El derecho a la justicia como garantía de no repetición, la nueva investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica, presenta el panorama de las víctimas de este país en la búsqueda de la justicia. Indaga, desde la experiencia de las víctimas, las organizaciones sociales y de derechos humanos cómo ha sido la relación entre estas luchas por la justicia y las respuestas judiciales.

El informe hace mención de ciertos factores que se constituyen en brechas grandes y complejas que, en muchos casos, impiden dar cuenta de una experiencia de reconocimiento, como por ejemplo: el lenguaje en que se consolida todo el modelo de administración de justicia que inicia desde la forma en que se redactan las normas; la manera como se construyen las decisiones judiciales; la forma como se las comunica a los destinatarios; las lógicas de la estructura del proceso judicial en tiempos, momentos y expectativas que no coinciden con las de las víctimas; la distancia física de las autoridades judiciales, unida a la precariedad de recursos y las dificultades de tiempos de las víctimas, entre otras. 

El deber que tiene el Estado y sus autoridades de satisfacer el derecho a la justicia de las víctimas mediante procedimientos que conduzcan al esclarecimiento de los hechos, la identificación, investigación, juzgamiento y sanción de los responsables, es la premisa sobre la que se centra esta investigación del CNMH para presentar algunas de las respuesta que ha dado el Estado colombiano a quienes han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. 

Aunque el Estado ha ido incorporando diversos mecanismos e instrumentos que en ocasiones han hecho frente a las demandas de las víctimas y sus familiares y ha mostrado resultados positivos cuando se trata de sancionar a los responsables, continúa siendo insuficiente para las víctimas quienes, en su mayoría, han estado excluidas y marginadas del proceso que lleva a esos resultados. Es por ese motivo que las decisiones no dan respuestas a preguntas y expectativas centrales que las víctimas tienen en la búsqueda de justicia: ¿por qué?, ¿dónde está? 

El informe está dividido en dos volúmenes. El primero, ‘Graves violaciones de derechos humanos: luchas sociales y cambios normativos e institucionales 1985 – 2012’, reconstruye la historia de la lucha de los movimientos sociales y de víctimas por la defensa de los derechos humanos y contra la impunidad en diálogo con los cambios de las normas y regulaciones en ese campo en Colombia en esos 30 años y los contextos cambiantes en los que todo esto tuvo lugar. 

El segundo, ‘Casos de víctimas de violaciones a los derechos humanos en búsqueda de la justicia y de la satisfacción del derecho a la justicia’, reúne con gran detalle los relatos de seis víctimas y familiares de distintas violaciones, ubicadas en varios lugares del país, que exponen las debilidades, los avances y las contradicciones entre las normas, su interpretación y su aplicación y los desafíos enfrentados en el acceso de las víctimas a la justicia 

LAS HISTORIAS

Los seis casos que recoge esta publicación están relacionados directamente con cuatro violaciones de derechos humanos: desaparición forzada, ejecuciones arbitrarias, tortura y violencia sexual. Allí se indagó la manera como las víctimas buscaron, construyeron y enfrentaron caminos de búsqueda de la justicia. 

Tarcisio Medina Charry

El estudiante de la Universidad Surcolombiana, Tarcisio Medina Charry, fue detenido por la policía ante testigos y luego desapareció. Llevaba en su mochila el periódico Voz Proletaria del Partido Comunista. El hecho sucedió en Neiva el 19 de febrero del año con más desapariciones forzadas en Colombia: 1988 (307 desapariciones forzadas según cifras oficiales y 380 según las organizaciones de familiares). Esta es la historia de una familia que ha pasado 26 años en la búsqueda de justicia. 

Lisandro Vargas y Alfredo Correa de Andréis

Las denuncias de corrupción en la universidad por parte del profesor y sindicalista Lisandro Vargas lo llevaron a sufrir allanamientos y estigmatización hasta su asesinato el 23 de febrero de 2001. 

Pese al reconocimiento como investigador y a su actividad a favor de causas comunitarias y sociales, el profesor Alfredo Correa fue detenido por el DAS el 18 de junio de 2004 acusado de ser ideólogo de las FARC. Un mes más tarde fue liberado, aunque la investigación siguió. El 17 de septiembre él y su escolta fueron asesinados en Barranquilla.

Henry Molina

Como estudiante de derecho en la Universidad del Atlántico, Henry Molina participó en la creación de la Federación de Estudiantes Universitarios en 2005. La noche del 18 de octubre fue retenido y llevado a la SIJIN donde fue torturado física y sicológicamente. El motivo: ser señalado de guerrillero. 

Los 12 jóvenes de Punta del Este

El 19 de abril de 2005 11 jóvenes del barrio Punta del Este fueron invitados a jugar un supuesto partido de fútbol en otro barrio. El premio era de 200.000 pesos. Al final todos terminaron amarrados con los cordones de sus tenis, asesinados y arrojados al agua en un hecho que conmocionó a Buenaventura. Ese año en la ciudad se cometieron 324 homicidios según Medicina Legal. 

Dos adolescentes y su madre

Dos mujeres adolescentes fueron raptadas por los paramilitares, quienes se las llevaron una noche y las abusaron sexualmente. Las liberaron en la madrugada en un marco de violencia generalizada en el Putumayo. Su madre, pese a la situación de vulnerabilidad en que se encontraba, se empeñó en alentar y apoyar a sus hijas para que lo ocurrido no quedara en el silencio. 

Los seis relatos son elocuentes sobre las dificultades de las víctimas para encontrar satisfacción de sus derechos en el sistema judicial y sobre las dificultades y contradicciones de la justicia para relacionarse con ellas, sin embargo, sus luchas muestran que, aunque en las primeras aproximaciones algunos familiares expresaron no haber logrado incidir en las autoridades para obtener una efectiva búsqueda de justicia, el proceso de diálogo establecido y las formas como sortearon las dificultades y retos los convirtió en verdaderos agentes de construcción de caminos de búsqueda de justicia. Algunos de ellos lograron tener incidencia en la construcción de mecanismos o herramientas legales y otros se convirtieron en movilizadores de otras iniciativas de personas que se encontraban en similares circunstancias.