Autor: CNMH

Reconstruir y recordar desde la memoria corporal: guía metodológica

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Reconstruir y recordar desde la memoria corporal: guía metodológica


Esta guía presenta una aproximación a la reconstrucción de la memoria desde una metodología con enfoque participativo que utiliza el cuerpo como lugar esencial de memoria. La metodología que presentamos surge a partir de los talleres que realizamos para el informe “La guerra escondida. Minas Antipersonal y Remanentes Explosivos en Colombia” con sobrevivientes y víctimas indirectas civiles de ocho regiones del país: Antioquia, Arauca, Cauca, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y la región de los Montes de María.

A través de los talleres pudimos reconocer las distintas experiencias y percepciones de las personas participantes en torno a cómo han vivido la guerra y el impacto que ha tenido en sus vidas la victimización por Minas Antipersonal (MAP) o Remanentes Explosivos de Guerra (REG). Además de las narrativas y los relatos verbales, los talleres tuvieron como apuesta la inclusión del cuerpo y el movimiento. El propósito fue reconstruir la memoria, no solo desde una dimensión mental y por tanto racional, sino también desde las sensaciones, impresiones o emociones que permanecen en el cuerpo. El sustento metodológico parte de considerar que no recordamos únicamente desde la mente; el cuerpo entero tiene memoria.


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Derecho a la justicia como garantía de no repetición

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Derecho a la justicia como garantía de no repetición


Un nuevo informe del Centro Nacional de Memoria Histórica ‘El derecho a la justicia como garantía de no repetición’ es una memoria de la relación de las víctimas con la justicia y las falencias del aparato judicial para satisfacer sus derechos.

El informe ilustra, desde el punto de vista de las víctimas, cómo ha sido su experiencia de búsqueda de la justicia y cómo ha operado el sistema judicial para satisfacer su derecho a la justicia. Analiza cómo se han incluido las víctimas en el sistema judicial penal, qué significado han dado a la justicia y si se han sentido satisfechas o no con ella; explora el sentido reparador que tiene o no el proceso penal y la incidencia de los contextos sociopolíticos cambiantes en la satisfacción del derecho a la justicia.

Para hacerlo, combina un repaso detallado a la evolución en los últimos 30 años de las normas judiciales para enfrentar los reclamos de las víctimas y seis relatos en profundidad de casos emblemáticos de la lucha de las víctimas y sus familias por la satisfacción de su derecho a la justicia.

El informe está dividido en dos volúmenes. El primero, ‘Graves violaciones de derechos humanos: luchas sociales y cambios normativos e institucionales 1985 – 2012’, reconstruye la historia de la lucha de los movimientos sociales y de víctimas por la defensa de los derechos humanos y contra la impunidad, la evolución de las normas y regulaciones en Colombia, en esos 30 años, y los contextos cambiantes en los que todo esto tuvo lugar.


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El segundo, ‘Casos de víctimas de violaciones a los derechos humanos en búsqueda de la justicia y de la satisfacción del derecho a la justicia’, reúne con gran detalle los relatos de seis víctimas de distintas violaciones, que exponen las debilidades, los avances y las contradicciones entre las normas y su interpretación y aplicación del acceso de las víctimas a la justicia.


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Memorias de una masacre olvidada

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Memorias de una masacre olvidada


En el año de 1988 Colombia sufrió algunas de las masacres más atroces y recordadas: Honduras y La Negra, Mejor Esquina, Coqui-tos, Segovia… De 19 masacres registradas en 1987, se pasó a 64 en ese 1988. En medio de este mar de sangre se hundió en el olvido la masacre de mineros de la vereda El Topacio del municipio de San Rafael, Antioquia, ocurrida en junio del mismo año. En dicha vereda un grupo de hombres armados que vestían prendas camufla-das llevó a cabo la masacre de 14 mineros. El 20 de junio se hallaron partes de los cuerpos desmembrados, las cuales fueron trasladadas en un helicóptero de la Gobernación de Antioquia para ser deposi-tadas en varios ataúdes en el cementerio de San Rafael, hecho que es recordado con horror por sus habitantes.

En este informe se da cuenta del modo en que esta masacre se in-scribe en el exterminio de la Unión Patriótica, en la estigmatización de los habitantes de las veredas del cañón del río Nare como aux-iliadores de las FARC y en la descripción de los procesos penal y contencioso administrativo contra algunos miembros del Ejército en este hecho. También se consideran las pérdidas y daños sufridos, así como las diversas formas de resistencia contra el olvido y lucha contra la impunidad. 


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La maldita tierra

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La maldita tierra


El departamento de Cesar es uno de los más ricos de Colombia. Pero también es el mejor ejemplo – o quizás el peor – de lo que ha sido la disputa por la tenencia de la tierra en el país. En los últimos 30 años sus habitantes han visto transcurrir varias bonanzas que se han entremezclado con varios ciclos de violencia: la del algodón, la de la marihuana, la ganadería y la que trajo el carbón.

Esta investigación periodística es un relato alrededor de los penosos hechos sobre los que ha girado el conflicto armado en la zona minera de esa región en la que sus habitantes, más que prosperidad y desarrollo, han sufrido todo el rigor de la guerra.

Campesinos, sindicalistas, empresarios, trabajadores, agricultores, líderes, políticos, mujeres y niños, hacen parte de la numerosa lista de víctimas de una guerra que ha tenido de trasfondo el control de miles de hectáreas de las tierras más prósperas que tiene el país. La maldita tierra muestra los momentos clave para entender esa violencia y le da voz a muchos de los protagonistas, testigos y sobrevivientes, como un aporte a la verdad sobre la barbarie que ha padecido la Costa Caribe colombiana.


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La justicia demanda memoria

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La justicia demanda memoria


Este libro surge en respuesta a la orden judicial de reparar simbólicamente a las víctimas que fueron reconocidas por Gian Carlo Gutiérrez Suárez, desmovilizado del Bloque Calima de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), en el marco de la Ley 975, llamada ley de Justicia y Paz. El recurso usado para lograr este propósito fueron los perfiles biográficos de las víctimas mortales, relatos que desmienten falsas acusaciones y repudian los crímenes cometidos por los paramilitares.

Los municipios donde sucedieron las 24 historias consignadas en este libro son El Tambo, Patía, Mercaderes (Cauca), Guadalupe y San José de Isnos (Huila). Los perfiles biográficos dimensionan los rasgos más humanos de aquellos que fueron suprimidos por los paramilitares cuando decidieron simplificar su identidad a ser “colaboradores de la guerrilla”.

Estos perfiles muestran además los impactos por la pérdida repentina y violenta de padres, madres, abuelas e hijos, quienes a su vez eran los agricultores, líderes, conductores, vigilantes, enfermeras del pueblo; en resumen, aquellas personas que permiten que la vida familiar y comunitaria perviva en su cotidianidad.

A través de esta publicación, se revela una vez más cómo en los escenarios más adversos en medio del conflicto armado, la fortaleza de los sobrevivientes se impone al sufrimiento generado por los violentos. Virtud muchas veces alentada por el legado que dejaron quienes fueron asesinados y hoy viven gracias a la valentía del recuerdo de sus familiares.


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Tierras y conflictos rurales

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Tierras y conflictos rurales


Este informe presenta los resultados nacionales del proyecto de investigación del CNMH, Tierras, organización social y territorio. Pone a disposición una exhaustiva información estadística sobre las políticas de tierras del Estado colombiano en el siglo XX y la primera década del XXI, presenta nuevas hipótesis sobre las estructuras agrarias de Colombia en el marco de debates centrales sobre temas agrarios y rurales.

Contiene una síntesis histórica de la legislación de tierras que sirve de marco de referencia a la descripción y análisis de la asignación de tierras del Estado colombiano a particulares y a comunidades étnicas en un extenso periodo que abarca los años de 1900 a 2012. Contiene una reseña histórica de prácticas que vulneran los derechos de propiedad en Colombia. Documenta y describe el abandono y despojo de tierras en relación con el desplazamiento forzado y con el “desplazamiento económico”. También analiza los efectos estadísticos del conflicto armado sobre la producción agraria. Y ofrece un panorama global de los gremios y las organizaciones sociales rurales que permite ver los puntos de tensión y los conflictos rurales que vive actualmente Colombia.

Incluye, también, una serie de observaciones y recomendaciones a las agencias estatales responsables de los temas agrarios y rurales, en materia de información, investigación, legislación y políticas agrarias, para las cuales se tuvo en cuenta el Acuerdo Agrario entre el Gobierno Nacional y las FARC “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral”.


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Granada. Memorias de guerra, resistencia y reconstrucción

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Granada. Memorias de guerra, resistencia y reconstrucción


Granada (Antioquia) es un municipio emblemático de la guerra y de la paz. Desde mediados de los años ochenta fue escenario de una cruenta disputa por el control de un territorio estratégico para la expansión militar, de la puja por la humanización del conflicto armado y la realización de diálogos de paz regional; y del despliegue militar que acompañó la política de Seguridad Democrática. Gracias a estas dinámicas, Granada fue un territorio, casi literalmente, devastado por la guerra. Sin embargo, ¡no sucumbió! y no lo hizo gracias a la capacidad de su gente y sus instituciones, quienes después de sortear la guerra debieron emprender rápidamente un proceso de reconstrucción física y social que hoy tiene como eje el reconocimiento de las víctimas y la memoria colectiva.

Este informe describe a Granada como un caso emblemático de las dinámicas de la guerra y, al mismo tiempo, de resistencia y dignidad. En un contexto en el que en el país se pone en primer plano de la agenda nacional la urgencia de una salida política negociada al conflicto armado, la necesidad de avanzar en caminos de paz y reconciliación y de reivindicar la memoria como un recurso para la verdad, el reconocimiento y la reparación, mirar hacia Granda es profundamente aleccionador.


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Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia

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Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia


Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia pretende señalar las características de la infamia que acompaña al precepto de “desaparecer a un ser humano”, recordar y dignificar a las víctimas, denunciar a los responsables de este crimen en cada momento de nuestra historia reciente, así como sus móviles y modos de ejecutarlo, y reconocer las consecuencias y daños que causa la ambigüedad entre la presencia y la ausencia sostenida de un ser querido.

La desaparición forzada es tal vez una de las prácticas represivas más atroces de las que se han valido regímenes y organizaciones para imponer su control y su poder. Es una forma de violencia capaz de producir terror, de causar sufrimiento prolongado, de alterar la vida de familias por generaciones y de paralizar a comunidades y sociedades enteras.

En Colombia han sido desparecidas 60.630 personas en los últimos 45 años en el marco del conflicto armado. Las dimensiones de este crimen resultan escalofriantes e inmorales y son el resultado de la conjunción de varias situaciones: de un lado, de la persistencia de un crimen que se inflige intencionadamente con el ánimo de castigar y de sembrar el terror, de la existencia de prácticas empleadas por distintos actores armados con el propósito de invisibilizar sus crímenes y de garantizar su impunidad o de distorsionar las cifras producto de sus acciones.


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Desde el Carare la niñez y la juventud siembra cultura de paz: ciclo uno: grado de 2 a 5

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Desde el Carare la niñez y la juventud siembra cultura de paz: ciclo uno:
grado de 2 a 5


Las cartillas Desde el Carare la niñez y la juventud siembra cultura de paz hacen parte del proyecto que da cumplimiento a la medida Cátedra de Paz del Plan de Reparación Colectiva de la ATCC (Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare). Este material pedagógico reconoce los impactos que el conflicto armado ha producido sobre esta asociación, el territorio y los habitantes del Carare y tiene como objetivo fortalecer y habilitar espacios para la formación integral y la convivencia pacífica de la comunidad educativa de esta región, sin olvidar los aprendizajes que en materia de construcción de paz tiene para ofrecernos la ATCC.

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Grupos armados posdesmovilización (2006 – 2015): trayectorias, rupturas y continuidades

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Grupos armados posdesmovilización (2006 – 2015): trayectorias, rupturas y continuidades


En el periodo posdesmovilización (2006-2015), 2.518 personas fueron asesinadas por parte de los Grupos Armados Posdesmovilización (GAPD). Esto significa que durante esta última etapa se concentró el 11,9 por ciento de todas las víctimas letales atribuidas a los grupos paramilitares en un período que va de 1975 a 2015 (que en total sumó 21.044 víctimas letales). 

En el período posdesmovilización se registraron 574.806 víctimas atribuidas a los GAPD en modalidades de no letalidad (secuestros, desapariciones, amenazas y desplazamiento). Esto significa que durante esta última etapa se concentró el 33 por ciento de t odas las víctimas no letales atribuidas a los grupos paramilitares en el largo período que va de 1975 a 2015 (que en total sumó 1.729.450 víctimas no letales). 

Entre 1975 y 2015

Se reconoce a los grupos paramilitares y a los GAPD como actores responsables del 47,09% de la victimización letal en el conflicto armado en Colombia. Se registraron víctimas de violencia letal en 731 municipios del país por parte de los grupos paramilitares y los GAPD.

Se registra a los grupos paramilitares y a los GAPD como actores responsables del 24,22% de la victimización no letal en el conflicto armado en Colombia.

La modalidad de violencia letal más utilizada por los paramilitares y los GAPD fueron los asesinatos selectivos. Entre 1975 y 2005 los asesinatos selectivos eran la modalidad más usada en el 56,7% de los casos; entre 2006 y 2015 esta cifra ascendió a 82,23%. En cambio, las masacres disminuyeron de 41,88% entre 1975 y 2005 a 14,57% entre 2006 y 2015.

El desplazamiento forzado es la modalidad de violencia no letal predominante por parte de los paramilitares en toda la serie estudiada. Se mantiene por encima del 90% antes y después de la desmovilización de 2006. Las amenazas, por su parte, aumentaron de 3,5% entre 1975 y 2005 a 6,9% entre 206 y 2015.

Tras cuatro años de negociación, el Gobierno Nacional y la guerrilla más antigua y poderosa —militarmente— de Colombia firmaron un acuerdo para poner fin al alzamiento armado protagonizado por las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) desde los años sesenta. No cabe duda de la transcendencia de dicho acuerdo y lo que representa para avanzar en la profundización de la democracia, el fin definitivo de la estrecha y nociva relación entre armas y política que ha caracterizado nuestra vida pública, y la búsqueda de una sociedad más incluyente y equitativa. 

Sin embargo, son varios los retos que plantea la etapa posterior a la firma de los acuerdos, el posconflicto y la consolidación de una paz estable y duradera. Uno de estos retos son, sin duda, los grupos armados surgidos del proceso de negociación entre las extintas AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estos grupos armados aún mantienen control sobre la población y el territorio en regiones específicas de la geografía nacional y se siguen financiando mediante su capacidad de inserción en antiguas y nuevas economías ilegales. 

No cabe duda de que el Gobierno y la sociedad se han ocupado del fenómeno de los GAPD. De un lado, el primero, con mayor o menor éxito operativo, los ha enfrentado en el terreno militar y represivo, y de otro lado, en la sociedad se ha mantenido la discusión sobre si se trata de organizaciones con fines político-militares o si son simples grupos criminales a gran escala. Empero, el reto de los GAPD rebasa el debate sobre su denominación, su tratamiento estrictamente jurídico y las estrategias exclusivamente militares con que hasta ahora se ha enfrentado. 

Ante este desafío, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) consideró pertinente elaborar un informe sobre las dinámicas territoriales, los impactos que en términos de hechos victimizantes se le han atribuido a estas organizaciones armadas ilegales y los retos que estas representan para la actual etapa de posconflicto en Colombia. 

Esta investigación es un aporte en la dirección de entender el fenómeno de los GAPD más allá del corto plazo e inscribirlo en un marco de tiempo de “mayor aliento”. Es decir, como una etapa más del fenómeno de los grupos armados que desde los años ochenta se sumaron a la confrontación entre la guerrilla y el Estado. 

En este sentido, los lectores encontrarán en este informe un análisis de los factores estructurales que explican la temprana emergencia de los Grupos Armados Posdesmovilización (GAPD), sus diversos desenlaces, muchas veces violentos, y especialmente las variaciones de las trayectorias regionales de este fenómeno que permiten entender esa tercera generación paramilitar más allá de la discusión sobre si se trata de organizaciones político-militares o si son simples grupos criminales a gran escala. 

Como bien evidencia esta investigación en varios de sus hallazgos, estos grupos han logrado adaptarse con éxito a la ofensiva estatal y se han logrado estabilizar en el territorio dando lugar a un contexto de inseguridad y violencia, si bien menos letal, mucho más orientado al desplazamiento y la amenaza. Por eso, en el último apartado, el informe ofrece algunas recomendaciones de política pública para atender el fenómeno de los GAPD y reconoce algunos aspectos básicos de lo que ha sido la respuesta institucional del Estado. 

El informe, no obstante, reconoce avances por parte del Estado en la caracterización del fenómeno y algunos ajustes institucionales que se han expresado en resultados operativos positivos. Sin embargo, insiste en que han sido insuficientes para desarticular estas organizaciones ilegales.


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