Afiche oficial de la quinta versión del Quibdó África Film Festival.
Publicado
25 septiembre 2023
Quibdó África Film Festival: una posibilidad para expandir y fortalecer las memorias afro
El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) se une, como aliado, a este festival de cine —que celebra su quinta edición en Chocó— para contribuir a uno de sus objetivos: divulgar las memorias negras, afro, palenqueras y raizales de la guerra y propiciar diálogos sociales alrededor de ellas.
En el 2018, el cineasta congolés Wilfrid Massamba llegó a Chocó para poner en marcha una serie de talleres de cine dirigidos a niños y jóvenes. Durante las clases, sus aprendices le preguntaban reiteradamente por el Congo, por África. Tenían una inmensa curiosidad por el continente de sus raíces y sus ancestros, por la complejidad de sus culturas, la diversidad de sus geografías y la profundidad de sus espiritualidades. Como buen cineasta, Wilfrid resolvió responder a esa avalancha de inquietudes a través del cine. Les mostró todas las películas hechas y dirigidas por africanos que pudo. Hizo de esas películas una ventana desde la que los aprendices podían observar, sentir y pensar África.
Con esa muestra audiovisual dirigida a un grupo de jóvenes chocoanos curiosos de sus raíces nació el Quibdó África Film Festival (QAFF), que este año celebra su quinta versión y al que el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) se une como aliado, con el propósito de contribuir a uno de sus objetivos centrales: divulgar las memorias afrocolombianas de la guerra y propiciar diálogos sociales alrededor de ellas. «Para muchas personas en el Pacífico, este festival de cine significa una posibilidad: la de ser visible, la de ejercer su derecho a la palabra y a la memoria, a narrarse, a decidir cómo representarse y a contar sus propias historias. Todo esto es una forma de renacer», dice Massamba.
Wilfrid Massamba, cineasta congolés y director del Festival.
En su quinta versión (que tuvo lugar entre el 14 y el 18 de septiembre, en Quibdó), el QAFF incluyó la franja de cine documental «Todas las memorias todas», que incluye charlas, foros y proyecciones de películas relacionadas con la memoria que comunidades afro, negras, raizales y palenqueras han hecho sobre los impactos del conflicto y sus iniciativas de resistencia en diferentes regiones del país. El 15 de septiembre esta franja especial comenzó con el conversatorio «Memoria histórica y reconciliación: construyendo un futuro en paz», en el que participaron María Gaitán Valencia —directora del CNMH—, Adriana Alarcón —abogada experta en conflictos armados internacionales y asuntos humanitarios— y Andreiza Anaya Espinoza —comunicadora étnica e integrante del Comité Científico Internacional del Proyecto Ruta de Personas Esclavizadas de la Unesco—.
Durante el conversatorio, Gaitán Valencia se refirió al rol del cine en la reconstrucción de la memoria histórica en el país: «Es momento de escucharnos empáticamente, de valernos de todos los lenguajes posibles —incluido el audiovisual— para poner a conversar nuestras memorias. A través del cine podemos vernos, soñarnos, narrarnos, imaginarnos y escucharnos de otras maneras». Además, la directora del CNMH agregó que el cine tiene el potencial de acercar a los jóvenes a las memorias de sus ancestros, de tender un puente entre una generación y otra: «Registrando y escuchando las memorias y los saberes de nuestros abuelos será más fácil comprender hacia dónde vamos y hacia dónde queremos transformar».
María Gaitán participó en el conversatorio «Memoria histórica y reconciliación: construyendo un futuro en paz», realizado en la muestra de cine documental «Todas las memorias todas» del QAFF.
Andreiza Anaya recalcó, por su parte, que el cine contribuye a que las comunidades afrocolombianas, raizales, negras y palenqueras «reconstruyan sus memorias desde su propio lugar de enunciación, rompan las narrativas blancas y eurocéntricas de los conflictos sociales y armados y narren —con sus propias voces y a su manera— la manera como han sufrido la guerra». De lo que se trata, concluye Anaya, es de «narrarnos en lugar de ser narrados, y de ver y hacer cine desde nosotros y con nosotros».
Algunos de los documentales producidos por el CNMH que se proyectarán en el QAFF están disponibles en YouTube:
«Relatos de resistencia en los Montes de María»:
«Mandeleros: memorial del retorno»:
«El Tigre no es como lo pintan»:
«¡Basta Ya! Montes de María. Memorias de identidad, resistencia y construcción de paz»:
Aunque históricamente se ha asociado este departamento con la presencia de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, este territorio también es habitado por indígenas de diferentes pueblos nativos que han resistido desde hace siglos.
Publicado
12 agosto 2023
Chocó también es territorio indígena
Aunque históricamente se ha asociado este departamento con la presencia de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, este territorio también es habitado por indígenas de diferentes pueblos nativos que han resistido desde hace siglos.
Cuando pensamos en Chocó, pensamos en lo afro, una asociación implícita en nuestro país. Pensar en el Chocó es pensar en río y mar, en el Atrato y en el Pacífico, en chirimías y percusión. También en el olvido estatal y en la asociación de pobreza estructural y falta de justicia social. Estas ideas se han arraigado históricamente debido a los imaginarios que se han fortalecido respecto a ese territorio y a quienes lo habitan. «Desde la época colonial fueron mineros y se creó un imaginario de que por las condiciones selváticas de esa zona solo podían vivir los negros», explica Julie Criales, investigadora de la Estrategia de Reparaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
Con estas ideas preconcebidas se ha fortalecido un supuesto que, aunque no es errado, se queda corto. Porque el Chocó es más que territorio afro: es suelo indígena desde la América prehispánica. Los indígenas han estado allí desde siempre, desde mucho antes de la Conquista, cuando eran pueblos nómadas. Sin embargo, en el momento en que el Chocó empezó a ser colonizado por campesinos de Antioquia y Córdoba, principalmente, los nativos no pudieron recorrer el territorio libremente y empezaron a asentarse donde ahora están los resguardos.
Hoy, los resguardos de los pueblos nativos suelen colindar con los consejos comunitarios, la autoridad étnica encargada de administrar los territorios colectivos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, en Chocó hay 68.415 indígenas, el 15 % de la población del departamento. Durante siglos, la población ha resistido a un territorio que parece agreste y solo dominado por comunidades negras porque lo escuchan, lo entienden y lo respetan. La profunda conexión de los pueblos nativos con la naturaleza, que abarca sus cosmogonías y la forma de comprender y habitar el mundo, les ha hecho conservar sus tradiciones, sus jornadas de caza y pesca. Aunque el sedentarismo se convirtió casi que en la única manera de permanecer en el territorio, las comunidades se han acercado a prácticas sostenibles para estar allí.
La Unidad de Restitución de Tierras, en cumplimiento del Decreto 4633 de 2011, comenzó el acompañamiento de los procesos colectivos para lograr la restitución jurídica y material de los resguardos, que ancestralmente han habitado dichas comunidades. Los resguardos son, precisamente, una categoría de reconocimiento de titularidad de la tierra de manera colectiva para los pueblos indígenas.
Dichos procesos se priorizaron debido a que los resguardos y sus habitantes fueron víctimas del despojo y el abandono de sus territorios durante el conflicto armado. Por siglos, los pueblos indígenas han sufrido diversas violencias: desplazamientos colectivos, asesinatos selectivos y confinamientos, que fueron parte de los repertorios de violencia utilizados por los actores armados —guerrillas, paramilitares e incluso el Ejército— para ejercer control sobre las comunidades. Así, los procesos de restitución, además de contar con el componente de la tierra, de la tenencia colectiva por derecho, buscan garantizar la reparación simbólica, de la que se encarga el CNMH.
A la Estrategia de Reparaciones del CNMH comenzaron a llegar, desde el año 2016, las órdenes de reconstrucción de la memoria de los pueblos étnicos como parte de las sentencias de restitución de derechos territoriales, las cuales se dan en reconocimiento de las afectaciones sufridas por las comunidades en el marco del conflicto. En Chocó, el Centro ha trabajado principalmente con los emberá katío, aunque también ha acompañado procesos a favor de los pueblos emberá dobidá, wounaan y gunadule. A continuación, se presentan algunos de esos procesos.
Resguardo Bochoromá Bochoromacito del pueblo emberá katío
El resguardo Bochoromá Bochoromacito del pueblo emberá katío se ubica en el municipio de Tadó, en la subregión del Alto San Juan. Allí, los ancestros y ancestras vivieron libres en el territorio y distantes de cada familia hasta que el conflicto armado llegó y modificó su asentamiento disperso por un asentamiento comunitario, y sus prácticas de caza, pesca y tejido por amenazas, señalamientos y confinamiento.
El documenta Chochoma Ijua. Tierra del Bochoromá narra la historia de los emberá katíos, las afectaciones causadas por el conflicto armado y la conformación de la guardia indígena como proceso de resistencia que ha permitido proteger al pueblo y su territorio. Este documental es el resultado del acompañamiento realizado por la Estrategia de Reparaciones del CNMH para la reconstrucción de su memoria como pueblo, en el marco del cumplimiento de la orden 24 de la sentencia de restitución de derechos territoriales número 20 de 2020.
Resguardo Santa Marta de Curiche del pueblo wounaan
En el resguardo Santa Marta de Curiche, la alimentación de la población sufrió cambios a partir del desplazamiento forzado, el confinamiento y el contacto con población con costumbres occidentales. La cacería, las preparaciones y las recetas de la comunidad se han transformado, haciendo que los y las mayores se preocupen por dejar un registro histórico de cómo se alimentaban antes de la llegada del conflicto armado.
Los cortos documentales y el libro son el resultado del proceso de acompañamiento del CNMH al pueblo wounaan del Resguardo Santa Marta de Curiche, en Juradó (Chocó), para la reconstrucción de su memoria como pueblo, en el marco del cumplimiento de la orden número 25 de la sentencia de restitución de derechos territoriales número 38 de 2018, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó.
Resguardo Arquía del pueblo gunadule
El saila es la máxima autoridad del pueblo gunadule. Representa el corazón del pueblo que enseña, a través del canto tradicional, la historia de los ancestros, su cosmogonía, y orienta las decisiones de su comunidad. Pero ¿cómo sobrevive un pueblo binacional, justo en la frontera con Panamá, luego de la masacre de sus sailas a manos de paramilitares? ¿Cómo volver a conectar un camino que durante dieciocho años se dejó de transitar tras esta incursión armada?
Güegui, latidos del pueblo Gunadule es un documental que narra la resistencia del resguardo Arquía, en Unguía (Chocó), y de las comunidades de Paya y Púcuro, en Panamá, para volver a recorrer la trocha que ancestralmente los conectó y sus esfuerzos para unir al pueblo gunadule por medio del canto tradicional.
El audiovisual se realizó en el marco del cumplimiento de la sentencia de restitución de derechos territoriales número 17 del 19 de abril de 2018, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó. El documental hará parte de la muestra del Festival Internacional de Cinema de Turismo ART&TUR, el próximo mes de octubre, en Portugal.
Resguardo Mondó Mondocito del pueblo emberá katío
En la subregión del Alto San Juan, a orillas del río Mondó, la comunidad emberá katío del resguardo Mondó Mondocito vio cómo su territorio, rodeado de montañas y selvas, se convirtió en una zona de disputa entre actores armados ilegales y el Ejército. Sus caminos de trocha fueron escenario de combates que atemorizaron a toda la comunidad, a tal punto que ocasionaron el desplazamiento masivo de sus habitantes el 1.o de diciembre del 2012.
El documental Ijua Tae Nae: Nuestra Madre Tierra narra, desde las memorias del pueblo emberá katío, el ingreso del conflicto armado a su territorio, el retorno al resguardo en el 2013 y su lucha por defender sus derechos como comunidad indígena, principalmente a través de la enseñanza de sus tradiciones a las nuevas generaciones y de la creación de la guardia indígena. «Nosotros no tenemos armas, nosotros defendemos políticamente nuestro territorio usando la palabra», dice Euclides Witoto, jefe de la guardia indígena del resguardo.
Este documental fue realizado en el marco del cumplimiento de la orden número 11 de la sentencia de restitución de derechos territoriales número 52 del 29 de noviembre de 2017.
Resguardo Cuti del pueblo emberá katío
A finales de los noventa, María Albertina Domicó, María Guasarupa, Fanny Guasarupa, Dionisia Domicó y Aurora Domicó, pertenecientes a la etnia emberá katío, decidieron permanecer con sus hijas e hijos pequeños en el resguardo Cuti, municipio de Unguía (Chocó), tras el desplazamiento masivo de su comunidad como consecuencia del combate, al interior del mismo, entre el Frente 57 de las FARC-EP y el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC en 1998.
A través de las labores cotidianas del cuidado de su familia y del aprendizaje de actividades que tradicionalmente ejercían los hombres, los emberá katío consolidaron un gobierno propio liderado por esas mujeres que resistieron en el resguardo, protegiéndolo y protegiéndose —a veces sin lograrlo— de población colona y de agresiones por parte de los actores del conflicto armado.
Un libro y el corto documental Cuti: fuimos desplazados son el resultado de los ejercicios de reconstrucción de memoria histórica entre líderes y lideresas del resguardo Cuti y el CNMH, ejercicios que pretenden generar mecanismos de memoria para que las nuevas generaciones emberá katío y el país conozcan su historia.
El CNMH también acompañó la sentencia de restitución de derechos territoriales número 22 del 10 de diciembre de 2018 que favorecía al resguardo Tanela de la etnia emberá katío, ubicado en el municipio de Unguía. Junto a la comunidad, se adelantó la realización del documental Tanela: historia y saberes de un resguardo Emberá Katío. También, desde la Estrategia de Reparaciones, se trabaja junto al resguardo Dogibi, del territorio ancestral Eyákera, de la etnia emberá dobidá, en el marco de la sentencia de restitución de derechos territoriales número 10 del 5 de abril de 2016, del municipio de Unguía (Chocó). Pronto se espera adelantar el lanzamiento del libro fotográfico y de la exposición Resguardo Dogibi, memorias de la comunidad del Río Alegre.
El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) ha trabajado, especialmente desde el 2016, con pueblos como el emberá katío, emberá dobidá, gunadule y wounaan, en el departamento de Chocó.
De izquierda a derecha: Patricia Tobón, directora de la UARIV; María Gaitán, directora del CNMH; Cielo Rusinque, directora de Prosperidad Social, y Astrid Cáceres, directora del ICBF.
Publicado
20 junio 2023
El CNMH rinde cuentas y plantea un 2023 de cambio
Durante la Rendición de Cuentas del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, María Gaitán Valencia, directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, explicó cuáles son las acciones que esta entidad realizó en 2022 y cuáles son los retos y transformaciones que avanzan en 2023.
El pasado 15 de junio se llevó a cabo la Audiencia Pública Sectorial de Rendición de Cuentas del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, liderada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, entidad del Gobierno Nacional, que tiene como propósito el posicionamiento de políticas para la superación de la pobreza, la inclusión social, la reconciliación, la asistencia y reparación integral a las víctimas de la guerra, la atención a grupos vulnerables, la protección integral a la niñez y la adolescencia, el bienestar de las familias colombianas, así como la definición de políticas para la construcción de la memoria histórica del conflicto armado.
Durante esta rendición de cuentas, Cielo Rusinque, directora de Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) —entidades adscritas al sector de la Inclusión Social y la Reconciliación— presentaron los principales logros, progresos y resultados alcanzados en el 2022, así como el avance en la garantía de derechos, la implementación del acuerdo final de paz y el cumplimiento de las metas del sector, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
Durante la rendición de cuentas, María Gaitán Valencia explicó que uno de los grandes desafíos del CNMH es recuperar la confianza con las comunidades y sus organizaciones.
Logros, avances y resultados del CNMH en 2022
María Gaitán Valencia, directora del CNMH, explicó que las actividades adelantadas durante el 2022 por esta entidad se enmarcan en seis grandes líneas de acción:
1) El apoyo de iniciativas de memoria histórica de la sociedad civil.
2) El fortalecimiento a lugares de memoria en distintas regiones del país.
3) La implementación de medidas de reparación simbólica.
4) El fortalecimiento de archivos de derechos humanos.
5) La finalización de informes de memoria histórica.
6) La promoción de los Acuerdos de la Verdad.
Diecinueve iniciativas de memoria apoyadas
Gaitán señaló que en el 2022 se finalizó el apoyo a 19 iniciativas de memoria diseñadas y gestadas por organizaciones de la sociedad civil en diez departamentos de Colombia. Entre enero y agosto de ese año, se ejecutó una iniciativa de memoria; entre agosto y noviembre, se ejecutaron diez; y entre noviembre y diciembre, ocho. Se apoyaron iniciativas de memoria en territorios como Arauca, Valle del Cauca, Cauca, La Guajira, Nariño, Putumayo, Tolima, Bogotá y Cesar.
Seis lugares de memoria asistidos
Por otro lado, en el 2022, el CNMH realizó seis asistencias técnicas para el fortalecimiento de lugares de memoria en cinco departamentos, estos son: el lugar de Memoria Bojayá (Chocó); el Salón del Nunca Más (Granada, Antioquia), el Malecón de Las Américas de Necoclí (Antioquia); el Centro de Memoria Histórica del Litoral Pacífico (Buenaventura, Valle del Cauca); Casa de la Memoria de Barranquilla (Atlántico); el Museo Comunitario La Ramada, y el Lugar de Historia en Fonseca (La Guajira)
Catorce medidas de reparación simbólica fortalecidas
El CNMH llevó a cabo 14 medidas de reparación simbólica el año pasado. Estas medidas están contempladas en sentencias judiciales de Justicia y Paz, de restitución de derechos territoriales y de la justicia ordinaria.
Doce archivos de derechos humanos fortalecidos
Doce organizaciones de víctimas de diez municipios PDET de Colombia recibieron el acompañamiento del CNMH en la gestión de sus archivos de derechos humanos. La entidad acompañó en esta labor a organizaciones como el Cabildo Indígena Amoya La Virginia (Chaparral, Tolima); la Asociación de Desplazados y Agricultores del Guásimo (Tierralta, Córdoba); la Asociación de Trabajadores de la Educación del Caquetá; la Asociación de Desplazados Víctimas y Discapacitados de La Guajira; la Asociación de Mujeres Caficultoras de la Serranía del Perijá, entre otras.
Investigaciones de memoria histórica sobre el conflicto armado
En 2022, se finalizaron los informes de investigación Crónicas sobre mujeres afrodescendientes víctimas de violencia sexual y ¡Basta ya! Montes de María. Durante la rendición de cuentas, la directora del CNMH explicó que, «a diciembre de 2022, no se contó con resultados de las investigaciones que se debieron adelantar en el marco de un convenio suscrito en el 2020 con Minciencias para la realización de 28 investigaciones que se debieron haber realizado en articulación con 21 universidades. La nueva administración ya adelantó gestiones ante Minciencias para dar cumplimiento a lo pactado en dicho convenio y en lo definido como resultado de la convocatoria de investigación», manifestó María Gaitán.
La promoción de los Acuerdos de la Verdad
En el 2022, la Dirección de Acuerdos de la Verdad del CNMH publicó dos informes de esclarecimiento: uno relacionado con los impactos del accionar del Ejército Revolucionario Guevaristas en el municipio de Carmen del Darién (Chocó) y otro con los impactos del accionar del Bloque Córdoba de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Adicionalmente, el año pasado, el CNMH impulsó seis herramientas para la difusión de hallazgos relacionados con el fenómeno paramilitar, que resultaron de la aplicación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad. Entre otras herramientas, se impulsaron la Cátedra Abierta «Justicia Transicional, Memoria Histórica y Paramilitarismo en Colombia», un banco de relatos, un catálogo que recoge material de diez años de aplicación del mecanismo no judicial, entre otras.
De acuerdo con María Gaitán, en 2023 se avanzará en la concreción de la obra del Museo de la Memoria de Colombia y en su plan museológico.
Retos del CNMH en el 2023
María Gaitán, directora del CNMH, identifica siete grandes retos para esta entidad en el año 2023:
El primer gran reto será dinamizar el complejo de memoria histórica y cada uno de sus componentes, es decir, el Museo de Memoria de Colombia, los archivos de derechos humanos, el Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, y la divulgación, pedagogía y apropiación social de la memoria.
El segundo reto tiene que ver con «escuchar y territorializar todas las memorias, todas». Para esto, dice la directora del CNMH, se ha estructurado una estrategia de despliegue territorial que permitirá ampliar la escucha y visibilizar las memorias de víctimas, familiares, sobrevivientes, resistentes y comunidades.
En tercer lugar, está el desafío de impulsar pedagogías que profundicen la transversalización de acciones de memoria histórica desde el enfoque diferencial, psicosocial e interseccional.
El cuarto reto tiene que ver con la adaptabilidad del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica a los escenarios relacionados con la institucionalidad de la justicia transicional, así como a los procesos y acuerdos de paz y de sometimiento a la justicia que se adelanten.
El quinto reto está relacionado con la necesidad de retomar y concretar la obra del Museo de la Memoria de Colombia, así como definir su plan museológico. Todo esto en articulación con Agencia Nacional Inmobiliaria, entidad a la que se le adjudicó la construcción del Museo.
Un sexto desafío es el de avanzar en la materialización del plan de fortalecimiento de sitios y lugares de memoria en territorios con un enfoque de sostenibilidad.
Y el séptimo, que es el más importante y transversal de los retos, es el de recuperar la confianza y fortalecer alianzas con territorios, comunidades y organizaciones sociales, así como con la cooperación internacional, desafío que está avanzando desde noviembre de 2022 con la llegada de la nueva administración del CNMH.
#SectorSocialRindeCuentas | La directora del #CNMH, María Gaitán Valencia, destacó los logros y retos más del importantes del 2022, durante la Rendición de Cuentas de Inclusión Social. Aquí le contamos algunos ⬇️ pic.twitter.com/kBvPMP47zN
— Centro Nacional de Memoria Histórica (@CentroMemoriaH) June 15, 2023
Les invitamos a seguir todo el trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica a través de nuestras redes sociales, página web y plataformas digitales. Lugares en los que encontrarán todos los avances en el cumplimiento de las metas antes mencionadas.
Lanzamiento del informe ‘Un poco de verdad para respirar. Trayectoria e impactos de los bloques paramilitares Montes de María y Mojana’ en El Carmen de Bolívar.
Publicado
14 junio 2023
Un poco de verdad para los Montes de María y La Mojana Sucreña
El 8 de junio, a las 8:30 a.m., en la Casa de la Cultura de El Carmen de Bolívar, se llevó a cabo el lanzamiento regional del informe que describe el accionar de las estructuras paramilitares que operaron en los Montes de María, el Canal del Dique y La Mojana, subregiones ubicadas en los departamentos de Bolívar y Sucre.
«La verdad pasa por los dolores de las víctimas. Un país que conoce su verdad busca no repetirla». Aura Camargo, delegada de la Red de Mujeres del Caribe, tiene claro que construir memoria histórica y esclarecer la verdad pasa por reconocer y conocer a las víctimas del conflicto armado, como ella. Pues quién mejor que la comunidad, que los colectivos que luchan en los Montes María y La Mojana, para narrar lo que pasó y sigue pasando en estas montañas que atraviesan los departamentos de Bolívar y Sucre.
Estos relatos llevan sus resistencias, conversas, juntanzas, dolores, bailes, risas y cantos, como los de Manuel de la Rosa o los de Rafael Posso, quienes han logrado plasmar en sus canciones el dolor, pero también la fuerza de resistir. De esto se trató el encuentro del pasado 8 de junio en la Casa de la Cultura de El Carmen de Bolívar, de juntarse para seguir sanando, pero también para conocer el informe «Un poco de verdad para poder respirar: trayectoria e impactos de los bloques paramilitares Montes de María y Mojana» que ellas y ellos construyeron.
En el evento se conversó acerca de las repercusiones de dicho informe, basado en los testimonios aportados al Mecanismo No Judicial de Contribución a la Verdad (MNJCV) por personas desmovilizadas de las estructuras paramilitares Bloque Montes de María y Frente Mojana, así como las contribuciones voluntarias de víctimas y testigos en los territorios de los Montes de María, la región de La Mojana y la subregión del Canal del Dique.
Esta investigación, liderada por la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, no se limita exclusivamente a exponer los hechos victimizantes en los 15 municipios de los Montes de María, sino que aborda las subregiones del Canal del Dique y la Mojana Sucreña, lo que implica un estudio de aproximadamente 40 municipios de los departamentos de Bolívar y Sucre, incluidos los hechos ocurridos en Sincelejo y Cartagena, lugares de operación de dichas estructuras paramilitares.
Los hallazgos más relevantes
El informe expone cómo la estrategia paramilitar recurrió a la estigmatización de las comunidades campesinas, y luego el uso del terror, por medio de masacres, en años y lugares específicos, para generar desplazamientos masivos, despojos de tierras y cambios del uso y vocación de la tierra, lo que benefició a ciertos sectores políticos y económicos de la región.
La publicación también permite entender el accionar de las estructuras paramilitares, en particular, el uso de ríos y otros afluentes fluviales para desaparecer cuerpos por parte del Bloque Montes de María. Esto implicó el uso del río Magdalena y en particular del Canal del Dique para desaparecer personas, lo que permite dilucidar la vinculación que tiene la desaparición forzada de los Montes de María con el Canal del Dique, y cómo las estructuras paramilitares usaron esa fuente hídrica para la desaparición de cuerpos.
#DebesSaber | El informe «Un poco de verdad para poder respirar. Trayectoria e impactos de los bloques Montes de María y Mojana»📗, que se presentó hoy en el #CarmenDeBolívar, expone hallazgos reveladores acerca del accionar paramilitar en esta región del país. Abrimos🧵👇 pic.twitter.com/swaNdQRGLP
— Centro Nacional de Memoria Histórica (@CentroMemoriaH) June 8, 2023
Otro de los temas relevantes que esta investigación aborda son las consecuencias sociales y culturales del uso de la violencia sexual como estrategia de guerra, particularmente en la zona del Canal del Dique y en el corregimiento de San Basilio de Palenque, Mahates. Este hecho representó violaciones sistemáticas a los derechos humanos, pero sobre todo de desarticulación del tejido social de las poblaciones afro, donde la mujer es el eje de las comunidades. Se configuró así una doble victimización de las mujeres, quienes además de ser víctimas de violencia eran rechazadas socialmente.
Así mismo, la investigación encuentra una línea histórica común de la relación entre grupos de seguridad privada surgidos en los años 70 y 80 en los Montes de María, que afectaron las tomas campesinas de territorios baldíos, con la incursión paramilitar de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá de 1997. Esto permite entender responsabilidades comunes, así como una evolución de los grupos que afectaron a las comunidades campesinas tanto en los 70 como en los 90.
Detrás del informe
Para la elaboración del informe se procesaron 295 entrevistas de antiguos paramilitares, así como voces de los protagonistas: víctimas y sobrevivientes que, con sus relatos, narran la incursión, acciones armadas y los momentos de terror y control territorial de estas estructuras.
Esta información se obtuvo en talleres y grupos focales con comunidades de los municipios de Arjona (información sobre el impacto en la subregión del Canal del Dique); El Carmen de Bolívar (donde se entrevistó principalmente a población campesina); Toluviejo y Mahates (grupos focales con mujeres afrocolombianas e indígenas); así como de San Juan Nepomuceno, Zambrano y Córdoba, Bolívar (grupos focales con familiares de víctimas).
En los Montes de María, el Canal del Dique y La Mojana aún se encuentran muchos silencios y miedos, pero también muchas voces que resisten al olvido. Voces que cuentan y cantan; dibujan, esculpen y tejen sus memorias, que quedaron plasmadas en esta investigación.
Los y las gestoras de esta iniciativa de memoria histórica.
Publicado
8 junio 2023
Memorial por las víctimas de Riosucio: una iniciativa para movilizar el cambio
Habitantes de este municipio del Urabá chocoano lanzaron un libro de postales en el que recogen las memorias del desplazamiento forzado ocasionado por el despliegue de la operación Génesis, del Ejército Nacional, y la simultánea incursión paramilitar en sus territorios, en 1997.
En abril de 1997, Jesusita Martínez tenía nueve meses de embarazo y estaba en Pavarandó, un corregimiento del municipio de Mutatá (Antioquia), a donde ella y cientos de pobladores de las cuencas de los ríos Cacarica, Jiguamiandó, Curbaradó, Domingodó, Truandó y Salaquí habían llegado desterrados tras el despliegue de la operación Génesis —adelantada por la Decimoséptima Brigada del Ejército Nacional— y la simultánea incursión de paramilitares de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU) en el norte de Chocó.
Huyendo de los bombardeos, los asesinatos, las desapariciones forzadas y las torturas, Jesusita había caminado por las selvas chocoanas junto a su comunidad durante varios días y noches. En sus hombros llevaba cargado a su hijo menor. Con la mano derecha sujetaba a la mayor de sus hijas y con la izquierda un morral con las pocas pertenencias que alcanzó a empacar antes de salir de su casa. En el vientre llevaba a Luz Mary Mosquera, su bebé, a la que dio a luz, como un verdadero milagro de la vida, en pleno destierro y en una situación de precariedad y vulnerabilidad exacerbadas por las violencias que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ejercieron mancomunadamente las Fuerzas Militares y los paramilitares en contra de civiles indefensos.
Jesusita Martínez, con sus hijas Luz Mary y Luz Marina Mosquera Martínez, todas sobrevivientes de la guerra.
Una iniciativa de memoria para sanar viejos dolores comunitarios
Veintiséis años después de su milagroso nacimiento, Luz Mary Mosquera le regaló a Jesusita, su madre, un libro de postales titulado Memorial por las víctimas de Riosucio, Chocó. Este libro es el resultado de una iniciativa de memoria histórica pensada y desarrollada por habitantes de Riosucio, un municipio ubicado en el norte del departamento de Chocó, en límites con el Urabá antioqueño, Panamá y Carmen del Darién, donde hoy vive buena parte de los y las sobrevivientes de la violencia de finales de la década de 1990.
La iniciativa de memoria de Riosucio empezó a gestarse en el 2019. Como lo explica Jenry Serna, líder social y comunitario, la intención de reconstruir las memorias de la guerra «respondía a una necesidad humana, política y emocional de tramitar dolores irresueltos y duelos estancados en el tiempo». «Queríamos observar el pasado para sanar juntos el presente y, con el corazón más liviano, pensar en el futuro que queremos», anota Serna.
En el 2020, Jenry y Luis Octavio Martínez, quien también es líder social en Riosucio, le pidieron al Centro Nacional de Memoria Histórica que acompañara el desarrollo de esta iniciativa comunitaria. «En este proceso reflexionamos sobre lo que significa recordar y construir memoria histórica a través de espacios de diálogo para el intercambio de saberes y conocimientos», cuentan las participantes de esta iniciativa en la que —a través de herramientas como la cartografía social, la fotografía y el muralismo— exploraron cómo los eventos violentos han impactado su cotidianidad e identificaron afectaciones medioambientales y sociales sobre el territorio, sus ríos, ciénagas y parques naturales.
Durante el lanzamiento del libro, se realizó la presentación de la nueva generación de alabaoras, mujeres que, con sus cantos, denuncian, resisten y mantienen viva la memoria ancestral de sus comunidades.
Un libro para homenajear a los sobrevivientes y enseñarles a las nuevas generaciones
De las conversaciones y los intercambios de memorias y saberes surgió la inspiración para elaborar tres murales y el libro de postales Memorial por las víctimas de Riosucio, Chocó, cuyo lanzamiento tuvo lugar el pasado 31 de mayo en un encuentro cultural y espiritual celebrado en la parroquia del municipio. «Quiero entregarle este libro, mamá, para celebrar la valentía que tuvo al traerme a la vida en un momento donde la muerte prevalecía», le dijo Luz Mary a Jesusita durante el encuentro.
Jennyfer Martínez, María Eloísa Minota, Abel Ángel Quinto, Claribet Córdoba, Luis Octavio Martínez, José Gil Martínez y Jenry Serna —todos gestores de esta iniciativa— también les entregaron el libro a sus padres, hijos, nietos y sobrinos. Las personas que vivieron los hechos de 1997 cuando eran adultas quieren que, con este libro, las nuevas generaciones conozcan lo ocurrido y fortalezcan su compromiso con la transformación social del Urabá chocoano. Quienes, por su parte, eran niños cuando ocurrió el destierro de las comunidades, quieren homenajear —a través de las postales— a la generación que los salvaguardó en medio de la guerra e insistió en regresar y permanecer en sus territorios ancestrales.
El Centro Nacional de Memoria Histórica acompañó esta iniciativa de memoria histórica con el propósito de contribuir al fortalecimiento de las ideas y capacidades de la comunidad.
Hacemos memoria para exigir nuestros derechos
Durante el lanzamiento del libro, sus autoras y autores señalaron que el propósito de reconstruir las memorias de la guerra y de la resistencia es, también, el de exigir que sus derechos humanos —históricamente negados— sean hoy garantizados. «Hacemos memoria para mostrarle al país que, además de las violencias vividas en el conflicto armado, seguimos viviendo la violencia del olvido y el desprecio estatal. Hoy, con nuestras memorias fortalecidas, tenemos más argumentos para exigir una intervención integral del Estado en Riosucio», dijo Jenry Serna.
La comunidad también recordó que su municipio sigue siendo escenario del conflicto armado y que grupos violentos insisten en imponer sus órdenes sociales y en desterrar, nuevamente, a la población. «Es en este contexto cuando nuestros ejercicios de memoria cobran más sentido. A través de los murales y el libro recordamos los dolores de la guerra, pero también todos nuestros esfuerzos por no desarraigarnos del territorio», recordó Marcial Gamboa Valencia, hermano claretiano y defensor de los derechos humanos.
Los niños y las niñas de Riosucio reciben esta iniciativa de memoria por parte de sus padres y abuelos. En ellos está la esperanza de un futuro diferente para Riosucio.
La luz siempre prevalece
En adelante, la comunidad de Riosucio espera poner en marcha otros procesos de memoria que contribuyan a la reparación de los tejidos comunitarios, a la renovación de la confianza social y al fortalecimiento de organizaciones de base como la Asociación Rural de Desplazados de Riosucio (Asorude), la Asociación Campesina del Municipio de Riosucio (Acamuri), la Asociación de Memoria Canto a mis Ancestros del Darién Chocoano y la Escuela de Comunicaciones Ronca El Canalete, espacios desde los que la comunidad impulsa diariamente procesos de construcción de paz territorial y resistencia a la violencia.
«Seguiremos haciendo memoria para que todo el mundo sepa que esta tierra es nuestra y que estamos organizados para defenderla y para vivirla dignamente. Que todo el mundo sepa que este es un territorio de hombres y mujeres que aman la vida y que la luz de la comunidad siempre prevalece sobre las tinieblas de la guerra», concluyó Marcial.
En el departamento de Chocó se han confirmado 45 muertes como consecuencia del covid-19 y hay otros 13 fallecimientos en estudio. La enfermedad se propaga con velocidad creciente.
Las mujeres del grupo de alabaos de Pogue, Bojayá, lanzaron una canción para dar a conocer al país la situación que atraviesa el Chocó durante la pandemia del covid-19.
Con un alabao que titularon Por la pandemia las cantadoras de Pogue, corregimiento de Bojayá, quieren llamar la atención del país entero sobre la situación que enfrenta el departamento de Chocó ante la crisis de salud pública y social que representa el covid 19.
La comunidad de Bojayá ha resistido por años la disputa de grupos armados por el control territorial en la región del Medio Atrato. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha acompañado, dentro del proceso de reparación integral, las reiteradas peticiones de sus organizaciones para que les permitan una vida pacífica y digna, conservando su identidad cultural y tradiciones.
Pueden escuchar aquí la canción Por la pandemia.
Según estadísticas del Ministerio de Salud y Protección Social, con corte al 30 de junio de 2020, han sido 1554 los casos confirmados de personas con covid-19 en Chocó, mientras que hay 934 más a la espera de resultados. Los registros dan cuenta de 45 personas muertas como consecuencia de la enfermedad y hay 13 fallecimientos más en estudio. Para la fecha del informe había 56 pacientes hospitalizados y 29 en unidades de cuidados intensivos.
El seguimiento al número de contagios muestra un crecimiento acelerado en la propagación de la enfermedad. Tan solo entre el 25 y el 30 de junio se confirmaron 303 casos positivos y 11 fallecimientos en el departamento.
Los reportes evidencian la presencia del nuevo coronavirus en 20 de los 30 municipios chocoanos. En la capital, Quibdó, se han confirmado 1297 casos, mientras que en Bojayá la cifra es de 7 resultados positivos.
Chocó no cuenta con un hospital de tercer nivel a pesar de que su construcción fue uno de los compromisos derivados del paro cívico de 2017. Y las carencias del sistema de salud se suman a las dificultades de acceso físico y de comunicación para muchas comunidades y las duras condiciones por la parálisis de diversos sectores económicos provocan preocupación entre los habitantes.
El obispo de Quibdó, Juan Carlos Barreto, ha denunciado ante medios de comunicación nacionales el incremento en la presencia de grupos armados, lo que pone en riesgo a las comunidades en zona rural, como pasó en 2002 durante los meses previos a la masacre de Bojayá, hechos que constituyen memoria histórica y que requieren garantías de no repetición.
Pie de foto: El alabao es un canto tradicional en los pueblos afro del Pacífico colombiano para despedir a los difuntos. Las cantadoras de Pogue emplean su música para llamar la atención sobre lo que ocurre en su comunidad y en Chocó.
EL 27 DE FEBRERO DE 1990 FUERON ASESINADOS 6 MIEMBROS DE LA UNIÓN PATRIÓTICA EN EL MUNICIPIO DE UNGUÍA, CHOCÓ.
Para los habitantes de Unguía, también conocido como “La puerta del Darién” por ubicarse en el Urabá chocoano, ya era casi usual oír sobre las masacres que los hermanos Castaño (Fidel, Vicente y Carlos) estaban cometiendo contra miembros de la Unión Patriótica en la zona. Un mes antes, los mismos paramilitares habían desaparecido a ocho campesinos en el pueblo y un día antes la alcaldesa de Apartadó, Diana Estela Cardona, había sido asesinada. Además, muchos líderes de la UP habían sido víctimas de toda clase de atentados. El aire que respiraba la comunidad olía a miedo.
Para entonces, la Alcaldía del municipio era ocupada por el conservador Mario Ferley Medina, quien resultó electo en el marco de una coalición entre la Unión Patriótica y el Partido Conservador. Aunque el balance de su candidatura fue bueno, la UP, liderada en la región por Mauricio Ramírez González, decidió presentar a las próximas elecciones una candidatura propia del partido y postuló a Arnoldo López Cano para el periodo 1990 – 1992.
“(…) antes del 88 no había elección popular de alcaldes. Los alcaldes eran nombrados desde las gobernaciones y las gobernaciones eran nombradas por el presidente, por lo que las relaciones de clientela generaban un poder político local particular. En el momento en que se va por la descentralización y por la elección popular de alcaldes, se presentó un problema porque empezó a haber una competencia por los votos. Ya el resultado no dependía de qué tan lubricada estaba la clientela interna del partido. Y si a eso se le suma que en ese momento entró la UP, los intereses político electorales se dispararon de tal manera que sucedió a escala nacional una ola de violencia en la que se incluyó el genocidio contra la UP”, cuenta Vladimir Melo, miembro del equipo de investigación del proyecto sobre el genocidio de la UP que adelanta el CNMH en convenio con la Corporación Reiniciar.
Para los miembros de la UP de Unguía las cosas no serían diferentes. El 27 de febrero de 1990, a pocos días de las próximas elecciones, Mauricio Ramírez se encontraba reunido con otros 5 miembros del partido en el parque principal del municipio. Sin previo aviso, un grupo de paramilitares irrumpió en el lugar y, bajo las órdenes de Fidel Castaño, los asesinaron con armas de largo alcance. El hecho ocurrió a pocos metros de la estación de policía, pero ninguno de los perpetradores fue perseguido o capturado.
A pesar de lo ocurrido, la Unión Patriótica participó en las elecciones y perdió por pocos votos ante la candidata del Partido Liberal, Luz Londoño. La mayoría de los electores que estaban a favor de la UP no salieron a votar por temor a represalias.
“Todas las masacres del 88 contra la Unión Patriótica, incluida la de Unguía, están totalmente relacionadas con la dinámica electoral. Con esta masacre lo que se evita es que la UP consiga la alcaldía”, afirma Vladimir.
Hoy, 25 años después, recordamos a las víctimas de esta masacre: Mauricio Ramírez González, Camilo Arturo Botero Rodríguez, Nohora Ruiz Flórez, Francisco Atencio, Álvaro Prada y Omar Ruiz.
Pero los hechos violentos en la región estaban lejos de terminar allí. El Tapón del Darién se convirtió en territorio de disputa entre guerrillas y paramilitares, y su presencia desembocó en otras masacres en Unguía y Riosucio. Debido a ello, la zona empezó a ser afectada por una crisis humanitaria de graves proporciones (desplazamientos, masacres, homicidios…).
Según datos que ha logrado reunir el proyecto sobre la UP que adelanta el CNMH en convenio con la Corporación Reiniciar, se cometieron 19 masacres en el Urabá entre los años 1987 y 1997.
Los habitantes del Urabá han tenido que aprender a sobrevivir en medio de un conflicto que ha insistido en instalarse en sus vidas cotidianas.
El aire que antes olía a miedo, sabe hoy a cotidianidad y desasosiego.
Comunicado a la opinión pública con ocasión de La Minga Indígena del Chocó en Bogotá
El Centro Nacional de Memoria Histórica y la Organización Nacional Indígena de Colombia, hacen un llamado para que se dé atención y se abra el diálogo con los indígenas Embera, Woainaan y Zenú que marcharon hasta Bogotá para reivindicar sus derechos.
Como plataforma de la voz de las víctimas del conflicto armado y, en este caso especial, la de los pueblos indígenas de Colombia, el Informe Nacional de Pueblos Indígenas y el enfoque Étnico del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), llamamos la atención sobre la difícil situación que atraviesan los más de 450 indígenas del Chocó que marcharon hasta la ciudad de Bogotá.
Las cifras recogidas por el CNMH y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) dan cuenta de la histórica y profunda crisis en la que han vivido los pueblos Embera, Woaunaan y Zenú, que hoy se concentran en Bogotá para reivindicar la vida digna en sus territorios. Según los datos recogidos en el registro de afectaciones a pueblos indígenas que hará parte del próximo Informe Nacional de Pueblos Indígenas, entre 1959 y el 2017, en estas comunidades se han registrado 36.453 casos de victimización por diferentes modalidades, siendo la más recurrente el desplazamiento, lo que refleja el impacto desproporcionado del conflicto sobre estas poblaciones que han estado en el centro de los intereses de grupos armados.
Hoy estos pueblos están atravesando una emergencia humanitaria, que devela nuevas formas del conflicto armado y su proyección en el tiempo; además del reiterado incumplimiento de acuerdos con las comunidades indígenas, que no encuentran más opción que movilizarse pacíficamente para reivindicar sus derechos.
Tras su llegada a la capital el domingo 11 de noviembre, no puede ser la indolencia institucional la estrategia para superar la riesgosa situación que enfrentan niños, niñas, mujeres y hombres poco acostumbrados a la ciudad y sus duras condiciones. Hacemos un llamado para que a través del diálogo y la concertación se provean las garantías necesarias para la negociación teniendo claro que, ante cualquier situación, es deber del Estado velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos en su conjunto.
A las 10 de la mañana del 2 de mayo de 2002, un cilindro-bomba lanzado por la antigua guerrilla de las Farc perforó el techo de la iglesia San Pablo Apóstol, en Bojayá. En el lugar se refugiaban centenares de personas. El resultado: 79 fallecidas (48 de ellos niños y niñas), alrededor de 100 lesionados, el desplazamiento de 1.744 familias y grandes fracturas sociales.
Hoy se conmemoran 17 años de esta masacre que enlutó al país, un episodio en el que el pueblo bojayaseño, en el Medio Atrato chocoano, quedó entre el fuego cruzado de las confrontaciones que venían sosteniendo, allí, el frente móvil José María Córdoba, de las Farc, y el bloque Élmer Cárdenas de las ACCU.
En fechas como hoy los pobladores del municipio de Bojayá harán la acostumbrada procesión que año tras año realizan y que luego se acompaña del retorno al antiguo Bellavista, es decir, la cabecera municipal en donde todo ocurrió, ese 2 de mayo del 2002.
Hoy se hará una eucaristía que incluirá los alabaos y gualíes, cantos tradicionales a capela del pacífico colombiano que se interpretan en rituales mortuorios
“La comunidad tiene un proyecto de memoria con 11 componentes museísticos que busca, entre otras, reorganizar la iglesia”, Elizabeth Álvarez del Comité de Víctimas de Bojayá.
El Cristo mutilado es el ícono de las víctimas a través del cual, pese a los hechos sucedidos, mantienen su unidad simbólica. Es un referente de la trayectoria personal y colectiva de este pueblo en el antes, el durante y el después de la masacre.
Acto de perdón de las Farc en Bojayá. Fotografía tomada la Comisión Interclesial de Justicia y Paz.
Para, los pobladores las acciones desplegadas hasta el momento son precarias y no han logrado remediar lo que está pasando.
Para los sobrevivientes, el transitar por las ruinas del antiguo centro de salud, el Colegio Departamental César Conto, la casa de las hermanas Agustinas y la iglesia San Pablo Apóstol, hoy en día certificada como santuario, les sigue generando emociones como nostalgia y tristeza, pero a la vez, se ha vuelto en un cuadro que los invita a seguir resistiendo, recordando y clamando por derechos y garantías de no repetición (Escuchewww.soundcloud.com/rruc/cnmh-bojaya).
Esa es precisamente la intencionalidad de la conmemoración de este año. “Queremos hacerle ver a la institucionalidad que nosotros deseamos que no se vuelvan a repetir estos hechos ni en Bojayá, ni en el Chocó, ni en cualquier lugar del mundo”, asegura Elizabeth Álvarez, miembro del Comité de Víctimas de Bojayá.
Y es que, tras la dejación y entrega de armas de las Farc, el Eln y el Clan del Golfo han venido disputándose este punto estratégico a orillas del Río Atrato. El municipio río abajo va en dirección del golfo de Urabá y aguas arriba se encuentra con Quibdó que está a 188 kilómetros.
En 2015, Pastor Alape encabezó un acto en el que las Farc reconocieron su culpabilidad y pidieron perdón por lo ocurrido el 2 de mayo del 2002.
La justicia condenó al Gobierno de la época por no garantizar la protección de la población, que aún espera más acciones de reparación. Fueron ocho alertas tempranas las que advirtieron la inminencia de un ataque sobre el centro poblado de Bellavista.
Los asesinatos, el confinamiento, los desplazamientos masivos, la necesidad de ayudas alimentarias, la siembra de minas antipersonal y el reclutamiento de menores, han vuelto a ser situaciones que afectan la cotidianidad de un pueblo afro, mestizo e indígena que cree y le apuesta a la paz y la reconciliación. La situación más dramática se está viviendo en las comunidades del occidente del municipio. Allí, los grupos al margen de la ley tienen afectadas las actividades económicas que les dan el sustento alimentario a los pueblos indígenas que habitan la zona.
Así pues, entre las actividades que se desarrollarán hoy para conmemorar la fecha están la realización de un foro para discutir sobre las realidades del municipio, la proyección del más reciente documental “El Testigo” de Jesús Abad, y la reunión entre todas las familias que tuvieron víctimas fatales de este hecho dentro de su núcleo familiar.
Esa reunión de las familias cobra mayor relevancia este año, pues representantes de la institucionalidad del Estado, como la Fiscalía y Medicina Legal, le expondrán y resolverán inquietudes al Comité de Víctimas del municipio sobre la exhumación de los cuerpos, uno de los puntos que para los bojayaseños es indispensable con el fin de lograr su reparación individual y colectiva.
Conozca de la importancia simbólica de Pogue-Bojayá en el contexto de post acuerdo en el documental: Voces de Resistencia Volumen 1: Cantadoras de Pogue:
Hoy, Día Nacional de la Afrocolombianidad, resaltamos las distintas narrativas orales y sonoras que intentan contar las historias de desigualdad y resiliencia nacientes de un panorama en el que el 10% de la población víctima del conflicto en Colombia se reconoce como negra, afro, raizal y palenquera. Los departamentos más afectados han sido Nariño, Chocó, Valle del Cauca, Antioquia y Cauca, en ese orden.
“/Hablé con mi padre llorando decía/ /Que él en el campo, aunque pescado boliao comía/ /y ahora en la ciudad pasa penitencia/ La gente lo mira como una triste telera/ /Y si va por la calle le dicen: “allá va el desplazado”/ / Y él no es culpable de todo lo que ha pasado/ /Su amor y su vida al campo se lo ha dedicado/
La anterior es la primera estrofa de un currulao llamado “De mi tierra no me quiero ir”, que hace parte del compilado musical “Tocó Cantar”. Su percusión está llena de alegría, pero la letra parece no entender ese agite. En la canción, suenan un clarinete y un saxofón que se fusionan melódicamente con un piano sin mucho protagonismo. Entre los tres hacen una invitación a procesar este mensaje a través del baile. Tiene dos voces: la primera es de Yonier Palacios y la segunda es de Maribel Blandón. Un par de jóvenes chocoanos, nacidos en el corazón de Quibdó, que escribieron esta canción para intentar poner en palabras las emociones y frustraciones del día que tuvieron que salir huyendo de sus casas.
El pueblo afro en Colombia ha sufrido de asesinatos, masacres, desapariciones, secuestros, torturas, hostigamientos, entre otros. Pero el desplazamiento forzado ha sido el mayor de los hechos victimizantes a los que se le los ha sometido. La Corte Constitucional señaló en el Auto 005 que las razones de este fenómeno se relacionan con una exclusión estructural que viene de tiempo atrás y que lo pone en una situación de marginación y vulnerabilidad.
Adicionalmente, la Corte menciona la existencia de procesos mineros y agrícolas en muchos de sus departamentos, que imponen fuertes tensiones y favorecen el despojo. Por otro lado, la carente protección jurídica e institucional de los territorios colectivos que les pertenecen ha estimulado la presencia de actores armados que amenazan a la población para que abandonen estos espacios.
Poesía contra el olvido
Saliendo de Quibdó y descendiendo por la Costa Pacífica encontramos a Tumaco, en el departamento de Nariño. De este lugar es Yolima Palacios, una poetisa empírica que armada de voz y fuerza le declama su historia a todo el que quiera oírla:
“Yo le pido a mi Dios que perdone mis pecados, pero que también perdone a los que sangre han derramado que un día 4 de septiembre, un gran daño me han causado arrancando de mi vida uno de mis hijos amados. Ese ser tan especial que había nacido de mi vida, y en el año 2012 yo sentí que me moría me habían cortado las manos era lo que yo sentía porque de mis 5 hijos era uno de mis alegrías…”
Ese hijo que el conflicto le arrebató era su adoración. Cuenta que era cariñoso, atento, le ayudaba con las tareas de la casa, le compraba el mercado y en general estaba pendiente de lo que ella necesitara. Yolima, junto a otras víctimas que decidieron volver sus dolores poesía, hizo un compilado de narrativas sonoras llamado “¡Y yo levanto mi voz!: Memorias de resistencia y paz en Tumaco.
Nariño, por su ubicación geográfica, ha resultado de interés particular para los actores armados. Como corredor estratégico es necesario para el desarrollo de actividades comerciales, pero también atrae la activación de negocios ilegales como el contrabando, el tráfico de armas y estupefacientes.
Para mantener vivas sus tradiciones, sus saberes ancestrales y las lecciones aprendidas en medio de la confrontación armada, los nariñenses y en general los pueblos afro han hecho uso de la poesía. Los versos sostienen sus relatos en el tiempo.
Alabaos para un duelo
La guerra nos ha dado poco tiempo para las despedidas y para las mujeres negras dar el último adiós tiene toda importancia. A través de los alabaos, encontraron un camino para conectarse con sus muertos y dejarlos seguir el viaje. Los alabaos se hacen en grupo, generalmente entre tres o más mujeres. Una de ellas lidera ese canto a capela que tiene llanto y resignación al mismo tiempo:
/Adiós primo hermano, primo hermano adiós/ //Me voy y lo dejo solito con Dios// Luego vienen las demás, que responden con el mismo verso y en coro: /Adiós primo hermano, primo hermano adiós/ //Me voy y lo dejo solito con Dios//
Este canto en particular es de la iniciativa de memoria “Alabaos de madres por la vida”, que surgió en el 2007 para visibilizar las distintas victimizaciones en el marco del conflicto armado en Buenaventura. El CNMH, en su informe “Buenaventura: un puerto sin comunidad”, reveló cifras escandalosas sobre la realidad de este puerto a manos de los diferentes actores armados que operaban en la región:
26 Masacres entre 1995 y 2013.
153.000 personas desplazadas desde 1990. La urbe con el mayor índice de desplazamiento interurbano.
4.799 Homicidios entre 1990 Y 2012.
475 personas dadas por desaparecidas.
Los grupos afrodescendientes de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Quindío, Sucre, La Guajira, Córdoba y Bolívar se han convertido en el foco de todo tipo de violaciones a los derechos humanos, pero sus pobladores y pobladoras se han aferrado a la oralidad para reinventarse, fortalecer su tejido social y visibilizar sus formas de resiliencia, orientadas a la protección de los derechos colectivos y a la permanencia en los territorios rurales y urbanos.
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Wilfrid Massamba, cineasta congolés y director del Festival.
María Gaitán participó en el conversatorio «Memoria histórica y reconciliación: construyendo un futuro en paz», realizado en la muestra de cine documental «Todas las memorias todas» del QAFF.
