Quienes visiten Pichilín hoy, hace 10 años o hace 50, se encontrarán con una comunidad “carta cabal”, a prueba de todo.

Y es que, desde sus inicios, sus pobladores, hombres y mujeres campesinos, han acumulado experiencias que los han marcado. Para demostrarlo, basta devolverse al inicio de Pichilín como corregimiento, proceso que, por demás, es tema central del primer capítulo de esta publicación del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Para aquel entonces -finales de los sesentas e inicios de los setentas-, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) hizo una movilización nacional que exhortó a los campesinos a recuperar más de mil haciendas y latifundios que estaban sin trabajar. Esta se hizo por todo el país, y en Sucre no fue la excepción. Allí lograron conformarse juntas directivas departamentales respetadas por sus campesinos.

Luego de que otras fincas ganaderas fueran recuperadas, el 12 de octubre de 1971 llegó el turno para la finca Pichilín.

“Bueno, el día de la recuperación de Pichilín, el 12 de febrero de 1971, fecha que nunca olvidaré, nos encontramos temprano como habíamos acordado. Íbamos Donaldo Salgado, Luis Enrique Salgado, Elías Vitola, Bonifacio Salgado, al que le decimos ‘Bone’, Tomás Vitola, Miguel Pérez Vitola y otro poco de campesinos. Éramos un grupo grande y nos repartimos por toda la finca” (fragmento extraído de “La recuperación de nuestras tierras es lo más valioso que hemos hecho en toda nuestra historia”).

Según se señala en el texto, la Policía y Los Pájaros (escuadrones de seguridad que trabajaban para terratenientes), intentaron detener a los campesinos, pero sus esfuerzos fueron infructuosos, pues rápidamente estos empezaron a construir sus ranchos. Fue así como se recuperó a Pichilín, tierra que solo sería titulada 17 años después, el 4 de octubre de 1988.

Sin embargo, Pichilín, al igual que muchos otros territorios en Colombia, ha visto a los ojos a la violencia. La antigua guerrilla de las Farc, grupos paramilitares y agentes del Estado colombiano cometieron hechos violentos contra la población.

Esas dinámicas, también se esbozan en este libro, una publicación que recogió las voces y memorias de sus pobladores mediante un lenguaje literario. Con ello, se buscó seguir estimulando el interés por parte de la población más joven del corregimiento y posibilitar la continuidad generacional de los procesos comunitarios de la región de Los Montes de María.

Así pues, diferentes narraciones del segundo capítulo, “Cuando el conflicto nos golpeó”, confrontan al lector con los impactos que dejaron en Pichilín: el ingreso de las Farc en los inicios de los noventas, la masacre de los paramilitares en diciembre del noventa y seis, los posteriores procesos de desplazamiento y retorno, los años de confrontación entre la Armada y la guerrilla, los asesinatos selectivos y las permanentes sospechas de pertenecer a uno u otro bando.

“Con ellos, también llegó un alto nivel de estigmatización hacia su comunidad. Algunos habitantes de pueblos vecinos, de los grupos armados y hasta en el interior del propio corregimiento la ejercieron y produjeron desde ‘la ruptura de los lazos comunitarios, pasando por la desintegración familiar y terminando en una profunda sensación de incertidumbre y desconfianza” (fragmento de “Cuando el conflicto nos golpeó”).

No obstante, en las líneas de este capítulo, también aparece una cotidianidad plasmada de resistencias por quedarse, de acciones para mantener familias unidas y de estrategias para sobrevivir y evadir a los actores armados.

Finalmente, en el tercer y último capítulo del libro, “Ahora la lucha es por las organizaciones”, se asiste al relato del proceso de reconstrucción de esta población entre el año 2004 y el año 2018. El retorno de las Juntas de Acción comunal y los comités, la aparición de organizaciones, la configuración de una Asociación de Víctimas y el liderazgo que están ejerciendo las mujeres son contados con detalle.

“Ahora, con la convicción más fuerte de que pelear por sus intereses y derechos, dar su opinión y visibilizar su inconformidad frente a lo que no les parece justo, no debe ser motivo de estigmatización ni de criminalización”.

Los invitamos entonces a que conozcan una historia de campesinos, de voces que han vivido, resisten y luchan.

* Con este libro se dio cumplimiento por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica a la primera sentencia emitida por parte del Consejo de Estado el 9 de julio de 2014 con respecto a la comunidad de Pichilín, a la sentencia de Restitución de Tierras del 3 de junio de 2016 y al PIRC (Plan Integral de Reparación Colectiva) de abril de 2014.

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNM), a través de su Dirección de Acuerdos de la Verdad lanzó públicamente en Bogotá el Análisis Cuantitativo del Paramilitarismo en Colombia, en la XII edición de la Semana por la Memoria, que cada año conmemora el CNMH. Este informe está basado en una muestra de 9.021 entrevistas estructuradas, realizadas a las personas desmovilizadas de los grupos paramilitares que firmaron los Acuerdos de la Verdad en el marco de la Ley 1424 de 2010. El total del universo de los paramilitares que suscribieron los Acuerdos de la Verdad son 18.306, lo que significa que la muestra se acerca a la mitad de la población firmante, convirtiéndose en el estudio de mayor representatividad estadística para la comprensión del fenómeno paramilitar en Colombia.

El Análisis Cuantitativo presenta la caracterización sociodemográfica de la población desmovilizada, el contexto de su participación en los grupos paramilitares y las características de su victimización. Entre los distintos hallazgos se encuentra que el 58% hizo su ingreso a las filas paramilitares entre 2003 y 2006, período que coincide con los diálogos y desmovilizaciones de los paramilitares.

El informe destaca que el 52% de los integrantes de grupos paramilitares (ellos o sus familiares) fueron víctimas del conflicto armado antes de ingresar a la estructura armada; pero menos del 1% reconoce que su participación se debió a esa victimización. Así mismo, el documento hace referencia a 39 estructuras paramilitares, incluidas las que se desmovilizaron, las no desmovilizadas, las que mutaron, las que se sometieron a otras y las que fueron exterminadas en el contexto de las propias guerras entre fracciones paramilitares.

En cuanto a las victimizaciones de liderazgos, el informe concluye que los sectores sindicales y de educadores aparecen como los más perseguidos por los grupos paramilitares según el nivel de reconocimiento de las personas entrevistadas. El homicidio, el exterminio social, el desplazamiento forzado y la desaparición forzada son los repertorios más reconocidos.

El estudio también señala que los grupos paramilitares vincularon en general a hombres jóvenes, entre los 16 y los 29 años de edad, que en su mayoría no se auto-reconocían con alguna identidad étnica; que presentaban bajo nivel de escolaridad y escasos recursos económicos. Entre tanto, el Análisis Cuantitativo señaló que las estructuras paramilitares tuvieron presencia en 667 municipios de los 1.101 municipios registrados en el país, lo que representa el 60,5 por ciento del territorio colombiano.

Este documento se suma a la serie de informes sobre las principales estructuras paramilitares, los cuales exploran el origen, estructuración, actuación, contexto, relaciones con diversos actores, victimizaciones e impactos producidos en distintos territorios y regiones, que también realiza la Dirección de Acuerdos del CNMH en la actualidad. Además se constituye en un nuevo aporte al derecho a la verdad de las víctimas y al esclarecimiento del conflicto armado en el país.

Es importante destacar que la Dirección de Acuerdos de la Verdad también realizó, en la XII Semana por la Memoria,  un conversatorio denominado: ¿Qué sabemos del paramilitarismo a 10 años de la ley 1424? Con el propósito de realizar un balance del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, creado por la Ley 1424 de 2010 el cual  fue diseñado e implementado por el CNMH a través de la Dirección de Acuerdos de la Verdad. Los exparamilitares no comprometidos con graves violaciones, en proceso de reintegración a la vida civil, y acogidos a la justicia, suscribieron los Acuerdos de la Verdad y están llamados a presentar sus contribuciones, aportando a la satisfacción del derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad en general.