Noticia

Autor

Juan Camilo Gallego Castro

Fotografía

Juan Camilo Gallego Castro

Publicado

20 Nov 2018

Desde los ochenta Uriel Darío de la Ossa lideró una asociación de administradores de empresas bananeras, a la cual le asesinaron 217 miembros en tres décadas. En 2016 la Unidad de Víctimas los reconoció como sujeto de reparación colectiva. Su archivo es uno de los 2043 que hacen parte del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos (READH), identificados por el CNMH en los últimos cuatro años.

Juan Camilo Gallego Castro

En la oficina de Uriel Darío de la Ossa, de 84 años, hay un par de escaparates con carpetas arrumadas. Lo que hay ahí es información de la Asociación de Administradores y Empleados de Empresas Bananeras de Urabá (Asafibu). Él es un sobreviviente, la asociación es una sobreviviente.

Uriel nació en San Marcos, Sucre, a los 21 años se fue a trabajar la ganadería en el Bajo Cauca, y en 1981 se fue para Turbo, Urabá antioqueño. “Acá lo que da la plata es el banano”, le dijeron. Y si bien no sabía del negocio le ofrecieron dos fincas para administrar.

Al poco tiempo conoció los sindicatos de trabajadores Sintragro y Sintrabanano. El 13 de febrero de 1987, junto a 87 administradores, gerentes y dueños de empresas bananeras crearon Asafibu ante los constantes asesinatos selectivos de empleados y administradores a manos de las guerrillas. Entre otras razones, para velar por el bienestar del gremio y sus familias, así como para gestionar capacitaciones y formular proyectos. “Creamos la Asociación por la violencia que había en esa época, por distraer el problema que teníamos. Hacíamos actividades deportivas, recreativas, buscando entretenerlos. Los trabajadores afiliados llegamos a ser 412. Hoy no hay ni la mitad de fincas de ese tiempo”, dice.

Hubo 217 administradores muertos en Urabá en las últimas tres décadas, asegura Uriel. De acuerdo con el Observatorio de Memoria y Conflicto en esta región del país hubo 7.135 asesinatos selectivos entre 1958 y septiembre de 2018. La mayoría de ellos ocurrieron a partir de los ochenta.

De acuerdo con el libro de Clara Inés García y Clara Inés Siegert “Geografías de la guerra”, entre 1988 y 1991 “Urabá tenía dibujada una clara división territorial bélica […] bajo una lógica político-militar guerrillera. En él se distinguen, de una parte, los territorios de influencia EPL al norte de Urabá (Necoclí, Arboletes, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y norte de Turbo) y en los límites con Córdoba, y de otra parte los territorios de dominio Farc en la parte limítrofe del Chocó y el sur del Urabá antioqueño (sur de Chigorodó, Mutatá y Vigía del Fuerte). El Centro de Urabá, correspondiente al eje bananero, hacía las veces de territorio de confluencia de ambas guerrillas, donde los límites político-militares entre ambas operaban desde un espacio local que distinguía fincas Farc o EPL según la adscripción de los trabajadores a uno u otro sindicato de su influencia (Sintrabanano y Sintagro, respectivamente)”.

A comienzos de los 90 se dio la negociación del gobierno con el EPL, ante esto las FARC copó el territorio. Tras la desmovilización inició “una guerra sucia que involucró a las FARC en alianza con la disidencia del EPL, a los paramilitares y a sectores del EPL reinsertados”, indican en el libro las académicas Clara Inés García y Clara Inés Siegert. De acuerdo con su investigación, a partir de 1992 los grupos paramilitares entraron a disputar el territorio y de esta manera se recrudeció el conflicto.

Uriel no estuvo exento de ese conflicto. En 1983 lo intentaron matar. Fue hasta el campamento del EPL a dar la cara. Se encontró de frente con el hombre que antes quiso asesinarlo. “Necesito hablar con el comandante”, dijo retando a la muerte.

Logró salir con vida ese día.Pero el 5 de septiembre de 1995, las FARC cometieron la masacre de la vereda Bajo del Oso en Apartadó, en donde murieron 24 personas. Uriel no lo soportó y se fue de Urabá, regresó a su San Marcos casi medio siglo después. La asociación dejó de funcionar entre 1996 y 2013. Solo hasta hace cuatro años Uriel volvió a estar al frente. A su regresó a Apartadó actualizaron la personería jurídica, reformaron los estatutos y emprendieron la tarea de reclamar sus derechos vulnerados en el conflicto armado. Hoy tienen 98 administradores y empleadores activos.

Dice Aidé Torres Serna, socia e integrante de la mesa directiva, que en diciembre de 2016 Asafibu fue reconocida por la Unidad de Víctimas como sujeto de reparación colectiva. Sus archivos les ayudó para el reconocimiento, “son muy importantes porque recopilamos información de cada uno de nosotros, de los hechos victimizantes -como extorsión, amenazas, desplazamiento, asesinato-. Cada miembro tiene un historial”, dice.

Aidé se encargó de clasificar este archivo en el que se encuentran recortes de prensa, fotografías, testimonios de los afiliados sobre las victimizaciones que sufrieron en el conflicto; una base de datos con los 217 administradores asesinados, correspondencia con organizaciones e información legal de la Asociación. Este archivo es uno de los 2.043 que la Dirección de Archivo de Derechos Humanos del CNMH ha identificado en el país desde 2015 y fue incluyó en el Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos (READH), un proceso que continúa en todo el país.

Y en el archivo que Uriel y Aidé guardan en los escaparates de su asociación en Apartadó, hay información importante de un grupo de personas que también sufrió el conflicto armado: no solo los trabajadores bananeros, también los gerentes, administradores y propietarios de las fincas.

Publicado en Noticias CNMH