En el proceso de paz se necesitan mecanismos extrajudiciales que pueden aprovechar la experiencia de los Acuerdos de la Verdad (Ley 1424 de 2010), entre otros, que relacionan fórmulas judiciales y no judiciales  “de una manera coherente, estratégica y aplicable”.

Así lo destacó la investigadora Silke Pfeiffer en el artículo “La justicia transicional para combatientes en Colombia: una mirada desde la Ley 1424”, que fue publicado por el Centro Noruego de Recursos para la Construcción de Paz (Noref por sus siglas en Inglés) en su última edición, donde hace un análisis de la experiencia colombiana, a través de los Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, y destaca aportes de esta legislación sin antecedentes en el mundo.

En momentos en los que avanzan las negociaciones de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y se explora el camino con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las lecciones aprendidas con la aplicación de esta ley dan luces sobre los esfuerzos que en materia de justicia, verdad y reparación son viables de aplicar para impulsar procesos de reintegración.

En cumplimiento de esta ley, el Centro Nacional de Memoria Histórica, a través de su Dirección de Acuerdos de la Verdad, hizo una labor sistemática para desarrollar el Mecanismo No Judicial de Contribución a la Verdad, el cual fue bien valorado por Pfeiffer en su artículo pues “se han hecho considerables progresos en resolver la situación legal de los excombatientes y recopilar testimonios que se sumarán a un mejor entendimiento de una dimensión clave del conflicto”.

Pfeiffer consideró que estos procesos se enfrentan a la necesidad de focalizar -desde el inicio- los responsables de graves crímenes y la creación de soluciones que equilibren las agendas de reintegración y de rendición de cuentas para prevenir el rearme y continuar con el avance de la reconciliación.

“Los esfuerzos en justicia, verdad y reintegración necesitan estar relacionados en un modo que sea coherente, estratégico y que se pueda implementar. Contrario con la desmovilización paramilitar, la actual agenda de negociación es suficientemente amplia para incorporar justicia y desarme, desmovilización y reintegración en una estrategia de construcción de paz comprensiva en la cual factores que desincentiven la desmovilización y la reintegración puedan ser evitados”, destaca la publicación.

La autora del artículo explicó que la Ley 1424 fue la mejor opción encontrada para sacar del limbo jurídico en el que quedaron los combatientes no cubiertos por la Ley 975 (llamada ley de Justicia y paz). Sin embargo, advierte que desde su creación tiene problemas como la poca coordinación interinstitucional, la pérdida de la confianza generada por el cambio en las reglas que ha impactado el proceso de decir la verdad y la reintegración, “al tiempo que los procedimientos de la justicia ordinaria y de la transicional no están en sintonía”; problemas que deben ser superados con la creación de incentivos de reintegración apropiados y la defensa efectiva de los derechos de las víctimas.