La toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurridas entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, que se tradujo en violencia, muerte, tortura, dolor y desaparición forzada de personas, debe interpelar al país de múltiples maneras. En primer lugar está la imagen, en segundo lugar está la voz, en tercer lugar están la deuda y el duelo.

En el primer lugar, la imagen histórica de los tanques blindados entrando al Palacio ha quedado en la memoria gráfica de Colombia como signo lúgubre y doloroso. Esa imagen demostró la enorme vulnerabilidad del sistema de justicia en contextos de conflicto armado interno.

La toma, la retoma y la larga historia de ocultamiento e impunidad que vinieron después siguen en el imaginario y en la retina de miles de personas que saben que allí donde los jueces son perseguidos nadie puede dormir tranquilo, pues nadie tiene amparados sus derechos.

Los tanques entrando al Palacio son signo también de las sinsalidas históricas a las que condujo la doctrina de seguridad nacional en lo que atañe a la autonomía militar en el manejo del orden público.

La discrecionalidad en el uso de un poder letal, justificada mediante un ambiguo y a la vez expansivo concepto de enemigo, redujo a la institucionalidad civil a la impotencia y al lamento.

En segundo lugar, y después de la imagen, está la voz del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alfonso Reyes Echandía, llamando como tantos otros a que cese el fuego, a que la palabra y el diálogo pongan límites a los fusiles, a que la ley, por fin, se imponga sobre las balas.

Que esa voz se haya consumido en la enorme pira que el cruce de la violencia construyó para la justicia es doloroso, sí. Pero, al mismo tiempo, que después de 30 años se recuerde y se escuche la voz de “cese del fuego” es esperanzador; es un llamado para que, a pesar de haber fracasado mil veces, se levante de nuevo mil veces el reclamo de sí al futuro, en paz.

Y en tercer lugar, tras la imagen y la voz están la deuda y el duelo. Deuda del país y de las instituciones del Estado con las víctimas de esas 28 horas de barbarie y de eternidad innumerable, de encuentros imposibles, de justicia postergada, de expedientes infinitos.

Deudas de verdad, de justicia, de reparación, de garantías de no repetición. Deudas de reconocimiento de la democracia, de la solidaridad, de la ética. Y duelo para los que murieron y también para aquellos que aún no aparecen.

Entre las imágenes, las voces, las deudas y los duelos y no duelos del Palacio de Justicia persiste el reclamo de reconocimiento largamente esperado frente al Estado colombiano.

Han transcurrido 30 años y aún estamos en la ardua labor de construir la verdad y la justicia, y de encontrar el paradero de por lo menos once víctimas.

El 13 de noviembre de 2013, el Estado colombiano reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que “las heridas no han cicatrizado, el dolor por los caídos, la incertidumbre por los desaparecidos siguen vigentes en los corazones de sus familiares”.

Las víctimas directas de la toma y la retoma del Palacio de Justicia fueron quienes murieron violentamente, y también las personas que aún se encuentran desaparecidas y sus familiares. Pero además hubo víctimas indirectas que esta destrucción provocó: las instituciones del Estado y, con ellas, la justicia y la sociedad.

Después de las 28 horas de hoguera en el Palacio y de los 30 años de dificultades para entender lo sucedido, hay una sensación de desprotección de los servidores públicos encargados de ejercer la función judicial. Por eso se vislumbra una necesidad urgente de resarcir la justicia para prepararla mejor para el posconflicto. Lo señalamos en el informe de la Rochela, una masacre contra operadores judiciales que a su vez investigaban otros hechos criminales. Advertimos allí las dimensiones que a escala nacional había tenido la violencia sobre el aparato judicial.

En Colombia las cifras de las tres últimas décadas son inquietantes: el Grupo de Memoria Histórica documentó hechos de violencia contra 1.487 funcionarios judiciales entre enero de 1979 y diciembre de 2009, lo que equivale a decir que aproximadamente cada semana era atacado por parte de los actores vinculados al conflicto armado un funcionario encargado de impartir justicia y aplicar la ley. Esto no ha cambiado demasiado.

Y las consecuencias de la destrucción en el Palacio, además de afectar a la justicia, vulneraron a la sociedad. Ese daño puede palparse en la persistencia de la impunidad, en las muertes, en las torturas y la desaparición forzada. Este último, un crimen cuyas víctimas no son sólo quienes no aparecen, y quedaron en estado de indefensión, suspendidos en el tiempo, sino sus familiares y la sociedad completa. Por eso encontrar los cuerpos es fundamental, no sólo para hallar la verdad, sino para lograr una parte de la reparación, permitir los duelos, mitigar el dolor y visibilizar la dignidad.

La Unesco acaba de hacer un reconocimiento internacional al declarar como Patrimonio Documental de la Humanidad la larguísima lucha de una madre de un desaparecido y su documentación durante algo más de 30 años. Nosotros como CNMH tenemos cuatro informes sobre la desaparición forzada, a los cuales se agrega el que se refiere a Caquetá:Textos corporales de la crueldad.

Finalmente, frente a la desaparición forzada en Colombia hoy confluyen en el momento político una serie de factores que le dan particular relieve a este doloroso crimen: la creación, en el marco de los acuerdos de La Habana, de una unidad de investigación de la desaparición. Este es un evento inusual: que ambas partes, Estado e insurgencia, acepten la ocurrencia y las responsabilidades por este delito en contra de la humanidad y asuman tareas conjuntas para el esclarecimiento es el comienzo de lo que puede ser un gran logro.

Los eventos conmemorativos del Palacio de Justicia han estado asociados en los últimos días a nuevas evidencias, nuevos hallazgos de cuerpos, nuevas frustraciones por quienes aún no están y nuevas resignificaciones de lo que debería hacerse para encontrarlos. Algunos tienen nuevas verdades, a otros se les deshacen las que tenían. Lo que muestra a la vez las posibilidades y los límites de la investigación forense y judicial.

Otra vez, la imagen y la palabra. Siempre nos surgirá la pregunta, si todos vimos entrar los tanques blindados al Palacio de Justicia y luego expandirse el incendio, o escuchamos por radio la voz desesperada que clamaba por el cese del fuego, ¿por qué no hemos resuelto temas como la verdad y la justicia?

Esa pregunta vuelve a interpelarnos, como al principio de esta presentación… Como personas, como sociedad y como Estado nos interroga: si la impunidad o la incertidumbre se prolongan en un caso como el del Palacio de Justicia, ¿cuántas incertidumbres y cuántas impunidades esperarán verdad en las periferias y en las selvas de Colombia?

Si hay tanto dolor no reconocido, si hay tanta verdad no contada y si hay tanta reparación pendiente, el Estado y la sociedad entera tienen responsabilidades de futuro que asumir. No podemos eludirlas.

Al mismo tiempo, junto al dolor y a las carencias, hay una dimensión de grandeza y generosidad de las víctimas que nunca terminaremos de agradecer: las víctimas del Palacio de Justicia no han cesado su lucha por la verdad y la justicia. Ellas no cesan y al no cesar lo hacen en nombre de todas las víctimas que existen en el país, de todas las víctimas que hay en el mundo, y lo hacen también por todos nosotros.

A las víctimas las acompañamos en este momento de memorias cruzadas y nos volvemos a declarar en deuda con su legado.

Artículo publicado en elEspectador.com