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Yolanda Cerón

Con una biografía ilustrada, el Centro Nacional de Memoria Histórica conmemora los 20 años del asesinato de la hermana Yolanda Cerón

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Publicado

19 de septiembre de 2021

Con una biografía ilustrada, el Centro Nacional de Memoria Histórica conmemora los 20 años del asesinato de la hermana Yolanda Cerón

  • Este domingo 19 de septiembre se cumplen 20 años del asesinato, a manos de paramilitares pertenecientes al Bloque Libertadores del Sur, de la emblemática religiosa que dedicó su vida a ayudar a las comunidades negras del Pacífico colombiano.
  • La Estrategia de Reparaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica, de acuerdo a una orden judicial en contra de los autores del crimen, lideró la publicación de una biografía de la religiosa que se lanza en esta fecha conmemorativa, que lleva el nombre ‘Yolanda Cerón: la hermana del Pacífico. Una biografía ilustrada’.

Bogotá, 18 de septiembre de 2021. Yolanda Cerón nació un 15 de septiembre de 1958 en Berruecos, Nariño. Fue a través de los viajes por las veredas de ese Pacífico nariñense en el que creció, al inicio de los años 90, que se hizo consciente de la importancia de conocer y reconocer los derechos de las comunidades negras de esa región. Después de muchos viajes, reuniones y horas de compartir con la comunidad, el 27 de agosto de 1993 se aprobó la Ley 70 de 1993 que “reconoce la propiedad colectiva de la tierra de las comunidades afrocolombianas que históricamente han habitado en un territorio”, en la cual la religiosa tuvo directa incidencia.

Producto de estas acciones a favor de la comunidad, la hermana Yolanda Cerón comenzó a recibir amenazas contra su vida que provenían de diferentes grupos armados. Sin descanso, la hermana Yolanda siguió trabajando por los demás y por mejorar sus condiciones de vida, hasta que el 19 de septiembre del 2001, a eso de las 12 del mediodía, paramilitares pertenecientes al Bloque Libertadores del Sur acabaron con su vida frente a la iglesia de La Merced, en Tumaco, Nariño y callaron su voz para siempre.

El reconocimiento de la propiedad colectiva de la tierra, entre otras muchas causas, hicieron que la hermana Yolanda dejara un gran legado en toda la región y que su nombre fuera recordado por siempre, siendo reconocida además como ‘La hermana del Pacífico’. Este, precisamente, es el nombre que lleva la biografía ilustrada que adelantó la Estrategia de Reparaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica, de acuerdo a la sentencia judicial del 29 de septiembre de 2014 contra Guillermo Pérez Alzate y otros desmovilizados del Bloque Libertadores del Sur, responsables del asesinato de la hermana Yolanda. La sentencia ordenó al CNMH la reconstrucción de una historia de vida emblemática de la religiosa. La publicación puede descargarse gratuitamente aquí.

Para Jenny Lopera, Directora Técnica para la Construcción de la Memoria Histórica del CNMH, esta es una nueva oportunidad para que el país recuerde nombres importantes y esenciales en la lucha por los derechos de las minorías, especialmente en una región como la del Pacífico colombiano, que continúa siendo golpeada por las violaciones a los Derechos Humanos. “Esta biografía ilustrada es la mejor manera de mantener viva la memoria y el legado de Yolanda Cerón, sus resistencias, su trabajo, que sin duda hace parte la construcción de paz de Colombia, que tanto lo necesita”, destacó.

El CNMH ha programado dos encuentros de socialización de la biografía de Yolanda en el departamento de Nariño. El 21 de septiembre a las 5 p. m. en el Club del Comercio de la ciudad de Pasto y el 22 de septiembre a las 3:30 p. m. en la Biblioteca Mariscal Sucre del municipio de Arboleda (Berruecos). La entrada a los encuentros es libre con aforo limitado por protocolos de bioseguridad.

Fecha: 21 de septiembre de 2021
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Club del Comercio
Dirección: Cr 44 # 20 – 105. Pasto (Nariño).
Entrada libre. Aforo limitado por bioseguridad.

Fecha: 22 de septiembre de 2021
Hora: 3:30 p.m.
Lugar: Biblioteca pública Mariscal Sucre. Arboleda (Nariño).
Entrada libre. Aforo limitado por bioseguridad.

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

Asesinato, biografía ilustrada, Estrategia de Reparaciones, hermana Yolanda Cerón, Jenny Lopera

Comunicar en medio del conflicto, memoria de Eduardo Estrada

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© Semillero de Memoria – Universidad Tecnológica de Bolívar

Publicado

04 Feb 2015

Comunicar en medio del conflicto, memoria de Eduardo Estrada

Ese día en San Pablo, sur del Bolívar, todo era fiesta, víspera de las ferias de la Virgen del Carmen. El pueblo estaba repleto de gente. Había un concierto, bailes y desorden en cada esquina. Eduardo Estrada había amanecido contento. Pasó el día acompañado de música, bailando un poco entre sus labores y disfrutando alguna que otra cerveza bajo el abrasador calor del corazón del Magdalena Medio. 

Era 16 de julio de 2001 y, al caer la noche, las balas indiferentes del conflicto armado que azotaban la región lo golpearon fuertemente por la espalda. Asesinaron la voz del pueblo, mataron al líder y periodista quien, para entonces, estaba empeñado en informar y divulgar el rechazo de la comunidad a la dominación que los actores armados ilegales habían impuesto desde finales de la década de 1990.

El próximo viernes 6 de febrero, el Grupo Regional de Memoria Histórica (GRMH) de la Universidad Tecnológica del Bolívar, dará a conocer el informe “Comunicar en medio del conflicto” y el documental “El silencio de un pueblo”  basados en el caso del líder cívico y comunicador asesinado, Eduardo Estrada Gutiérrez. A través de la reconstrucción de la vida de Eduardo, el informe busca descubrir cómo el silenciamiento de los medios de comunicación locales hace parte de los mecanismos utilizados por los actores armados. Los productos son el resultado de un trabajo de reconstrucción de memoria histórica con la familia, la Parroquia Jesuita San Pablo Apóstol, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio en San Pablo y personas allegadas a Eduardo Estrada.

El CNMH acompañará el lanzamiento a las 10:00 am en la Universidad Tecnológica del Bolívar presentando el resultado de la investigación y el proceso audiovisual realizado por Mauricio Villacob.

El CNMH y la Universidad Tecnológica de Bolívar iniciaron la investigación en 2012, con apoyo de USIP (United States Institute of Peace) y la Universidad de Los Andes, en el marco de un proyecto cuyo objetivo era apoyar el surgimiento y consolidación de (GRMH) conformados por profesores y estudiantes universitarios en las zonas de Magdalena, Bolívar y Santander.

Para María Emma Wills Obregón, asesora de la dirección del CNMH y coordinadora del proyecto, “este proceso propició el surgimiento de una alianza y un tejido de solidaridades entre víctimas, organizaciones de víctimas y la universidad”.

 
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Asesinato, Conflicto, Conmemora, Memoria

Una masacre selectiva en Ungía

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www.unguia-choco.gov.co/

Publicado

28 Feb 2015

Una masacre selectiva en Ungía

EL 27 DE FEBRERO DE 1990 FUERON ASESINADOS 6 MIEMBROS DE LA UNIÓN PATRIÓTICA EN EL MUNICIPIO DE UNGUÍA, CHOCÓ.

Para los habitantes de Unguía, también conocido como “La puerta del Darién” por ubicarse en el Urabá chocoano, ya era casi usual oír sobre las masacres que los hermanos Castaño (Fidel, Vicente y Carlos) estaban cometiendo contra miembros de la Unión Patriótica en la zona. Un mes antes, los mismos paramilitares habían desaparecido a ocho campesinos en el pueblo y un día antes la alcaldesa de Apartadó, Diana Estela Cardona, había sido asesinada. Además, muchos líderes de la UP habían sido víctimas de toda clase de atentados. El aire que respiraba la comunidad olía a miedo.

Para entonces, la Alcaldía del municipio era ocupada por el conservador Mario Ferley Medina, quien resultó electo en el marco de una coalición entre la Unión Patriótica y el Partido Conservador. Aunque el balance de su candidatura fue bueno, la UP, liderada en la región por Mauricio Ramírez González, decidió presentar a las próximas elecciones una candidatura propia del partido y postuló a Arnoldo López Cano para el periodo 1990 – 1992.

“(…) antes del 88 no había elección popular de alcaldes. Los alcaldes eran nombrados desde las gobernaciones y las gobernaciones eran nombradas por el presidente, por lo que las relaciones de clientela generaban un poder político local particular. En el momento en que se va por la descentralización y por la elección popular de alcaldes, se presentó un problema porque empezó a haber una competencia por los votos. Ya el resultado no dependía de qué tan lubricada estaba la clientela interna del partido. Y si a eso se le suma que en ese momento entró la UP, los intereses político  electorales se dispararon de tal manera que sucedió a escala nacional una ola de violencia en la que se incluyó el genocidio contra la UP”, cuenta Vladimir Melo, miembro del equipo de investigación del proyecto sobre el genocidio de la UP que adelanta el CNMH en convenio con la Corporación Reiniciar.

Para los miembros de la UP de Unguía las cosas no serían diferentes. El 27 de febrero de 1990, a pocos días de las próximas elecciones, Mauricio Ramírez se encontraba reunido con otros 5 miembros del partido en el parque principal del municipio. Sin previo aviso, un grupo de paramilitares irrumpió en el lugar y, bajo las órdenes de Fidel Castaño, los asesinaron con armas de largo alcance. El hecho ocurrió a pocos metros de la estación de policía, pero ninguno de los perpetradores fue perseguido o capturado.

A pesar de lo ocurrido, la Unión Patriótica participó en las elecciones y perdió por pocos votos ante la candidata del Partido Liberal, Luz Londoño. La mayoría de los electores que estaban a favor de la UP no salieron a votar por temor a represalias.

“Todas las masacres del 88 contra la Unión Patriótica, incluida la de Unguía, están totalmente relacionadas con la dinámica electoral. Con esta masacre lo que se evita es que la UP consiga la alcaldía”, afirma Vladimir.

Hoy, 25 años después, recordamos a las víctimas de esta masacre: Mauricio Ramírez González, Camilo Arturo Botero Rodríguez, Nohora Ruiz Flórez, Francisco Atencio, Álvaro Prada y Omar Ruiz.  

Pero los hechos violentos en la región estaban lejos de terminar allí. El Tapón del Darién se convirtió en territorio de disputa entre guerrillas y paramilitares, y su presencia desembocó en otras masacres en Unguía y Riosucio. Debido a ello, la zona empezó a ser afectada por una crisis humanitaria de graves proporciones (desplazamientos, masacres, homicidios…).

Según datos que ha logrado reunir el proyecto sobre la UP que adelanta el CNMH en convenio con la Corporación Reiniciar, se cometieron 19 masacres en el Urabá entre los años 1987 y 1997.

Los habitantes del Urabá han tenido que aprender a sobrevivir en medio de un conflicto que ha insistido en instalarse en sus vidas cotidianas.

El aire que antes olía a miedo, sabe hoy a cotidianidad y desasosiego.

 
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Asesinato, Chocó, Masacre, Ungia, unión patriótica

25 años de impunidad

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Publicado

02 Mar 2015

25 años de impunidad

El 26 de febrero de 1990 en un establecimiento público conocido como “La Tata” en Cimitarra, Santander, dos integrantes de las Autodefensas de Puerto Boyacá asesinaron a Josué Vargas Mateus, Saúl Castañeda y Miguel Ángel Barajas -dirigentes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC) – y a la periodista Silvia Duzán, quien se encontraba con ellos haciendo un documental sobre esta organización campesina para la BBC de Londres. 25 años después aún no hay justicia por este crimen, y sus amigos y familiares no los olvidan.

En memoria de Josué, Saúl y Miguel

Han pasado más de dos décadas desde el asesinato de Josué Vargas, Saúl Castañeda y Miguel Barajas, líderes de la organización campesina que surgió en 1987 en el corregimiento La India, Santander, para hacer respetar su territorio de los grupos armados y no permitir que su comunidad entrara a un conflicto que no inició.

Sin embargo, 25 años después de su muerte, el recuerdo de estos tres líderes sigue presente en la ATCC: “Josué, Saúl y Miguel Ángel siguen viviendo en nuestros corazones. Sus ideales y su compromiso con los derechos de los campesinos y el respeto a la vida están vigentes en nuestra asociación” dice Braulio Mosquera, vicepresidente de la junta directiva de la asociación campesina, quien tampoco olvida a la periodista Silvia Duzán y agrega “también reconocemos el valor y coraje de Silvia, quien conociendo el riesgo que corría se atrevió a venir para mostrar el trabajo de nuestra organización campesina”.

A pesar del paso del tiempo, el recuerdo de estos tres líderes no se desvanece y, por el contrario, se hace más fuerte. Hoy son leyendas e inspiración para las nuevas generaciones. “Los muchachos del colegio muchas veces nos preguntan por ellos y quieren saber cómo eran. Yo les respondo que eran amables, trabajadores, incansables, eran líderes completos que con su trabajo nos dejaron un territorio con mayor tranquilidad y paz” cuenta Carmen Moreno del comité de salud de la ATCC.

Para recordar y honrar la memoria de Josué, Saúl y Miguel Ángel, asesinados en la noche de aquel lunes 26 de febrero de 1990, la junta directiva de la ATCC está organizando un evento simbólico en los primeros días de marzo, en el que toda la comunidad se reunirá y sembrarán árboles para recordarlos y fortalecer el proceso de su asociación campesina.

25 años con Silvia en la memoria

A cientos de kilómetros de los campesinos del Carare, en la capital colombiana conmemoraban los 25 años del asesinato de Silvia Duzán en el foro“Impunidad y libertad de prensa”, realizado en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Allí, María Jimena Duzán habló del recuerdo de su hermana Silvia, del libro que escribió para recordarla y la impunidad que rodea su caso.

¿Si soy periodista y cuento historias de otras personas, por qué negar la mía? Con esta pregunta María Jimena Duzán empezó a contar su experiencia para escribir el libro “Mi viaje al infierno” en el que relata los detalles sobre la masacre de Cimitarra donde murió su hermana. “Había borrado de mi mente los recuerdos de Silvia y los rostros de los tres líderes campesinos. Solo 20 años después pude hacer el proceso de reflexión y duelo sobre lo que había pasado”. Esta decisión, confiesa, la tomó después de vivir una experiencia en Belfast, en donde presenció una conversación entre víctima y victimario del conflicto en Irlanda. “Me di cuenta que enfrentar los recuerdos era necesario, necesitaba recuperar la memoria de Silvia y sacar sus recuerdos de las sombras” recordó María Jimena.

Su viaje al infierno es memoria y denuncia, pues 25 años después el asesinato de Silvia sigue impune. Un destino al que, lamentablemente, llegan la mayoría de los casos de violencia contra la prensa en nuestro país.

Un minuto de silencio por los periodistas que murieron en cumplimiento de su labor en Colombia y un acto de entrega de tierra en el memorial a la vida del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, fueron los actos simbólicos para recordar a Silvia y los tres dirigentes de la ATCC.

Impunidad

Antes de su asesinato, Silvia Duzán había obtenido una entrevista con alias “El Mojao” en la cual aceptaba que el paramilitarismo tenía reconocimiento y apoyo en la región y que en muchas ocasiones los paramilitares patrullaban las zonas en compañía de integrantes del Ejército, con el consentimiento de políticos y ganaderos del Magdalena Medio. “Hay una alta probabilidad de que esta entrevista hubiera sido la causante del asesinato”, reconoció también María Jimena Duzán en las páginas del informe El orden desarmado. La resistencia de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare.

Luego de años de indagación e investigación, por la masacre del 26 de febrero de 1990 la justicia colombiana condenó a 11 años de prisión a tres agentes de la Policía Nacional, un militar del Ejército y a dos civiles por el delito de conformación de grupos de justicia privada, sin embargo, el Tribunal Nacional los absolvió en segunda instancia. También se abrió una investigación contra el comandante de la Policía de Cimitarra, la cual fue remitida a la justicia penal militar donde fue absuelto. Mientras que al comandante del batallón Rafael Reyes del Ejército Nacional le prescribió la investigación.

También hubo condena para los paramilitares Hermógenes Mosquera Obando, alias ‘Mojao’, y Joaquín Emilio Cataño alias ‘Gerónimo’, sin embargo, ambos ya habían sido asesinados.

Pasados 25 años de la masacre y ante el pedido de su familia y organizaciones para la libertad de prensa en Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha decidido investigar el caso, para que éste no sea un caso más que engrose la larga lista de impunidad que hay en Colombia.

Desde el CNMH nos unimos a los amigos y familiares de Silvia, Josué, Saúl y Miguel Ángel, y hoy los recordamos a ellos junto a los cientos de periodistas y miles de campesinos que han sido asesinados por diferentes grupos armados en la búsqueda de la verdad y la defensa de sus territorios.

 
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Asesinato, Autodefensas, Impunidad, Puerto Boyacá

Estado pide perdón por el crimen de Jesús María Valle Jaramillo

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Consejería Presidencial para los Derechos Humanos

Publicado

04 Mar 2015

Estado pide perdón por el crimen de Jesús María Valle Jaramillo

17 años después del asesinato del abogado Jesús María Valle Jaramillo, el Estado colombiano pide perdón por este crimen.

“En nombre del Estado de Colombia, en representación del Gobierno Nacional y en mi condición de Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, pido perdón público y expreso mis más sentidas condolencias por el crimen y por los hechos ocurridos el 27 de febrero de 1998”.

Estas fueron las palabras con las que Guillermo Rivera admitió que el Estado colombiano no garantizó el derecho a la vida de este líder antioqueño y no emprendió acciones significativas para aclarar los hechos y hacer justicia ante su muerte. Este Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional tuvo lugar en cumplimiento de la sentencia del 28 de noviembre de 2008 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al evento también asistieron los familiares y amigos de Jesús María Valle Jaramillo,sus ex alumnos y representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Valle era reconocido como uno de los máximos defensores de  derechos humanos en Antioquia (era conocido como la dignidad de Antioquia) y fue asesinado en el centro de Medellín, luego de haber denunciado la participación de militares de la Cuarta Brigada en las masacres de El Aro y La Granja, en Itüango.

Valle Jaramillo fue el sucesor Héctor Abad Gómez como presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia, fue profesor de la Universidad de Antioquia, diputado y concejal.

Al referirse a las constantes amenazas que recibía, Valle Jaramillo decía que prefería morir con dignidad que en las manos de quienes habían convertido a Colombia un país sin derechos humanos.

Hace un año, el Estado colombiano ya había descubierto una placa conmemorativa, pidiendo perdón en el Palacio de Justicia José Félix de Restrepo, en el sector de La Alpujarra, en Medellín.

 
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Abogado, Asesinato, Crimen, Perdón

Las vidas de María del Carmen Ruiz

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Las vidas de María del Carmen Ruiz

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las2orillas.co

Publicado

03 Ene 2016

Las vidas de María del Carmen Ruiz

Las mujeres han sido las grandes afectas a causa de la guerra en Colombia, dejándolas solas, sin hijos o esposo. Esta es la historia de una de ellas.

María del Carmen dice que mataron a su marido, el periodista Luis Eduardo Gómez (en julio de 2011), por denunciar lo que pasaba en Apartadó, Antioquia. Las amenazas surgieron después de publicar noticias que parecían el guión que se repite en cualquier municipio del país: corrupción de políticos, alianzas de los gobernantes y autoridades locales con grupos armados ilegales, robos en la arcas públicas y la investigación sobre el asesinato, dos años atrás, del único hijo que tuvo esta pareja bogotana, el camarógrafo Juan Pablo Atahualpa Gómez.

Parece una pesadilla, María del Carmen iba en la moto con su hijo cuando le dispararon en la cabeza para acallarlo. Caminaba de la mano con su esposo el día que lo mataron. Estuvo al lado de la muerte en dos ocasiones, viéndola de frente llevarse las dos vidas que más amaba, agregando, -como diría Álvaro Sierra en el lanzamiento del informe “La Palabra y el Silencio” del CNMH sobre periodistas asesinados- dos gotas de sangre al mar de violencias en Colombia.     

Esta publicación señala que finalizando el 2012, Antioquia era el departamento más riesgoso para ejercer el periodismo en el país, ya que desde 2010 fueron reportados a la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) 14 amenazas, un exilio y en julio de 2011, se cometió el homicidio del Luis Eduardo Gómez. “Gran parte de estos actos de violencia contra periodistas enUrabápueden ser atribuibles a reductos que sobrevivieron de la desmovilización del grupo del paramilitar de alias El Alemán, hoy conocidos como Autodefensas Gaitanistas o Los Urabeños”, explica el informe.

María del Carmen dice que los asesinos de Luis Eduardo, un hombre de 70 años y testigo en la Fiscalía de casos de parapolítica, siguen dando guerra por todo ElUrabáantioqueño. “Es una burla para Colombia lo que están diciendo, porque eso no es así, el paramilitarismo no ha acabado”, recalca golpeando con fuerza el chaleco antibalas que debe llevar en el pecho como medida de protección, una ironía, como dice ella, porque los disparos van a la cabeza.

“No es justo que a estas horas de la vida yo tenga que andar con esto puesto protegiéndome y que me estén cuidando, mientras los fulanos están por la calle, no es justo. Ahorita el 18 de noviembre me amenazaron nuevamente”, dice a las afueras del auditorio donde se presentó el informe, el pasado 2 de diciembre, que relata las historias de 152 periodistas asesinados desde 1977 en el país y donde se incluye lo que sucedió con su esposo.

Esta mujer, que el pasado 30 de noviembre cumplió 68 años, espera vivir muchos más para seguir adelante con el sueño de Juan Pablo y Luis Eduardo: ellos querían hacer una fundación para niños que formara musicalmente enUrabálos nuevos talentos. Esto lo viene realizando con la firme convicción de que el arte y la cultura son la lucha contra la violencia.

María del Carmen da la impresión de no doblegarse ante nada, pero al hablar de su hijo y esposo es notable su tristeza. Con nostalgia en los ojos recuerda que lo perdió todo; se fueron sus seres amados, dejó su casa, vive alejada de todo (por motivos de seguridad) y hoy no tiene nada. No duda en alzar la voz cuando habla del Presidente, diciendo que “él fue periodista, debe poner un granito de arena con los periodistas, ellos están solos en la regiones, abandonados y debería aprobar lo que es una media pensión para ellos”.

Según “La Palabra y el Silencio” [Descargar informe: La palabra y el silencio], la intensidad de la violencia contra periodistas está directamente relacionada con la proximidad del conflicto y con el significado de la información dentro de él. Haciendo así que sean los medios regionales y locales los más golpeados, sobre todo la prensa escrita y la radio. “Al periodista que investiga, que acude a otras fuentes de información diferentes a los poderes hegemónicos, que hace visibles atropellos o que denuncia las arbitrariedades o los desafueros, de inmediato le amenazan, presionan, estigmatizan o acallan”, detalla el informe.

Todo empieza con una amenaza, llegan pasquines o panfletos con frases como: “abra la jeta sapo y ya verá lo que le pasa”, o “váyase de acá o le llenamos la boca de moscas”. Y muchos no tienen la posibilidad de dudar, queda salir corriendo o enfrentar las intimidaciones, y esto último fue lo que hicieron Juan Pablo y Luis Eduardo con la certeza de que estaban haciendo lo correcto, dotando a la comunidad de información, sacando a la luz pública las atrocidades que se hacían a sus espaldas.

Es en este contexto que María del Carmen lleva una nueva vida. Viaja a Bogotá a contar su historia y a cualquier parte de Colombia llevando al frente el legado de su esposo e hijo, enfrentando los actos intimidatorios de quienes, al igual que a Juan Pablo y Luis Eduardo, quieren silenciarla por denunciar los hechos con los que no está de acuerdo. A lo largo de estos años se ha convertido en una mujer reconocida por los periodistas víctimas del conflicto armado, a pesar de que ella no es periodista, por buscar la dignificación de su familia. “Le debemos todo a los periodistas”, dice María del Carmen.

 
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Antioquia, Asesinato, María del Carmen Ruiz, Periodismo

Awá: esta no fue una tragedia de un día

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Awá: esta no fue una tragedia de un día

Autor

Juan Arredondo

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María de los Ángeles Reyes. Periodista del CNMH

Publicado

07 Mar 2018

Awá: esta no fue una tragedia de un día

“El peor episodio de nuestra vida”, así recuerda el pueblo Awá el 4 de febrero de 2009; el día que 17 personas, incluidas dos mujeres embarazadas, fueron asesinadas por las Farc en el resguardo Tortugaña Telembí, entre los municipios de Barbosa y Ricaurte, en el sur de Nariño. Siete años después, cuando el país piensa la paz, ellos siguen demandando respuestas y exigiendo que se les pida perdón.

Los indígenas Awá habitan en medio de montañas del sur de Colombia; de hecho, se denominan a sí mismos hombres de montañas y selvas. Están acostumbrados a moverse entre los altos y bajos de las pendientes que los rodean, y, desafortunadamente, han tenido también que aprender a moverse entre los altos y bajos del conflicto armado del que han sido víctimas en diversas formas.

La comunidad había tenido que convivir con los grupos armados que cruzan por la región aprovechando su cercanía con la frontera ecuatoriana. Con la implementación de la Política de Seguridad Democrática, que desplegó la presencia de la fuerza pública en muchos rincones del territorio nacional, varios de estos grupos empezaron a acusar a la población de ser informantes del Ejército. En un comunicado del 10 de febrero de 2009 la  Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) y la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (Onic) denunciaron que:           

“En los últimos 10 años como consecuencia del conflicto armado se han registrado cinco desplazamientos masivos, desplazamientos individuales continuos hacia dentro y fuera del territorio, migración transfronteriza, cuatro masacres, aproximadamente 200 asesinatos, 50 afectados por minas antipersonales, secuestros, detenciones arbitraras, señalamientos, amenazas, reclutamiento forzado bloqueo de alimentos y medicamentos, utilización de bienes civiles, presión a los civiles para que sirvan de informantes.”

Tan solo en 2009, según Rutas del Conflicto, 30 personas fueron asesinadas en masacres perpetradas por las Farc y bandas criminales y otras 16, según el Cinep, murieron, a lo largo de todo el año, a manos de diferentes actores armados, incluidos algunos miembros de la fuerza pública.

“Históricamente hemos sido pueblos olvidados”

La masacre de Tortugaña Telembí del 4 de febrero fue la consecuencia de los enfrentamientos que sostenía el Ejército contra la columna Mariscal Sucre de las Farc. Desde septiembre de 2008 los líderes Awá habían estado denunciando que se encontraban en medio del fuego cruzado. La Defensoría, de hecho, emitió una resolución evidenciando la situación de vulnerabilidad del pueblo Awá, y la Corte Constitucional, por medio del auto 004 de 2009, tan solo nueve días antes de la masacre, declaró a los Awá, y a otros 34 pueblos indígenas, en riesgo de exterminio físico y cultural. Por eso pidió su protección inmediata.

Según Rider Paí, líder Awá,  los pronunciamientos oficiales mostraron que para todo el mundo era obvio que la población civil podía terminar pagando las consecuencias de ese conflicto ajeno, y así fue. El primero de febrero de 2009 miembros del Ejército, del Batallón Contraguerrilla Mártires de Puerres de la Brigada 29, habían entrado a la casa de varias familias, forzándolos, por diversos medios, a dar información sobre la presencia de las Farc en la región. Los Awá sabían que estaban contra la espada y la pared. De inmediato varios líderes fueron declarados objetivo militar de la guerrilla.

Tan solo tres días después, miembros de las Farc retuvieron a 20 personas del resguardo, incluyendo mujeres y niños, y los arrastraron a la quebrada El Hojal donde asesinaron y torturaron a 14 personas. La difícil situación de orden público hizo que fuera imposible salir a buscar a las personas.

La guerrilla regresó al resguardo a llevarse algunos de los niños huérfanos por ese hecho. El paradero de muchos de ellos todavía no se conoce. Además, por el miedo de futuras represalias, y por el mismo dolor que invadía a la comunidad, varias familias salieron desplazadas hacia Samaniego, Ricaurte, Barbacoas y a Planadas Telembí. El Cinep reportó que en ese año 1.300 personas Awá se encontraban viviendo en hacinamiento, y que se estaban presentando brotes de enfermedades por las precarias condiciones. Todo lo anterior fue denunciado por la comunidad, pidiendo un respaldo del gobierno nacional y reclamando respuestas por parte de las Farc, pero no fueron escuchadas.

“Sí, somos víctimas, pero también somos actores de nuestro propio destino”

Al nacer, los Awá entierran su ombligo en casa. Si son enterrados en otros lugares, o no son enterrados, hay un desequilibrio en su relación con el territorio. Tras la masacre, entonces, el tejido social del resguardo quedó muy afectado. Por eso, un par de meses después de la masacre, 700 hombres y mujeres recorrieron las montañas para encontrar a sus hermanos y regresar sus cuerpos a la tierra a la que pertenecía.

Encontraron siete cuerpos. Más adelante, en 2014 la Fiscalía les entregaría los restos de otros tres. Tan solo hasta ese año la comunidad pudo cerrar, parcialmente, uno de los capítulos más dolorosos en su historia (Ver Fotoreportaje Conmemora II). Rider Pai, sin embargo, asegura que las heridas siguen abiertas porque, debido a la gran cantidad de desplazamientos y a que nadie garantiza la seguridad en el resguardo, muchos cuerpos no han podido ser sembrados en donde también está sembrado su obligo.

Además, las respuestas institucionales han sido escasas. A pesar de haber sido el primer pueblo indígena en presentar el Plan de Salvaguarda Étnico que buscaba ejecutar lo ordenado por la Corte Constitucional, el Gobierno aún  mantiene el plan en etapa de consulta. “No hay garantías en salud para la población ni en educación. Nosotros seguimos viviendo en la zozobra. Apenas ayer la policía atentó contra dos mujeres. Lo que tenemos lo hemos construido nosotros”, dice Rider.

En un último intento por terminar con siete años de negligencia por parte del Estado, y violencia por parte de actores armados, la comunidad envió un comunicado al presidente Juan Manuel Santos y a alias “Timochenko”, máximo líder de las Farc, exigiendo “la solicitud formal de perdón de su parte a nuestras víctimas”.

El perdón, según ellos, servirá para abrir un camino de diálogo con los dos actores que más daño le han hecho a su comunidad. Un cara a cara que permita tener las respuestas que les han negado durante años. Como parte de la coyuntura nacional, Los Awá quieren ser reconocidos para reconstruir la historia que la guerra ha forjado en medio de ellos. “En este momento de un posible posconflicto tenemos toda la esperanza de que sean atendidas las medidas de reparación que requerimos como pueblo. Nosotros queremos aportar a la paz y necesitamos ser reconocidos”.

Descargar reportaje gráfico Once Ataúdes en la segunda edición de la revista Conmemora.

 
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Asesinato, Awá, Farc, Memoria, Perdón, Tortugaña Telembí

José Antequera, un legado que no muere

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José Antequera, un legado que no muere

Autor

Maria de los Ángeles Reyes, periodista del CNMH.

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CNMH.

Publicado

07 Mar 2018

José Antequera, un legado que no muere

El 3 de marzo de 1989 cinco hombres armados asesinaron en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, a uno de los líderes más prominentes de la Unión Patriótica. Tenía 34 años, una esposa, dos hijos pequeños, y el anhelo de una Colombia justa y en paz.

El exterminio de la Unión Patriótica (UP) siempre ha sido recordado como un símbolo del fracaso de Colombia para alcanzar la paz. El partido, que nació como fruto de los acuerdos de La Uribe entre el gobierno nacional y las Farc, en 1984, fue atacado sistemáticamente durante casi una década dejando un saldo de dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y 5.000 militantes asesinados.

Antequera no fue el primero ni el último muerto en la larga lista de asesinatos de miembros de la UP. De hecho, ese mismo año ya se habían denunciado 43 muertes de personas adscritas al partido. Él y su familia sabían el riesgo constante al que estaban expuestos y vivían asegurados por una escolta, investigada hoy por la Fiscalía, que reabrió el caso en octubre de 2015.

Ese 3 de marzo, justamente, José Antequera estaba buscando descansar de la incansable lucha que sostenía denunciando el paramilitarismo y los graves delitos que se estaban cometiendo contra el partido y la sociedad civil. Quería viajar para pasar unos días en su casa materna, en Barranquilla, pero la guerra no dio tregua.

Tras su muerte, las reacciones no se hicieron esperar. La dirigencia de la UP dijo en un comunicado que “era una muerte anunciada. Lo sabía el Gobierno y su presidente, el señor Virgilio Barco. Lo sabían todos aquellos que financian, protegen, arman y sostienen a los grupos paramilitares”. En Bogotá una persona murió y varias quedaron heridas en las manifestaciones y protestas que suscitó el asesinato de Antequera. Fue un líder que dejó huella: “se trata de una vida donde uno puede reconocer un legado que al final tendrá que ser reconocido como uno de los aportes más importantes para que en este país haya paz con justicia social, con derechos y con garantías” dice su hijo, José Antequera Guzmán.

Hoy, cuando nos encontramos en un nuevo proceso de paz, otra vez, con las Farc, conmemorar este hecho tiene más relevancia que nunca. El asesinato de José Antequera y los miles de otros miembros de la UP puso en evidencia la gran debilidad del Estado para garantizar la participación política tras un acuerdo de paz. Sobre todo cuando debieron pasar casi tres décadas para que la Fiscalía volviera a poner sus ojos sobre un caso que se ha mantenido en la impunidad, y cuando aún el caso colectivo del exterminio contra el partido está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la espera de una respuesta.

Para Antequera, hijo, que hoy tiene casi la misma edad que tenía su papá al morir, el aprendizaje que debe dejar este hecho tiene que ser mirar hacia el futuro. “La sociedad tiene que entender que lo que estamos alcanzando y se puede llegar a alcanzar, es decir una paz estable, duradera y con justicia social, es un anhelo que no ha sido gratuito. Nos ha costado mucho, que hubo personas en el país que fueron asesinadas luchando por ese sueño”.

José Antequera, así como muchos otros hombres y mujeres, han sido pilares que hoy recordamos para entender que la guerra, como dice Antequera Guzmán, ha sido muy costosa y que, además, la paz es muy frágil. Justamente para eso sirve la memoria para que la lucha de esos hombres y mujeres no muera con ellos, sino que perdure en el tiempo y el sueño de un país y un mundo diferente, algún día se pueda cumplir y se dejen de cobrar vidas en el intento.

 
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Antequero, Asesinato, Homenaje, lider UP

Denuncian asesinato de 94 líderes sociales en 2016

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Carolina Moreno

Publicado

15 Dic 2016

Denuncian asesinato de 94 líderes sociales en 2016

Las organizaciones sociales insisten en la sistematicidad de los asesinatos y ataques a los líderes sociales y de derechos humanos.

En la frontera putumayense entre Colombia y Ecuador, en lo que los pobladores de la región conocen como el Corredor Puerto Vega Teteye, se encuentra la vereda Buenos Aires. Allí vivía Guillermo Veldaño. La mañana del lunes 12 de diciembre, dos hombres en moto llegaron a su casa, preguntándolo. Un vecino les dijo que estaba trabajando, así que se sentaron a esperar. Al medio día, como otros trabajadores colombianos, Guillermo Veldaño se fue a su casa a almorzar. Cuando llegó, los dos hombres le dispararon acabándole la vida. 

Guillermo pasaba los 40 años. Era un trabajador, un obrero de oficios varios en una empresa encargada del tratamiento de agua, y el control sobre las condiciones de explotación minero energética en el Putumayo. Era presidente de la Junta de Acción Comunal de Buenos Aires, y como muchos de los campesinos del sector, hacía parte del Sindicato de Trabajadores Campesinos del Cordón Fronterizo del Putumayo -SINTCACFROMAYO-, organización filial de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria -FENSUAGRO- y por esta vía, de la Marcha Patriótica.

Con Guillermo ya son 94 los líderes sociales asesinados en el 2016, según un informe presentado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). A esta información se suman, entre enero y junio, 232 amenazas, 21 atentados, y 314 agresiones sexuales, dice el Programa Somos Defensores. En la primera semana de diciembre, durante la audiencia pública “Crímenes contra la paz” realizada en el Congreso de la República, organizaciones sociales aseguraron que “los ataques contra líderes sociales son una muestra de reorganización paramilitar en 27 de los 32 departamentos del país”, mientras le exigieron a la Fiscalía General de la Nación “una respuesta contundente, en materia de investigación, que envíe un mensaje a los responsables de estos crímenes de cero tolerancia”.  

Sin embargo, la Fiscalía aseguró que hasta el momento “no se advierte ningún grado de sistematicidad que nos permita establecer certeramente hasta hoy, que hay una mano negra invisible que está afectando a los líderes de derechos humanos” sino que existe una “multicausalidad” en los crímenes. Esta posición fue rechada por los voceros de las organizaciones asistentes, incluida Diana Sánchez, del Programa Somos Defensores, quien aseguró “que en el pasado nunca ha investigado los crímenes contra defensores de derechos humanos, y hoy (se) hace afirmaciones dejando de lado el contexto político”.

En lo que parecen coincidir la Fiscalía y las organizaciones sociales denunciantes, es en el vacío de control que se está generando en los territorios en los que se han presentado los hechos, espacios en los que previamente las FARC ejercían control territorial, y que han perdido en la medida en la que se dirigen a las zonas de concentración para la dejación de armas. 

Diversos informes del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) han evidenciado cómo las diferentes modalidades de violencia que se han vivido en los últimos años en Colombia, no buscan afectar únicamente a la víctima directa de la agresión, sino reconfigurar el espacio social y territorial en el que ella se encuentra. De esta manera, los panfletos, las desapariciones, la violencia sexual, y por supuesto, los asesinatos, según las organizaciones sociales, podrían ser la expresión criminal de una nueva oleada para presionar por una reorganización territorial, ante la no-presencia de las Farc en los territorios.

En un departamento como Putumayo la disputa de los diferentes actores armados por los recursos naturales ha sido una constante: 10 de sus 13 municipios cuentan con cultivos de coca, particularmente en los cercanías a Puerto Asis y el Corredor Puerto Vega Teteye. Se realiza extracción minera en Puerto Leguizamo, en los ríos Putumayo y Caquetá; mientras del 2004 al 2016 incrementó la adjudicación de concesiones para explotación petrolera, incluso en territorios en los que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) asegura, existe patrimonio arqueológico.

Para Diana Sánchez, directora del Programa Somos Defensores, es importante que el Gobierno “dé el salto de esquemas y medidas de protección, a una política de garantías colectivas”, que se traduce, según asegura la oficina de Naciones Unidas, en “quitar del contexto a los agresores mediante investigaciones profundas”.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos, la comunidad internacional, e incluso, las delegaciones de paz de gobierno y FARC, han insistido en la necesidad de realizar acciones efectivas inmediatas para frenar esta crisis humanitaria, ya que, como rezaba la convocatoria a la audiencia pública, “por la condición que ostentaban los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados, se está enviando un mensaje equivocado a las comunidades que propenden por construir paz en sus territorios”.

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Líder de Malambo asesinado

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Bernardo Cuero

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Bernardo Cuero

Publicado

09 Jun 2017

Líder de Malambo asesinado

El pasado 7 de junio en las horas de la noche recibió varios disparos Bernardo Cuero, en su casa ubicada en el barrio Villa Esperanza de Malambo, Atlántico. Bernardo era dirigente de la mesa departamental de participación efectiva de las víctimas del conflicto armado del Atlántico y coordinador de la mesa municipal de Malambo. Este líder afro también era miembro de la mesa nacional de fortalecimiento a organizaciones de población desplazada.  

En un comunicado publicado por Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) se indicó que “dos hombres llegaron en una moto de color negro mientras que él, Bernardo Cuero, observaba un partido de fútbol, preguntaron si en el área arrendaban apartamento, cuando Bernardo se acercó para atender a los sujetos uno de ellos sacó un arma y le disparó en presencia de su compañera y demás familiares y luego huyeron del lugar”.

Bernardo Cuero fue víctima de desplazamiento forzado en 2000, por ello era delegado por la organización Afrodes y denunció constantemente ante la Unidad de Protección Nacional (UNP) amenazas contra su vida. “La Defensoría del Pueblo, en su informe de riesgo ‘Violencia y amenazas contra los líderes sociales y los defensores de derechos humanos’, el 30 de marzo de 2017 advirtió el peligro para los defensores de derechos humanos de Barranquilla, su área Metropolitana e integrantes de la Mesa de Víctimas departamental”. Según la Defensoría del Pueblo en ese “informe se documentaron al menos 500 amenazas contra líderes y defensores de derechos humanos, dentro de los cuales se relaciona el caso de Bernardo Cuero Bravo. Sin embargo, a pesar de las recomendaciones elevadas a las autoridades, se registró el hecho violento”.

Para Negret Mosquera, Defensor del Pueblo “una de las principales causas de este fenómeno, asesinato a líderes sociales, es la pretensión de los grupos armados ilegales por copar los espacios del territorio de los que se han retirado las FARC,  para controlar las economías ilegales que han sido el combustible de la guerra en Colombia”.

En el mismo comunicado presentado por Afrodes se revela que “en otra ocasión sicarios habían tratado de asesinar a Bernardo, pruebas de las balas que no alcanzaron a impactarlo pero si a su casa fueron presentadas ante las autoridades. Por la gravedad de los hechos y temor de ser asesinado las asociaciones Wola y Race and Equality Institute habían presentado su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien había indicado al gobierno colombiano la necesidad de adopción de medidas de seguridad para él y otros miembros de Afrodes.

Las medidas de protección que en años atrás la UNP entregó a Bernardo -un chaleco y un celular- luego fueron retiradas porque los estudios de riesgo realizados siempre dieron ordinarios”. (Lea el comunicado completo)

Varios líderes políticos mostraron su preocupación ante este crimen. El general (r) Oscar Naranjo, expresó que “nos duele el asesinato de Bernardo Cuero, líder comprometido con paz y defensa de víctimas. Un crimen repudiable que no puede quedar impune”. 

 

 

Por su parte Alirio Uribe, representante a la Cámara por Bogotá del Polo, manifestó su “Solidaridad con la familia BERNARDO CUERO líder de Víctimas asesinado en el Atlántico. NO MÁS!”

 

 

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