El proyecto ha sido financiado por el CNMH con el propósito de reconstruir la memoria con las víctimas de los hechos de violencia ocurridos entre el 2002-2004 y que “tiñeron de sangre los cafetales” de la veredas como Miraflores, Naranjal, el Retiro, Buenavista, Opiramá, según comenta Alberto Berón Director del grupo de investigación.

El periodo 2002-2004 enmarca la incursión del Frente Héroes y Mártires de Guática y Frente Cacique Pipintá en este municipio. Ambos grupos pertenecen al Bloque Central Bolívar  -BCB- de las Autodefensas Unidas de Colombia, en su momento al mando de Carlos Mario Jiménez – alias “Macaco’ -, a quien se le atribuyen la gran mayoría de las violaciones de derechos humanos en este municipio del norte de Risaralda.

Una historia de las masacres

El 11 de mayo del 2002 sería el comienzo de un raudo periodo de masacres  atribuidas al BCB. En la mañana de ese día, los paramilitares arribaron a las veredas del Higo, Buena Vistas, Naranjal y San Juan en camiones turbo. Se presentaron en algunas  viviendas con lista en mano y asesinaron a seis personas entre campesinos e indígenas. Meses después, entre el 22 y 25 de octubre de 2002, ‘los paras’ sembrarían nuevamente el terror por los caminos veredales del Naranjal, Ensenillal, San Juan y San José con la muerte de siete campesinos y dos indígenas Embera Chamí, cuya muerte ocasionó el desplazamiento de varias familias de esta comunidad.

Pero no sería ese el año más crítico de violencia paramilitar en la zona. Con la llegada del Frente Cacique Pipintá en el 2003, Quinchía sería escenario de una de las oleadas de asesinatos selectivos más dura en la historia del departamento de Risaralda. Solo entre enero y abril más de 15 homicidios fueron perpetuados contra líderes sociales. Uno de los más recordados fue el de la líder sindical y docente Soraya Patricia Días.

“Soraya caminaba caída la tarde del 13 de marzo cuando fue interceptada por hombres uniformados y con brazaletes de las AUC. La esperaron en un punto y le hicieron un par de preguntas; después la mataron”, cuenta un testigo cuya identidad pide que sea reservada.  Mientras  Soraya estaba en el suelo aún con vida, los hombres de las AUC la golpearon. Por los hechos fueron condenados Henry de Jesús Tabares Vélez – alias ‘Hugo’ – y John Jairo Agudelo Castrillón – alias ‘Pablo’-.

Pero la tragedia humanitaria en Quinchía aún no pisaba sus límites. La mañana del 29 de septiembre llegó con la captura masiva de al menos 120 personas.  Desde el alcalde electo hasta el carnicero del pueblo fueron sindicados de ser colaboradores del Ejército Popular de Liberación -EPL- a cargo de Berlaín de Jesús Chiquito Becerra, alias ‘Leyton’, quien para la fecha ya había sido responsable de un sin número de secuestros y  homicidios. La captura masiva se conoció como ‘Operación Libertad’ y fue un hecho atípico al punto que 22 meses después los capturados fueron dejados en libertad por falta de pruebas.

El hecho que se presentó en algunos medios como un  desacierto de la justicia colombiana  acentuó, según líderes sociales, la estigmatización sobre el pueblo y el doloroso paso del paramilitarismo por sus tierras ya que, a pesar de las alertas emitidas por la comunidad  sobre la presencia de las AUC en el municipio, en julio del 2004 el control territorial por parte de este grupo mostraría  una vez más su grado de consolidación. Según testigos del momento,  los hombres, ‘los paras’, ingresaron desde el 1 de julio y acamparon hasta el 11 del mismo mes amenazando a la comunidad con lista en mano. En ese lapso, seis personas fueron masacradas, lo cual dejó una nueva estela de horror entre la vereda la Cumbre y el Cedral; más de mil personas se desplazaron según un documento del Centro de Investigación Académica –Cinep-.

Por los hechos solo ha sido postulado ante los tribunales de Justicia y PazJohn Fredy Vega Reyes – alias ‘Marlon’ o ‘Tiburón’ – del Frente Héroes y Mártires de Guática.

Los móviles de la guerra

Sobre la cima del cerro Gobia se ve completo el casco urbano de Quinchía rodeado de una inmensa topografía ondulada. A un lado del cerro, se divisa la vía alterna que comunica el Norte del Valle con Risaralda, Caldas, Antioquia y Chocó. Según el sociólogo Jorge Iván, la historia de violencia en este municipio no permite ignorar el hecho de que la ubicación estratégica de éste ha sido determinante para los intereses territoriales de actores como el Frente Oscar William Calvo del EPL y Aurelio Rodríguez de las FARC, los cuales operaron allí hasta finales de los 90`s y principios del 2000, y posteriormente el BCB.

Sin embargo, para algunos mineros tradicionales el oro ha sido uno de los móviles más importantes de la violencia. Desde los tiempos de ‘Don Olmedo’, oriundo de Quinchía y fundador del grupo paramilitar conocido como ‘Los Magníficos’, muchos de los crímenes cometidos en décadas anteriores fueron motivados por el interés de apropiarse de tierras con minas de oro según testimonios implícitos en la investigación ‘Balas por encargo’ del periodista Juan Miguel Álvarez. La idea no es nada descabellada si se tiene en cuenta que Edgar Aricapa, Juan Romero y Líber Ladino, víctimas del BCB en la masacre del 2004, fueron a su turno presidentes de la Asociación de Mineros de Miraflores, según un ex socio de esta colectividad.

Por su lado, el grupo de investigadores de la Universidad Tecnológica de  Pereira plantea que los móviles de la guerra en el periodo 2002-2004  son complejos y se deben leer en la luz de un momento político.

Alcances del proyecto

De la mano de  unas 30 víctimas directas, en el marco del proyecto “Quinchía: una memoria de resistencia oculta entre montañas”, se han realizado alrededor de 15 talleres en los que se ha reconstruido el duro pasado y se habla de otros crímenes y detalles que se podrán conocerse con el informe final, así como la propia voz de quienes los padecieron y que hoy, gracias a la iniciativa, hacen frente al olvido y al miedo a recordar.

 “(…) en los talleres aprendimos que recordar nos hace fuertes y que la memoria es como una cajita donde guardamos lo más preciado, las piezas de lo que es nuestro presente”, dice una de las víctimas en la socialización de avances del proyecto y cuya identidad se reserva por motivos de seguridad.

 “(…)  Cuando mis hijos me preguntaban por el abuelo yo no sabía cómo hablarles”, dice un joven con voz quebrada y ojos aguados  “(…) Mirar el tiempo atrás es muy difícil, olvidar las esquirlas que nos ha dejado el miedo por esos caminos y montañas a mi hijos y a mí misma. (…) estos talleres nos han enseñado a mirar esto que ha pasado sin miedo (…) a acercarnos y unirnos entre nosotros.”

Los testimonios de las víctimas dejan ver un grado de gratitud frente al  proyecto  insinuando un enfoque de trabajo que va más allá de la reconstrucción fría de los hechos. “Reivindicar a las víctimas como sujetos políticos”, en palabras de uno de sus investigadores.  

Asimismo, el Centro Nacional de Memoria Histórica no solo puso la plata que permitió llegar hasta las veredas, sino también un conjunto de elementos metodológicos claves para responder a la pregunta de ¿qué pasó en Quinchía? La ‘línea del tiempo’ en la que se desarrolla la cronología del conflicto, con hechos claves como la ‘Operación Liberta’, es uno de ellos.

También están ‘Los mapas de lugares’ que sitúan en el espacio físico los referentes de la memoria y que para Quinchía son La Ceiba, Aguas Claras, el Río Opiramá y otros lugares en las veredas de La Cumbre, Miraflores, Buenavista, Juantapao y El Retiro. Allí el pasado 6 de diciembre se realizó la ‘Caravana por la vida’ en la que se recordaron las víctimas de la guerra y se sembraron árboles en su nombre.

Finalmente,  además de reivindicar la autoridad moral de las víctimas, el informe promete suscitar el debate en torno a la idea de que el departamento de Risaralda no ha puesto su cuota en la historia del conflicto colombiano porque “los dirigentes políticos han vendido la idea de que esto aquí siempre ha sido un remanso de paz”, dice Berón. Curiosamente, todo remanso se caracteriza por ser  profundo y de corrientes traicioneras.