Palabras del director del CNMH, en apertura del Seminario de Archivos de DDHH, Memoria Histórica y Transparencia
Apreciadas Señoras y Señores
Representantes del Gobierno Central, demás ramas Y organismos autónomos
Invitados internacionales
Entidades de La Rama Ejecutiva
Víctimas, organizaciones sociales Y sociedad civil.
Les damos la bienvenida al Primer Seminario de Archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Transparencia realizado por el CNMH
En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento muy especial a la Doctora MARCELA INÉS RODRÍGUEZ, directora técnica de la unidad de Archivos y Derechos Humanos del CNMH, por su liderazgo y capacidad organizativa sin las cuales este evento no habría tenido lugar.
De igual manera, quiero agradecer a todas dependencias, directivos y funcionarios del CNMH que aportaron su esfuerzo a este proyecto.
Señoras y señores, Colombia es un país afectado por violencias de diversa naturaleza que han perjudicado su desarrollo económico, el bienestar y la seguridad de sus habitantes e incluso han puesto en entredicho sus tradiciones democráticas.
Sin embargo, nuestro país ha demostrado con creces una inmensa capacidad de resistencia y de superación frente a las desgracias vividas. A pesar de la gravedad innegable de acontecimientos trágicos ocurridos en las últimas décadas, nuestras gentes prosiguen sus vidas, encaran el dolor, realizan sus duelos y son capaces de seguir adelante. El nuestro, aunque no lo parezca, es un pueblo trabajador, honrado y emprendedor que no se arredra ante las dificultades.
Aunque no podemos negar que las violencias desatadas en el marco del conflicto armado entre el Estado y grupos armados ilegales, como guerrillas de inspiración comunista y socialista, paramilitares o autodefensas, bandas criminales y de narcotraficantes, dan la imagen de un país al borde del caos, en guerra civil, en el que sus habitantes se agreden por cualquier motivo, y del que hasta ciertos intelectuales dicen que “este un país de asesinos, edificado sobre la violencia”, lo cierto del caso es que las violencias que sufrimos no han involucrado a la mayor parte de la sociedad, no estamos divididos entre guerreristas o violentos y pacifistas pues la inmensa mayoría es pacífica, no ha militado en favor de unos u otros grupos armados ilegales.
Vale la pena que se tenga en cuenta y se reconozca que el estado colombiano habiendo reinstaurado la democracia en 1958 después de 5 años de interrupción, ha seguido un derrotero reformista y ajeno a experiencias dictatoriales o militaristas. Por ejemplo, el Frente Nacional durante el cual hubo algunas restricciones de tipo electoral fue útil en el restablecimiento de la paz y la convivencia entre liberales y conservadores, tuvo, además, una vigencia limitada a 16 años. Al final de este, el país inició un período de aperturas que refrescó la vida política y enriqueció los certámenes electorales.
Hacia fines de los años ochenta y comienzos de los noventa Colombia cambió su constitución política por una que aún nos rige y que fue bautizada como progresista y reconocedora de derechos fundamentales, así como la constitución de la paz. De manera casi simultánea se dio comienzo a una experiencia que incrementó el interés y la participación ciudadana en los destinos de sus localidades, me refiero a las elecciones para alcaldes y gobernadores.
Pero, este camino, que presento de modo muy ajustado, no estuvo exento de conflictos sociales, contradicciones profundas, enfrentamientos armados, surgimiento de grupos guerrilleros y paramilitares, cuestionamientos de la democracia. No es la ocasión para brindar interpretaciones acerca de una situación tan contradictoria que nos deja ver dos caras opuestas de una sociedad, por un lado, pujante, con niveles de crecimiento aceptables, sin grandes crisis financieras, con oportunidades y reformas, y de otra parte, el nacimiento y auge de organizaciones que pretendían la toma del poder por la vía de las armas.
Sin duda, el narcotráfico que surgió en los años setenta del siglo pasado y posteriormente tuvo un auge inusitado, se puede considerar como el factor más desestructurante del país, de los lazos sociales, de la institucionalidad, de la política, de la economía y de la cultura. Los opíparos recursos del dinero maldito circularon por todos los poros de la sociedad y cumplieron el papel de gasolina para el surgimiento y consolidación de los grupos armados ilegales de todo tipo.
El Estado colombiano que en principio prestó poca atención al fenómeno guerrillero corrigió esa actitud hacia fines de los años setenta cuando fue creada la primera Comisión de Paz. Luego, bajo la presidencia de Belisario Betancur se dio inicio a la búsqueda de una solución negociada del conflicto armado entre el Estado y los grupos guerrilleros. Desde entonces, todos los presidentes han proseguido en esta política, unos con mayor éxito que otros. La estrategia negociadora del estado colombiana no ha sido, en mi parecer, suficientemente reconocida por organismos y agencias multilaterales y de derechos humanos.
Los gobiernos colombianos no han negado la existencia de una realidad que ha motivado la mirada de organismos internacionales. Me refiero al problema que hoy nos sigue preocupando y que es, en parte, motivo de este evento, la violación en materia grave de los derechos humanos por parte de agentes del estado. El asunto estuvo y aún lo está, orientado a ubicar como único o principal responsable al estado colombiano no obstante que la mayor parte de la culpa de las atrocidades ha corrido por cuenta de los grupos armados ilegales.
Desde los años ochenta y hasta el presente, el Estado colombiano ha respondido al clamor justificado de la opinión nacional e internacional por el respeto de los Derechos Humanos creando entidades que incorporan en sus misiones la defensa, promoción y respeto de los Derechos Humanos. También ha aceptado, a pesar de muchos fallos injustos, las sanciones de cortes internacionales y ha procedido a reparar a las víctimas y a sus familiares por las violaciones.
Quiero resaltar, en síntesis, dos hechos positivos del estado colombiano que hablan bien de su proceder en el contexto de este conflicto armado y de tantas atrocidades sufridas por diversos sectores de la población. De un lado, la persistencia en la política de buscar una solución negociada con grupos armados ilegales, aún al precio de sacrificar una buena dosis de justicia, y de otro, la implantación de políticas en materia de derechos humanos que cruzan distintas instancias y entidades de la vida nacional como la escuela, las Fuerzas Militares, los Medios, los órganos de la Justicia, el Congreso, los partidos políticas, las iglesias. No nos hemos librado totalmente de los males de las violencias y de la violación de los derechos fundamentales por parte de los grupos ilegales, pero nuestra sociedad, nuestro estado y los distintos gobiernos han ido fortaleciendo, legitimando y posicionando los derechos humanos como fundamento esencial de nuestra convivencia.
Ahora bien, el Centro Nacional de Memoria Histórica creado en 2011 por la Ley de Víctimas 1448 tiene como una de sus misiones la de recuperar, acopiar, clasificar, resguardar y proteger los archivos de las organizaciones de víctimas que les han sido entregados en calidad de préstamo o donación y con dicho material forjar una política de derechos humanos en interrelación con otras entidades estatales.
En el marco normativo vigente, los denominados archivos de derechos humanos, comprenden agrupaciones documentales de diversas naturaleza, fechas y soportes materiales, reunidas o preservadas por personas, entidades públicas o privadas, del ámbito nacional e internacional, y cuyos documentos testimonian y contribuyen a caracterizar las graves violaciones a los Derechos Humanos, las infracciones al Derecho Internacional Humanitario y los hechos relativos al conflicto armado interno, así como sus contextos, referidos a:
En este contexto, el archivo personal de un líder social desaparecido, el archivo de una ONG que busca cooperar con la paz del país, los archivos de las entidades públicas o privadas que tienen en su función el ejercicio de los derechos humanos, son fundamentales para reconstruir la memoria histórica del conflicto armado interno de Colombia.
Por lo anterior, en el marco de la construcción participativa que se viene trabajando en el Centro Nacional de Memoria Histórica y, en particular desde la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1448 de 2011 y decretos reglamentarios y complementarios, se han creado instrumentos que reconocen la importancia de los archivos de Derechos Humanos en el país, como lo son el Registro Especial de Archivos de derechos Humanos y Memoria Histórica, el Protocolo de Gestión Documental y el Archivo Virtual de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto, encargados de reconocerles la importancia a estos archivos como herramienta fundamental contra la impunidad y la garantía de derechos para las víctimas.
Para llevar a cabo el desarrollo de estos instrumentos, el Centro Nacional de Memoria Histórica, reafirma su interés de trabajar en acciones para el fortalecimiento de la Gestión documental en materia de archivos de derechos humanos, memoria histórica y transparencia, para dar cumplimiento a la ley de víctimas y a sus decretos reglamentarios y, de esta manera, dar continuidad a las acciones programadas, entre ellas, la jornada que hoy nos convoca.
Realizar el Primer Seminario de Archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Transparencia es de gran importancia para todos los participantes en este evento, por cuanto permitirá interpretar y comprender criterios, normas técnicas, jurídicas y la metodología requeridas para hacer efectiva la creación, organización, transferencia, conservación de los archivos de derechos humanos basados en la correcta aplicación de las normas y el cumplimiento de la Ley de Víctimas (1448 de 2011) y la Ley General de Archivos (594 de 2000).
De la misma forma, es importante enunciar que en lo concerniente al Registro Especial de Archivos de derechos Humanos y Memoria Histórica, el Protocolo de Gestión Documental y el Archivo Virtual de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto, en el Centro Nacional Memoria Histórica esperamos contar con su apoyo para su fortalecimiento y actualización.
En relación con el Registro Especial de Archivos de derechos Humanos y Memoria Histórica, que inició su implementación el año 2015, al día de hoy, se han elaborado más de 2.546 registros de archivos, en 26 departamentos y 342 municipios, lo cual muestra un universo incipiente frente a la meta fijada como país.
Sobre el Protocolo de Gestión Documental, oficializado a través de la Resolución 031, del 6 de febrero de 2017, es un documento de vital importancia por cuanto cumple con las disposiciones de la Ley 1448 de 2011, que establece los criterios y las medidas que se deben seguir para la identificación, protección, y garantías de acceso a la información de archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado.
Finalmente, para dar inicio a la presentación de los expositores, desde el CNMH queremos comunicarles que continuamos trabajando en la perspectiva de proteger, preservar y poner al servicio de la sociedad los diferentes documentos, archivos, testimonios y, en general, todos los documentos e informaciones que integran el Archivo de Derechos Humanos con el que hoy cuenta el CNMH y con el objeto de avanzar en la garantía del derecho a la verdad, del que son titulares las víctimas. Continuamos nuestra labor de registro, acopio, custodia, preservación y protección de los diferentes documentos que puedan aportar a la comprensión de lo que nos ha pasado como sociedad en estos más de 50 años de conflicto.
A ustedes, todo nuestro agradecimiento por acompañarnos en esta jornada y cuenten con nuestra asistencia en pro de fines comunes como son la protección y salvaguarda de los archivos y de aquellos relacionados con los derechos humanos.
DARÍO ACEVEDO CARMONA
Director General
Centro Nacional de Memoria Histórica
Bogotá, D.C., 9 de octubre de 2019
