Este documento hace parte de una línea de creación sobre el tema agrario que se planteó desde el año 2008 por parte del Grupo de Memoria Histórica; donde salió publicado el primer libro “Tierra en disputa”, seguido del informe “Norte del Valle del Cauca”. Es un trabajo colectivo de un equipo nacional conformado por Carolina Castro, Álvaro Delgado y Jaime Landinez, como investigadores principales, y Rocío Londoño como asistente de investigación. Carolina Hormaza y Leonardo Parra como asesores. En aportes estadísticos estuvieron Oscar Segura y Mariana Ríos, además, hay un registro audiovisual del trabajo de campo de los equipos regionales. Finalmente, este proyecto se logró gracias a la colaboración de los funcionarios de campo regional, y principalmente, a Gonzalo Sánchez, director general del CNMH, quién antes de iniciar los diálogos del proceso de paz, ya tenía la idea de crear una investigación que diera cuenta de la centralidad del problema agrario que ha vivido Colombia.
“Tierras y conflictos rurales. Historia, políticas agrarias y protagonistas” es el primer texto oficial que cruza la información de base de datos de despojo, desplazamiento, y conflicto armado, y a la vez utiliza fuentes académicas, entidades oficiales, organizaciones sociales, gremios y campesinos. Este revela el complejo y tortuoso proceso por medio del cual los latifundistas colonos, ganaderos, campesinos y agro industriales han accedido a la tierra de la nación en los últimos 120 años. Debido a que Colombia es un país que hace las leyes e inmediatamente pone las excepciones que forjan el carácter del estatuto; se deben transformar los procesos de adjudicación de tierras para evitar fallas.
Durante el lanzamiento, que se llevó a cabo en el Museo Nacional de Colombia, la coordinadora de la investigación, Rocío Londoño, afirmó que este trabajo tiene algunos aportes nuevos que son polémicos, pero que no hay que eludirlos. “Más aún, cuando el Estado ha repartido cerca de 60 millones de hectáreas, y no tiene la mínima información de evaluación de lo qué ha pasado con estas tierras, o sea, este es el momento en que no sabemos qué uso se le dio o cómo fueron explotadas. Y con esta investigación, ahora existe la posibilidad de conocer las bases de datos de la superintendencia de registro y así saber cómo estas tierras se han movido en el mercado, y de esta forma, saber cómo han sido transadas las propiedades adjudicadas como territorios baldíos en el mercado de tierras.”
En el marco de un debate organizado en del lanzamiento, Miriam Villegas, exgerente del Incoder y coordinadora actual del Programa de Paz del Magdalena Medio, expresó su opinión sobre la importancia de analizar la política sobre la adjudicación de más de 23 millones de hectáreas, contando con las de las comunidades étnicas que son más o menos 35 millones de hectáreas. “La adjudicación de baldíos es la principal política y estrategia para la distribución de tierras en la conformación de la estructura agraria colombiana. Pues, la no realización de reformas agrarias dentro de la distribución de tierras fuera de la frontera agrícola, por programas de baldíos, es lo que ha permitido la concentración de la tierra dentro de grandes concesiones y adjudicaciones de baldíos. Pero también, estoy convencida de que hay leyes que han sido poco conocidas. Un ejemplo de esto es la ley 2059 que inició los procesos de parcelación y colonización dirigida a los predios adquiridos por la Caja Agraria y por el ministerio de agricultura, y los terrenos baldíos. A lo anterior, hay que sumarle que la ley 97 de 1946 tiene un mínimo de adjudicación de 25 hectáreas y un máximo de 5000. Causando así que la distribución de la tierra por rangos de tamaño y estructura modificará el concepto de bimodal, cuando se hablaba del latifundio y el minifundio, por un concepto ya multimodal donde la propiedad no es solamente privada, sino colectiva y las tierras son del Estado.”, dijo.
Los vínculos entre la tierra, los terrenos baldíos y el despojo fueron resaltados por Jhenifer María Mojica, exfuncionaria del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y experta en tierras dijo que “este libro recoge muchas fuentes de información sobre antiguas prácticas de despojo. Por lo tanto, este se convierte en un manual de despojo vigente hasta hoy. El cual permitió concluir que, en Colombia es permanente la apropiación de la tierra, el despojo ilegal por fuerza o por el uso de figuras que aparentan ser jurídicamente viables”.La investigación analiza un universo de casi 8.000 folios en donde se identifican baldíos indebidamente ocupados, y también muestra las irregularidades de nuestro sistema de propiedad.
Tierras y conflictos rurales pone gran énfasis en la adjudicación de baldíos, puesto que este contribuyó decisivamente a consolidar una estructura de amplía concentración y alto monopolio improductivo de la tierra. “Y es que la finalidad de todo esto era poner a producir la tierra. Para crear riquezas en esos territorios y el resultado fue nulo prácticamente. Yo diría, que de los veinte millones de hectáreas que han recibido medianos, y grandes agricultores; de acuerdo con las cifras que ustedes presentan, no más de un millón se ha dedicado a proyectos agros industriales o de medida intensiva. Y diecinueve millones, están en lo que conocemos como latifundios, ganaderos extensivos que son parte fundamental; en donde radica el problema de la tierra”, declaró Jaime Forero, profesor universitario, y Director del Observatorio Rural de la Universidad de La Salle.
A pesar de comunicar el desolador panorama en que vive Colombia en el tema de tierras, este Informe del CNMH tiene un potencial muy fuerte que recoge y analiza la información del Registro Único de Predios y Territorios Abandonados por la Población Desplazada – RUPTA. Permitiendo llegar a varias conclusiones; una de estas, es el despojo que se ensaño con familias campesinas que tienen pequeños predios. Esto quiere decir, que más del 70% de las solicitudes de protección de tierras son de predios de minifundio, latifundio y pequeña propiedad, y a partir de esto, se encuentra que las personas que viven estas violaciones de derechos humanos son de un sector específico y es al campesinado.
La presidenta de la asociación de mujeres indígenas, negras y campesinas de Colombia ANMUCIC, Blanca Flor Valencia, declaró que “gracias a este Informe, tenemos varios argumentos de importancia testificando, lo que han hecho las organizaciones campesinas, regionales, organizaciones locales, Junta de acción comunal y asociaciones de víctimas. Pero vemos que el tema de mujeres, no aparece y para nosotras es tan importante como asociación de mujeres campesinas.” A esta intervención, respondió Rocío Londoño, aludiendo que “este libro no tiene un enfoque de género. Puesto que, el informe de ´Tierra en disputa´ cuenta con un capítulo sobre genero de mujeres. Sin embargo, nosotros trabajamos sistemáticamente las inclinaciones de tierras baldías dadas a mujeres; información que no había hasta el momento. También, señalamos la importancia de la movilización de las mujeres desde la legislación agraria, y si hay que señalar, que a pesar de todo el trabajo que hacen estas diferentes organizaciones; hay muy poco reconocimiento de parte de las organizaciones para con este trabajo.”
Pablo Burgos, documentalista audiovisual del proyecto subrayó, la importancia de ver los videos como parte de una memoria, que hace conciencia a la ciudadanía y para saber qué está pasando en la región con la tierra.
