Autor

CNMH

Foto

CNMH

Publicado

3 abril 2023

Este año, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) conmemora el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas con una serie de acciones que se extienden del 9 al 12 de abril y que hemos denominado «Nueve más que nueve: memorias en resistencia».

Durante estos cuatro días, en el Exploratorio Nacional en Bogotá se da continuidad a los procesos de construcción de memoria iniciados en diciembre durante la Semana por la memoria 2022 y se rememoran los 75 años del magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán. En paralelo, iniciativas de memoria, desde nueve lugares del país, se articulan con el Centro Nacional de Memoria Histórica para conmemorar el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas a partir de sus propios procesos de construcción de memoria.

Esta iniciativa se enmarca en la sinergia que llevará a cabo el Gobierno nacional para la conmemoración del 9 de abril, la cual, en esta ocasión, se extiende a una semana de actividades lideradas por diferentes entidades estatales. Para conocer la diversidad de actividades que se han sumado, se creó un micrositio que le permite a la ciudadanía consultar la agenda prevista para estos días: https://centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/boletines/2023/9a/

En Bogotá

El día 9 de abril tendrá tres momentos: en la mañana habrá una armonización espiritual y cantos de sanación por mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, seguida por una ceremonia oficiada por Javier Giraldo S. J. y a la 1:05 p. m. será sembrado un rosal blanco que simboliza la resurrección del Exploratorio Nacional como lugar de memoria. En las horas de la tarde, se hará el primer recorrido de la exhibición Memorias en resistencia, la cual seguirá abierta hasta el 12 de abril. Entre el 10 y el 12 se llevarán a cabo diversas charlas y performances artísticos.

¿Por qué en el Exploratorio Nacional? Es un complejo arquitectónico que sostiene el legado de Jorge Eliécer Gaitán y que actualmente se encuentra en abandono por parte de la Universidad Nacional de Colombia. Este proyecto, que hoy continúa su disputa por la memoria, fue concebido como el locus de la democracia directa en Colombia, y se espera que allí se trabaje, en palabras de Gaitán, por «la restauración moral y democrática de la República».

Los invitamos a participar* de charlas y acciones artísticas en el Exploratorio Nacional (calle 42 # 15 – 52, Bogotá):

En nueve territorios del país

Los nueve lugares de memoria, de diferentes partes del país, que realizarán acciones son:

• Museo Caquetá (Florencia, Caquetá)
  • 9 de abril: Los rostros de la memoria en el Caquetá
• Muntú Bantú: Centro de Memoria Afrodiaspórica de Colombia (Quibdó, Chocó)
  • 9 de abril: Víctimas: resistiendo al olvido
• Mesa de Memoria Histórica de Norte de Santander (Cúcuta, Norte de Santander)
  • 9 de abril: Escucharnos, encontrarnos
• Red Territorial de Memorias, Agroarte, Galería Viva Comuna 13 (Medellín, Antioquia)
  • 9 de abril: Olor a tiempo. Un hilo tejido por la memoria
• Casa de la Memoria de Nariño (Pasto, Nariño)
  • 9 al 14 de abril: Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas
• Museo Casa Memoria de Medellín (Medellín, Antioquia)
  • 9 al 14 de abril: Proyecto Territorios: siempre miércoles a las doce
• Minga por la Memoria y Mesa de Acceso a la Justicia, Víctimas, Protección y Memoria del movimiento de Paro Cívico (Buenaventura, Valle del Cauca)
  • 12 al 14 de abril: Jornada de solidaridad con las víctimas de Buenaventura y apropiación del Centro de Memoria Histórica del Litoral del Pacífico
• Parchemos por Yacopí (Yacopí, Cundinamarca)
  • 14 de abril: Insistir y resistir para convivir
• Casa Museo «Simankongo» (San Basilio de Palenque, Bolívar)
  • 15 de abril: Saberes y memorias de Palenque: una apuesta de la Casa Museo «Simankongo».

Autor

CNMH

Foto

Fotografía de archivo del Colectivo de Memoria de la Universidad del Tolima

Publicado

2 abril 2023

• En Puerto Saldaña hay un conjunto de personas que tienen una labor particular: su misión es sembrar memoria en las y los habitantes de la comunidad una memoria que tiene una carga genética ancestral, que ha vivido la desigualdad social, la ausencia de Estado, la guerra, pero también la esperanza.

Tras los episodios de violencia del 5 de abril de 2000, con el primer intento de la guerrilla de las FARC-EP por apoderarse del control del corregimiento y el casco urbano de Puerto Saldaña, en Tolima, la familia de Luan Méndez y otros 400 desplazados salieron deprisa y con pocos enseres y mudas rumbo a otros territorios del país que los albergaron un tiempo discreto, según el portal Hacemos Memoria. En el caso de Luan y los suyos, partieron a Ibagué.

Muchos años después, y como una especie de destino manifiesto en su historia, Luan ingresó a la Universidad del Tolima a estudiar la carrera de Comunicación Social en donde conformó, junto a Manuela Bolívar, su compañera de clases y Arlovich Correa, docente de la institución, el Colectivo de Memoria de la Universidad del Tolima. Eran tiempos en que los recuerdos lo incitaban a retornar a Puerto Saldaña, y, con el paso de los días, encontró un catalizador que le permitió regresar: entender qué pasó, investigar la memoria en su territorio tras los hechos de violencia y sanar la desolación. Manuela, Arlovich y otros compañeros lo posibilitaron, y la idea inició su ejecución para el regreso.

Este equipo universitario pasó más de cuatro años en la comunidad de Puerto Saldaña conociendo a las y los habitantes y presenciando el regreso de personas, de niños y niñas que estaban modificando las calles. Los palos y las maderas de las casas abandonadas se asomaban de nuevo. Al mismo tiempo, se sumergieron en las remembranzas de quienes vivieron los múltiples hechos de violencia. Desmenuzaron las memorias de los abuelos y descubrieron «una guerra heredada», incrustada en la genética de generaciones, arraigada en la desigualdad de ese pueblo y sus alrededores.

Así fue como encontraron a los productores de memoria, personas que no olvidaron y que hicieron de sus cuerpos el hábitat de los recuerdos. Lo recordaron y contaron todo y se ofrecieron a hacerlo en colectivo, a negarse a regresar al silencio. Fueron ellos y ellas quienes instaron a Luan y sus compañeros a crear el Festival de la Memoria, un espacio que recuperará la esencia de Puerto Saldaña, las tradiciones, el baile y las celebraciones que apagaron la guerra.

La comunidad se puso en marcha para no olvidar. El Festival sería el escenario para enseñar el documental sobre el retorno que realizó la productora de memoria, Luz Divia Javela. Sin embargo, en el subsuelo de esta iniciativa, los diálogos intergeneracionales, las preguntas sobre las responsabilidades en los hechos victimizantes, las posibilidades sobre fortalecer al territorio en medio del dolor y la esperanza por construir un escenario distinto eran el objetivo. Del 26 al 28 de abril de 2019 se celebró el Primer Festival de las Memorias para la Paz. Los resultados fueron tan importantes que se pactó continuar con este proyecto los próximos años.

La segunda edición se celebró del 19 al 21 de agosto de 2022 con muy buena acogida. Era evidente que cada edición fortalecía el tejido de la comunidad. Manuela, Luan y Arlovich acompañan esa apuesta con una ilusión más grande, construir la casa por la memoria en Puerto Saldaña, y hacer que, el ejercicio en torno al tejido de la memoria sea comunitario y esté impulsado por las y los habitantes. Y, de esta forma, continuar en un camino por la exigencia de la reparación y la garantía para la no repetición.

Este 2023 será el tercer año del Festival Memoria para la Paz en Puerto Saldaña, Tolima. El Colectivo de Memoria, augura que, para mediados de agosto, este evento regrese con el logro más grande que les ha dejado: la memoria retornó a la tierra en donde espera germinar.

La violencia que entró al pueblo

El conflicto armado ha estado presente en Puerto Saldaña desde las guerras bipartidistas. Este corregimiento, ubicado en el municipio de Rioblanco, en el departamento de Tolima, ha atestiguado, desde ese entonces, múltiples vulneraciones a los derechos humanos que dieron paso a uno de los capítulos más violentos del relato de este territorio: la masacre de Puerto Saldaña, cometida en abril de 2000.

Luan Méndez tenía cinco años cuando se desencadenaron los hechos. Puerto Saldaña, para ese momento, era un espacio conquistado por el Bloque Tolima, de las Autodefensas Unidas de Colombia, que actuaba en alianza con el Ejército colombiano. Según el informe del CNMH De los grupos precursores al Bloque Tolima (AUC), publicado en 2017, este pacto era más que claro: “distintas fuentes evidencian que en las zonas de injerencia de la organización paramilitar hubo vínculos de colaboración u omisión que contribuyeron al despliegue y accionar del Bloque. La Fuerza Pública conocía la presencia y las acciones del grupo paramilitar, inclusive los homicidios cometidos en algunas zonas”.

Como parte de los hechos de esa época, este lugar era un corredor importante para la expansión y control territorial que, además, quería ser ocupado por las FARC-EP. Es así como, entre el 1 y el 5 de abril del 2000, la guerrilla de las FARC-EP hizo un primer intento de toma del corregimiento que fue combatido tanto por el Ejército como por el grupo paramilitar. El casco urbano fue la zona más afectada. El 25 de abril, la guerrilla de las FARC-EP regresa, esta vez toma acciones desde la ruralidad hasta lograr su cometido. Esto les permitió ocupar la comunidad por 17 años hasta que los propios habitantes regresaron a la tierra.

Autor

CNMH

Foto

CNMH

Publicado

31 marzo 2023

• En el Día de la Visibilidad Trans, compartimos el perfil de esta lideresa barranquillera, quien trabaja a diario por lograr que la política pública para la población LGTBIQ+ pase del papel a la acción.

Apenas termina de cepillar y planchar el cabello, Jessica, en el sopor de ese mediodía de viernes en Barranquilla, se abanica con las manos, se voltea y dice: «Yo estudié Cosmetología, pero no he podido ejercer. En las estéticas solo quieren mujeres».

Jessica Montes Mizar se siente mujer. Es una mujer que ha decidido serlo, aunque los rasgos femeninos no sean evidentes en su cuerpo. Llegar a ser mujer, cuando se ha nacido hombre, duele, y mucho. Como repetirá Jessica, una y otra vez, a lo largo de una conversación de dos horas: «es difícil».

Hay palabras que ella pronuncia insistentemente, las que no suelta, a las que debe volver para mostrar y demostrar por qué, pese a que la visibilidad de la comunidad trans y LBGTIQ+ haya aumentado en los últimos años, es necesario seguir insistiendo no solo en la visibilidad, sino en su representatividad, política pública, discriminación, violencia, orientación sexual, rechazo, homofobia, transfobia, sensibilización… Este repertorio conforma un universo del que se pueden extraer ideas generales con solo leer esas palabras en un par de líneas.

Son ideas generales solamente porque, para las particulares, habrá que escuchar sus historias. Por ejemplo, desde que era estudiante en el instituto INEM Miguel Antonio Caro, en el municipio Soledad, Jessica trató de esconder su orientación sexual. «Se fue dando también la identidad de género y también la escondía, la ocultaba, pero saqué el valor y la fuerza para sacarla. Todavía estoy en construcción de mi tránsito».

No ha sido un camino recto, ni siquiera en zigzag, sino más bien uno cuesta arriba que, de vez en cuando, parece devolverla a cuando todo comenzó, sobre sus 18 años. Con la mayoría de edad, y luego de graduarse del colegio, empezó su transición: «a dejarme crecer el cabello, a comprar hormonas y hacer mi cambio corporal, pero entré al SENA a estudiar Mesa y Bar y me tocó nuevamente dejar el proceso de mi cambio a un lado por el mismo tema de discriminación y de rechazo».

Vinieron los trabajos en cadenas hoteleras y reconocidos restaurantes, donde le decían que no podía tener el cabello largo. «Después de eso ya me cansé y decidí dejar de buscar empleo en empresas, no me querían contratar. Yo decido hacer mi tránsito como debe ser y hacer el proceso completo, y aprender la peluquería para tener algo de qué sobrevivir».

Fue en 2014 cuando aprendió, con un amigo, a entender el cabello, su cuidado, tiempo de masajes y cepillados, pero como independiente, a sus tiempos. Nada de amarrarse a una peluquería a cumplir horarios y dividir porcentajes, a menos que sea la suya, así lo sueña.

Jessica se imagina en su peluquería propia, donde pueda también montar la estética que por ahora han restringido para ella los negocios convencionales, pues no le está permitido hacer masajes corporales. Pero esto fue lo que aprendió a hacer, lo que puede hacer y lo que sabe hacer.

Un vaivén que revela las grietas del sistema

El vaivén de su tránsito hacia la feminización tuvo una nueva oportunidad en 2017, pero también una nueva talanquera. «El tratamiento hormonal que gestioné en 2017 no me lo negaron [la EPS], pero no sirvió, nunca vi resultados, no vi cambios de nada. Pedí cambio de tratamiento y no me lo quisieron dar porque el médico lo que hizo fue meterme el terror, que se me dañaba el potasio, el hígado, y decidí suspender el tratamiento». La homofobia del endocrino, su incumbencia en la vida privada de Jessica y la promoción de la Biblia, como palabra opuesta a sus deseos, también cargaron de violencia un proceso que ya era lento y complejo. «Es difícil», vuelve a decir.

En general, para Jessica, el sistema de salud colombiano es agresivo para las personas LGBTIQ+, especialmente para las trans, porque «entre más visibilidad hay, más discriminación». La diferencia cuesta. «El proceso es bastante cruel porque el personal de salud no trata con la identidad de género, como tú te identificas, no están capacitados. Y eso pasa en todas partes».

Esa es una de las razones por las que Jessica vuelve cada vez a la conversación sobre la política pública nacional. «Sí existe una política pública nacional, pero no estaba tan activada como en el gobierno de Petro, que fue el que la activó. Lo que se está haciendo en la Alcaldía de Barranquilla es un diagnóstico de las problemáticas que tiene la población LBGTIQ+, pero está chueco porque no tienen presupuesto y lo hace la Oficina de la Mujer». Jessica indica que contratar a líderes y lideresas de la comunidad habría hecho la diferencia, a lo que agrega que, «en el departamento [del Atlántico], sí hay una política, hay un enlace, pero no es mucho lo que se ha hecho en empleo, educación, salud».

Ella se hace muchas preguntas: ¿cuántos proyectos productivos de emprendimientos se han hecho para que tengan sus propios negocios?, ¿cuántas personas trans han logrado tener un proceso de hormonización en las EPS?, ¿cuántas personas LGBTIQ+ se han contratado en el sector público y privado? Casi todas, o todas, tienen respuestas insuficientes.

Todavía faltan interrogantes, como ¿qué pasa en los colegios y universidades con personas de género diverso, con personas trans? Puede sonar a un lugar común, pero «no hay campañas educativas en las comunidades, en los colegios, donde se eduque a la sociedad en general sobre la identidad de género, orientación sexual, homofobia, transfobia. La ley antidiscriminación parece que no se aplica. Hace falta todavía bastante por hacer».

El miedo a lo diverso

Cuando Jessica comenzó a vestirse de forma femenina, su hermano la echó de la casa. Se fue a vivir con una amiga, mientras su mamá allanó el camino para volver. La imagen de ella transfigurada, luego de haber nacido como hombre, chocó también con tíos y primos, con amigos.

El escenario más hostil para una persona trans en Colombia suele ser la calle, sobre todo si es una persona trans que ejerce la prostitución, como Jessica. «Una vivencia fuerte son las agresiones físicas y verbales de parte de algunos agentes de la Policía, me retiran de los espacios públicos de una manera agresiva, violenta, intimidante». Estas situaciones la han llevado a acudir a entidades de investigación: «puse diez denuncias por la misma escena. Dos denuncias tuvieron que ver con agresiones físicas. Fui a la Fiscalía, pero, por el temor que me daba que me hicieran daño o represalias, tuve que dejar el proceso».

Los prejuicios enquistados sobre lo diverso, sobre aquel o aquella que no luce de acuerdo con los estándares normativos, empujan a conductas violentas que vulneran los derechos humanos de estas personas y la posibilidad de alcanzar sociedades más justas y equitativas, sociedades que vivan en paz. Así lo señala Jessica.

Las trabajadoras sexuales trans son estigmatizadas, tienen un sello de que son malandras, malas personas, la basura social, porque ahí es donde la sociedad las ha puesto a ellas, ahí es donde nos han puesto por la discriminación, la homofobia. La misma sociedad se ha encargado, por la falta de oportunidades, de ponernos ahí. Tiene uno que sobrevivir.

Su mamá no sabe que aún ejerce la prostitución, Jessica lo esconde para no indisponerla. Lo hace y lo seguirá haciendo para que los ingresos le alcancen para compartir la vida con ella.

Un camino por recorrer

Si la ruta hacia la feminización ha sido cuesta arriba, la que ha llevado a Jessica Mizar a convertirse en activista trans ha sido más amena de recorrer. Como integrante de la Mesa LGBTIQ+ del Atlántico, a la que entró en 2010, llegó a Caribe Afirmativo. Es una corporación que ha ganado reconocimiento gracias a su constante búsqueda y logros por la defensa de los derechos de la diversidad sexual, expresiones e identidades de género diversas en Colombia.

Aprendiendo de derechos humanos en capacitaciones y talleres, Jessica se fue transformando en activista. Hace parte de la colectiva Faisanes de colores, que capacita en diferentes temas a la comunidad trans y no binaria. Creó la sociedad civil Renacer, con la que actualmente adelanta cursos de maquillaje gracias a otras fundaciones. Dice que su afición es abrir puertas y buscar más oportunidades para su comunidad. Sabe que «cuando se da el cambio, se cierran más puertas y oportunidades. Hay más rechazo».

Con la apertura del Ministerio de la Igualdad, Jessica tiene nuevas expectativas. Considera que el matrimonio igualitario y la adopción de parejas del mismo sexo son avances significativos, «pero todavía hace falta mucho más por lograr, y esperamos que, con este Gobierno nuevo, que sí está a favor de la población LGBTIQ+, puedan venir grandes cambios». La inserción total en la sociedad, sin prejuicios, es el mayor reto.

—Jessica, ¿por qué elegiste ese nombre?

—Por una presentadora que se llama Jessica Cediel. Me llamó la atención ese nombre, estoy en el proceso de cambiarme mi nombre, de pronto este año lo haga, porque uno tiene que realmente hacer el cambio en todo, según cómo uno se siente.

El cambio de nombre implica más que un trámite en la Registraduría: significa que Jessica debe ir a cada lugar donde estudió, a cada empresa donde trabajó, a cada EPS, a pedir nuevos certificados con el nombre que eligió. Ya lo decía ella: la visibilidad cuesta. «Es difícil».

Autor

CNMH

Foto

CNMH

Publicado

30 marzo 2023

• En el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero repasamos los principales impactos del conflicto armado en esta población y hacemos un llamado a seguir reconstruyendo sus memorias de dolor y resistencia.

Conocer lo que las personas trans han vivido en el marco de la guerra no ha sido fácil. A pesar de los esfuerzos sociales e institucionales por reconstruir sus memorias, aún existe una deuda muy grande con la comprensión de las violencias que se han perpetrado en su contra, pero también de las resistencias que ellas, desde los espacios más íntimos hasta los colectivos, han agenciado para afrontar la crueldad.

Como lo señalan el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en su informe Aniquilar la diferencia, y la Comisión de la Verdad (CEV) en su informe Mi cuerpo dice la verdad, diferentes razones explican esta dificultad. El alto subregistro de las víctimas trans, su reticencia a contar y denunciar lo que les ha ocurrido por miedo a ser revictimizadas, la desconfianza institucional causada por la falta de formación, los prejuicios con los que funcionarios atienden sus casos de violencia y la tolerancia de la sociedad con los maltratos perpetrados hacia a ellas son, entre otros, los factores que explican el silencio que prevalece sobre las memorias trans del conflicto.

Pese a esto, muchas personas trans han decidido hacer públicas sus historias de dolor y afrontamiento. Gracias a su valentía, hoy sabemos un poco más sobre las particulares formas en que la guerra ha atravesado y determinado sus vidas.

¿Cómo impacta el conflicto armado a las personas trans?

1. Los impactos son diferenciados

Las violaciones a los derechos humanos padecidos por las personas trans en la guerra prolongan y acentúan las violencias que viven en sus comunidades, familias, barrios, escuelas y otros espacios en los que ellas son especialmente vulnerables. Además, el conflicto armado profundiza las situaciones de marginalidad social, exclusión política y empobrecimiento a las que están comúnmente expuestas.

En el capítulo Mi cuerpo dice la verdad de la CEV se explica que las vejaciones contra las personas LGBTIQ+ y, en particular, contra las personas trans «causan afectaciones diferenciadas, pues se agudizan por el continuum de violencias que ellas experimentan a lo largo de sus vidas».

2. La anulación de la identidad: el gran impacto psicosocial

En el informe Entre silencios y palabras. Conflicto armado, construcción de paz y diversidad sexual y de género en Colombia, la Asociación Caribe Afirmativo explica que uno de los grandes impactos de la guerra en las personas trans se relaciona con la anulación de la propia identidad.

Cuando la construcción identitaria no corresponde con los marcos morales establecidos por la sociedad y los grupos armados —dice Caribe Afirmativo—, «la visibilización de una expresión de género diversa acarrea un señalamiento que los grupos armados persiguen de manera atroz y sistemática, lo que presiona a las personas LGBT, y en particular a la población trans, a ocultar su identidad y a mantener una apariencia en coherencia con los estereotipos de género tradicionales». Esto obstaculiza la construcción autónoma de los cuerpos, detiene los procesos de tránsito e impide que las personas trans puedan habitar de una forma auténtica y genuina sus territorios.

La anulación de la identidad en contextos de conflicto acentuó y volvió crónicos los miedos de las personas trans y ocasionó en ellas graves problemas de salud física y mental que, dadas las discriminaciones del sistema de salud y la falta de apoyo psicosocial, vivieron en medio de profundas soledades.

3. Cuerpos violentados: agresiones físicas e impactos sobre la salud sexual

Víctimas y sobrevivientes trans han relatado que los actores del conflicto armado violentaron partes de sus cuerpos que han sido significativas para sus construcciones de género y sexualidades. Dentro de estas resaltan sus rostros, caderas, senos, cabello, uñas y glúteos. Con esto, las personas decidieron aplazar o desistir de su decisión de intervenir sus cuerpos para adelantar sus tránsitos, «de ahí que la afectación física tenga un significado diferencial sobre la construcción identitaria de las víctimas que no pudieron seguir expresando su corporalidad como deseaban hacerlo», señala el informe de la CEV.

A esto se suman las violencias sexuales que las personas trans sufrieron varias veces en sus vidas y que los actores armados perpetraron como actos simbólicos y ejemplarizantes. Es decir, como una estrategia calculada para «limpiar» los territorios de una presencia que les resultaba incómoda o para «corregir» esas opciones de vida que consideraban contrarias al deber ser.

Las consecuencias de las violencias sexuales fueron numerosas: maternidades y paternidades forzadas, contagio de enfermedades de transmisión sexual, marcas físicas y heridas emocionales que la institucionalidad casi nunca estuvo dispuesta a escuchar, acompañar o atender.

4. Impactos socioeconómicos

Uno de los tipos de violencia más recurrentes contra las personas trans fue el desplazamiento forzado. Si en sus territorios la vida para ellas ya era difícil, en el desplazamiento empeoró. En el destierro, que generalmente se dio hacia las grandes ciudades, fue mucho más difícil acceder a una vivienda, a la educación, a la salud y a condiciones de trabajo dignas. «Estos desplazamientos forzados causados orillaron a las personas trans a vivir del trabajo informal, a adaptarse a contextos hostiles de grandes ciudades y a ejercer como trabajadoras sexuales en medio de la desprotección, nuevos riesgos y la estigmatización», dice Caribe Afirmativo.

La Comisión de la Verdad explica que los impactos sobre la educación, la salud, el trabajo y la vivienda de las personas trans deben analizarse en el contexto de violencia estructural contra las personas LGBTIQ+, pues las condiciones de precarización ya existían desde antes de la guerra.

5. Procesos comunitarios rotos y otros impactos sociopolíticos

Otra de las fracturas que ocasionó la guerra en las personas trans fue la de sus procesos de organización social y comunitaria. El miedo y las angustias provocadas por las amenazas contra sus vidas, en muchas ocasiones, se tradujeron en la imposibilidad de juntarse o de darle continuidad a proyectos organizativos a través de los cuales ellas no solo propendían por su bienestar, sino por el de sus comunidades. Dice el informe final de la CEV que, al negarles la posibilidad de reunirse y asociarse para incidir en sus territorios, crecieron las brechas entre las personas LGBTIQ+ (particularmente las trans) y las comunidades con las que convivían.

6. Una sociedad «cómplice» y «alentadora» de las violencias

Estas y otras violencias contra las personas trans, en el conflicto armado, han ocurrido frente a los ojos de una sociedad que muchas veces las ha legitimado, justificado e incluso motivado.

«Lo que señalan las víctimas es que la sociedad civil ha agenciado las violaciones de los derechos humanos que han padecido en estos contextos, apoyándose en muchos casos en quienes portan las armas para que sean los actores materiales», dice el informe Aniquilar la diferencia del CNMH.

Para que estos eventos vividos por la población trans no vuelvan a ocurrir, no basta con ponerle fin al conflicto armado, también es necesario avanzar en las transformaciones sociales y éticas necesarias para que, desde la sociedad civil y las instituciones del Estado, no se vuelvan a promover las prácticas del odio y discriminación que sostienen la marginación y la guerra en contra de las personas que se apartan de las normas de género y la sexualidad.

Autor

CNMH

Foto

CNMH

Publicado

23 marzo 2023

• El 23 de marzo de 1997, un grupo de campesinos y campesinas del Urabá antioqueño se comprometió con un proyecto de vida común orientado por quince principios de convivencia. Entre ellos, se destaca su decisión de no participar en la guerra. 

• A pesar de las violencias que han intentado exterminar este proceso, desde el momento de su fundación, la comunidad se mantiene firme en su lucha por la defensa de la tierra.

Entre el 18 y el 22 de febrero de este año, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó hizo un «recorrido por la vida» en diferentes lugares del corregimiento de San José. Acompañados por personas de distintas partes del mundo, caminaron por La Unión, El Porvenir, La Esperanza, Playa Larga, La Resbalosa, Mulatos, Buenos Aires y otras veredas. Conmemoraron hechos tan dolorosos como el de la masacre del 21 de febrero de 2005 en la que militares y paramilitares asesinaron a ocho personas, entre ellas un niño de dieciocho meses.

Además de recordar los hechos más crueles que han padecido y de honrar la memoria de los campesinos asesinados, los participantes del recorrido pudieron constatar dos hechos preocupantes: por un lado, se percataron de que paramilitares siguen controlando «abiertamente» diferentes zonas de su territorio y, por otro, encontraron la construcción de carreteras ilegales en predios que le pertenecen a la Comunidad de Paz, lo que —afirman— ha puesto en riesgo sus derechos a la tranquilidad, la autonomía y la propiedad privada.

«No paran los anuncios de exterminio», así se titula la  crónica en la que la comunidad denuncia estos y otros hechos conocidos durante su travesía. Además, supieron que paramilitares serían los responsables de una reciente serie de secuestros de campesinos, de la circulación de panfletos con amenazas a la población civil, de ingresar a viviendas y merodear alrededor de ellas, entre otras acciones que amedrentan a los y las campesinas de la región.

Estos sucesos, conocidos y denunciados en febrero de este año, son los más recientes de una larga historia de atropellos contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que cumple 26 años en resistencia civil a todo tipo de violencia política y armada, especialmente a la perpetrada por el Estado y el paramilitarismo en el Urabá antioqueño.

Una comunidad de paz

El 23 de marzo de 1997, un grupo de campesinos y campesinas del corregimiento de San José, municipio de San José de Apartadó (Antioquia), constituyó esta comunidad y se comprometió a no participar en la guerra, a no colaborar con ningún actor armado de ninguna tendencia, a no participar de los cultivos de uso ilícito y a vivir conforme a un proyecto de vida común basado en quince principios de convivencia. Entre ellos se destacan el respeto a la pluralidad, la solidaridad, el diálogo transparente, la libertad, la resistencia, la justicia y la alternatividad.

Desde su constitución, la Comunidad de Paz ha sido blanco de todo tipo de violencias que han intentado debilitar, frenar y exterminar este proceso campesino de resistencia civil y defensa de la tierra. Esto ha permitido que los y las integrantes de la comunidad padezcan desapariciones y desplazamientos forzados, torturas, violencias sexuales, montajes judiciales, espionajes, cercos de hambre, privaciones arbitrarias e ilegales de la libertad, difamaciones y calumnias, saqueos de viviendas, incineraciones de cultivos y casas, bombardeos, amenazas de exterminio colectivo, dominio territorial de forma permanente por parte del paramilitarismo, entre muchas otras violencias que se suman a la desprotección por parte de las instituciones judiciales y a la impunidad en la que permanecen muchos de los responsables.

A pesar de esto, la Comunidad de Paz ha mantenido su compromiso con los principios de vida y convivencia que orientan la cotidianidad de sus integrantes, quienes siguen caminando por el rumbo de la paz y la resistencia civil para hacer frente a las violencias que persisten en sus territorios.

Después del recorrido por las veredas el pasado febrero, la comunidad escribió que tuvo «conocimiento de la tregua de 30 días que han declarado los paramilitares en la región, afirmando que, una vez se cumpla dicho plazo, van a actuar con las acciones bélicas contra la población civil». Hoy, como siempre, la Comunidad de Paz y sus integrantes corren riesgo y siguen exigiendo que el Estado —el cual les ha violentado por tantas acciones y omisiones—  garantice sus vidas, su integridad y todos sus derechos.

Mientras exigen, luchan y se movilizan, los y las campesinas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó siguen enalteciendo y materializando en sus cotidianidades uno de sus principios de convivencia fundamentales: el de «ser distintos a ellos», es decir, distintos a los violentos; no responder a sus violencias con más violencias e insistir en que la unidad, la organización y el trabajo comunitario son las mejores herramientas para defender sus tierras.

Autor

CNMH

Foto

Civipaz

Publicado

17 marzo 2023

• Hace 17 años, un grupo de familias campesinas regresó a zona rural de El Castillo (Meta), de donde fueron desplazadas por la violencia militar y paramilitar. Hoy, desde la zona humanitaria de Puerto Esperanza, siguen luchando por el pleno reconocimiento y garantía de sus derechos. 

Las comunidades de El Castillo, Meta, jamás planearon su salida de los territorios que, durante décadas, habían habitado, trabajado, construido y defendido de los intereses de quienes quisieron imponerles la guerra y el desarraigo. Lo que sí tuvieron que planear, meticulosa y pacientemente, fue su regreso.

Nunca nadie está preparado para el destierro y el campesinado de la región del Alto Ariari, donde se ubica El Castillo, no fue la excepción. Ocurrió en 2002. Los diálogos de paz del Caguán se habían roto en enero de ese año. Con la ruptura, se incrementaron las acciones militares en los municipios que hicieron parte de la Zona de Distensión, pero también en los territorios vecinos, donde se puso en marcha la operación «Conquista» que —como lo documentó el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), en su libro Ariari: memoria y resistencia (cronología de la agresión 2002-2008)— fue desarrollada por «unidades militares pertenecientes a la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra), la Fuerza Aérea Colombiana y tropas de los batallones 21 Vargas y Albán, de la Brigada 7, con la participación de ‘civiles’ armados de la estrategia paramilitar».

El Castillo fue blanco de esta y otras acciones militares con las que el Estado pretendía «retomar» la Zona de Despeje y sus zonas aledañas. Los operativos afectaron, sobre todo, a los pobladores civiles de la región, quienes fueron señalados de ser parte de las estructuras de la guerrilla de las FARC-EP. La estigmatización se tradujo en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones a los derechos humanos de la población campesina de esta región que, en las décadas de 1980 y 1990, ya había padecido con especial rigor el genocidio de la Unión Patriótica y el despliegue de una estrategia paramilitar que, en aquiescencia con agentes del Estado, logró avanzar en varios intentos de despojo de tierras.

Luego vino la implementación de la política de Seguridad Democrática y la puesta en marcha del Plan Colombia y el Plan Patriota. La persecución y los atropellos contra el campesinado de El Castillo se agudizaron. La presencia militar y paramilitar permeó la cotidianidad de la vida del casco urbano y de las veredas de la parte alta del municipio. Así lo relató el Cinep en su libro Ariari: memoria y resistencia (cronología de la agresión 2002-2008):

En la práctica, estas llamadas operaciones contrainsurgentes se tradujeron en un control militar, social y económico sobre la población, a través de estrategias de tipo regular e irregular con la participación de «civiles» armados (paramilitares), quienes ejercieron acciones contra la población como torturas, desapariciones forzadas, asesinatos, amenazas, detenciones arbitrarias, saqueos de bienes, robo de ganado, ametrallamientos, destrucción de bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, restricciones a la libre movilización y al ingreso de alimentos, y el anuncio constante de la llegada a la región de «Los Mochacabezas».

Todo esto produjo terror en los pobladores, quienes empezaron a desplazarse a veredas y caseríos cercanos en búsqueda de refugio. En agosto de 2002, la presencia y el despliegue militar y paramilitar se incrementaron. Habitar y trabajar en las fincas se hizo imposible y la huida a veredas cercanas dejó de ser una opción. Fue entonces cuando cientos de familias se desplazaron forzosamente a Villavicencio, Bogotá y otras regiones del país. «Quedarse significaba morirse», dice Mariela Rodríguez, lideresa campesina de la región.

Con el desplazamiento masivo, las tierras campesinas quedaron abandonadas y, de nuevo, empezaron a ser apropiadas de manera indebida, ocupadas ilegalmente y usadas para actividades como la ganadería extensiva y los estudios petroleros. En diciembre de 2005, Víctor Carranza Niño, comúnmente llamado «el zar de las esmeraldas» e investigado por sus vínculos con el paramilitarismo, le hizo una oferta pública al pueblo: «quiero comprar fincas en la vereda La Esmeralda, quiero explotar las minas de esmeralda que hay por acá, tener tierra en esta región», dijo Carranza durante las fiestas decembrinas de El Castillo, según el libro del Cinep.

El sueño del regreso

En el conflicto armado colombiano, el desarraigo forzado es un patrón que se repite y propicia el despojo y la transformación del uso y la propiedad de la tierra. Las comunidades campesinas que fueron desplazadas sabían que corrían el riesgo de perder sus territorios y que la mejor manera de evitar que esto sucediera era volver. Así que decidieron organizarse y planear su regreso.

Los campesinos y campesinas de El Castillo y la región del Ariari tienen una larga tradición organizativa. Impulsadas por esa costumbre y por la potencia de su resistencia, un grupo de familias desplazadas asentadas en barrios populares de Villavicencio empezaron a reunirse para pensar, juntas, en la posibilidad de regresar a un municipio controlado por grupos armados que las quería lejos. Las reuniones fueron dirigidas por el líder campesino y sindical Reinaldo Perdomo Hitey, y acompañadas por la Misión Claretiana de Medellín del Ariari y la Comisión de Justicia y Paz.

Inspirados por los procesos de resistencia de las comunidades del Bajo Atrato, en el Pacífico colombiano, los y las campesinas desplazadas del Alto Ariari decidieron fundar una zona humanitaria. Es decir, un espacio para desarrollar proyectos de vida alternativos, basados en un principio de autodeterminación como pueblo campesino, que establece un modelo propio de salud, educación, participación ciudadana y cuidado de la naturaleza.

El sueño se fue construyendo poco a poco, en medio de la incertidumbre y como respuesta a la única salida que les planteaba el Gobierno: quedarse como desplazados, en las ciudades, recibiendo ayudas humanitarias, pero fuera de sus tierras. El proyecto del regreso le costó la vida a Reinaldo. Su asesinato, perpetrado el 12 de agosto de 2003, en Villavicencio, causó miedo, pero no detuvo el proceso de organización para volver al Alto Ariari, que se materializó en la fundación de la Comunidad Civil de Vida y Paz (Civipaz).

Era urgente regresar. El proyecto despojador avanzaba sobre las tierras y los territorios abandonados, y el Gobierno nacional no hacía mucho para detenerlo. En ese escenario, «el regreso a la región se planteó como posibilidad real de recuperar la tierra y, en ella, la vida con dignidad que se les niega a los desplazados en la ciudad», explica Mariela Rodríguez, lideresa campesina y cofundadora de Civipaz. «Al recuperar la tierra, se quería recuperar todo un proyecto de vida».

El regreso tuvo lugar el 18 de marzo de 2006. Ese día, 27 familias volvieron definitivamente y se instalaron en la nueva Zona Humanitaria, ubicada en el corregimiento de Puerto Esperanza. Mariela Rodríguez explica que se le dice «regreso» y no «retorno» porque fue pensado, gestionado, liderado y materializado por los y las campesinas. «Se hubiera llamado “retorno” si el Estado nos hubiera acompañado eficazmente y nos hubiera ofrecido todas las garantías para volvernos a asentar aquí», señala la lideresa.

Con el tiempo, más familias regresaron. En 2008, habían vuelto 450. Otras decidieron permanecer en las ciudades, donde, a pesar de las dificultades que impone el desarraigo, intentaron permanecer juntas y organizadas.

Reconstruir la vida en El Castillo no fue fácil. La falta de voluntad política e institucional de los gobiernos, sumada a la persistencia de la guerra y el asedio de grupos armados al campesinado, obligó a las comunidades a redoblar sus esfuerzos organizativos para «auto propiciarse» una vida en dignidad. Con el tiempo Civipaz logró el reconocimiento de la Zona Humanitaria como un lugar exclusivo para la población civil y como un referente de resistencia y protección del territorio. Desde allí, los y las integrantes de Civipaz han vuelto a trabajar en sus fincas y a crear un modelo de vida basado en diez principios: verdad, justicia, solidaridad, comunidad, trabajo, esperanza, libertad, dignidad, organización y responsabilidad.

Diecisiete años después de su regreso y desde su «decálogo de vida», Civipaz sigue apostando a su permanencia en el territorio y a la lucha diaria por un campo para los y las campesinas, en el que sus vidas no solo sean posibles, sino dignas, respetadas y reconocidas.

Autor

CNMH

Foto

CNMH

Publicado

15 marzo 2023

• En alianza con la Fundación Rinconesarte, las Madres de Falsos Positivos (MAFAPO) intervienen artísticamente botas pantaneras, las mismas que simbolizan los asesinatos extrajudiciales de sus seres queridos.

El 18 de diciembre de 2008, a las 4:30 de la tarde, Cecilia Arenas asistió a la exhumación del cuerpo de su hermano, Mario Alexander Arenas, en un cementerio de Bucaramanga, donde once meses atrás había sido sepultado como NN. Horas antes, ella había tenido una reunión con una jueza penal militar, en el Batallón de Servicios Mercedes Ábrego, en la que le comunicaron que Alexander había sido «dado de baja en combate» el 21 de enero del mismo año.

«En esa cita, la jueza me mostró unas fotos. Primero, me pasó la foto de un rifle; después, las de unas granadas y, luego, la del cadáver de mi hermano. Aparecía de camuflado y tenía parte de la cara reventada. Debajo del camuflado se le alcanzaba a ver la sudadera y en la cara se le notaba que no murió en ningún combate, sino de un “pepazo” en la cabeza», recuerda Cecilia. Según la jueza, a Alexander lo cogieron con esas armas y con una mochila del ELN en zona rural de Floridablanca. «Nada de lo que me decía esa señora me cuadraba. La muerte de Alex fue poquitos días después de que él desapareció en el barrio El Porvenir, en Soacha. Ella podía ser jueza penal militar, pero yo soy costurera y sabía —porque alguna vez me había tocado remendarlos— que los camuflados de los soldados pesan mucho como para que a alguien se le ocurra ponérselos encima de una sudadera, y menos en ese calor», agrega Cecilia.

En la exhumación, ella sintió que su desconfianza era mucho más que una intuición y que sus sospechas tenían fundamento. El cadáver de su hermano estaba evidentemente marcado por la señal de un tiro de gracia, pero, además, tenía puestas dos botas pantaneras nuevas, ambas para el pie izquierdo. «Nunca me sentí tan vulnerable, tan sola y adolorida como en ese momento. Ahí, arrodillada al lado de unos huesos, tomé la decisión de dedicar el resto de mis días a buscar la verdad para demostrar que Alexander nunca fue un guerrillero», dice Cecilia. Así lo hizo, y ese dolor —que se parece a un pellizco intenso y permanente en el útero— sacó una fuerza «que ni yo sabía que tenía».

La imagen de las dos botas de caucho «nuevas e izquierdas» nunca se le salió a Cecilia de la cabeza. Esa, para ella, era la prueba de que Alex —quien en vida era carpintero— había sido víctima de una de las miles de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros del Ejército Nacional de Colombia en contra de personas como él: jóvenes, empobrecidas y vulnerables.

Si durante la exhumación de su hermano Cecilia sintió la soledad más apabullante del mundo, en su lucha por la justicia conoció la fraternidad, la amistad y la solidaridad más genuinas que haya podido conocer. En el camino de la búsqueda de la verdad, Cecilia se encontró con otras mujeres que vivieron situaciones parecidas a la suya y se unió al grupo de madres de Soacha que, como ella, buscaban a sus seres queridos desaparecidos, asesinados e ilegítimamente presentados como muertos en combate. Juntas volcaron sus vidas, sus fuerzas y su tiempo a la lucha contra la impunidad y el olvido. Como dice Cecilia, «esta lucha no prescribe y se fortalece cada vez que intentan borrarnos de la historia, que nos tildan de “locas” o que justifican los asesinatos de nuestros familiares».

6402 pares de botas

En febrero de 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le informó al país que agentes del Estado son responsables de 6402 asesinatos de personas ilegítimamente presentadas como bajas en combate. En ese momento, las integrantes de la Asociación de Madres de Falsos Positivos (MAFAPO), a la que pertenece Cecilia, tomaron la decisión de redoblar sus esfuerzos vitales y políticos para hacer visible la cifra, pero también las historias de dolor y resistencia que hay detrás de ella. «Nos propusimos hacer más bombo de lo normal para que Colombia conozca y dimensione nuestra tragedia. ¡Qué mejor que el arte para hacerlo!», cuenta Cecilia.

Con ese propósito se creó «Mujeres con las botas bien puestas», un proceso artístico que surgió en 2022, a partir de una alianza entre MAFAPO, artistas plásticos de todo el país y la Fundación Rinconesarte. Durante un año, los y las integrantes de esta alianza han recolectado decenas de botas pantaneras, «de las mismas con las que fueron enterrados nuestros familiares», explica Cecilia. «A veces nos las regalan, otras veces las reciclamos. Luego, las intervenimos con pinturas, óleos, figuritas, papeles, escarchas y otros materiales con los que podamos darle algo de color y brillo a la historia de las botas», agrega la activista, que, junto con sus compañeras, participó en la presentación de esta iniciativa el pasado 8 de marzo, en la Plaza de Bolívar.

La intervención artística de las botas ocurre en la casa de cada persona. Cecilia decidió pintar la suya con óleos. Dibujó un paisaje con montañas, un sol espléndido y un cielo azul, «muy parecido al lugar donde mataron a mi hermano», señala. Sobre las montañas puso flores amarillas para recordar que, a pesar de la ausencia de Alexander, «la vida floreció otra vez». Junto a ellas, pegó figuritas que representan a los militares responsables del asesinato y, a su lado, otra figura que representa a su hermano.

«Cuando uno pinta, pasa lo mismo que cuando uno cose: se piensan y se mastican las cosas que uno tiene atoradas en el alma. Cuando yo pinté esta bota, tuve un pensamiento recurrente. Pensé que pudo pertenecerle a un campesino, a un guerrillero, a un soldado o a cualquier muchacho. ¿Quién no usa botas pantaneras en este país? ¿En qué momento usarlas se convirtió en un pecado, en un delito?».

MAFAPO y sus aliadas se propusieron recolectar 6402 pares de botas en el transcurso de los próximos meses. Además de intervenirlas, quieren hacer un performance en la Plaza de Bolívar y la carrera Séptima de Bogotá. La idea, explica Cecilia, es que 6402 jóvenes se paren en esos lugares usando las botas. De repente, va a sonar un sonido parecido al de un disparo. En ese momento, los jóvenes van a caer al piso como cayeron esos seres queridos cuando los asesinaron con tiros de gracia.

Mientras recolectan las botas necesarias, las integrantes de MAFAPO avanzarán en otras propuestas artísticas para «hacerle bombo» a sus memorias y a sus reclamos de justicia, pero también, como dice Cecilia, para que la sociedad y el Estado sepan que «tanto tiempo después de nuestras pérdidas, estamos listas para hacer de nuestros más profundos dolores verdaderas obras de arte».

Autor

CNMH

Foto

CNMH

Publicado

13 marzo 2023

• Los líderes, las lideresas, los y las representantes de decenas de procesos de memoria del país se dieron, una vez más, un abrazo colectivo.

• Llegaron a la capital provenientes de diferentes lugares para descubrir la hoja de ruta conjunta construida tres meses atrás, a raíz de varias juntanzas y escuchas que propuso el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

Poco a poco fueron llegando los abrazos, el calor. El primer café del día, o el segundo, entre saludos de conocidos que comenzaron a tejer lazos en diciembre, cuando nos reencontramos en «este país nuevo».  Gloria Elcy Ramírez, de Granada, y Yuliana Arango, de Mesopotamia, ambas antioqueñas, se encontraron con José Roberto Quijano, que llegó la noche anterior desde el Cañón de las Hermosas, en Tolima, a Bogotá.

Por los cerros bajó el frío de la mañana, y el mayor José Pereira agradeció por eso: «A la naturaleza, a la vida, al origen». También a las autoridades espirituales en los territorios y lugares sagrados, a los pueblos ancestrales y nativos, a todos los orígenes: a cada una de esas fuerzas que alimentaron la vida. Tal como sucedió en la Semana por la Memoria, bajo el lema «Todas las memorias todas», el mayor armonizó el espacio, la jornada, la palabra que vendría. Hizo sonar una concha sagrada y un par de instrumentos de viento elaborados artesanalmente, y agradeció a las geografías, todas, por su presencia: a la gente llegada de diferentes lugares, sitios, territorios, veredas, pueblos, corregimientos.

Fue desde Caquetá que llegó William Wilches, director del museo de memoria de ese departamento. «Nos recibe la fría Bogotá con lluvia, pero no es obstáculo para compartir iniciativas, propuestas e intereses. Nos vimos las caras con expectativas cuando nuestro presidente posesionó a la directora [María Gaitán]. Nos compartieron las palabras que pronunció: “Hágase cargo del Centro Nacional de Memoria Histórica y transfórmelo para las víctimas, dele la importancia que el país necesita”. Desde el bosque de niebla, que está al otro lado de la Cordillera Oriental […], desde la tierra del arazá, del camu-camu, vamos a brindar nuestro respaldo».

En esa —y hacia esa— transformación se transita. Por eso están todos y todas ahí, un centenar de personas provenientes del sur, del norte, del este y del oeste de Colombia, para escuchar lo que hace tres meses comenzaron a construir. Sus memorias, sus historias, sus ideas, sus sueños crearon una constelación de palabras, repetidas una y otra vez, y que hoy son un derrotero que marcan el camino que se quiere andar, resumido en diez puntos.

«Las dos palabras más escuchadas fueron escucha y territorialización, al punto de que ya podemos pronunciar territorialización sin equivocarnos», bromeó seriamente Álvaro Villarraga, director para la Construcción de la Memoria Histórica del CNMH. Una y otra vez volvieron a sonar estas palabras durante la mañana, en el auditorio Rogelio Salmona del Fondo de Cultura Económica, en el centro de Bogotá, lugar del encuentro, o del reencuentro. Porque no fue solo que Gloria Elcy, Yuliana y Roberto se volvieran a ver, hubo más.

Silvia Narváez fue la encargada de anunciar otro retorno: «Estamos muy felices y abrazamos con mucha esperanza el reingreso del CNMH a la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños, y a la Red Colombiana de Lugares de Memoria». Después de tres años, el CNMH se reunirá con 42 lugares de memoria del país para trabajar en conjunto en el fortalecimiento de estos espacios que narran memorias particulares de lo que dejó el conflicto armado a su paso por determinados territorios, las luchas alrededor de esto y las resistencias que se han forjado.

No esconden la expectativa, ni los miedos, pero creen en este nuevo rumbo, en este nuevo país. «Nos han hecho promesas a lo largo de la historia, nos han dicho muchas cosas, pero muchas de esas se han quedado en palabras. Ese es otro de los miedos: qué va a pasar después», confesó Narváez.

Pero no todos los temores vienen desde los lugares de memoria. Hay líderes que conocen bien los efectos secundarios de la descentralización o de la territorialización, para usar esa palabra tan en boga. Ellos y ellas saben lo que significa que una entidad estatal del orden nacional decida abrir sus puertas en diferentes regiones. Conocen sus riesgos. Los sabe bien Roberto Quijano, miembro de la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima, y los cuenta: «Sería bueno que el CNMH se hiciera territorial, pero que no se encierren en una oficina en Ibagué de las que no salen. Sería bueno que las oficinas funcionaran en municipios PDET, en el sur de Tolima. Todo llega y se queda funcionando encapsulado en una oficina, cuando la memoria no está en esa ciudad».

Una memoria, unas memorias que habrá que rastrear por muchos tiempos y caminos, pues «“ha sido construida aún sin la existencia de la Ley 1448, que vienen resistiendo para que no se olvide la lucha de nuestros ancestros», como precisó María Gaitán, directora del CNMH. Y agregó: «Largas horas de transcripción, de análisis, nos fueron direccionando por el camino que tenemos que emprender». Ya la ruta está trazada, no queda más que recorrerla. Al final, otro reencuentro dirá si ha valido la pena.