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Buenaventura atraviesa una de las situaciones sociales y humanitarias más difíciles del país. Por tratarse de una ciudad portuaria se ha convertido en el foco de todo tipo de violaciones a los derechos humanos, que ha afectado a todos sus habitantes pero, especialmente, a los jóvenes afrocolombianos.

• La investigación más completa sobre 15 años de horror e indiferencia por los que ha pasado el puerto del Pacífico.

• El primer estudio académico sobre la práctica de terror de las llamadas ‘casas de pique’.

• La gran paradoja: después de la desmovilización paramilitar, en 2004, todo ha sido peor; en especial, a partir de 2010.

• Por encima de la degradación de la violencia, se alza la voz de las víctimas y la cultura afro, con sus iniciativas de memoria y resistencia.

La falta de empleo y la mala remuneración es cotidiana y la prestación de los servicios públicos es muy escaza, especialmente del agua. Asimismo, en este municipio se han presentado todas las modalidades de violencia, registrando, por lo general, las cifras más altas del país: homicidios, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado (particularmente el intraurbano), secuestros, entre otros.

En este informe investigadoras e investigadores del Centro Nacional de Memoria Histórica, en colaboración con un grupo de organizaciones sociales, étnicas y eclesiales de la región, analizan desde una perspectiva de memoria histórica en el periodo que va de 2000 a 2013, ¿cómo se ha conformado en este territorio un contexto que ha favorecido que grupos armados ilegales continúen ejecutando modalidades de victimización altamente degradadas hacia la población afrodescendiente, pese a los acuerdos de desmovilización establecidos en 2004 entre el Gobierno nacional y el Bloque Calima de las AUC?, ¿cuál es la lógica que subyace en la interrelación de diversas modalidades de victimización en este territorio urbano del Pacíco como desplazamientos forzados, homicidios, desapariciones forzadas, reclutamiento forzado a niños y niñas, abuso y acoso sexual a mujeres, enfrentamientos armados, asesinatos a líderes y lideresas, conformación de espacios de tortura y de cementerios clandestinos? También, ¿qué signicados y sentidos han otorgado las comunidades afrodescendientes urbanas a los diferentes periodos de disputa territorial que han vivido desde el año 2000? ¿Cómo han otorgado significado a los daĖos producidos en sus trayectorias vitales por los contextos de victimización? Y ¿cómo la población ha congurado plurales y creativos escenarios de resistencia para continuar habitando el territorio urbano pese a la imposición en el orden social de los repertorios violentos de desterritorialización, terror e invisibilización?

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La información, documentos y archivos de las organizaciones sociales y de víctimas adquieren un lugar medular en la búsqueda de la verdad, como condición para la construcción de una sociedad en paz. Si estos registros desaparecen, si no son protegidos y usados de manera adecuada, la sociedad colombiana corre el riesgo de perder las huellas de su historia, de que la verdad siga siendo esquiva y se sigan reproduciendo problemáticas como la impunidad y la denegación de justicia.

Así, la Caja de Herramientas para gestores de archivos de derechos humanos, DIH y memoria histórica ofrece un conjunto de instrumentos —actividades y recomendaciones— que tiene como objetivos: contribuir a que las comunidades, organizaciones sociales y de víctimas reconozcan los distintos medios en los cuales ha sido registrada su experiencia frente a la guerra; y fortalecer las capacidades de las comunidades para acopiar, proteger y usar los archivos de derechos humanos y memoria histórica de acuerdo con sus necesidades.

En este documento de Claves conceptuales, los gestores y gestoras de archivos encontrarán reexiones sobre: la importancia de archivar y documentar para la exigibilidad de los derechos humanos y la recuperación de la memoria histórica; el valor de estos archivos como agrupaciones documentales y como lugares de memoria; los usos sociales de los archivos en las sociedades que buscan la superación de las violencias; y las premisas éticas y pedagógicas que debemos tener en cuenta a la hora de promover procesos pedagógicos y de conformación de archivos de derechos humanos, DIH y memoria histórica.

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Uno de los primeros obstáculos que encuentran las víctimas o cualquier ciudadano cuando quieren participar de las ofertas de las instituciones, es el desconocimiento y la desinformación sobre las rutas o mecanismos para acceder a los procesos, proyectos, convocatorias y demás. Para subsanar esta demanda el Centro Nacional de Memoria Histórica, en cabeza del equipo de la Estrategia de Participación de las Víctimas estará visitando ocho ciudades del país donde realizará los talleres de socialización del paquete de herramientas pedagógicas e informáticas de participación: “Caminos para la Memoria”. La semana pasada se llevó a cabo el primero de ellos en Bogotá.

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• El informe ‘Guerra propia, guerra ajena – Conflictos armados y reconstrucción identitaria en los Andes colombianos – El Movimiento Armado Quintín Lame’ es la más completa historia de un movimiento armado indígena único en América Latina.

• En menos de una década, entre los años ochenta y 1991, un pequeño grupo de indígenas Paez (Nasa) pasó de pelear una ‘guerra propia’ como autodefensa y parte del vasto movimiento de recuperación de tierras en el Norte del Cauca a intentar sin éxito integrarse con otras organizaciones guerrilleras en la Coordinadora Simón Bolívar y actuar lejos de su territorio, en una ‘guerra ajena’, para finalmente disolverse entre sus propias comunidades, en el que es el proceso de reinserción más exitoso que ha habido en Colombia.

• En una investigación que le ha tomado cerca de 20 años, múltiples entrevistas con los protagonistas, las comunidades y sus autoridades y una exhaustiva búsqueda documental, Ricardo Peñaranda traza el recorrido del Movimiento Quintín Lame: desde que funcionaba como autodefensa indígena, mucho antes de darse a conocer, el 5 de enero de 1985, con una toma a Santander de Quilichao, conjunta con el tristemente célebre grupo Ricardo Franco, disidente de las Farc , hasta su desmovilización en 1991.

EL INFORME VA MUCHO MÁS ALLÁ DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA DE ESTE GRUPO PIONERO DE LOS MOVIMIENTOS INDÍGENAS ARMADOS EN AMÉRICA LATINA.

• En una región en la que han intentado establecerse todas las guerrillas colombianas, es un análisis de las complejas relaciones entre los grupos insurgentes y las organizaciones indígenas que muestra cómo, en los últimos 20 años, unos y otros se han movido en trayectorias cada vez más opuestas. Esto está en la base, no solo de la decisión de disolución final del Quintín, sino, entre otros, de la histórica desconfianza entre los indígenas del Cauca y las Farc.

• Una perspectiva comparada con otras experiencias de movimientos indígenas armados de América Latina le da un valor singular al informe. Los casos de Guatemala, Perú, Nicaragua y México son objeto de un capítulo especial y a lo largo del texto se trazan paralelos y diferencias entre estas experiencias y la del Quintín que aportan sustancialmente al “rico y candente debate de las relaciones entre movimientos sociales y organizaciones armadas”, como señala Gonzalo Sánchez, director del Centro Nacional de Memoria Histórica en la introducción. 

EL CASO DEL QUINTÍN ES ÚNICO EN VARIOS SENTIDOS:

• Se trató de un intento de recuperar el monopolio de la violencia frente a otros grupos que intentaron usurparla, que no se había dado en América Latina hasta la aparición, en 1994, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en México, con cuya filosofía de “mandar obedeciendo” se trazan interesantes paralelos. 

• El grupo armado fue parte de un vasto movimiento social de recuperación de la identidad negada por siglos a los indígenas del Cauca, que han protagonizado, asumiendo riesgos enormes, la más exitosa movilización civil contra la guerra que se ha visto en Colombia. 

• Mientras la norma en casi todas las guerras es que estas terminan con el tejido social de las comunidades destruido, como ocurrió en Perú, Guatemala y Nicaragua, en el caso del Quintín y del Norte del Cauca ocurrió lo contrario, con el movimiento social reconstituyéndose y absorbiendo al grupo armado en su propio proceso organizativo. 

• Los nexos orgánicos entre el Quintín y el mundo indígena del Norte del Cauca; el poderoso proceso de recuperación de una identidad que les fue negada a los Paez y otras etnias de la región durante siglos y las inusitadas posibilidades de ampliar su espacio político que la movilización y la coyuntura de la Asamblea Constituyente de 1991 abrieron al movimiento indígena explican por qué el proceso de reintegración del Quintín Lame a la sociedad es el más exitoso en Colombia.  

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El presente trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica analiza los retos que tiene Colombia para resolver el conicto interno armado, implementar medidas de justicia transicional y superar complejos problemas de la administración de justicia.

Por consiguiente, este texto ilustra el desafío que tienen los jueces penales para administrar justicia de modo que sus acciones se ajusten a los requerimientos usuales de un sistema judicial independiente, liberal y garantista, coadyuven en la lucha contra la macrocriminalidad y tengan como horizonte los dilemas jurídicos y políticos de la transición.

Además, se proponen algunas reflexiones básicas sobre las categorías jurídicas disponibles para enfrentar tipos muy particulares de crímenes que se producen en el marco del conflicto armado.

Por esa razón, este texto hace un repaso de conceptos fundamentales como los crímenes de sistema, los crímenes de lesa humanidad, los delitos políticos, el terrorismo y la violencia sexual, entre otros.

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Con el objetivo de contribuir al proceso de reconstrucción de la memoria histórica sobre el desplazamiento forzado, este libro da cuenta del éxodo ocasionado en la frontera entre Colombia y Venezuela, escenario donde se estima el mayor número de víctimas de esta forma de violencia. El análisis no se limita a reconstruir el punto de vista “interno” de la problemática, sino que pretende visibilizar la prolongación de un fenómeno que trasciende las fronteras. En este sentido, el presente informe espera aportar en la reconstrucción de los vínculos existentes entre el desplazamiento forzado en Colombia y la situación de los colombianos desplazados en territorio venezolano

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Desde 1980 a 2013 los habitantes de la región de El Catatumbo, ubicada en el departamento de Norte de Santander, han sufrido 66 masacres que incidieron en el desplazamiento de más de 120 mil pobladores. De ellos, cerca de 47 mil fueron expulsados de Tibú; región de enorme importancia geoestratégica por ser zona de frontera con Venezuela y por contar con innumerables riquezas naturales. 

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El desplazamiento forzado ocurrido en el municipio de El Castillo, Meta, que primero fue silencioso e invisible y luego generalizado, ocasionó también el arrasamiento de diferentes expresiones de vida, cuando por lo menos 19 de sus veredas, y cuatro de sus centros poblados, quedaron vacíos luego de las operaciones de retoma de la zona de distención y de la militarización y toma del territorio por parte de los paramilitares. A esto se suma el acumulado de violencia sociopolítica padecida por los habitantes del municipio desde los años ochenta, al fraguarse el exterminio de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, y la perpetuación de diferentes acciones por la guerrilla de las Farc. 

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El desplazamiento forzado permaneció inadvertido e invisibilizado durante la mayor parte del siglo XX, e incluso a comienzos del siglo XXI, bajo la justificación de que se trataba de una consecuencia o “efecto colateral” de las cinco décadas continuas de conflicto armado interno.

Este informe contrarresta esta justificación simplista y explica los motivos por los cuales el éxodo de millones de mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, indígenas, negros, palenqueros, raizales y gitanos, predominantemente de origen campesino y rural, no puede explicarse exclusivamente como consecuencia de la guerra y las lógicas de confrontación entre diferentes actores armados. 

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El desplazamiento forzado ocurrido en el municipio de El Castillo, Meta, que primero fue silencioso e invisible y luego generalizado, ocasionó también el arrasamiento de diferentes expresiones de vida, cuando por lo menos diecinueve de sus veredas y cuatro de sus centros poblados quedaron vacíos luego de las operaciones de retoma de la zona de distención y de la militarización y paramilitarización del territorio. A lo que se suma el acumulado de violencia sociopolítica padecida por los habitantes del municipio desde la década de los años ochenta, al fraguarse el exterminio de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, y la perpetuación de diferentes acciones por la guerrilla de las FARC.

A lo largo de este proceso de reconstrucción de la memoria histórica, mujeres, hombres, abuelos, jóvenes y niños mostraron una cara oculta de la violencia en Colombia, y enseñaron sus propias lecciones acerca de la lucha por una vida digna ligada al territorio. Fueron ellos quienes contribuyeron a visibilizar un fenómeno que no es exclusivo de este municipio, sino que ha sucedido a lo largo y ancho de la geografía nacional.

Lo ocurrido en El Castillo ilustra una realidad que la sociedad colombiana está en mora de reconocer y abordar. Así, como consecuencia de la violencia y del desplazamiento forzado no solo se han vaciado territorios enteros (municipios, veredas, corregimientos, centros poblados, barrios, resguardos indígenas) sino que, en silencio y en una penosa impunidad, se han desestructurado proyectos sociales, políticos, económicos, familiares, espirituales, ambientales y culturales.

El presente informe es una invitación a descubrir qué ocurre en los lugares que quedaron vacíos como consecuencia del conicto armado, tanto desde el punto de vista de los daños y desestructuraciones, como de las resistencias y resiliencias ejercidas por las personas y comunidades que se han visto enfrentadas a este fenómeno. El objetivo es comprender que pasó y explicar cómo y por qué sucedió, con la esperanza de que hechos como estos jamás vuelvan a acontecer en Colombia

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La historia del Catatumbo, y especialmente de Tibú, ha estado signa-da por su ubicación estratégica en la frontera con la República Boli-variana de Venezuela y por contar con innumerables riquezas natu-rales renovables y no renovables. El pueblo indígena Barí es la vícti-ma más antigua del ingreso de actores, de los conictos y de las transformaciones del territorio. Su exterminio y desterritorialización fue amparado por el compromiso “legal” de proteger a las multina-cionales beneciarias de la Concesión Barco del “arco y la echa” indígena.

Desde los años ochenta comenzaron a tenderse nuevas bras de la violencia, las que en apenas tres décadas lograron entramar un terri-torio con paisajes, economías y actores nuevos: el petróleo, la coca, la política antidrogas, la agroindustria de la palma y el auge minero energético. En su entramado fueron sustanciales el “paraguas legal” de la Defensa Nacional y la Doctrina de Seguridad Nacional, las Convivir y la Política de Consolidación Territorial.

La comisión de treinta masacres de cuatro o más personas y el desplazamiento de más de treinta y cuatro mil entre 1997 y 2004 conllevó una profunda reestructuración territorial. En la última década terratenientes, empresas palmeras y políticos adquirieron masivamente tierras en las que se instalaron cultivos de palma de aceite y proyectos minero energéticos.

Como se cuenta en este informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, a pesar del horror y las transformaciones del territorio, tibuyanos y tibuyanas construyen un vigoroso tejido social para retornar y permanecer en él, a la vez que demandan el recono-cimiento de la responsabilidad del Estado en las violencias.

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El libro que el Centro Nacional de Memoria Histórica le presenta al país, titulado Desmovilización y reintegración. Panorama posacuerdos con las AUC”, producto del arduo trabajo realizado por el investigador Álvaro Villarraga Sarmiento y su equipo, tiene dos características que hacen que su publicación cobre en la actualidad significativa importancia: La primera, la oportunidad, pues el momento histórico que vivimos como sociedad, avanzado aunque no sin graves dificultades en el proceso de paz que impulsa el gobierno de Juan Manuel Santos, reclama como urgente conocer a fondo lo que ha vivido y desarrollado el país en materia de políticas de desmovilización, reinserción y reintegración –DDR–. Valga decir, conocer esa historia, acceder con sentido crítico y constructivo a la memoria de esos procesos a través de distintos actores y a los resultados de los mismos, los cuales constituyen insumos necesarios para diseñar, ojalá pronto, nuevas, pertinentes y concertadas políticas públicas en la materia, que de verdad sirvan a los propósitos de paz.

La segunda característica del texto es que pone de presente y sobre la mesa la importancia de construir, a partir de lo construido, políticas públicas de DDR para una etapa de posconflicto bélico que será compleja, difícil y larga, que exigirá sacrificios y un alto sentido de solidaridad de todas y todos los colombianos, asumiendo y analizando las experiencias positivas y negativas que nos han dejado décadas de intentos con logros pero también con fracasos o frustraciones. De la lectura del texto puede inferirse algo así como un manual de buenas y malas prácticas que podrán orientar la difícil tarea que supone la desmovilización, el desarme y la reintegración, si el proceso de paz en curso concluye con éxito.

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