El secuestro ha sido uno de los mecanismos más usados en el país como herramienta de prolongación de la guerra. Esta práctica se empezó a generalizar desde la década del 70 y según datos del Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto (ONMC) entre los años 1970 y 2016 fueron secuestradas 39.281 personas.
En el caso de la Asamblea del Valle, la compleja discusión legal muestra que lo sucedido el 11 de abril de 2002 puede entenderse como “toma de rehenes”, la cual ocurre en el marco del conflicto armado y priva a una persona de su libertad, condicionándola a la satisfacción de exigencias formuladas por la otra parte.
17 personas fueron sacadas de la Asamblea bajo el engaño de una supuesta amenaza de bomba. En el operativo murieron el subintendente Carlos Alberto Cendales, el conductor Walter López y el camarógrafo Héctor Sandoval de la cadena RCN.
Para muchos este era un desastre anunciado. Meses antes los diputados habían manifestado sus inquietudes en materia de seguridad, pues como muchos políticos del país se sentían bajo amenaza ante la advertencia de las FARC de “retener” políticos para lograr un intercambio con sus guerrilleros presos.
Fue así como el 11 de abril inició un doble cautiverio. Por un lado para los 12 diputados que durante 5 años caminaron por Buenaventura y Argelia en el Valle del Cauca; López de Micay y El Tambo en el Cauca y Leyva, El Charco e Iscuandé en Nariño, territorios que durante muchos años estuvieron en disputa de múltiples actores armados.
Por otro lado está el cautiverio emocional de 12 familias que buscaron la liberación de sus seres queridos. En esa época la única forma de comunicarse era con pruebas de supervivencia o mensajes en programas radiales. Tan solo recibieron 7 pruebas de supervivencia y sus sentimientos y cotidianidades los mandaban a través de programas como “Voces del Secuestro” y emisoras como “La Carrilera” y la Cadena Radio Súper.
A pesar de las diferencias políticas, las familias de los diputados se unieron a la lucha de cientos de familiares de secuestrados que buscaron un acercamiento entre el gobierno de Álvaro Uribe y las FARC. Sin embargo, ni el dolor de las familias, ni la diplomacia internacional lograron convencer a las partes de llegar a un acuerdo especial para la liberación de los secuestrados.
La experiencia del secuestro a nivel nacional deshumanizó aún más el conflicto armado colombiano. Para Gonzalo Sánchez, director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), esta modalidad de violencia se convirtió en el signo de la degradación de la guerra. El secuestro de los 12 diputados se constituyó como una de las violaciones más graves al Derecho Internacional Humanitario en el país.
Del secuestro al asesinato
El 23 de junio de 2007, las FARC firmaron un comunicado del Comando Conjunto de Occidente en donde se informó a la opinión pública que el 18 de junio de 2007, 11, de los 12, diputados murieron en un fuego cruzado y que uno, Sigifredo López, sobrevivió. Fue así como desde el 29 de junio empezó la lucha de las familias por recuperar los cuerpos de los diputados. Sin embargo solo hasta el domingo 9 de septiembre sus cuerpos llegaron hasta la ciudad de Cali a través de un protocolo liderado por la Cruz Roja.
Para los familiares de un secuestrado enterarse que este murió en cautiverio es muy difícil. Según la Fundación País Libre “al saber que la persona murió, la sorpresa y la incredulidad invade a los dolientes pues no están preparados para afrontar ese nuevo golpe. Sienten que no es justo que luego de sufrir el horrible proceso del secuestro tengan que enfrentar ahora un momento aún más difícil”.
Para el año 2016, en medio de los diálogos entre el Gobierno y las FARC, Jorge Torres alias ‘Pablo Catatumbo’ habló frente a los familiares de los diputados en un acto temprano de reconocimiento de responsabilidades: “En nombre de las FARC, y de su Delegación de Paz, queremos expresar nuestro más sincero y público reconocimiento de responsabilidad y pedir perdón a las víctimas y familiares de los 11 diputados del Valle del Cauca, los cuales se encontraban retenidos y bajo responsabilidad de nuestra organización […] Sea esta la ocasión para rendir un tributo que honre la verdad y la dignidad de las víctimas, pero que también nos ayude a superar el odio y la venganza como forma de solución a nuestros conflictos”.
Ahora, a pesar de que las familias han asumido el proceso de perdón de forma individual, el acuerdo de paz abre la posibilidad de conocer la verdad sobre los hechos y resolver las preguntas que se acumularon durante los 5 años del cautiverio.
Entre tanto, las familias de los once diputados secuestrados y asesinados por las FARC: Juan Carlos Narváez, Ramiro Echeverry, Jairo Hoyos, Alberto Quintero, Rufino Varela, Nacianceno Orozco, Héctor Fabio Arismendi, Edison Pérez, Francisco Giraldo, Carlos Alberto Barragán y Carlos Alberto Charry, de Sigifredo López, único diputado sobreviviente de los hechos, y también del subintendente Carlos Alberto Cendales, el conductor Walter López y el camarógrafo Héctor Sandoval trabajan en la construcción de sus perfiles biográficos como proceso de memoria.
A través de la narración de sus historias de vida, las familias encuentran la humanidad perdida en medio de la guerra, visibilizan sus duelos y luchas por la vida privada y sus apuestas públicas durante esos años de secuestro. “Con la creación de los perfiles, que se materializarán a través de un informe y una serie documental, también se busca generar empatía con una sociedad que desde la estigmatización y el desconocimiento ha justificado los actos de la guerra. Se espera que los perfiles biográficos no dejen tranquilo al lector, sino que permitan un encuentro con el otro, consigo mismo y con la forma en que la guerra se ha inscrito en su propia biografía”, dice Gloria Restrepo investigadora del CNMH.
