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13 abril 2023

La descentralización y territorialización de los procesos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) fueron las principales demandas de las víctimas, ciudadanos, líderesas y organizaciones sociales que participaron en las juntanzas realizadas durante la Semana por la Memoria, en diciembre de 2022. Los y las participantes de esas juntanzas pusieron sobre la mesa la necesidad de que la entidad cambie sus formas de relacionamiento con las regiones e implemente un despliegue territorial que permita que las memorias plurales de la guerra sean construidas, enunciadas, narradas y visibilizadas desde y para todos los territorios del país.

Durante un conversatorio realizado en el Exploratorio Nacional —uno de los nueve lugares de Colombia donde se desarrollaron acciones para conmemorar el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas—, se plantearon varias reflexiones acerca de la estrategia de territorialización que el CNMH está diseñando en concordancia con las ideas y las exigencias que la sociedad civil ha trazado.  

1. El centro: un lugar de confluencias que se piensa y se construye en los territorios

Esta apuesta de territorialización corresponde, según Jesús Flórez, asesor externo del CNMH, a un propósito central: el de hacer que las memorias (diversas por las geografías y los ecosistemas donde emergen, las formas en las que se buscan y se hacen, y las comunidades y personas que las enuncian) se construyan en los territorios. «Entendemos el centro no como un lugar geográfico, sino como un espacio de encuentros, diálogos y confluencias, pensado y construido por muchos y muchas», dice Flórez. 

No se trata, pues, de una descentralización clásica en la que una entidad traslada a sus funcionarios desde la capital hacia las regiones para desarrollar ciertas tareas. De lo que se trata, explica Flórez, es que los territorios sean escenarios de diálogo y que las comunidades sean agentes activos y protagónicos de sus propias iniciativas de memoria.

En la misma dirección, Alberto Santos, investigador del CNMH, añade que, si bien esta entidad ha construido importantes ejercicios de memoria con los territorios, «estos se han mantenido en una lógica de construir desde el CNMH una serie de acuerdos sobre lo que ha sido nuestro pasado», a lo que agrega, «la memoria no es propiedad de una institución, sino de las comunidades y los pueblos. La apuesta será poner al servicio de las personas las herramientas y metodologías para que ellas construyan sus narrativas y sean autoras de sus propios ejercicios y narrativas de memoria», dice Santos.

2. Hacer memoria del olvido es permitir que emerjan las memorias que permanecen guardadas en los corazones de la gente

Hacer memoria del olvido implica, primero, identificar cuáles son los olvidos y por qué se han dado. «Hay olvidos conscientes e inconscientes. A veces, corresponden a la necesidad de olvidar lo ocurrido para continuar con la vida; otras veces tienen que ver con la imposición de unas narrativas sobre otras», dice Flórez.

La estrategia de territorialización del CNMH quiere reivindicar, de acuerdo con el asesor, aquellas voces alternas de la guerra y la resistencia que, aunque fueron acalladas, no dejaron de existir. Territorializar la memoria implica, en este sentido, desentrañar las vivencias y narrativas que se han intentado borrar; ir a las raíces de las memorias, es decir, a esas memorias que, en palabras de Flórez, «están alojadas en los corazones de las personas, pero no han sido visibles».

3. Una experiencia piloto en Antioquia

El CNMH pondrá en marcha una experiencia piloto de su estrategia de territorialización en Antioquia, donde se han gestado importantes experiencias de articulación entre la institucionalidad estatal para la paz y diferentes iniciativas sociales y comunitarias por la reconciliación y la memoria.

Amaury Núñez, director técnico de la Secretaría de No-Violencia de Medellín, cuenta que, tanto para la implementación de los acuerdos de paz como para el desarrollo de procesos de memoria histórica en esa ciudad, ha sido clave reconocer las trayectorias y saberes acumulados de la sociedad civil y sus organizaciones en relación con la mediación de conflictos y la construcción de estrategias de de paz territorial y memoria histórica.

«Es necesario articular la infraestructura institucional para la paz con la infraestructura social para la paz que las comunidades han ingeniado y construido en sus barrios, comunas, territorios, etc.», dice Núñez. Esto, según él, implica fortalecer, acompañar y potenciar técnicamente las iniciativas de memoria histórica de la sociedad civil, que es justamente a lo que le apuesta la estrategia de territorialización del CNMH

4. Se hace memoria cuando se denuncia y registra el presente: la experiencia del Pacífico

Las experiencias sociales por la memoria del Pacífico también son referente para la estrategia de territorialización del CNMH. Jesús Flórez cuenta que comunidades de esta región han hecho memoria de la guerra a través de la denuncia permanente de las violaciones a sus derechos.

«No solo se hace memoria al recordar el pasado, sino también al pronunciar una palabra en y sobre el presente, y eso lo saben en el Pacífico colombiano, donde las comunidades registran constantemente su realidad», dice Flórez.

En ese ejercicio de registro y denuncia, han surgido lugares como la Casa de Memoria de Tumaco o la Capilla de la Memoria de Buenaventura, que son posibles gracias a la articulación de organizaciones étnicoterritoriales que se encuentran en procesos de movilización y resistencia a una guerra que se vive en presente continuo.

Experiencias como estas o como la de la Comisión Interétnica de la Verdad del Conflicto Armado son las que, de acuerdo con Flórez, el CNMH debería contribuir a fortalecer y potenciar. 

5. El lugar de las memorias en la paz total

La memoria histórica del conflicto armado —dice Amaury Núñez— «debería servir para estimular políticas estatales y prácticas institucionales que promuevan reparaciones y reconciliaciones genuinas, no forzadas». Así, una estrategia de territorialización como la del CNMH resulta clave no solo para potenciar las iniciativas y los ejercicios de memoria de la sociedad civil en las regiones, sino también en la implementación de la política de la paz total.

«Las memorias del conflicto tienen sentido si su horizonte es el de la no repetición», dice Alberto Santos. Haciendo memoria del pasado, pero también del presente, las comunidades ponen en evidencia las causas y los orígenes del conflicto, y los factores que permiten la continuidad de las violencias en sus territorios. Por eso, escuchar esas memorias y darles un lugar central en la búsqueda de la paz total es clave, según Santos, para pensar y garantizar un escenario de no repetición.

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11 abril 2023

El Exploratorio Nacional acoge la exhibición: «Nueve más que nueve. Memorias en resistencia», que conversa con este lugar de memoria esencial para la lucha gaitanista y que revela las resistencias de otras tantas víctimas del conflicto armado colombiano y de la violencia sociopolítica. 

El Exploratorio Nacional, ubicado en la localidad de Teusaquillo de Bogotá, es un edificio diseñado por el arquitecto colombiano Rogelio Salmona y cuya construcción y adecuación no ha sido concluida. Es una bella e imbricada edificación compuesta por cuatro polígonos centrales que, desde el aire, se ven como una columna de figuras yuxtapuestas que revelan la inmensidad de esa manzana que alcanza su construcción. Justo en el corazón de la estructura principal se encuentra el surco donde fue sembrado –y no enterrado– Jorge Eliécer Gaitán, lleno hoy de rosas y girasoles. Alrededor, rampas y caminos que suben y bajan, que conectan esos grandes espacios abiertos pensados para el estudio del pensamiento del líder. 

La arquitectura moderna del espacio conversa con las ideas transformadoras de Gaitán y por eso el recinto es un lugar fundamental de la memoria del movimiento gaitanista. La vocación democrática que aloja vive un intento de reactivación desde hace algún tiempo, en especial desde que el Exploratorio volvió a abrir sus puertas para ser limpiado y adecuado para la conmemoración de los 75 años del magnicidio de Gaitán, y cuyo hecho marcó el calendario como el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, cada 9 de abril. 

Así, la resistencia de los gaitanistas, que durante más de siete décadas han mantenido vivo el espíritu y las ideas del dirigente, se une a tantas otras que han atravesado la historia del conflicto armado colombiano. Algunas de esas memorias se conjugan en «Nueve más que nueve. Memorias en resistencia», una exposición propuesta por el Museo de Memoria de Colombia, del Centro Nacional de Memoria Histórica, que propone una articulación entre la gran estructura del Exploratorio y las historias que guardan otros nueve lugares de memoria del país. 

Alrededor del surco de Gaitán ahora hay más que amplios espacios vacíos, que esperan una renovación: empieza a florecer, como las ramas que se abren paso entre las paredes, un diálogo de memorias plurales y diversas, con voces de diferentes acentos, que revelan los nuevos caminos que ha decidido tomar el Centro Nacional de Memoria Histórica; las demandas, ideas y propuestas de las víctimas y sobrevivientes. 

A partir de diferentes estaciones con piezas audiovisuales se refuerza este mandato democrático en primera persona, al tiempo que varias instalaciones y acciones performáticas narran cuatro de las resistencias que, entre otras, siguen tomando forma para evadir al olvido: 

Las escaleras

El recorrido empieza en las escaleras que parecen jugar a desdoblarse y reflejarse entre sí. De un lado, una de las fotografías de Luis Alberto Gaitán, «Lunga», quien siguió los pasos del político hasta su asesinato. Esa imagen inmortalizó un momento de la lucha gaitanista en la plaza de toros La Macarena, así que el juego de la proporción y la profundidad de los escalones se asemejan a la sensación de las gradas de la plaza. Al lado, un fragmento de la oración «Retomando la marcha», que pronunció el líder político y que contextualiza las luchas gaitanistas por el mandato popular: ideas que se abren camino con proyección de futuro y que retoman fuerza en el presente.

Las sillas vacías

El elemento simbólico de la silla vacía, que recuerda a los ausentes presentes, es el protagonista en esa instalación que se encuentra en el segundo piso de la edificación. Compuesta por dieciséis fotografías puestas sobre las sillas, dieciséis rostros de personas desaparecidas en la toma del Palacio de Justicia, es una propuesta de la organización Hasta Encontrarlos, acompañada por una frase fuerza que se lee en velas y en una gigantografía de las palabras «Sin olvido».

La casa

Hasta Encontrarlos también nos invita a sentir la presencia de quienes ya no están, en una instalación ambientada como la sala comedor de una casa. Dos caminos de mesa en el centro del espacio, que utiliza las ruinas del lugar, su potencia visual, proponen una conversación alrededor del tiempo que pasa, que desgasta, pero que sigue dejando ver con nitidez el vacío de quienes ya no están. «Desaparecidos. Dónde están» es la frase fuerza de este recinto, que se abre paso entre muebles y objetos cotidianos que les dan dimensión a la desaparición forzada; un hecho que se ha metido en la intimidad de miles de hogares colombianos y movido sus cimientos, aunque parezca que la monotonía sigue instalada en el ritual del día a día, que consume y carcome. 

La radio

Era la radio lo que dominaba en 1948. El mejor vehículo de comunicación, el más inmediato, el más expandido. Fue la radio la que anunció la noticia del magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán aquel 9 de abril del 48, y por la que se amplificaron las noticias sobre las repercusiones de este hecho que marcó para siempre la historia de Colombia. Es la radio el medio que encuentra el artista Leonel Vásquez, en su obra «Radio Espectros», para hacer sintonizar a quien interactúe con ella los sonidos que se escucharon ese día, representados en emociones como la calma o la tristeza. Las estaciones de radio y el perifoneo presentan un paisaje sonoro que por momentos es imposible de descifrar y que revela un acervo importante de las memorias de aquella jornada indeleble. 

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11 abril 2023

• Reconocemos que el Legado de la CEV lo conforman el Informe Final y las herramientas transmedia que se diseñaron, pero también su archivo, que contiene más de 1.600 informes de esclarecimiento entregados por diversos actores.
• Recoger, impulsar y continuar este legado es parte de la tarea del CNMH, por lo que la entidad asume el Informe Final como un punto de partida para seguir con esta inacabada labor, y recoge el mandato de la CEV de esclarecer el origen del conflicto armado, incluso yendo más atrás de 1958, fecha que la CEV fijó como el inicio del esclarecimiento.

Sobre el legado de la CEV

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición fue una entidad parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creada por el decreto 588 de 2017 con un carácter transitorio de 3 años que fue ampliado por nueve meses más por la Corte Constitucional. Sus objetivos fueron: (i) contribuir al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido durante el conflicto armado de acuerdo con su mandato, (ii) promover y contribuir al reconocimiento de lo ocurrido, de cara a las víctimas, por parte de responsables, así como al reconocimiento por parte de la sociedad de lo ocurrido y (iii) promover la convivencia en los territorios a través de la superación de conflictos a través del diálogo.

La Comisión de la Verdad (CEV) en términos generales cumplió sus objetivos y su mandato, y ha dejado a la sociedad colombiano un Informe Final, un legado y una serie de lecciones aprendidas y de contribuciones al entendimiento del conflicto armado y a la construcción de la paz.

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) está comprometido con recoger y continuar este legado, que junto a lo realizado por esta misma entidad y otras similares de carácter estatal, así como por cientos de académicos, organizaciones sociales y de víctimas, y comunidades en general, constituye un enorme acumulado de reflexiones, análisis, narrativas y explicaciones sobre la historia del conflicto armado y la violencia sociopolítica en Colombia.

El legado de la CEV está también en los procesos de reconocimiento a la dignidad de las víctimas, y reconocimientos públicos por parte de responsables de la violencia, en los procesos sociales de resolución de conflictos que se impulsaron, así como ejercicios de memoria que se dieron a nivel territorial. El enfoque territorial y los enfoques diferenciales en la CEV también dejaron un legado de aprendizajes, lecciones aprendidas y múltiples diálogos en territorio. Todos estos procesos sociales y de memoria, en la medida de las posibilidades, podrían seguir siendo acompañados por el CNMH, en particular los relacionados directamente con construcción de memoria histórica.

Pero el legado de la CEV va mucho más allá del Informe Final y de los procesos que acompañó directamente la entidad. Está sobre todo en los más de 1.600 informes de esclarecimiento que le fueron entregados por individuos, organizaciones sociales, centros de pensamiento, entre otros. Está en la verdad contenida en los más de 27 mil testimonios que recogió la CEV, en el enorme archivo que deja la Comisión, el cual aún nos invita a seguir explorándolo a profundidad para continuar la tarea del esclarecimiento. La verdad está en las preguntas que la sociedad hizo y sigue haciendo sobre el porqué del conflicto en Colombia, sobre las causas y responsabilidades.

Así pues, comprendiendo el legado como el conjunto de lo que dejó la CEV en cuanto a su Informe Final, los procesos sociales de reconocimiento y diálogo que acompañó y promovió, y los testimonios, informes y documentos que alberga su archivo, el CNMH misionalmente está comprometido a recoger, analizar, continuar y aportar a la apropiación de este legado.

Sobre el Informe Final

Los 11 tomos que componen el Informe Final de la CEV constituyen un avance significativo e insumo central en el entendimiento del conflicto armado en Colombia, sus dinámicas, los impactos, las formas como las víctimas padecieron y afrontaron la guerra, las variaciones territoriales del mismo, así como muchas de las resistencias que desde 1958 se han dado en Colombia.

Como dijo el presidente de la CEV, Francisco de Roux, en la ceremonia de entrega de este Informe Final, el esclarecimiento de la verdad es un proceso inacabado, el cual hace también parte hace 11 años de la misión del CNMH y lo continuará siendo ahora que el país cuenta con un invaluable insumo como es el Informe Final de la CEV. El CNMH, en el marco de la administración actual, ha iniciado un proceso de lectura crítica y detallada del Informe Final, tomándolo como punto de partida, junto a otras fuentes, para los 12 procesos investigativos de esclarecimiento de la verdad que ha emprendido el CNMH este año.

El punto 6 del mandato de la CEV (artículo 11, decreto 588 de 2017) habla de esclarecer “el contexto histórico, los orígenes y múltiples causas del conflicto, teniendo en cuenta como insumo los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas^[1], entre otros.”^[2]  Al decidir el plenario de comisionados que la fecha inicial del esclarecimiento era 1958, se perdió la oportunidad de ir más atrás en el entendimiento de las causas y orígenes del conflicto armado, en los antecedentes directos de una violencia que desangró el país antes de la llegada del Frente Nacional y cuyas heridas abiertas dieron pie al conflicto que siguió en la década de 1960. El CNMH ha decidido en la actual administración continuar el esclarecimiento en este sentido, yendo de forma rigurosa al análisis de las causas y el origen del conflicto armado.

Así mismo, en el contexto de una guerra que aún no termina, y una paz que sigue buscando ser total y completa, el esclarecimiento del presente, de las dinámicas actuales del conflicto que vive el país, así como las dinámicas sociales, la represión estatal violenta de la protesta social, la afectación a los pueblos étnicos, entre otros, siguen siendo parte del análisis y el esclarecimiento de la verdad que continuará haciendo el CNMH.

Sobre las recomendaciones

Las 67 recomendaciones consignadas en el tomo «Hallazgos y Recomendaciones» del Informe Final de la CEV constituyen en general un aporte fundamental al debate de los cambios necesarios en Colombia, tanto en la sociedad como en la institucionalidad. En particular, el CNMH considera necesario que se discuta más a fondo la recomendación número 12 sobre memoria, en la cual se plantea la necesidad de que se constituya el museo como una entidad autónoma e independiente, así como lo expresado en el pie de página 1209: “A nuestro juicio, el Museo debería asumir varias de las funciones del CNMH, que entonces debería suprimirse, así como recibir y asumir el legado del Grupo de Memoria Histórica y de la Comisión de la Verdad”. Por un lado, consideramos que el Museo de la Memoria no podría asumir todas las tareas que actualmente hace el CNMH tales como el Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, o continuar parte del proceso investigativo para el esclarecimiento de la verdad. Por otro lado, consideramos que el deber de memoria del Estado es permanente y no transitorio y, por lo tanto, en lugar de suprimir el CNMH, este debería fortalecerse y dársele carácter permanente, más allá de la vigencia de la ley 1448 de 2011.

Sobre la exposición basada en el Informe Final para el Museo Nacional de Memoria

El numeral 8 del artículo 13 sobre las funciones de la CEV habla de la estrategia de difusión que debe dársele al Informe Final, y formula que “en todo caso, las conclusiones de la CEV deberán ser tenidas en cuenta por el Museo Nacional de la Memoria”. En ese sentido, es claro que el CNMH debe tener en cuenta las conclusiones de la CEV en el Museo Nacional de la Memoria. El CNMH mantiene una actitud abierta y constructiva para poder incluir en sus exposiciones, entre otras, el contenido del Informe Final, así como en particular con el guion que se construyó con financiación de la GIZ, basado en el Informe Final. Consideramos que así, como el esclarecimiento no está cerrado ni el Informe final es completamente conclusivo, se debe activar la escucha a las víctimas, la lectura rigurosa del documento y las reflexiones técnicas museográficas para lograr exponer en el Museo Nacional de la Memoria el contenido de dicho informe. 

^[1] Dentro de este documento, ensayos como el de Alfredo Molano, el de Darío Fajardo, el de Jairo Estrata o el de Sergio de Zubiría o el de Renán Vega, inicial el análisis entre las décadas de 1920 y 1930.

^[2] El artículo 12 del decreto 588/2017 profundiza en este tema “ARTÍCULO 12. Período objeto de estudio. Para abordar los distintos elementos de su mandato, la CEV tendrá como período objeto de estudio el del conflicto. Como ello supone un marco temporal extenso, será necesario que la CEV establezca dentro de éste prioridades en su investigación. No obstante, para efectos de cumplir con el propósito de esclarecer plenamente los orígenes y múltiples causas del conflicto, la CEV podrá explorar eventos históricos anteriores a éste, teniendo en cuenta como insumo básico, entre otros, los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.” (negrilla añadida)

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10 abril 2023

• Decenas de ciudadanos y ciudadanas se congregaron en el Exploratorio Nacional y en otros lugares de memoria del país para conmemorar el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, y los 75 años del magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán.
• Reunidos alrededor del lugar donde está sembrado el cuerpo del líder político, se honró su legado de lucha y la memoria de las personas que han entregado sus vidas a las causas de la paz y la justicia.

Para los pueblos wiwa, kankuamo, arhuaco y kogui, el algodón es una planta sagrada capaz de grabar y contener palabras, recuerdos y anhelos. Se cree que, al depositar en el algodón sus pensamientos, hombres y mujeres pueden conectarse con sus ancestros y con cada uno de los elementos que componen la naturaleza: agua, aire, fuego y tierra. El 9 de abril de 2023, decenas de ciudadanos y ciudadanas reunidas en el Exploratorio Nacional, en Bogotá, recibieron un trozo de algodón por parte de Juan Alimaco Gil y Alejandro Malo, autoridades del pueblo wiwa, y de Jaime Enrique Arias, mayor del pueblo kankuamo. Esto con un objetivo: integrar colectivamente nuestros pensamientos con las memorias de las víctimas de la guerra.

«Al permitirnos conectar con los ancestros y con la naturaleza no solo volvemos a nuestro origen, sino también a nuestra actualidad», dijo Jaime Arias, quien lideró la ceremonia de armonización. Agregó: «al poner en el algodón nuestro anhelo compartido por la paz, nos conectamos con la memoria de Gaitán y con el recuerdo de todas las personas que la violencia nos quitó. Lo hacemos porque no queremos olvidarnos del pasado, pero también porque, a la luz de sus recuerdos y legados, podemos observar con mayor claridad nuestro presente».

De este modo se dio apertura al encuentro Nueve más que nueve: memorias en resistencia, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, y los 75 años del magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán.

La resurrección

Este 9 de abril, en el que nos congregamos alrededor del lugar donde está sembrado el cuerpo de Gaitán y en simultáneo acompañamos otros nueve lugares de la memoria en distintas regiones del país, coincidió con la fiesta cristiana de la resurrección. Durante el encuentro, el padre jesuita y defensor de los derechos humanos, Javier Giraldo, recordó que todas las personas que le han entregado sus vidas a las causas de la paz y la justicia resucitan constantemente y germinan, como semillas fecundas, en el talante humano de quienes, en medio de la guerra, insisten en la lucha por la equidad, la verdad, la solidaridad y la fraternidad. Así lo señaló:

En este lugar, en el que la madre tierra acogió hace un tiempo el cuerpo del líder sacrificado, impera una visión de la muerte contraria a la de los sepulcros sellados que marcan el final de todas las interacciones entre el presente y el futuro. Este lugar nos recuerda que las construcciones del espíritu son indestructibles y no caen bajo el imperio de la muerte física. Invocamos a todas las víctimas de este prolongado genocidio para cubrirlas, amorosamente, con nuestra plegaria, inspirada en nuestra fe en la resurrección.

Un legado estimulante

Helena Montoya Calderón, Heiner Donaldo Larrota Vargas y Jaimar Velásquez Quitian, jóvenes de Sumapaz y Yacopí (Cundinamarca) son nietos y bisnietos de héroes gaitanistas. Durante el encuentro en el Exploratorio Nacional, ellos sembraron un rosal blanco en la tumba de Gaitán como símbolo de una larga historia de resistencias contra el olvido y con el ánimo de enaltecer la vigencia de sus ideales éticos, políticos y morales.

Tras la siembra del rosal y de una intervención musical de la rapera Diana Avella, el presidente Gustavo Petro Urrego hizo énfasis en lo estimulante que resulta hoy la figura y el legado de Gaitán. «Gaitán nos convoca a pensar en el pueblo como un sujeto histórico que se moviliza por las reformas democráticas y que no se estanca en la trilogía de la violencia, el miedo y la corrupción que ha acompañado el ejercicio tradicional del poder», señaló.

En el mismo sentido, Gloria Gaitán recordó que este 9 de abril se conmemoran «los 75 años de una sublevación popular extraordinaria» y exaltó el lugar protagónico que ocupa el «pueblo humilde, campesino y trabajador» en la transición hacia una democracia directa y hacia las transformaciones culturales que requiere todo cambio político.

«Es preciso incluir en los proyectos del cambio la variable de la cultura, que es, sobre todo, nuestra forma de percibir el mundo», anotó Gloría Gaitán, quien enseguida resaltó que «no hay transformaciones políticas y económicas posibles si no hay una transformación cultural profunda que nos conduzca a organizarnos como sociedad». La hija del político liberal llamó la atención sobre la necesidad de darle impulso y vuelo al Exploratorio Nacional, un lugar que, desde su concepción y creación, se pensó como epicentro de esa «reingeniería cultural» que Colombia necesita.

Mantener vivos los sueños

Durante el encuentro, el padre Javier Giraldo dijo que son muchas «las oleadas de sangre que han humedecido nuestra tierra y que hoy nos invitan a mirar de frente nuestra experiencia colectiva de muerte, despojo y destrucción de los pilares que sustentan la vida». Darle la cara a esa historia de dolores implica, a la vez, conocer la historia de las resistencias, que es la de esas innumerables resurrecciones en las que, una y otra vez, renacen los rostros, las memorias y las luchas de las víctimas y de quienes le han apostado a transformar el país.

«Mantener vivos esos sueños de cambio es un mandato para todos los colombianos y no solo para algunos. Ese mandato es tan grande como el de conservar los elementos de la naturaleza en los que se fundamenta la vida y tan urgente como el de reconciliarnos entre nosotros mismos y con la Tierra», concluyeron los mayores kankuamo y wiwa durante este encuentro.

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3 abril 2023

Este año, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) conmemora el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas con una serie de acciones que se extienden del 9 al 12 de abril y que hemos denominado «Nueve más que nueve: memorias en resistencia».

Durante estos cuatro días, en el Exploratorio Nacional en Bogotá se da continuidad a los procesos de construcción de memoria iniciados en diciembre durante la Semana por la memoria 2022 y se rememoran los 75 años del magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán. En paralelo, iniciativas de memoria, desde nueve lugares del país, se articulan con el Centro Nacional de Memoria Histórica para conmemorar el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas a partir de sus propios procesos de construcción de memoria.

Esta iniciativa se enmarca en la sinergia que llevará a cabo el Gobierno nacional para la conmemoración del 9 de abril, la cual, en esta ocasión, se extiende a una semana de actividades lideradas por diferentes entidades estatales. Para conocer la diversidad de actividades que se han sumado, se creó un micrositio que le permite a la ciudadanía consultar la agenda prevista para estos días: https://centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/boletines/2023/9a/

En Bogotá

El día 9 de abril tendrá tres momentos: en la mañana habrá una armonización espiritual y cantos de sanación por mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, seguida por una ceremonia oficiada por Javier Giraldo S. J. y a la 1:05 p. m. será sembrado un rosal blanco que simboliza la resurrección del Exploratorio Nacional como lugar de memoria. En las horas de la tarde, se hará el primer recorrido de la exhibición Memorias en resistencia, la cual seguirá abierta hasta el 12 de abril. Entre el 10 y el 12 se llevarán a cabo diversas charlas y performances artísticos.

¿Por qué en el Exploratorio Nacional? Es un complejo arquitectónico que sostiene el legado de Jorge Eliécer Gaitán y que actualmente se encuentra en abandono por parte de la Universidad Nacional de Colombia. Este proyecto, que hoy continúa su disputa por la memoria, fue concebido como el locus de la democracia directa en Colombia, y se espera que allí se trabaje, en palabras de Gaitán, por «la restauración moral y democrática de la República».

Los invitamos a participar* de charlas y acciones artísticas en el Exploratorio Nacional (calle 42 # 15 – 52, Bogotá):

En nueve territorios del país

Los nueve lugares de memoria, de diferentes partes del país, que realizarán acciones son:

• Museo Caquetá (Florencia, Caquetá)
  • 9 de abril: Los rostros de la memoria en el Caquetá
• Muntú Bantú: Centro de Memoria Afrodiaspórica de Colombia (Quibdó, Chocó)
  • 9 de abril: Víctimas: resistiendo al olvido
• Mesa de Memoria Histórica de Norte de Santander (Cúcuta, Norte de Santander)
  • 9 de abril: Escucharnos, encontrarnos
• Red Territorial de Memorias, Agroarte, Galería Viva Comuna 13 (Medellín, Antioquia)
  • 9 de abril: Olor a tiempo. Un hilo tejido por la memoria
• Casa de la Memoria de Nariño (Pasto, Nariño)
  • 9 al 14 de abril: Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas
• Museo Casa Memoria de Medellín (Medellín, Antioquia)
  • 9 al 14 de abril: Proyecto Territorios: siempre miércoles a las doce
• Minga por la Memoria y Mesa de Acceso a la Justicia, Víctimas, Protección y Memoria del movimiento de Paro Cívico (Buenaventura, Valle del Cauca)
  • 12 al 14 de abril: Jornada de solidaridad con las víctimas de Buenaventura y apropiación del Centro de Memoria Histórica del Litoral del Pacífico
• Parchemos por Yacopí (Yacopí, Cundinamarca)
  • 14 de abril: Insistir y resistir para convivir
• Casa Museo «Simankongo» (San Basilio de Palenque, Bolívar)
  • 15 de abril: Saberes y memorias de Palenque: una apuesta de la Casa Museo «Simankongo».

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Fotografía de archivo del Colectivo de Memoria de la Universidad del Tolima

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2 abril 2023

• En Puerto Saldaña hay un conjunto de personas que tienen una labor particular: su misión es sembrar memoria en las y los habitantes de la comunidad una memoria que tiene una carga genética ancestral, que ha vivido la desigualdad social, la ausencia de Estado, la guerra, pero también la esperanza.

Tras los episodios de violencia del 5 de abril de 2000, con el primer intento de la guerrilla de las FARC-EP por apoderarse del control del corregimiento y el casco urbano de Puerto Saldaña, en Tolima, la familia de Luan Méndez y otros 400 desplazados salieron deprisa y con pocos enseres y mudas rumbo a otros territorios del país que los albergaron un tiempo discreto, según el portal Hacemos Memoria. En el caso de Luan y los suyos, partieron a Ibagué.

Muchos años después, y como una especie de destino manifiesto en su historia, Luan ingresó a la Universidad del Tolima a estudiar la carrera de Comunicación Social en donde conformó, junto a Manuela Bolívar, su compañera de clases y Arlovich Correa, docente de la institución, el Colectivo de Memoria de la Universidad del Tolima. Eran tiempos en que los recuerdos lo incitaban a retornar a Puerto Saldaña, y, con el paso de los días, encontró un catalizador que le permitió regresar: entender qué pasó, investigar la memoria en su territorio tras los hechos de violencia y sanar la desolación. Manuela, Arlovich y otros compañeros lo posibilitaron, y la idea inició su ejecución para el regreso.

Este equipo universitario pasó más de cuatro años en la comunidad de Puerto Saldaña conociendo a las y los habitantes y presenciando el regreso de personas, de niños y niñas que estaban modificando las calles. Los palos y las maderas de las casas abandonadas se asomaban de nuevo. Al mismo tiempo, se sumergieron en las remembranzas de quienes vivieron los múltiples hechos de violencia. Desmenuzaron las memorias de los abuelos y descubrieron «una guerra heredada», incrustada en la genética de generaciones, arraigada en la desigualdad de ese pueblo y sus alrededores.

Así fue como encontraron a los productores de memoria, personas que no olvidaron y que hicieron de sus cuerpos el hábitat de los recuerdos. Lo recordaron y contaron todo y se ofrecieron a hacerlo en colectivo, a negarse a regresar al silencio. Fueron ellos y ellas quienes instaron a Luan y sus compañeros a crear el Festival de la Memoria, un espacio que recuperará la esencia de Puerto Saldaña, las tradiciones, el baile y las celebraciones que apagaron la guerra.

La comunidad se puso en marcha para no olvidar. El Festival sería el escenario para enseñar el documental sobre el retorno que realizó la productora de memoria, Luz Divia Javela. Sin embargo, en el subsuelo de esta iniciativa, los diálogos intergeneracionales, las preguntas sobre las responsabilidades en los hechos victimizantes, las posibilidades sobre fortalecer al territorio en medio del dolor y la esperanza por construir un escenario distinto eran el objetivo. Del 26 al 28 de abril de 2019 se celebró el Primer Festival de las Memorias para la Paz. Los resultados fueron tan importantes que se pactó continuar con este proyecto los próximos años.

La segunda edición se celebró del 19 al 21 de agosto de 2022 con muy buena acogida. Era evidente que cada edición fortalecía el tejido de la comunidad. Manuela, Luan y Arlovich acompañan esa apuesta con una ilusión más grande, construir la casa por la memoria en Puerto Saldaña, y hacer que, el ejercicio en torno al tejido de la memoria sea comunitario y esté impulsado por las y los habitantes. Y, de esta forma, continuar en un camino por la exigencia de la reparación y la garantía para la no repetición.

Este 2023 será el tercer año del Festival Memoria para la Paz en Puerto Saldaña, Tolima. El Colectivo de Memoria, augura que, para mediados de agosto, este evento regrese con el logro más grande que les ha dejado: la memoria retornó a la tierra en donde espera germinar.

La violencia que entró al pueblo

El conflicto armado ha estado presente en Puerto Saldaña desde las guerras bipartidistas. Este corregimiento, ubicado en el municipio de Rioblanco, en el departamento de Tolima, ha atestiguado, desde ese entonces, múltiples vulneraciones a los derechos humanos que dieron paso a uno de los capítulos más violentos del relato de este territorio: la masacre de Puerto Saldaña, cometida en abril de 2000.

Luan Méndez tenía cinco años cuando se desencadenaron los hechos. Puerto Saldaña, para ese momento, era un espacio conquistado por el Bloque Tolima, de las Autodefensas Unidas de Colombia, que actuaba en alianza con el Ejército colombiano. Según el informe del CNMH De los grupos precursores al Bloque Tolima (AUC), publicado en 2017, este pacto era más que claro: “distintas fuentes evidencian que en las zonas de injerencia de la organización paramilitar hubo vínculos de colaboración u omisión que contribuyeron al despliegue y accionar del Bloque. La Fuerza Pública conocía la presencia y las acciones del grupo paramilitar, inclusive los homicidios cometidos en algunas zonas”.

Como parte de los hechos de esa época, este lugar era un corredor importante para la expansión y control territorial que, además, quería ser ocupado por las FARC-EP. Es así como, entre el 1 y el 5 de abril del 2000, la guerrilla de las FARC-EP hizo un primer intento de toma del corregimiento que fue combatido tanto por el Ejército como por el grupo paramilitar. El casco urbano fue la zona más afectada. El 25 de abril, la guerrilla de las FARC-EP regresa, esta vez toma acciones desde la ruralidad hasta lograr su cometido. Esto les permitió ocupar la comunidad por 17 años hasta que los propios habitantes regresaron a la tierra.

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31 marzo 2023

• En el Día de la Visibilidad Trans, compartimos el perfil de esta lideresa barranquillera, quien trabaja a diario por lograr que la política pública para la población LGTBIQ+ pase del papel a la acción.

Apenas termina de cepillar y planchar el cabello, Jessica, en el sopor de ese mediodía de viernes en Barranquilla, se abanica con las manos, se voltea y dice: «Yo estudié Cosmetología, pero no he podido ejercer. En las estéticas solo quieren mujeres».

Jessica Montes Mizar se siente mujer. Es una mujer que ha decidido serlo, aunque los rasgos femeninos no sean evidentes en su cuerpo. Llegar a ser mujer, cuando se ha nacido hombre, duele, y mucho. Como repetirá Jessica, una y otra vez, a lo largo de una conversación de dos horas: «es difícil».

Hay palabras que ella pronuncia insistentemente, las que no suelta, a las que debe volver para mostrar y demostrar por qué, pese a que la visibilidad de la comunidad trans y LBGTIQ+ haya aumentado en los últimos años, es necesario seguir insistiendo no solo en la visibilidad, sino en su representatividad, política pública, discriminación, violencia, orientación sexual, rechazo, homofobia, transfobia, sensibilización… Este repertorio conforma un universo del que se pueden extraer ideas generales con solo leer esas palabras en un par de líneas.

Son ideas generales solamente porque, para las particulares, habrá que escuchar sus historias. Por ejemplo, desde que era estudiante en el instituto INEM Miguel Antonio Caro, en el municipio Soledad, Jessica trató de esconder su orientación sexual. «Se fue dando también la identidad de género y también la escondía, la ocultaba, pero saqué el valor y la fuerza para sacarla. Todavía estoy en construcción de mi tránsito».

No ha sido un camino recto, ni siquiera en zigzag, sino más bien uno cuesta arriba que, de vez en cuando, parece devolverla a cuando todo comenzó, sobre sus 18 años. Con la mayoría de edad, y luego de graduarse del colegio, empezó su transición: «a dejarme crecer el cabello, a comprar hormonas y hacer mi cambio corporal, pero entré al SENA a estudiar Mesa y Bar y me tocó nuevamente dejar el proceso de mi cambio a un lado por el mismo tema de discriminación y de rechazo».

Vinieron los trabajos en cadenas hoteleras y reconocidos restaurantes, donde le decían que no podía tener el cabello largo. «Después de eso ya me cansé y decidí dejar de buscar empleo en empresas, no me querían contratar. Yo decido hacer mi tránsito como debe ser y hacer el proceso completo, y aprender la peluquería para tener algo de qué sobrevivir».

Fue en 2014 cuando aprendió, con un amigo, a entender el cabello, su cuidado, tiempo de masajes y cepillados, pero como independiente, a sus tiempos. Nada de amarrarse a una peluquería a cumplir horarios y dividir porcentajes, a menos que sea la suya, así lo sueña.

Jessica se imagina en su peluquería propia, donde pueda también montar la estética que por ahora han restringido para ella los negocios convencionales, pues no le está permitido hacer masajes corporales. Pero esto fue lo que aprendió a hacer, lo que puede hacer y lo que sabe hacer.

Un vaivén que revela las grietas del sistema

El vaivén de su tránsito hacia la feminización tuvo una nueva oportunidad en 2017, pero también una nueva talanquera. «El tratamiento hormonal que gestioné en 2017 no me lo negaron [la EPS], pero no sirvió, nunca vi resultados, no vi cambios de nada. Pedí cambio de tratamiento y no me lo quisieron dar porque el médico lo que hizo fue meterme el terror, que se me dañaba el potasio, el hígado, y decidí suspender el tratamiento». La homofobia del endocrino, su incumbencia en la vida privada de Jessica y la promoción de la Biblia, como palabra opuesta a sus deseos, también cargaron de violencia un proceso que ya era lento y complejo. «Es difícil», vuelve a decir.

En general, para Jessica, el sistema de salud colombiano es agresivo para las personas LGBTIQ+, especialmente para las trans, porque «entre más visibilidad hay, más discriminación». La diferencia cuesta. «El proceso es bastante cruel porque el personal de salud no trata con la identidad de género, como tú te identificas, no están capacitados. Y eso pasa en todas partes».

Esa es una de las razones por las que Jessica vuelve cada vez a la conversación sobre la política pública nacional. «Sí existe una política pública nacional, pero no estaba tan activada como en el gobierno de Petro, que fue el que la activó. Lo que se está haciendo en la Alcaldía de Barranquilla es un diagnóstico de las problemáticas que tiene la población LBGTIQ+, pero está chueco porque no tienen presupuesto y lo hace la Oficina de la Mujer». Jessica indica que contratar a líderes y lideresas de la comunidad habría hecho la diferencia, a lo que agrega que, «en el departamento [del Atlántico], sí hay una política, hay un enlace, pero no es mucho lo que se ha hecho en empleo, educación, salud».

Ella se hace muchas preguntas: ¿cuántos proyectos productivos de emprendimientos se han hecho para que tengan sus propios negocios?, ¿cuántas personas trans han logrado tener un proceso de hormonización en las EPS?, ¿cuántas personas LGBTIQ+ se han contratado en el sector público y privado? Casi todas, o todas, tienen respuestas insuficientes.

Todavía faltan interrogantes, como ¿qué pasa en los colegios y universidades con personas de género diverso, con personas trans? Puede sonar a un lugar común, pero «no hay campañas educativas en las comunidades, en los colegios, donde se eduque a la sociedad en general sobre la identidad de género, orientación sexual, homofobia, transfobia. La ley antidiscriminación parece que no se aplica. Hace falta todavía bastante por hacer».

El miedo a lo diverso

Cuando Jessica comenzó a vestirse de forma femenina, su hermano la echó de la casa. Se fue a vivir con una amiga, mientras su mamá allanó el camino para volver. La imagen de ella transfigurada, luego de haber nacido como hombre, chocó también con tíos y primos, con amigos.

El escenario más hostil para una persona trans en Colombia suele ser la calle, sobre todo si es una persona trans que ejerce la prostitución, como Jessica. «Una vivencia fuerte son las agresiones físicas y verbales de parte de algunos agentes de la Policía, me retiran de los espacios públicos de una manera agresiva, violenta, intimidante». Estas situaciones la han llevado a acudir a entidades de investigación: «puse diez denuncias por la misma escena. Dos denuncias tuvieron que ver con agresiones físicas. Fui a la Fiscalía, pero, por el temor que me daba que me hicieran daño o represalias, tuve que dejar el proceso».

Los prejuicios enquistados sobre lo diverso, sobre aquel o aquella que no luce de acuerdo con los estándares normativos, empujan a conductas violentas que vulneran los derechos humanos de estas personas y la posibilidad de alcanzar sociedades más justas y equitativas, sociedades que vivan en paz. Así lo señala Jessica.

Las trabajadoras sexuales trans son estigmatizadas, tienen un sello de que son malandras, malas personas, la basura social, porque ahí es donde la sociedad las ha puesto a ellas, ahí es donde nos han puesto por la discriminación, la homofobia. La misma sociedad se ha encargado, por la falta de oportunidades, de ponernos ahí. Tiene uno que sobrevivir.

Su mamá no sabe que aún ejerce la prostitución, Jessica lo esconde para no indisponerla. Lo hace y lo seguirá haciendo para que los ingresos le alcancen para compartir la vida con ella.

Un camino por recorrer

Si la ruta hacia la feminización ha sido cuesta arriba, la que ha llevado a Jessica Mizar a convertirse en activista trans ha sido más amena de recorrer. Como integrante de la Mesa LGBTIQ+ del Atlántico, a la que entró en 2010, llegó a Caribe Afirmativo. Es una corporación que ha ganado reconocimiento gracias a su constante búsqueda y logros por la defensa de los derechos de la diversidad sexual, expresiones e identidades de género diversas en Colombia.

Aprendiendo de derechos humanos en capacitaciones y talleres, Jessica se fue transformando en activista. Hace parte de la colectiva Faisanes de colores, que capacita en diferentes temas a la comunidad trans y no binaria. Creó la sociedad civil Renacer, con la que actualmente adelanta cursos de maquillaje gracias a otras fundaciones. Dice que su afición es abrir puertas y buscar más oportunidades para su comunidad. Sabe que «cuando se da el cambio, se cierran más puertas y oportunidades. Hay más rechazo».

Con la apertura del Ministerio de la Igualdad, Jessica tiene nuevas expectativas. Considera que el matrimonio igualitario y la adopción de parejas del mismo sexo son avances significativos, «pero todavía hace falta mucho más por lograr, y esperamos que, con este Gobierno nuevo, que sí está a favor de la población LGBTIQ+, puedan venir grandes cambios». La inserción total en la sociedad, sin prejuicios, es el mayor reto.

—Jessica, ¿por qué elegiste ese nombre?

—Por una presentadora que se llama Jessica Cediel. Me llamó la atención ese nombre, estoy en el proceso de cambiarme mi nombre, de pronto este año lo haga, porque uno tiene que realmente hacer el cambio en todo, según cómo uno se siente.

El cambio de nombre implica más que un trámite en la Registraduría: significa que Jessica debe ir a cada lugar donde estudió, a cada empresa donde trabajó, a cada EPS, a pedir nuevos certificados con el nombre que eligió. Ya lo decía ella: la visibilidad cuesta. «Es difícil».

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30 marzo 2023

• En el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero repasamos los principales impactos del conflicto armado en esta población y hacemos un llamado a seguir reconstruyendo sus memorias de dolor y resistencia.

Conocer lo que las personas trans han vivido en el marco de la guerra no ha sido fácil. A pesar de los esfuerzos sociales e institucionales por reconstruir sus memorias, aún existe una deuda muy grande con la comprensión de las violencias que se han perpetrado en su contra, pero también de las resistencias que ellas, desde los espacios más íntimos hasta los colectivos, han agenciado para afrontar la crueldad.

Como lo señalan el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en su informe Aniquilar la diferencia, y la Comisión de la Verdad (CEV) en su informe Mi cuerpo dice la verdad, diferentes razones explican esta dificultad. El alto subregistro de las víctimas trans, su reticencia a contar y denunciar lo que les ha ocurrido por miedo a ser revictimizadas, la desconfianza institucional causada por la falta de formación, los prejuicios con los que funcionarios atienden sus casos de violencia y la tolerancia de la sociedad con los maltratos perpetrados hacia a ellas son, entre otros, los factores que explican el silencio que prevalece sobre las memorias trans del conflicto.

Pese a esto, muchas personas trans han decidido hacer públicas sus historias de dolor y afrontamiento. Gracias a su valentía, hoy sabemos un poco más sobre las particulares formas en que la guerra ha atravesado y determinado sus vidas.

¿Cómo impacta el conflicto armado a las personas trans?

1. Los impactos son diferenciados

Las violaciones a los derechos humanos padecidos por las personas trans en la guerra prolongan y acentúan las violencias que viven en sus comunidades, familias, barrios, escuelas y otros espacios en los que ellas son especialmente vulnerables. Además, el conflicto armado profundiza las situaciones de marginalidad social, exclusión política y empobrecimiento a las que están comúnmente expuestas.

En el capítulo Mi cuerpo dice la verdad de la CEV se explica que las vejaciones contra las personas LGBTIQ+ y, en particular, contra las personas trans «causan afectaciones diferenciadas, pues se agudizan por el continuum de violencias que ellas experimentan a lo largo de sus vidas».

2. La anulación de la identidad: el gran impacto psicosocial

En el informe Entre silencios y palabras. Conflicto armado, construcción de paz y diversidad sexual y de género en Colombia, la Asociación Caribe Afirmativo explica que uno de los grandes impactos de la guerra en las personas trans se relaciona con la anulación de la propia identidad.

Cuando la construcción identitaria no corresponde con los marcos morales establecidos por la sociedad y los grupos armados —dice Caribe Afirmativo—, «la visibilización de una expresión de género diversa acarrea un señalamiento que los grupos armados persiguen de manera atroz y sistemática, lo que presiona a las personas LGBT, y en particular a la población trans, a ocultar su identidad y a mantener una apariencia en coherencia con los estereotipos de género tradicionales». Esto obstaculiza la construcción autónoma de los cuerpos, detiene los procesos de tránsito e impide que las personas trans puedan habitar de una forma auténtica y genuina sus territorios.

La anulación de la identidad en contextos de conflicto acentuó y volvió crónicos los miedos de las personas trans y ocasionó en ellas graves problemas de salud física y mental que, dadas las discriminaciones del sistema de salud y la falta de apoyo psicosocial, vivieron en medio de profundas soledades.

3. Cuerpos violentados: agresiones físicas e impactos sobre la salud sexual

Víctimas y sobrevivientes trans han relatado que los actores del conflicto armado violentaron partes de sus cuerpos que han sido significativas para sus construcciones de género y sexualidades. Dentro de estas resaltan sus rostros, caderas, senos, cabello, uñas y glúteos. Con esto, las personas decidieron aplazar o desistir de su decisión de intervenir sus cuerpos para adelantar sus tránsitos, «de ahí que la afectación física tenga un significado diferencial sobre la construcción identitaria de las víctimas que no pudieron seguir expresando su corporalidad como deseaban hacerlo», señala el informe de la CEV.

A esto se suman las violencias sexuales que las personas trans sufrieron varias veces en sus vidas y que los actores armados perpetraron como actos simbólicos y ejemplarizantes. Es decir, como una estrategia calculada para «limpiar» los territorios de una presencia que les resultaba incómoda o para «corregir» esas opciones de vida que consideraban contrarias al deber ser.

Las consecuencias de las violencias sexuales fueron numerosas: maternidades y paternidades forzadas, contagio de enfermedades de transmisión sexual, marcas físicas y heridas emocionales que la institucionalidad casi nunca estuvo dispuesta a escuchar, acompañar o atender.

4. Impactos socioeconómicos

Uno de los tipos de violencia más recurrentes contra las personas trans fue el desplazamiento forzado. Si en sus territorios la vida para ellas ya era difícil, en el desplazamiento empeoró. En el destierro, que generalmente se dio hacia las grandes ciudades, fue mucho más difícil acceder a una vivienda, a la educación, a la salud y a condiciones de trabajo dignas. «Estos desplazamientos forzados causados orillaron a las personas trans a vivir del trabajo informal, a adaptarse a contextos hostiles de grandes ciudades y a ejercer como trabajadoras sexuales en medio de la desprotección, nuevos riesgos y la estigmatización», dice Caribe Afirmativo.

La Comisión de la Verdad explica que los impactos sobre la educación, la salud, el trabajo y la vivienda de las personas trans deben analizarse en el contexto de violencia estructural contra las personas LGBTIQ+, pues las condiciones de precarización ya existían desde antes de la guerra.

5. Procesos comunitarios rotos y otros impactos sociopolíticos

Otra de las fracturas que ocasionó la guerra en las personas trans fue la de sus procesos de organización social y comunitaria. El miedo y las angustias provocadas por las amenazas contra sus vidas, en muchas ocasiones, se tradujeron en la imposibilidad de juntarse o de darle continuidad a proyectos organizativos a través de los cuales ellas no solo propendían por su bienestar, sino por el de sus comunidades. Dice el informe final de la CEV que, al negarles la posibilidad de reunirse y asociarse para incidir en sus territorios, crecieron las brechas entre las personas LGBTIQ+ (particularmente las trans) y las comunidades con las que convivían.

6. Una sociedad «cómplice» y «alentadora» de las violencias

Estas y otras violencias contra las personas trans, en el conflicto armado, han ocurrido frente a los ojos de una sociedad que muchas veces las ha legitimado, justificado e incluso motivado.

«Lo que señalan las víctimas es que la sociedad civil ha agenciado las violaciones de los derechos humanos que han padecido en estos contextos, apoyándose en muchos casos en quienes portan las armas para que sean los actores materiales», dice el informe Aniquilar la diferencia del CNMH.

Para que estos eventos vividos por la población trans no vuelvan a ocurrir, no basta con ponerle fin al conflicto armado, también es necesario avanzar en las transformaciones sociales y éticas necesarias para que, desde la sociedad civil y las instituciones del Estado, no se vuelvan a promover las prácticas del odio y discriminación que sostienen la marginación y la guerra en contra de las personas que se apartan de las normas de género y la sexualidad.

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23 marzo 2023

• El 23 de marzo de 1997, un grupo de campesinos y campesinas del Urabá antioqueño se comprometió con un proyecto de vida común orientado por quince principios de convivencia. Entre ellos, se destaca su decisión de no participar en la guerra. 

• A pesar de las violencias que han intentado exterminar este proceso, desde el momento de su fundación, la comunidad se mantiene firme en su lucha por la defensa de la tierra.

Entre el 18 y el 22 de febrero de este año, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó hizo un «recorrido por la vida» en diferentes lugares del corregimiento de San José. Acompañados por personas de distintas partes del mundo, caminaron por La Unión, El Porvenir, La Esperanza, Playa Larga, La Resbalosa, Mulatos, Buenos Aires y otras veredas. Conmemoraron hechos tan dolorosos como el de la masacre del 21 de febrero de 2005 en la que militares y paramilitares asesinaron a ocho personas, entre ellas un niño de dieciocho meses.

Además de recordar los hechos más crueles que han padecido y de honrar la memoria de los campesinos asesinados, los participantes del recorrido pudieron constatar dos hechos preocupantes: por un lado, se percataron de que paramilitares siguen controlando «abiertamente» diferentes zonas de su territorio y, por otro, encontraron la construcción de carreteras ilegales en predios que le pertenecen a la Comunidad de Paz, lo que —afirman— ha puesto en riesgo sus derechos a la tranquilidad, la autonomía y la propiedad privada.

«No paran los anuncios de exterminio», así se titula la  crónica en la que la comunidad denuncia estos y otros hechos conocidos durante su travesía. Además, supieron que paramilitares serían los responsables de una reciente serie de secuestros de campesinos, de la circulación de panfletos con amenazas a la población civil, de ingresar a viviendas y merodear alrededor de ellas, entre otras acciones que amedrentan a los y las campesinas de la región.

Estos sucesos, conocidos y denunciados en febrero de este año, son los más recientes de una larga historia de atropellos contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que cumple 26 años en resistencia civil a todo tipo de violencia política y armada, especialmente a la perpetrada por el Estado y el paramilitarismo en el Urabá antioqueño.

Una comunidad de paz

El 23 de marzo de 1997, un grupo de campesinos y campesinas del corregimiento de San José, municipio de San José de Apartadó (Antioquia), constituyó esta comunidad y se comprometió a no participar en la guerra, a no colaborar con ningún actor armado de ninguna tendencia, a no participar de los cultivos de uso ilícito y a vivir conforme a un proyecto de vida común basado en quince principios de convivencia. Entre ellos se destacan el respeto a la pluralidad, la solidaridad, el diálogo transparente, la libertad, la resistencia, la justicia y la alternatividad.

Desde su constitución, la Comunidad de Paz ha sido blanco de todo tipo de violencias que han intentado debilitar, frenar y exterminar este proceso campesino de resistencia civil y defensa de la tierra. Esto ha permitido que los y las integrantes de la comunidad padezcan desapariciones y desplazamientos forzados, torturas, violencias sexuales, montajes judiciales, espionajes, cercos de hambre, privaciones arbitrarias e ilegales de la libertad, difamaciones y calumnias, saqueos de viviendas, incineraciones de cultivos y casas, bombardeos, amenazas de exterminio colectivo, dominio territorial de forma permanente por parte del paramilitarismo, entre muchas otras violencias que se suman a la desprotección por parte de las instituciones judiciales y a la impunidad en la que permanecen muchos de los responsables.

A pesar de esto, la Comunidad de Paz ha mantenido su compromiso con los principios de vida y convivencia que orientan la cotidianidad de sus integrantes, quienes siguen caminando por el rumbo de la paz y la resistencia civil para hacer frente a las violencias que persisten en sus territorios.

Después del recorrido por las veredas el pasado febrero, la comunidad escribió que tuvo «conocimiento de la tregua de 30 días que han declarado los paramilitares en la región, afirmando que, una vez se cumpla dicho plazo, van a actuar con las acciones bélicas contra la población civil». Hoy, como siempre, la Comunidad de Paz y sus integrantes corren riesgo y siguen exigiendo que el Estado —el cual les ha violentado por tantas acciones y omisiones—  garantice sus vidas, su integridad y todos sus derechos.

Mientras exigen, luchan y se movilizan, los y las campesinas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó siguen enalteciendo y materializando en sus cotidianidades uno de sus principios de convivencia fundamentales: el de «ser distintos a ellos», es decir, distintos a los violentos; no responder a sus violencias con más violencias e insistir en que la unidad, la organización y el trabajo comunitario son las mejores herramientas para defender sus tierras.

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17 marzo 2023

• Hace 17 años, un grupo de familias campesinas regresó a zona rural de El Castillo (Meta), de donde fueron desplazadas por la violencia militar y paramilitar. Hoy, desde la zona humanitaria de Puerto Esperanza, siguen luchando por el pleno reconocimiento y garantía de sus derechos. 

Las comunidades de El Castillo, Meta, jamás planearon su salida de los territorios que, durante décadas, habían habitado, trabajado, construido y defendido de los intereses de quienes quisieron imponerles la guerra y el desarraigo. Lo que sí tuvieron que planear, meticulosa y pacientemente, fue su regreso.

Nunca nadie está preparado para el destierro y el campesinado de la región del Alto Ariari, donde se ubica El Castillo, no fue la excepción. Ocurrió en 2002. Los diálogos de paz del Caguán se habían roto en enero de ese año. Con la ruptura, se incrementaron las acciones militares en los municipios que hicieron parte de la Zona de Distensión, pero también en los territorios vecinos, donde se puso en marcha la operación «Conquista» que —como lo documentó el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), en su libro Ariari: memoria y resistencia (cronología de la agresión 2002-2008)— fue desarrollada por «unidades militares pertenecientes a la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra), la Fuerza Aérea Colombiana y tropas de los batallones 21 Vargas y Albán, de la Brigada 7, con la participación de ‘civiles’ armados de la estrategia paramilitar».

El Castillo fue blanco de esta y otras acciones militares con las que el Estado pretendía «retomar» la Zona de Despeje y sus zonas aledañas. Los operativos afectaron, sobre todo, a los pobladores civiles de la región, quienes fueron señalados de ser parte de las estructuras de la guerrilla de las FARC-EP. La estigmatización se tradujo en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones a los derechos humanos de la población campesina de esta región que, en las décadas de 1980 y 1990, ya había padecido con especial rigor el genocidio de la Unión Patriótica y el despliegue de una estrategia paramilitar que, en aquiescencia con agentes del Estado, logró avanzar en varios intentos de despojo de tierras.

Luego vino la implementación de la política de Seguridad Democrática y la puesta en marcha del Plan Colombia y el Plan Patriota. La persecución y los atropellos contra el campesinado de El Castillo se agudizaron. La presencia militar y paramilitar permeó la cotidianidad de la vida del casco urbano y de las veredas de la parte alta del municipio. Así lo relató el Cinep en su libro Ariari: memoria y resistencia (cronología de la agresión 2002-2008):

En la práctica, estas llamadas operaciones contrainsurgentes se tradujeron en un control militar, social y económico sobre la población, a través de estrategias de tipo regular e irregular con la participación de «civiles» armados (paramilitares), quienes ejercieron acciones contra la población como torturas, desapariciones forzadas, asesinatos, amenazas, detenciones arbitrarias, saqueos de bienes, robo de ganado, ametrallamientos, destrucción de bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, restricciones a la libre movilización y al ingreso de alimentos, y el anuncio constante de la llegada a la región de «Los Mochacabezas».

Todo esto produjo terror en los pobladores, quienes empezaron a desplazarse a veredas y caseríos cercanos en búsqueda de refugio. En agosto de 2002, la presencia y el despliegue militar y paramilitar se incrementaron. Habitar y trabajar en las fincas se hizo imposible y la huida a veredas cercanas dejó de ser una opción. Fue entonces cuando cientos de familias se desplazaron forzosamente a Villavicencio, Bogotá y otras regiones del país. «Quedarse significaba morirse», dice Mariela Rodríguez, lideresa campesina de la región.

Con el desplazamiento masivo, las tierras campesinas quedaron abandonadas y, de nuevo, empezaron a ser apropiadas de manera indebida, ocupadas ilegalmente y usadas para actividades como la ganadería extensiva y los estudios petroleros. En diciembre de 2005, Víctor Carranza Niño, comúnmente llamado «el zar de las esmeraldas» e investigado por sus vínculos con el paramilitarismo, le hizo una oferta pública al pueblo: «quiero comprar fincas en la vereda La Esmeralda, quiero explotar las minas de esmeralda que hay por acá, tener tierra en esta región», dijo Carranza durante las fiestas decembrinas de El Castillo, según el libro del Cinep.

El sueño del regreso

En el conflicto armado colombiano, el desarraigo forzado es un patrón que se repite y propicia el despojo y la transformación del uso y la propiedad de la tierra. Las comunidades campesinas que fueron desplazadas sabían que corrían el riesgo de perder sus territorios y que la mejor manera de evitar que esto sucediera era volver. Así que decidieron organizarse y planear su regreso.

Los campesinos y campesinas de El Castillo y la región del Ariari tienen una larga tradición organizativa. Impulsadas por esa costumbre y por la potencia de su resistencia, un grupo de familias desplazadas asentadas en barrios populares de Villavicencio empezaron a reunirse para pensar, juntas, en la posibilidad de regresar a un municipio controlado por grupos armados que las quería lejos. Las reuniones fueron dirigidas por el líder campesino y sindical Reinaldo Perdomo Hitey, y acompañadas por la Misión Claretiana de Medellín del Ariari y la Comisión de Justicia y Paz.

Inspirados por los procesos de resistencia de las comunidades del Bajo Atrato, en el Pacífico colombiano, los y las campesinas desplazadas del Alto Ariari decidieron fundar una zona humanitaria. Es decir, un espacio para desarrollar proyectos de vida alternativos, basados en un principio de autodeterminación como pueblo campesino, que establece un modelo propio de salud, educación, participación ciudadana y cuidado de la naturaleza.

El sueño se fue construyendo poco a poco, en medio de la incertidumbre y como respuesta a la única salida que les planteaba el Gobierno: quedarse como desplazados, en las ciudades, recibiendo ayudas humanitarias, pero fuera de sus tierras. El proyecto del regreso le costó la vida a Reinaldo. Su asesinato, perpetrado el 12 de agosto de 2003, en Villavicencio, causó miedo, pero no detuvo el proceso de organización para volver al Alto Ariari, que se materializó en la fundación de la Comunidad Civil de Vida y Paz (Civipaz).

Era urgente regresar. El proyecto despojador avanzaba sobre las tierras y los territorios abandonados, y el Gobierno nacional no hacía mucho para detenerlo. En ese escenario, «el regreso a la región se planteó como posibilidad real de recuperar la tierra y, en ella, la vida con dignidad que se les niega a los desplazados en la ciudad», explica Mariela Rodríguez, lideresa campesina y cofundadora de Civipaz. «Al recuperar la tierra, se quería recuperar todo un proyecto de vida».

El regreso tuvo lugar el 18 de marzo de 2006. Ese día, 27 familias volvieron definitivamente y se instalaron en la nueva Zona Humanitaria, ubicada en el corregimiento de Puerto Esperanza. Mariela Rodríguez explica que se le dice «regreso» y no «retorno» porque fue pensado, gestionado, liderado y materializado por los y las campesinas. «Se hubiera llamado “retorno” si el Estado nos hubiera acompañado eficazmente y nos hubiera ofrecido todas las garantías para volvernos a asentar aquí», señala la lideresa.

Con el tiempo, más familias regresaron. En 2008, habían vuelto 450. Otras decidieron permanecer en las ciudades, donde, a pesar de las dificultades que impone el desarraigo, intentaron permanecer juntas y organizadas.

Reconstruir la vida en El Castillo no fue fácil. La falta de voluntad política e institucional de los gobiernos, sumada a la persistencia de la guerra y el asedio de grupos armados al campesinado, obligó a las comunidades a redoblar sus esfuerzos organizativos para «auto propiciarse» una vida en dignidad. Con el tiempo Civipaz logró el reconocimiento de la Zona Humanitaria como un lugar exclusivo para la población civil y como un referente de resistencia y protección del territorio. Desde allí, los y las integrantes de Civipaz han vuelto a trabajar en sus fincas y a crear un modelo de vida basado en diez principios: verdad, justicia, solidaridad, comunidad, trabajo, esperanza, libertad, dignidad, organización y responsabilidad.

Diecisiete años después de su regreso y desde su «decálogo de vida», Civipaz sigue apostando a su permanencia en el territorio y a la lucha diaria por un campo para los y las campesinas, en el que sus vidas no solo sean posibles, sino dignas, respetadas y reconocidas.