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César Romero

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César Romero

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15 Nov 2016

Luego del plebiscito del pasado 2 de octubre, el gobierno Nacional sostuvo una serie de intensas reuniones con representantes del NO, para oír sus observaciones y preocupaciones sobre el Acuerdo Final. A la vez, el Gobierno se reunió con diferentes sectores de la sociedad que apoyaron el SI, incluyendo a las víctimas, a las comunidades indígenas y afro descendientes, a las iglesias, a los empresarios y a muchos más. Las FARC por su parte, recibieron numerosas delegaciones en La Habana.

Como consecuencia de esas reuniones, las delegaciones del Gobierno y las FARC acordaron una serie de importantes y numerosos cambios, ajustes y precisiones al texto del Acuerdo, y en consecuencia firmaron un nuevo Acuerdo.

Las siguientes notas pretenden aclarar estos cambios. No son exhaustivas, ni sustituyen de ninguna manera el texto del nuevo Acuerdo, que debe ser consultado.

El Gobierno Nacional tiene la convicción de que estos cambios, ajustes y precisiones fortalecen significativamente el Acuerdo y dan garantías a todos, sin detrimento de las reformas y transformaciones que habían sido previamente acordadas y que son el propósito de este proceso y la base de una paz estable y duradera.

Punto 1: Desarrollo Agrario Integral

1. Sostenibilidad de la RRI: Dada la envergadura de los compromisos, se extendió el plazo de la Reforma Rural Integral ‐que pretende reducir la pobreza rural en un 50%‐ de 10 a 15 años, en el que se tendrá que ir avanzando de manera progresiva, atendiendo al principio de sostenibilidad fiscal y estableciendo en todo caso que se hagan los máximos esfuerzos de cumplimiento en los próximos 5 años.
2. Fuentes del Fondo de Tierras: Se aclaró que las figuras de expropiación administrativa por motivos de interés social y utilidad pública y de la extinción administrativa del derecho de dominio por inexplotación se aplicarán de conformidad con la Constitución Política y la ley vigente. El Acuerdo no reforma estas figuras.
3. Derecho a la propiedad privada: El Acuerdo reafirma que nada de lo pactado afecta el derecho constitucional a la propiedad privada. Se trata por el contrario de proteger los derechos de propiedad de todos, en particular de los pequeños agricultores, y así evitar nuevos conflictos sobre la tierra.
4. Víctimas como beneficiarios prioritarios: Se incluyen a las víctimas como beneficiarios prioritarios del Fondo de Tierras y de la Reforma Rural Integral en general. Para garantizar la transparencia en la selección de estos beneficiarios, habrá un registro único de beneficiarios a cargo de la institución competente, que será quien tome la decisión sobre los beneficiarios de acuerdo con un procedimiento expresamente definido por ley, con los correspondientes requisitos y criterios.
5. Regularización de los derechos de propiedad: Se acordó una misión de 3 expertos nombrados por el Gobierno para hacer, entre otros, propuestas sobre cómo regularizar los derechos de propiedad de los propietarios, ocupantes y poseedores de buena fe, siempre que no haya despojo o mala fe. Las propuestas de ajustes normativos deberán ser discutidas con los sectores interesados a fin de buscar el consenso más amplio posible antes de su discusión en el Congreso.
6. Modelo de desarrollo rural: Se acordó un principio que aclara que el desarrollo integral del campo depende de un adecuado balance entre la agricultura familiar y la o la agricultura comercial de escala; y que igualmente depende de la competitividad y de la promoción de la inversión en el campo con visión empresarial y fines productivos. Se trata de promover a la vez encadenamientos de la pequeña producción rural con otros modelos, en condiciones de equidad, y apoyar y proteger la agricultura familiar y campesina.
7. Zonas de Reserva Campesina: Se precisó que los procesos de constitución de ZRC se harán por parte de la autoridad competente de conformidad con la normatividad vigente. Es decir, las autoridades mantienen su discrecionalidad en la toma de decisiones sobre la creación de nuevas zonas.
8. Catastro: Se aclaró que el avalúo catastral se hará por parte de la autoridad competente de conformidad con la ley. El Acuerdo no modifica los criterios y procedimientos de ley para realizar el avalúo catastral. En todo caso el levantamiento de un nuevo catastro supone evidentemente un nuevo avalúo catastral.
9. Instancia de Alto Nivel: Se precisó que la instancia de Alto Nivel que se acordó para contribuir a resolver conflictos de uso del suelo es una instancia del Gobierno que establece unos lineamientos de uso del suelo a manera de planeación indicativa y no limita las competencias de las autoridades locales.
10. Participación en la RRI: Se reitera la importancia de la participación y el involucramiento de los ciudadanos en las decisiones que los afectan. Se añade que en ningún momento la participación ciudadana busca limitar las competencias de las autoridades locales. Se trata de que las comunidades se involucren en la priorización, ejecución y seguimiento de los proyectos y se fortalezca la confianza en las instituciones.

Punto 2: Participación Política

1. Estatuto de Oposición: Se añade que el desarrollo en una comisión de un Estatuto de Oposición se dará en cumplimiento de la obligación constitucional consagrada en el artículo 112.
2. Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz: Se promoverá el fortalecimiento de las organizaciones de víctimas para que puedan participar en las Circunscripciones Transitorias. Se excluye de la participación en estas Circunscripciones al partido que surja del tránsito de las FARC a la actividad política legal, puesto que tendrá representación en el Congreso. Y se promoverán mecanismos de control y veeduría de las elecciones en estas circunscripciones por parte de organizaciones como la Misión de Observación Electoral, y de los partidos y movimientos políticos.
3. Garantías para la movilización y la protesta pacífica: Se precisa que se trata de garantías para la protesta pacífica. Se añade que la protesta pacífica debe ser tratada con pleno respeto a los derechos humanos, sin perjuicio del ejercicio de la autoridad legítima del Estado; y que a la vez se deben garantizar los derechos de los demás ciudadanos. Son garantías para todos.
4. Medidas para promover el acceso al sistema político: Con el fin de evitar la proliferación indiscriminada de partidos, se exigirá un determinado número de afiliados para el reconocimiento de la personería jurídica. Se añade que en el sistema de adquisición progresiva de derechos para partidos y movimientos políticos, solo quienes superen el umbral del Senado tendrán los derechos actualmente existentes para financiación, acceso a medios y a inscripción de candidatos (avales). Se promueve así el pluralismo y se evita “la operación avispa”.
5. Sobre la reforma del régimen y de la organización electoral: Se acordó que la misión de expertos, que serán seleccionados por el mecanismo acordado que ya está en marcha, adelantará un amplio y efectivo proceso de participación con todos los partidos, movimientos y agrupaciones políticas para obtener el más amplio consenso posible en la producción del informe de recomendaciones para la reforma del sistema electoral. Sobre la base de esas recomendaciones, el gobierno Nacional hará los ajustes normativos e institucionales que sean necesarios.

Punto 3: Fin del conflicto

1. Sobre reincorporación política: Se redujo la financiación que se había acordado para el partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC a la legalidad del 10% del Fondo de partidos al promedio que reciben los partidos políticos con personería jurídica, para hacerla más equitativa. Y se redujo el apoyo para la divulgación y difusión de la plataforma política y para el Centro de Pensamiento de ese partido de una suma equivalente al 10% del fondo de partidos al 7%, por cuatro años.
2. Sobre la institucionalidad para la reincorporación: Se incorporó de manera explícita en el texto del Acuerdo que la implementación de las medidas para la reincorporación de las FARC a la vida civil se hará a partir de la institucionalidad existente para estos propósitos, sin afectar la oferta institucional prevista para la reparación integral de las víctimas. La cooperativa ECOMÜN se articulará con estas instituciones.
3. Sobre casos excepcionales en materia de salud: Como una medida humanitaria, el Gobierno establecerá un sistema especial con la cooperación nacional e internacional, en el marco del CNR para que, excepcionalmente, se traten casos de enfermedades graves y para la rehabilitación de lesiones de quienes ingresan al proceso de reincorporación, sin perjuicio de otras medidas en materia de salud.
4. Sobre las condiciones para mantener los beneficios para la reincorporación: Se acordó que el acceso a las medidas de reincorporación supone el cumplimiento de los compromisos de los miembros de las FARC con el Acuerdo y sus metas.
5. Sobre las milicias de las FARC: Se aclaró explícitamente en el acápite sobre “Acreditación y Tránsito a la Legalidad” que los listados que las FARC entreguen de sus miembros deben incluir a las milicias, sin perjuicio de las verificaciones correspondientes que estarán a cargo del Gobierno. En cualquier caso, las FARC deben entregar al Gobierno un listado con la totalidad de sus miembros, como estaba acordado.
6. Sobre las obligaciones de los ex comandantes: Se acordó que los ex comandantes guerrilleros tendrán la obligación de contribuir activamente a garantizar el éxito del proceso de reincorporación de las FARC‐EP a la vida civil de forma integral.
7. Sobre la Comisión de Garantías de Seguridad: Se acordó que el nuevo partido político de las FARC no será miembro de la Comisión, como estableció el anterior Acuerdo, puesto que la Comisión no se ocupa de los avances en su seguridad, sino del diseño de políticas para combatir a las organizaciones criminales. En todo caso la Comisión podrá invitar cuando lo considere a representantes de los partidos y movimientos políticos y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
8. Sobre la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de organizaciones criminales: Se acordó, entre otros, que la Unidad funcionará en estrecha coordinación con las demás unidades de la Fiscalía General de la Nación (de la que es parte), que su director ejercerá durante un período de 4 años (y no de 6) y que será nombrado por el Fiscal General de una terna que presentará el Comité de Selección de la JEP. Sus investigaciones se harán de acuerdo con los tipos penales existentes.
9. Sobre el Cuerpo de Seguridad y Protección: Se acordó que se deberá verificar la idoneidad sicológica de las personas de las FARC en proceso de reincorporación que harán parte del Cuerpo de Seguridad y Protección que se encargará de la protección de los directivos del nuevo partido de las FARC; y deberán contar con la debida capacitación. El Cuerpo de Seguridad dependerá de una Subdirección de la Unidad Nacional de Protección.
10. Sobre medidas inmateriales de protección: Se precisó que el concepto de medidas inmateriales de protección hace referencia a aquellas medidas que tienen como propósito la protección a través de la prevención y la no estigmatización.

Punto 4: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas

1. Sobre el enfoque de la política de lucha contra las drogas: Se aclaró que el tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico se dará en el marco de un enfoque integral y equilibrado en la lucha contra el problema mundial de la droga.
2. Sobre medidas efectivas para la erradicación de los cultivos: Se deja claro que de no ser posible la sustitución voluntaria, el Gobierno no renuncia a la erradicación forzosa, incluyendo la aspersión.
3. Sobre el alcance de las medidas de sustitución: las medidas de sustitución deben beneficiar a toda la comunidad que habitan en los territorios afectados por cultivos de uso ilícito y no solo a los cultivadores.
4. Sobre el tratamiento penal diferencial para cultivadores: La posibilidad de no ser perseguido penalmente por cultivar se reduce de dos a un año y queda condicionada su aplicación a la no resiembra.
5. Sobre la formalización de la propiedad de cultivadores: Se añadió que el acceso al título de propiedad, en el caso de cultivadores de cultivos de uso ilícito, está condicionado a que el predio está libre de cultivos de uso ilícito y a la no resiembra.

Punto 5. Víctimas – Jurisdicción Especial para la Paz

1. Sobre los bienes de las FARC y la reparación de sus víctimas: Las FARC entregarán un inventario de todos sus bienes y activos a representantes del Gobierno Nacional y darán información sobre los mismos. Las FARC procederán a la reparación material de las víctimas con estos bienes y activos, en el marco de las medidas de reparación integral.
2. Sobre el proceso especial de búsqueda de personas dadas por desaparecidas: En tanto entre en funcionamiento la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, se acordó poner en marcha un proceso especial de recolección de información entre el Gobierno Nacional, las FARC y las organizaciones de víctimas, incluyendo entre otras a la Mesa de Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, FEVCOL, PAÍS LIBRE, ASFADDES, ECIAF, Fundación Víctimas Visibles, MOVICE, Fundación Nydia Erika Bautista y con la coordinación permanente del CICR, con el fin de continuar de manera más ágil la búsqueda y la recopilación de información de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto, sobre las cuales no se tenga información sobre su paradero. El Gobierno Nacional y las FARC reiteran su compromiso de continuar aportando al CICR la información de la que dispongan y de facilitar la ejecución de estas medidas humanitarias.

Jurisdicción Especial para la Paz: Duración

Sobre los tiempos de la JEP: Se establecieron tiempos para la JEP: 2 años (prorrogables hasta por 1 año más para un máximo de 3 años) para la presentación de informes ante la Sala de reconocimiento; 10 años para presentar resoluciones de la Sala y la Unidad de Acusación e Investigación antes el Tribunal (es decir, para acusar); y 5 años adicionales para concluir toda la actividad de la JEP, con la posibilidad de una prórroga de ser necesario.

Jurisdicción Especial para la Paz: Legislación aplicable

Sobre la legislación penal aplicable y el principio de favorabilidad: Se acordó que la JEP se basará en el Código Penal colombiano, que será complementado con las normas de Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario o Derecho Internacional Penal. Se incluyó expresamente la aplicación del principio de favorabilidad en todas las actuaciones de la JEP.

Sobre las normas procesales aplicables: Se incluyeron los principios que deben regir las normas procesales de la JEP, tales como el debido proceso, el principio de imparcialidad, la debida publicidad, la doble instancia, el principio de contradicción en la valoración de la prueba y la defensa, precisando que se trata de un sistema adversarial. Si bien los magistrados elaborarán las normas procesales, estas deberán tramitarse en el Congreso para incorporarse en el ordenamiento jurídico.

Jurisdicción Especial para la Paz: Valoración de los informes de organizaciones no gubernamentales:

Sobre los informes de organizaciones no gubernamentales: Se aclaró que los informes que envíen a la JEP organizaciones de víctimas y de derechos humanos no constituyen acusaciones; son insumos para la Sala de Reconocimiento y Verdad y deberán surtir el proceso de valoración y contrastación contemplado en el literal h del numeral 48 de las JAP.

Jurisdicción Especial para la Paz: Articulación con la rama judicial

1. Sobre los conflictos de competencia de la JEP con otras jurisdicciones: Para precisar la articulación de la JEP con otras jurisdicciones, se acordó que los conflictos de competencia entre cualquier jurisdicción y la JEP se resolverán en una sala incidental conformada por 3 magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y 3 magistrados de la JEP. Las decisiones se adoptarán por mayoría simple, y en caso de empate, lo resolverá el Presidente de la JEP.
2. Sobre la revisión de sentencias de la justicia ordinaria: Se acordaron las causales para que proceda por parte de la JEP la revisión de casos y sentencias de la jurisdicción ordinaria por conductas cometidas en razón del conflicto, a petición del condenado: por variación de la calificación jurídica, por aparición de nuevos hechos que no pudieron ser tenidos en cuenta con anterioridad, o cuando surjan pruebas no conocidas o sobrevinientes no conocidas al tiempo de la condena. La revisión de las sentencias por parte de la JEP no tendrá nunca como consecuencia la exigencia de responsabilidad a los jueces que las hubieran proferido. La Corte Suprema de Justicia revisará sus propias sentencias, salvo en el caso de quienes hubieran sido condenados teniendo en cuenta la definición de combatiente según el DIH.
3. Sobre la acción de tutela: La acción de tutela contra las acciones u omisiones de la JEP procederá cuando la afectación del derecho fundamental sea consecuencia directa de sus fallos. La petición deberá ser presentada ante el Tribunal. La primera instancia será decidida por la Sección de Revisión. La segunda por la Sección de Apelaciones. El fallo de tutela podrá ser revisado por la Corte Constitucional de conformidad con las siguientes reglas: la decisión será adoptada por una sala conformada por dos magistrados de la Corte Constitucional escogidos por sorteo y dos magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. El fallo será seleccionado si los cuatro magistrados votan en favor de la selección. Las sentencias de revisión serán proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional. La sentencia será remitida al Tribunal para la Paz para que adopte la decisión que corresponda, respetando el derecho amparado.
4. Sobre la Colaboración con la Fiscalía General de la Nación: La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP podrá solicitar la colaboración que entienda necesaria a la Fiscalía General de la Nación, así como establecer acuerdos de cooperación con ésta.
5. Sobre la relación de la JEP con el Consejo de Estado: El Consejo de Estado mantiene sus competencias en materia de reparación.
6. Sobre la nacionalidad de los magistrados: Todos los magistrados de la JEP deberán ser colombianos, de acuerdo con los requisitos establecidos para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado de Colombia en el caso de los magistrados. No habrá magistrados extranjeros. La participación de extranjeros se limita a la figura de amicus curiae –es decir, opiniones que aportan terceros ajenos a un proceso sobre algún punto de derecho– y sólo en caso de que lo solicite la persona sometida a la JEP.
7. Sobre el régimen disciplinario y penal de los magistrados de la JEP: Los magistrados estarán sometidos al régimen disciplinario previsto en las leyes colombianas para jueces y magistrados. La adopción, aplicación y verificación de las medidas disciplinarias será realizada por una comisión integrada por un magistrado de cada sala y cada Sección del Tribunal. Los magistrados estarán sometidos al régimen penal previsto por las leyes colombianas para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Jurisdicción Especial para la Paz: Conexidad

1. Sobre la conexidad del delito político con conductas relacionadas con los cultivos de uso ilícito y con financiación: Para decidir sobre la conexidad con el delito político de conductas delictivas relacionadas con cultivos de uso ilícito, se tendrán en cuenta los criterios manifestados por la jurisprudencia de las Cortes.
2. Se entenderá como conducta dirigida a financiar la rebelión todas aquellas conductas ilícitas de las que no se haya derivado enriquecimiento personal de los rebeldes, ni sean consideradas crimen de lesa humanidad, grave crimen de guerra o genocidio. La Sala de Amnistía e Indulto determinará la conexidad con el delito político caso a caso.
3. Sobre el compromiso de proveer información sobre cultivos ilícitos y narcotráfico: En el Punto 4 se estableció que todas las personas que hayan tenido relación con conductas asociadas a cualquier eslabón de la cadena de los cultivos de uso ilícito y sus derivados, en el marco del conflicto, y que comparezcan ante la JEP, se comprometen a aportar ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, los elementos necesarios de los que tengan conocimiento de una manera exhaustiva y detallada sobre las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes de las que tengan conocimiento para atribuir responsabilidades.

Jurisdicción Especial para la Paz: participación de las víctimas

Sobre participación de las víctimas en las audiencias de la JEP: Se añade a los otros espacios de participación de las víctimas, la posibilidad de que la Sección Primera del Tribunal acuerde que el juicio contradictorio se efectúe en Audiencia Pública en presencia de las organizaciones de víctimas.

Jurisdicción Especial para la Paz: Agentes del Estado y Terceros Civiles

1. Sobre Agentes del Estado y presunción de legalidad: Se precisó que es agente del Estado toda persona que al momento de la comisión de la presunta conducta criminal estuviere ejerciendo funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o administrativas tanto a nivel central como departamental y municipal. El Acuerdo no limita el concepto de agentes del Estado a los miembros de la Fuerza Pública, quienes en todo caso, como afirma el Acuerdo, actúan en el marco de una presunción de legalidad.
2. Sobre la competencia de la JEP frente a terceros civiles: Se acordó que la JEP tiene jurisdicción no sólo sobre las conductas de financiación o colaboración de terceros civiles con grupos paramilitares, sino con cualquier otro actor del conflicto, cuando estas conductas no sean resultado de coacciones, respecto de aquellas personas que tuvieron una participación activa o determinante en la comisión de crímenes no amnistiables.

Por otra parte, con el fin de resolver la situación jurídica de terceros civiles que no hayan tenido una participación activa o determinante en estos crímenes y de contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, se abrió la posibilidad de que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas defina la situación jurídica de aquellos terceros que se presenten voluntariamente a la jurisdicción en los 3 años siguientes de su puesta en marcha y que tengan procesos o condenas por delitos que son competencia de la JEP. Una vez verificada la situación jurídica, la Sala adoptará las resoluciones necesarias, entre otras la renuncia a la acción penal u otro tipo de terminación anticipada al proceso, siempre que contribuyan de manera eficaz a las medidas del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, en particular la contribución al esclarecimiento de la verdad en el marco del Sistema. La resolución que defina la situación jurídica hará tránsito a cosa juzgada.

Jurisdicción Especial para la Paz: Sanciones y Verificación

1. Sobre las sanciones propias del Sistema: Se añadieron los criterios que los magistrados deben aplicar para las sanciones propias de la JEP (sin alterar las sanciones alternativas y las sanciones ordinarias, que implican penas privativas, es decir cárcel). Incluyen, entre otros, fijar de forma concreta los espacios territoriales donde se ubicarán los sancionados para cumplir las sanciones propias, que tendrán un tamaño máximo equivalente al de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización; fijar los horarios de cumplimento de las sanciones restaurativas; y determinar el lugar de residencia de la persona que ejecutará la sanción acordada, durante el período de su ejecución.
2. Sobre la verificación y el monitoreo de las sanciones y la autorización de desplazamientos: El mecanismo internacional de verificación del cumplimiento de las sanciones será un componente de la Misión Política de verificación de las Naciones Unidas, en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Los desplazamientos de los sancionados para realizar actividades acordes con el cumplimiento de la sanción serán monitoreados por el mecanismo, el cual también otorgará las autorizaciones para los desplazamientos que no estén relacionados con el cumplimiento de la sanción.
3. Sobre el tiempo en las Zonas Veredales: El periodo de permanencia en las ZVTN será considerado como tiempo de cumplimiento de la sanción, siempre que durante ese tiempo hubieran realizado trabajos u obras, o actividades con contenido reparador. Los trabajos u obras o actividades con contenido reparador que se realicen después por personas a disposición de la JEP, también serán consideradas como tiempo de cumplimiento, siempre y cuando dichos trabajos, obras o actividades se realicen en una ubicación territorial perfectamente definida y verificable.

Punto 6: Implementación

Principios de la Implementación:

1. Integración territorial e inclusión social: las medidas que se adopten en la del Acuerdo deben promover la integración de los territorios al interior de las regiones y la integración de éstas en el país, así como la inclusión de las diferentes poblaciones y comunidades, en particular de las más afectadas por el conflicto y las que han vivido en condiciones de pobreza y marginalidad.
2. Fortalecimiento y articulación institucional: para construir una paz estable y duradera y en general para garantizar la protección de los derechos de todos los ciudadanos en democracia, se requiere fortalecer la presencia institucional del Estado en el territorio. Las políticas públicas que se adopten deberán promover el fortalecimiento institucional y asegurar que la respuesta del Estado en el territorio sea amplia y eficaz, con la participación activa de las autoridades regionales y locales en los procesos de toma de decisión y en el seguimiento a la implementación del Acuerdo Final en sus territorios.
3. Enfoque de derechos: La implementación de todos los punto del Acuerdo debe contribuir a la protección y la garantía del goce efectivo de los derechos de todos. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos por igual, lo que significa que les pertenecen por el hecho de serlo. En consecuencia, el Estado tiene el deber de promover y proteger todos los derechos y las libertades fundamentales, sin discriminación alguna.
4. Enfoque de género: En el Acuerdo el enfoque de género significa el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las circunstancias especiales de cada uno, especialmente de las mujeres, independientemente de su estado civil, ciclo vital y relación familiar y comunitaria, como sujeto de derechos y de especial protección constitucional. Implica en particular la necesidad de garantizar medidas afirmativas para promover esa igualdad, la participación activa de las mujeres y sus organizaciones en la construcción de la paz y el reconocimiento de la victimización de la mujer por causa del conflicto. En todo el texto del Acuerdo se han hecho las revisiones pertinentes en el texto del Acuerdo para asegurar que corresponda a este principio.
5. Respeto a libertad de cultos: Implica el reconocimiento y respeto a la práctica de cualquier manifestación de religiosidad, culto, creencia, confesión sin discriminación o estigmatización alguna. En la implementación del Acuerdo Final se promoverá la participación activa de las las iglesias, confesiones religiosas, organizaciones basadas en la fe y las organizaciones del sector religioso en la construcción de la Paz. Así mismo, se buscará tomar las medidas necesarias para restablecer, en igualdad de condiciones, los derechos de aquellas personas y grupos victimizados por sus creencias religiosas con ocasión y en razón del conflicto armado. En el texto del Acuerdo se hacen las modificaciones correspondientes para garantizar este principio.
6. Respeto a la igualdad y no discriminación: Se respetará la igualdad y la igualdad de oportunidades para todos y todas en el acceso a los diferentes planes y programas contemplados en el Acuerdo, sin discriminación alguna. Ningún contenido del Acuerdo Final se entenderá e interpretará como la negación, restricción o menoscabo de los derechos de las personas independientemente de su sexo, edad, creencias religiosas, opiniones, identidad étnica, por su pertenencia a la población LGBTI, o por cualquier otra razón.
7. Profundización de la democracia y “construir sobre lo construido”: La implementación de los planes y programas acordados debe tener en cuenta las iniciativas y procesos de desarrollo y reconocer los esfuerzos de la sociedad en la construcción de paz en los territorios para “construir sobre lo construido” y profundizar la democracia, erradicando la corrupción, la falta de transparencia, el clientelismo y cualquier otra actuación que degrade los demás principios. La implementación de lo acordado se liderará y ejecutará aprovechando al máximo la institucionalidad existente y reconociendo las competencias de los diferentes niveles de gobierno.
8. Eficacia, eficiencia e idoneidad: Para lo cual se optimizarán tiempos y recursos asociados a la implementación mediante mecanismos especiales y de gestión pública eficiente, reducción de trámites y la simplificación de instancias, procesos e instrumentos. Se garantizará que los servidores públicos responsables del Gobierno Nacional en la implementación de los planes y programas sean idóneos y cumplan con las calidades técnicas y meritocráticas pertinentes.
9. Priorización: La implementación del Acuerdo es un proceso continuo y urgente que parte de la definición de los planes y programas que se requieren de manera más inmediata, de acuerdo con un cronograma de implementación que tenga en cuenta las prioridades sociales definidas en el Acuerdo, las capacidades institucionales y los recursos disponibles.
10. Transparencia, control social y lucha contra la corrupción: Con información clara, accesible y oportuna sobre las decisiones desde la asignación hasta la ejecución final de los recursos (trazabilidad), que permita su seguimiento de manera sencilla, y mecanismos de rendición de cuentas, difusión de la información, control de la ciudadanía y de los órganos de control y en general lucha contra la corrupción.
11. Principios democráticos: En la interpretación e implementación del Acuerdo y de las normas que lo incorporen al ordenamiento jurídico se respetará el carácter unitario del Estado Social de Derecho, el pluralismo político, las libertades individuales, la división de poderes, las competencias de las ramas del poder público, la integridad territorial, la libertad económica, el derecho a la propiedad privada de todos los ciudadanos y la primacía de los derechos inalienables de la persona, así como los diferentes esfuerzos y procesos organizativos de la sociedad, en particular de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, negras, palanqueras y raizales.

Sostenibilidad de las finanzas públicas:

1. Sostenibilidad de las finanzas públicas y priorización; se debe respetar la normatividad vigente en materia presupuestal, garantizando la obligación constitucional de preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Lo anterior además en consonancia con un principio de priorización y de realismo en la implementación, para lo cual se establecerá un plan con un cronograma de prioridades, sus fuentes de recursos y las instituciones responsables, que tenga en cuenta de manera gradual pero sostenible, las prioridades sociales definidas en el Acuerdo, las capacidades institucionales y los recursos disponibles.
2. Recursos de regalías: serán una fuente más de cofinanciación y se respetarán los procedimientos vigentes en el trámite de los proyectos territoriales cofinanciados con regalías.

Comisión de Seguimiento

Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación: Se aclaró que la Comisión no es una comisión de implementación conjunta con las FARC, sino una comisión de seguimiento, impulso y verificación a la implementación. Se ajustaron sus funciones para que no se entienda que limita las competencias del Gobierno Nacional y de otros órganos del Estado.

Mecanismo de Verificación Internacional:

Mecanismo de verificación internacional: se eliminó el grupo de países –Cuba, Noruega, Venezuela y Chile– de la verificación internacional. Esta función estará a cargo exclusivamente de dos notables, con el apoyo de una nueva Secretaría Técnica, que tendrá acceso a la información de todas las organizaciones que contribuyen al acompañamiento internacional.

Pedagogía y Difusión:

1. Emisoras para la convivencia y la reconciliación: En lugar de 31 emisoras otorgadas a ECOMÚN, se establecerán 20 emisoras de interés público clase “C” en las zonas más afectadas por el conflicto que serán asignadas a Radio Televisión Nacional de Colombia ‐ RTVC, con el objetivo de hacer pedagogía de los contenidos del Acuerdo e informar sobre los avances de la implementación del mismo. El comité conjunto de comunicaciones definirá los contenidos.
2. Posteriormente, RTVC administrará estas emisoras por cuatro años más, en los que la programación se asignará bajo los principios que rigen la radio de interés público, así: un tercio para las organizaciones de víctimas en esos territorios, un tercio para ECOMÚN y un tercio para organizaciones comunitarias de esos territorios, con el fin de promover la convivencia, la reconciliación y la construcción de la paz. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –MINTIC podrá prorrogar las licencias de interés público hasta por cuatro años más.
3. Espacio en televisión institucional: con el fin de promover la convivencia, la reconciliación y la construcción de la paz, el Comité de Comunicaciones Conjunto en coordinación con RTVC y la Autoridad Nacional de Televisión ‐ ANTV, contará durante dos años en el Canal Institucional con un espacio de hora y media semanal para hacer pedagogía de los acuerdos e informar sobre los avances de la implementación.

Artículo transitorio constitucional:

1. Artículo transitorio constitucional: El nuevo Acuerdo no contempla la inclusión del Acuerdo al bloque de constitucionalidad, ni la inclusión del acuerdo en la Constitución. Se acordó el trámite de un artículo transitorio constitucional que tendrá vigencia durante tres períodos presidenciales para asegurar que los contenidos del Acuerdo que correspondan a normas de DIH o a derechos fundamentales sean parámetro de interpretación solo de las normas y las leyes de implementación del Acuerdo Final. Igualmente, se establece la obligación de todas las autoridades públicas de cumplir de buena fe lo establecido en el Acuerdo, asegurando que sus actuaciones guarden coherencia con lo acordado.
2. Acuerdo Especial: El Acuerdo Final será firmado y depositado como Acuerdo Especial, en concordancia con la opinión del CICR sobre acuerdos de paz, únicamente para efectos de las obligaciones internacionales que tiene el Estado colombiano en el marco del DIH, y no para introducir el Acuerdo al ordenamiento jurídico colombiano.

Publicado en Noticias CNMH

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Harold García

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Harold García

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01 Dic 2016

Gonzalo Sánchez, Director General del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), fue reconocido con el galardón en la categoría de “Liderazgo por la Paz”, en la decimoctava versión del Premio Nacional de Paz.

El reconocimiento nacional destaca en el profesor Gonzalo Sánchez su “compromiso y labor investigativa que ha constituido un aporte invaluable al estudio de la violencia en Colombia, resaltando la memoria como un componente fundamental para la reparación de las víctimas y la reconciliación”. Una labor que ha desarrollado durante más de 30 años, dedicando su vida para investigar sobre el conflicto armado en Colombia y el papel preponderante de las víctimas dentro de esta larga guerra.

Las entidades que otorgan el Premio Nacional de Paz son el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FESCOL), El Tiempo, Caracol Radio, Caracol Televisión, Proantioquia y Alquería, como una distición al esfuerzo y compromiso con la construcción de la paz en Colombia.

“Los familiares de las personas desaparecidas no son solo madres, padres o hijos en duelo infinito, suspendido, no son solo una comunidad del dolor, que se reconoce en otros con quienes comparte y comunica su queja, son sobre todo personas que luchan con vehemencia por recuperar el sentido que les ha sido negado, por volver a unir aquello que ha sido roto delante de ellos”, escribió en la introducción del más reciente informe del CNMH: Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia.

Gonzalo Sánchez ha recorrido los lugares más afectados por el conflicto armado dentro del país, y es común, a pesar de la adversidad, verlo con una enorme sonrisa. El gesto imborrable de quien siempre ve la esperanza en medio de tanto dolor. Entre el 2007 y el 2010 fue el director del Grupo de Memoria Histórica de Colombia, donde fue responsable de la realización de 20 informes sobre memoria y conflicto. En estas investigaciones sobresale la de casos emblemáticos del conflicto en Colombia, como lo son las masacres paramilitares de Bahía Portete, Trujillo, Segovia, El Salado y La Rochela, la masacre de las Farc en Bojayá o el éxodo de San Carlos.

A partir de 2011, fue nombrado por La Presidencia de la República de Colombia como el Director General del Centro De Memoria Histórica. “Nuestro compromiso es acompañar a las víctimas en su búsqueda de la verdad”, dijo en 2015 en el lanzamiento del informe Textos corporales de la crueldad. Memoria histórica y antropología forense, que pretende romper el silencio sobre uno de los muchos crímenes que afectaron a la población caqueteña, hace ya 15 años: la desaparición forzada.

En julio de 2013 bajo su dirección, se lanzó el informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, que “es un memorial de agravios  de centenares de miles de víctimas del conflicto armado interno, pero también aspira a ser un acta de compromiso con la transformación del futuro de Colombia”, explicó Gonzalo Sánchez sobre esta investigación, la más importante que se ha hecho sobre el conflicto armado en el país.

Gonzalo Sánchez es abogado y filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, con un master de la universidad de Essex, Inglaterra, y tiene un PhD en sociología política de la Escuela de Altos Estudios de París, Francia. Nació en El Líbano, Tolima, Colombia. Por ello, en parte, publicó “Los bolcheviques del Líbano” (Tolima): crisis mundial, transición capitalista y rebelión rural en Colombia”, una de sus primeras investigaciones.

En su experiencia investigativa se cuenta la participación y docencia en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Simultaneo a su constante trabajo de análisis de la violencia, ha sido profesor invitado en universidades por fuera de Colombia como la Universidad de Duke y Texas, en Estados unidos; en la Escuela de Altos Estudios de París y en la University College de Londres.

Su valioso aporte en el estudio y el entendimiento del conflicto y la violencia en nuestra sociedad le han merecido varias distinciones, entre las que se destacan la Orden Gerardo Molina de la Universidad Nacional de Colombia y la Martin Diskin Memorial Lectureship otorgada por la Latin American Studies Association entregada en Miami en 2000.

“Si esta es una sociedad que se acostumbró de alguna manera al ruido de las balas y a convivir con el ruido de las balas, ahora lo que se le va pedir a esta sociedad es que se acostumbre, y lo asuma como un tema de desarrollo y de expresión de la democracia, al ruido de la movilización popular”, dijo cuándo se le preguntó sobre la importancia de la memoria como una aliada para la paz.

También el Premio Nacional de Paz 2016reconoció a la Mesa de Diálogo y Negociación de la Habana“en reconocimiento a los 6 años de esfuerzos por parte de los representantes del gobierno y de las Farc, quienes entablaron una negociación seria y comprometida con las víctimas, y quienes no desfallecieron en el propósito nacional de alcanzar la paz como un derecho de todas y todos los colombianos”.

Por su parte la Mención Especial refleja que “las acciones de la comunidad de Bojayá son ejemplo de la inmensa generosidad de las víctimas, quienes a pesar de su profundo dolor han perdonado, y a través de ese acto magnánimo, han hecho posible emprender el camino hacia la reconciliación.”

El jurado del premio está compuesto por el historiador Jorge Orlando Melo, Darío Echeverri (Pbro.), el rector de Eafit, Juan Luis Mejía, Francisco de Roux (SJ), Socorro Ramírez, Manuel José Bonnett (General retirado), Sylvia Escovar, Mónica de Greiff y Juan Gossain.

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Mijaíl Gorbachov, premio Nobel de la Paz 1990

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Mijaíl Gorbachov, premio Nobel de la Paz 1990

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01 Feb 2017

La herencia de la paz mundial llegará a Colombia el próximo 2 de febrero a través de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de Paz, en un momento histórico donde el país se la juega por lograr el fin de conflicto armado.

A pocos días de que en Bogotá aterricen más de 20 líderes mundiales galardonados con el Premio Nobel de Paz, como Rigoberta Menchú o Mijaíl Gorbachov, invitados a la XVI Cumbre Mundial de los Premios Nobel de Paz -que por primera vez se realizará en latinoamérica- el país vive momentos de expectativa al conocer la agenda completa de la mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN, mientras al mismo tiempo se ven imágenes de tranquilidad en las zonas veredales de concentración de las FARC y se habla de la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Este gran reto para las instituciones del país, los partidos políticos y la sociedad en su conjunto, se hace mayor en momentos en que distintos líderes sociales vienen siendo perseguidos y asesinados en el país.

Solo en latinoaméricana hay seis premios nobel de paz, el presidente Juan Manuel Santos fue el último latinoamericano en ganar este reconocimiento. El Comité Noruego le concedió el premio Nobel de Paz 2016 “por sus esfuerzos por acabar con el conflicto armado con la guerrilla de las FARC, que lleva 52 años en Colombia”. Y a este logro hay que agregarle el esfuerzo por iniciar unos diálogos de paz con la guerrilla del ELN, tras cuatro años de conversaciones exploratorias.

La Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz llega a Colombia en un momento donde se respira esperanza por el esfuerzo que hace el país de ponerle fin al conflicto armado. Se acerca el silencio total de los fusiles de dos de las guerrillas más antiguas del continente y la sociedad colombiana debe prepararse para una “etapa de transformación”, como lo dijo Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno, al cierre del acuerdo con las FARC en La Habana. “La mejor forma de ganarle a la guerra fue sentarnos a hablar de paz”, expresó de la Calle.

Expertos como María Emma Wills, asesora de la dirección general del Centro Nacional de Memoria Histórica, expresó que la importancia de lo que está sucediendo en Colombia “radica en la profundización democrática, ya que el acuerdo con las FARC, y el que se adelanta con el ELN, no le concierne únicamente a esas guerrillas y al Gobierno, sino que también tiene que ver con la manera como los colombianos y colombianas resolvemos los conflictos”.

Desde 1999 se viene realizando la Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz, un evento reconocido internacionalmente como el más importante en el campo de construcción de la paz. El evento es organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá y Corferias será el epicentro para esta reunión mundial que se llevará a cabo hasta el 4 de febrero. Allí se congregarán laureados del Premio Nobel de Paz, líderes, organizaciones, estudiantes, víctimas y docentes universitarios de todo el mundo.

El centro Nacional de Memoria Histórica estará presente en esta XVI edición de la Cumbre, gracias al apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) operado por ACDI/VOCA, a través de diferentes actividades que expresan la contribución de la memoria histórica a la paz y la reconciliación nacional.

CNMH en La Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz

Lugar: Stand 67 del pabellón “Zona de experiencia: Construyendo caminos para la paz” (Pabellones del 10 al 16).

Del 2 al 4 de Febrero

• Exposición “Transitions”. Esta exhibición recoge tres modalidades de violencia: desplazamiento, desaparición forzada y reclutamiento de menores en Colombia, Bosnia y Herzegovina, la República Democrática del Congo y Estados Unidos de América. “Transitions” contará con guías y actividades pedagógicas.

• de Febrero en la Zona Picnic

• 12:30 p.m. Danza por la paz. Es una muestra escénica que reúne a más de 30 artistas jóvenes de diferentes lugares del país. Es un encuentro de experiencias entre lugares e iniciativas artísticas y culturales de memoria histórica, y estudiantes de diversas universidades de Bogotá. (Lea también: Danza por la paz en Bogotáhttp://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/danza-por-la-paz-se-toma-la-ciudad)

• 1:00 p.m. – 2:00 p.m. Presentación de la agrupación Pacific Soul y Uraba Conexion

Estas dos agrupaciones hacen parte del copilado “Tocó Cantar. Una travesía contra el olvido”, del Centro Nacional de Memoria Histórica, que reconoce el trabajo de compositores locales y regionales de canciones relacionadas con la memoria del conflicto armado, que se gestan a lo largo del territorio nacional y que describen las múltiples realidades de las comunidades, así como sus procesos de reflexión, acción creativa y de resistencia pacífica.

Pacific Soul

Víctor Hugo Rodríguez es un músico nacido en Guapi, Cauca, en donde ganó varios concursos en su carrera inicial como solista. Trabajó un tiempo en Cali y finalmente llega a Bogotá para participar como cantante de varias agrupaciones. Después de esa etapa fue corista de Maía y produjo su primer trabajo discográfico el cual lo llevó a participar en el concurso “La Voz Colombia”, donde tuvo una actuación destacada, logrando un reconocimiento a nivel nacional y convirtiéndose en una de las figuras más importantes de Guapi y el Pacífico Colombiano. Pacific Soul es el nuevo sonido de Víctor Hugo donde reúne la marimba, la tradición y alegría de la música del pacifico colombiano, con la fuerza y la cadencia del soul y el funk desarrollados por la comunidad afro en las décadas 60´s y 70´s en norteamérica. Víctor Hugo fue ganador de la II Convocatoria Nacional de Propuesta Artísticas y Culturales de Memoria 2014, adelantada por la Dirección del Museo Nacional de la Memoria, del Centro Nacional de Memoria Histórica, en la Línea Expresiones Musicales/ Reconocimiento a la Canción de Memoria que dio origen al compilado musical “Tocó cantar. Travesía contra el olvido”, en la cual se encuentra la canción Enamorado de ti (Pacífico Gran Comarca). https://soundcloud.com/memoriahistorica/4-paci-fico-gran-comarca

Urabá Conexion

Es un grupo musical Colombiano que nace en la zona de Urabá, Antioquia, en enero de 2012, con una amplia trayectoria musical, logrando una fusión perfecta entre los ritmos tradicionales de la costa norte como el bullerengue y la cumbia, con los beats, las mezclas, armonías y sonidos propios de la música urbana (hip hop, champeta y ritmos afrocaribeños). Este grupo nació de la idea de un proyecto de gestión cultural que Juan Nativo, como productor y director, quería crear con el objetivo de reunir varios artistas de la región y mostrar toda la cultura, la gastronomía y la biodiversidad que tiene su región natal.

En sus cinco años de trayectoria Urabá Conexion ha ganado importantes premios: Altavoz Antioquia 2013, Festival Joven Urabá un Mar de Oportunidades, Festival Golondrina de Plata 2014, La Noche en Blanco Academia de artes Guerrero. La agrupación fue ganadora además de la II Convocatoria Nacional de Propuesta Artísticas y Culturales de Memoria 2014, adelantada por la Dirección del Museo Nacional de la Memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica, en la línea Expresiones Musicales/ Reconocimiento a la Canción de Memoria que dio origen al compilado musical “Tocó cantar. Travesía contra el olvido”, en la cual se encuentra la canción Quiero regresar, del compositor Jorge Eliécer Chica Parra https://soundcloud.com/memoriahistorica/urab-conexi-n-quiero-regresar

                 4 de febrero. 3:40 p.m. ─ 5:10 p.m. Conversatorio: Personas Mayores como constructores de paz en Colombia

Entrada gratuita previa inscripción en el siguiente link: http://www.bogota-nobelpeacesummit.com/index.php/es/evento/registro

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María Durán

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María Durán

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06 Feb 2017

Los galardonados con el Premio Nobel de la Paz, reunidos en Bogotá, resaltaron el acuerdo de paz con las FARC y lo ven como ejemplo para resolver otras guerras en el mundo.

Los laureados que participaron de la XVI Cumbre de Premios Nobel de Paz, realizada entre el 2 al 4 de febrero en Bogotá, expresaron que en el actual acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno, se estudiaron y tuvieron en cuenta las experiencias positivas y negativas de otros procesos. “La negociación partió de un postulado fundamental: el centro de la solución del conflicto es la reivindicación y garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Se logró un modelo innovador de justicia transicional que, al tiempo que respeta los estándares internacionales, busca alcanzar el máximo de justicia sin sacrificar la paz. El proceso se realizó en un ambiente de discreción, paciencia y seriedad, con comunicados periódicos a los medios de comunicación, evitando la presión de producir una noticia o un resultado cada día”, explicaron en un comunicado de prensa.

En el comunicado le hicieron un llamado a la comunidad internacional para que, así como rodeó el proceso de paz de Colombia, acompañe y respalde ahora su implementación. “Esta incluye la garantía de la presencia del Estado y sus servicios en las zonas más afectadas por el conflicto; el desminado del territorio; la puesta en marcha del sistema de justicia transicional; programas de desarrollo rural, de sustitución de cultivos ilícitos y de reparación a las víctimas; el combate a la violencia generada por bandas criminales, como las integradas por antiguos paramilitares, y la reincorporación de los exguerrilleros a la vida civil, incluida la participación en política de las FARC, una vez cumplido su desarme”.

De igual manera le agradecieron a los colombianos por el apoyo realizado en la XVI Cumbre de Premios Nobel de Paz: “nos encontramos también aquí para compartir con el pueblo colombiano nuestras propias experiencias en la construcción de la paz y para buscar un consenso sobre los principios fundamentales que deben orientar los caminos que llevan a ella”.

El CNMH hizo parte de este importante espacio a través de diversas actividades alrededor de la memoria, como lo fueron Danza por la Paz y la presentación de dos agrupaciones de música, Pacific Soul y Urabá Conexión, que hacen parte del copilado “Tocó Cantar. Una travesía contra el olvido”.

Además se realizó la exposición “Transitions”, una exhibición que recoge tres modalidades de violencia: desplazamiento, desaparición forzada y reclutamiento de menores en Colombia, Bosnia y Herzegovina, la República Democrática del Congo y Estados Unidos de América.

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Daniel Sarmiento

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Daniel Sarmiento

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10 Feb 2017

Una exposición fotográfica sobre las transiciones de Colombia, Bosnia y Herzegovina, Congo y Estados Unidos hacia la justicia y la paz.

Entre los países que han sufrido o sufren conflictos armados hay características comunes, tanto a nivel de logros como de obstáculos. También hay diferencias a partir de los contextos. De una forma u otra, vale la pena dar una mirada a los caminos que se han recorrido en distintos lugares del mundo para intentar alcanzar la paz.

Ese es el tema de Transitions, la exposición que presentó el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en la Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz que se celebró la primera semana de febrero en Bogotá. Se trata de una invitación que llegó al CNMH a través de la agencia Art Works Projects, becaria de una convocatoria en Estados Unidos. Su proyecto consistía en presentar la experiencia de cuatro países en su transición entre la guerra y la paz a través de la fotografía. Los elegidos fueron Estados Unidos, Bosnia y Herzegovina, la República Democrática del Congo y Colombia. La entidad invitada en nuestro país fue el CNMH.

En cada país se escogió un equipo compuesto por un curador y un fotógrafo. Por el Centro participaron Catalina Orozco, como curadora, y Juan Arredondo, como fotógrafo. La exposición, coordinada por la Dirección del Museo Nacional de la Memoria, recorre temas que van desde el racismo contemporáneo en Estados Unidos hasta los daños a las familias que sufren la desaparición forzada de alguno de sus miembros en Colombia, pasando por las dificultades de acceso al agua en Congo, y las formas de hacer memoria en Bosnia y Herzegovina.

“Transitions —dice Catalina Orozco, la curadora en Colombia— ofrece una mirada a la noción de transición en un sentido ampliado: tanto en el orden de la la justicia como en lo económico, lo político, lo social y lo cultural. También permite crear correlaciones entre esos cuatro contextos, analizando puntos de convergencia y de divergencia, y aprendizajes que puede tener un país del otro”.

Retratar los desafíos de la transición

Los temas que escogieron Juan Arredondo y Catalina Orozco son tres graves hechos violentos que se han presentado en el conflicto armado colombiano: el reclutamiento de niños y niñas, la desaparición forzada y el desplazamiento.

No es clara la cifra de niños reclutados por grupos armados en el país. Permanece la pregunta sobre cuántos menores de edad se van a desvincular de las filas de las FARC durante su proceso de dejación de armas y cuántos seguirán por ahora en las filas de otros grupos armados. Juan Arredondo, el fotógrafo, dice que es difícil ver en perspectiva las historias de vida de los niños reclutados: “uno a esa edad no estaba viviendo ese cuento sino haciendo otras cosas […] y es aún más complicado porque muchas veces ellos salen y no tienen quién los espere”.

La desaparición forzada, segundo tema de Transitions, tampoco ha sido del todo visible. Catalina Orozco y Juan Arrendo decidieron representarlo con un caso emblemático: Fabiola Lalinde y su hijo Luis Fernando Lalinde. A Luis lo desaparecieron en octubre de 1984. Su madre, pacífica pero insistente, no paró de buscarlo. Gracias a ella, hoy sabemos que a su hijo lo capturó un batallón del Ejército y que luego fue torturado, asesinado y desaparecido. En 2015, Fabiola recibió el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos y la Unesco declaró que el archivo que había construido sobre la desaparición de su hijo era tan valioso que hacía parte del patrimonio de la humanidad. Para la curadora, la desaparición forzada “es una modalidad de violencia que causa unos daños profundos y sostenidos por larguísimos períodos de tiempo en las familias”. En el caso de Luis Fernando, después de más de 30 años esperando justicia, la salud física y emocional de Fabiola se sigue deteriorando.

Si se miran los números, la cifra de desplazados en el país es cuando menos escandalosa. Siete millones de personas: como si a cada habitante de Uruguay le quitaran su casa dos veces. Eso convierte a Colombia en el segundo país del mundo con mayor índice de desplazamiento interno. Para Catalina, “esa es una realidad que a veces no consideramos”. Para Juan Arredondo “es triste ver una comunidad, como los embera chamí de la exposición, que se desplazaron de Pueblo Rico, Risaralda, a Pereira, luego a Bogotá y luego a Medellín”.

Miradas a Bosnia y Herzegovina, Congo y Estados Unidos

Más de dos décadas después de terminar el conflicto entre bosnios serbios, bosnios croatas y bosniaks (musulmanes), Mihad Poturovic quiso mostrar las transiciones en cuatro niveles: el recuerdo y la memoria, la justicia inconclusa, la justicia en progreso y la identidad étnica.

En la República Democrática de Congo, un país rico en recursos naturales y teóricamente liberado de invasores, Martin Lukongo escogió hablar, a través de sus fotos, de cómo las agendas de actores internos y externos, interesados en el caucho, los minerales y la mano de obra, entorpecen el desarrollo de esa nación en términos del acceso al agua y la educación.

Aunque la esclavitud, la posesión y el comercio de afroamericanos dejó de ser legal tras la Guerra Civil, en el siglo XIX, la fotógrafa Sophia Nahli Allison decidió mostrar cómo, más de cien años después, sigue existiendo racismo y segregación en aspectos tan básicos como el acceso a la educación, la propiedad y la justicia en Estados Unidos.

¿Qué transiciones cree que debe atravesar Colombia?

Que haya justicia para los familiares de desaparecidos, que los desplazados puedan recuperar sus tierras y que los niños no tengan que portar un arma de fuego son imperativos para pasar de la guerra a la paz. Al menos en el caso colombiano. En los demás casos: el acceso a servicios básicos, la educación de calidad, la construcción de memoria, el respeto por la diversidad y el derecho a la igualdad. Pero todos esos campos reunidos son apenas una fracción de lo que se necesita. Por eso, Transitions dedicó un espacio de la exposición para que los espectadores pudieran aportar lo que creyeran necesario para solucionar estos problemas.

Se le preguntó a la gente qué transiciones había que recorrer en Colombia para pasar de un estado de guerra a un estado de paz, y desde qué sectores se debían dar esas transiciones. Si el responsable era el Estado, los medios, la ciudadanía, la comunidad internacional u otro sector que quisieran proponer. La persona escogía quién debía hacer la transición y con hilos de diferentes colores fijaba en un tablero la trayectoria que se imaginaba: si era cíclica o lineal, si iba y venía o era en un solo sentido, si era corta o larga. Sobre un marco hilaba la trayectoria y en tarjetas escribía los conceptos y la idea básica de sus transiciones. Al final, los hilos y las tarjetas los recogió el CNMH y con ellos se hará un análisis de las respuestas del público.

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Laura Cerón

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Laura Cerón

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09 Mar 2017

“¡Que la paz no nos cueste la vida!” piden las organizaciones de víctimas, sociales y defensoras de derechos humanos, por los asesinatos y ataques que vienen padeciendo mientras las instituciones y la sociedad permanecen indiferentes.

A la larga lista de líderes asesinados se suman los dos casos ocurridos el pasado 5 de marzo, en la vereda El Gobernador, del municipio de Mesetas, departamento del Meta. El campesino, militante del partido Comunista y del sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta “SINTRAGRIM”, José Antonio Anzola Tejedor, fue asesinado al salir de su finca.

José Antonio Anzola Tejedor, participó en un taller realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), a mediados de febrero en Jardín de Peñas, sobre el lugar de memoria en honor a la Unión Patriótica, que se ordenó en la sentencia Josué Giraldo Cardona. “Se está acallando la voz de los reclamantes de la restitución de las tierras y defensores de los derechos humanos, con lo cual están amedrantando a los habitantes de los territorios para que desistan de reclamar sus derechos”, dice la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC).

Ese mismo día, a las 7.00 p.m., llegaron tres hombres armados, uno de ellos encapuchado, hasta la casa de Luz Ángela Anzola Tejedor, hermana de José Antonio, “se presentaron como integrantes de la ‘disidencia’ de las FARC del frente segundo, manifestándole a su familia que ya habían asesinado a su hermano José Antonio y que venían a asesinarla a ella, por ser sapos, con lo que procedieron a sacarla de la vivienda y darle un disparo delante de su familia”, dice un comunicado del Partido Comunista Colombiano-Regional Meta.

Estos dos casos se suman al asesinato de Ruth Alicia López Guisao de 38 años de edad, ocurrido en Medellín el miércoles 2 de marzo. Esta lideresa era integrante de la Asociación Agroecológica Interétnica Nacional Agrario y del Congreso de los Pueblos, y dinamizadora alimentaria con doce comunidades indígenas y afro descendientes de los municipios de Medio San Juan y Sipí en el departamento de Chocó.

Ruth y su familia en reiteradas ocasiones habían recibido amenazas, fueron víctimas de una intensa persecución por parte de grupos paramilitares, que las obligó a desplazarse de la zona. La razón, ser reconocidos líderes comunitarios y sobrevivientes de la Unión Patriótica, haberse destacado por el servicio social y solidario, afirma el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado-MOVICE, en comunicado de prensa del pasado jueves 3 de marzo. En dicho comunicado, firmado por más de 33 organizaciones que han sufrido la violencia paramilitar, se rechazan estos asesinatos y se exige acciones efectivas por parte del Gobierno para el desmonte del paramilitarismo en el país.

En medio del dolor e indignación, ese mismo miércoles 2 de marzo en horas de la mañana en Bello-Antioquia, fue asesinado Fabián Antonio Rivera, presidente de la Acción Comunal de Rosalpi, zona en donde operan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), como informa la agencia de noticias e investigación Análisis Urbano.

Pero estos asesinatos se vienen produciendo a lo largo del país. Tres días antes de lo sucedido en la capital antioqueña, en Corinto-Cauca fue asesinado Eder Cuetia Conda, coordinador de la Seguridad Campesina del Corregimiento Los Andes, comunero del Resguardo Indígena de López Adentro e integrante de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Siberia. La Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, a través de su vocero Deivin Hurtado aseguró que ¨desde le año pasado han estado insistiendo en que este accionar obedece a grupos paramilitares, por más que la institucionalidad no haya querido reconocer la existencia de estos paramilitares y la persecución directa a líderes sociales¨.

La Corte Interamericano de Derechos Humanos en su comunicado de prensa del 7 de febrero de 2017 condena estos asesinatos y afirma que “los Estados tienen la obligación de establecer responsabilidades y sancionar a los autores materiales e intelectuales. Las investigaciones deben incluir el desarrollo de líneas de investigación donde se analice como hipótesis que este crimen haya tenido como móvil su actividad como persona defensora de derechos humanos¨.

La capital del país no se libró de estos actos de violencia y ataques. El 29 de enero en la localidad de Usme fue asesinado Wilfredy Gómez Noreña de 32 años de edad, quien era representante de una asociación comunal de Usme, y miembro de la Mesa de Derechos Humanos de la ciudad. Wilfredy había recibido amenazas por parte del grupo de los Rastrojos.

La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por los constantes ataques y asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

En comunicado de prensa el Defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret afirmó que “en los últimos 14 meses al menos 120 líderes y defensores de derechos humanos han sido asesinados, y se han presentado 33 atentados y 27 agresiones en el país¨, y hace un llamado a las autoridades y a la sociedad en general “a tomar acciones urgentes para blindar moralmente y proteger a las posibles víctimas, organizaciones y movimientos sociales”.

Los actos de violencia contra los representantes de la vida comunitaria y de la defensa de la vida no sólo atetan contra la integridad de estos seres humanos, sino que quebrantan el tejido social de cada comunidad, teniendo en cuenta el papel fundamental que juegan estos líderes.  Generan miedo y zozobra y dejan en evidencia la total indefensión en que se encuentran las personas y comunidades, que son los actores principales de la implementación de los acuerdos de paz en el territorio.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, monitoreó que a 30 de noviembre de 2016 se realizaron 35 atentados y 52 homicidios en contra de líderes y lideresas defensoras de Derechos Humanos.

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Laura Cerón

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Laura Cerón

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30 May 2017

Hace un mes, el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, acompañó la conmemoración de los 12 matachines de Buenaventura: 12 jóvenes del barrio Punta del Este que habían sido engañados con la excusa de jugar un partido de fútbol en otro barrio y que al contrario fueron torturados y asesinados. Sin embargo, la importancia de este acontecimiento no recae únicamente en el hecho violento en sí mismo. Hay que ver cómo la comunidad, las madres, los jóvenes, vecinos y vecinas de otros barrios se han unido a través del canto, el baile y el teatro para recordarlos.

En esto se concentra una de las actividades que realiza el CNMH: la Agenda Conmemorativa, liderada por la Estrategia de Participación de Víctimas y el Grupo de Comunicaciones, desde el 2014 acompaña distintas organizaciones de víctimas que se han tomado la tarea de recordar. Pero este verbo involucra acciones concretas en un espacio específico y aquí es donde todo adquiere mucho más valor.

Recordar implica traer el pasado al presente, al menos por un momento. Sugiere escarbar en  la memoria colectiva algo que sucedió. En su mayoría la violencia en Colombia fue tan abrasiva que arrasó con familias, barrios y pueblos enteros. El silencio reinó y el clima político y social obligó a mantener la mirada baja por muchos años.

El mural de los 12 matachines se encuentra ubicado en una de las vias mas importantes de Buenaventura por Laura Cerón

Una conmemoración de la guerra reúne a un grupo de personas que alcanza  el temple necesario para levantarse, dignificar a sus muertos y exigir garantías de esclarecimiento y no repetición. El CNMH pasó de apoyar cuatro conmemoraciones en 2014 a 22 en el 2017, entre las cuales se encuentran iniciativas de organizaciones de víctimas de los departamentos de Chocó, Santander, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Caquetá, Caldas, Cauca, Córdoba, Magdalena y Bogotá.

Este año, las conmemoraciones recuerdan a campesinos, campesinas, indígenas, afrodescendientes, mujeres, niños y niñas, personas de la tercera edad, desaparecidos y desaparecidas, líderes y lideresas que vivieron en carne propia la guerra.  Sus comunidades han tomado la decisión desde hace muchos años de señalar esas fechas y volverlas emblemáticas. En estas fechas la violencia trasciende y adquiere otro significado: las comunidades se empoderan, exigen de sus derechos a través de actividades deportivas y usan diversos formatos como el arte, las caminatas, los performances para fortalecerse.

Es así como las conmemoraciones permiten que en el futuro no olvidemos quiénes somos y de dónde venimos. La Agenda Conmemorativa, protagonizada por la pluralidad de voces y acciones de las organizaciones de víctimas, se vuelve un camino para la reconciliación, el perdón y la paz. 

Los jovenes de Punta del Este trasladan el arco para jugar en la via publica por Laura Cerón

Conmemoraciones 2017

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CNMH

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07 Jun 2017

El 2017 es un año de gran importancia para Colombia pues se dio inicio a la implementación del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y las Farc. Este contexto exige acciones inmediatas que fomenten y fortalezcan la construcción de paz a nivel regional y nacional; asimismo demanda una reflexión consciente sobre los aprendizajes y lecciones recogidas después de décadas de conflicto armado, que aporten solidez al complejo proceso de salida de la violencia que atraviesa el país. 

Con este propósito, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH), entidades reconocidas por su trayectoria en investigación sobre los fenómenos de la violencia, organizan los Coloquios Salida de la violencia, construcción de paz y memoria histórica, los cuales buscan fomentar el diálogo y la reflexión en torno a la transición iniciada en Colombia y los procesos adelantados por otros países para apartarse de la confrontación armada. 

Los coloquios hacen parte de la apuesta académica del año Colombia – Francia, el cual consiste en un programa de carácter bilateral que tiene como fin potenciar y diversificar las relaciones entre ambos países, abrir nuevos ámbitos de cooperación y visibilizar las fortalezas de cada nación. 

Las dos actividades serán un espacio único para que expertos internacionales, investigadores sociales, representantes del sector público y de organizaciones sociales debatan temáticas como la metamorfosis de la violencia, el papel de la memoria histórica, los movimientos sociales y la participación ciudadana en la salida de la violencia. 

Fechas e información sobre los Coloquios

Coloquio 1

Se realizará el 12 y 13 de junio en la ciudad de Bogotá y contará con la participación de 17 expertos nacionales e internacionales en temas de violencia, movimientos sociales y cambio social.

Descargue la agenda aquí.

Coloquio 2

Tendrá lugar en el segundo semestre de 2017 en París y busca convocar y fomentar la participación y discusión sobre estos temas entre los colombianos que se encuentran en Francia; así como del público extranjero interesado en el contexto socio político de América Latina. La información detallada sobre esta actividad se publicará en el segundo semestre del presente año.

Invitados

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