Montes de María. Asimismo, analiza los procesos organizativos del campesinado y la memoria institucional de políticas agrarias en la región, con particular énfasis en el papel de las mujeres como víctimas y a la vez líderes.

Memoria Histórica presentó esta investigación el lunes 27 de septiembre 2010, durante la III Semana por la Memoria, en el Auditorio Galán de la Universidad Javeriana de Bogotá. Su lanzamiento oficial fue realizado el lunes 22 de noviembre de 2010 en Sincelejo, Sucre.

En apoyo a este trabajo han sido presentados la multimedia La tierra ya no es pa’l que la trabaja y el libro  Luchas campesinas y reforma agraria: memorias de un dirigente de la ANUC en la costa caribe, del líder campesino Jesús María Pérez.

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Informe presentado al público en la II Semana por la Memoria de septiembre de 2009.

La masacre de El Salado es una de las más atroces del conflicto contemporáneo de Colombia. Fue perpetrada entre el 16 y el 21 de febrero del 2000 por 450 paramilitares, que apoyados por helicópteros, dieron muerte a 60 personas en estado de total indefensión. Tras la masacre se produjo el éxodo de toda la población, convirtiendo a El Salado en un pueblo fantasma. Hasta el día de hoy solo han retornado 730 de las 7,000 personas que lo habitaban. Este suceso hace parte de la más sangrienta escalada de eventos de violencia masiva ocurridos en Colombia entre 1999 y el 2001. En ese período en la región de los Montes de María, donde está ubicado El Salado, la violencia se materializó en 42 masacres que dejaron 354 víctimas fatales.

El informe hace una rigurosa reconstrucción de los hechos y pone en evidencia las consecuencias funestas de la estigmatización de la población civil atrapada en la lucha de los actores armados por el control de territorios. Este informe es a su vez una invitación a la sociedad a reconocer y reconocerse en lo sucedido, a solidarizarse y movilizarse por las demandas de verdad, justicia y reparación de las víctimas de esta masacre inenarrable.

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