Colombia, Conflicto Armado, genocidio, justicia, no repetición., unión patriótica, Verdad, Víctimas
19 comerciantes, CNMH, Corte IDH, Desaparecidos, Fallo, justicia, reparación integral, Sentencia, Verdad, Víctimas
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Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala
24 Oct 2014
Pensaban que era una bodega donde se almacenaban municiones, pero en 2005, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala se encontró con algo mucho más explosivo.
El archivo histórico y administrativo de la Policía Nacional (AHPN), entidad que había sido desmantelada en 1996 por ser considerada un órgano de opresión estatal, fue encontrado en un edificio semiabandonado, refugio de ratas y murciélagos.
A simple vista, estos documentos solo registraban la actuación cotidiana de la institución policial, pero gracias a los ojos acuciosos de sus analistas, que llevan más de nueve años, limpiándolo, ordenándolo, estudiándolo, digitalizándolo y poniéndolo a disposición de quien lo necesite, este material ha contribuido efectivamente en varios procesos judiciales.
Uno de ellos fue el de la desaparción forzada, en 1984, del estudiante y líder sindical Fernando García. Su esposa había denunciado que él había sido detenido por la Policía y aunque la entidad lo negó, en el archivo se encontró (casi treinta años después) registros del operativo en el que se lo habían llevado y hasta una solicitud de condecoración por dicha acción. Esto permitió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado de Guatemala por estos hechos, ya que los documentos y la astucia pericial de sus analistas, permitieron demostrar que los altos mandos estaban al tanto de este modus operandi*.
Esta será una de las experiencias que se presentará en el seminario internacional: ‘Archivos para la paz. Elementos para una política pública’.
Para inscribirse por favor comuníquese al teléfono: (1) 796 50 60 ext. 165
*Esta nota fue publicada en la revista Conmemora edición 1 que está en circulación.
CNMH
CNMH
09 Mar 2015
Las próximas citas serán el 12 y 13 de marzo en Santa Marta, el 19 y 20 de marzo en Villavicencio, el 14 y 15 de abril en Medellín y el 5 y 6 de mayo en Bogotá.
Y es que el jurista hizo parte de un grupo de jueces, procuradores judiciales, fiscales y defensores públicos del país que iniciaron, la semana pasada en Cali, la ruta de la capacitación para ayudar a construir la verdad, la memoria y la reparación de las víctimas del conflicto armado.
Se trata de una serie de talleres y visitas a las sedes regionales de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, del CNMH (Centro Nacional de Memoria Histórica), dirigidos a los operadores de justicia encargados de la aplicación de la Ley 1424 y que buscan dar a conocer los avances en la implementación del Mecanismo No Judicial de Contribución a la Verdad y evaluar el estado de la aplicación de esta ley por parte de los funcionarios judiciales.
La estrategia, que también busca difundir los procesos de dicha norma, tuvo su primer encuentro en Cali los pasados 26 y 27 de febrero y se extenderá a Santa Marta el 12 y 13 de marzo, a Villavicencio el 19 y 20 de marzo, a Medellín el 14 y 15 de abril y finalizará en Bogotá el 5 y 6 de mayo. El objetivo es llegar al menos a unos 350 funcionarios encargados de su ejecución.
Se trata de una iniciativa que cuenta con la participación de la ACR (Alta Consejería para la Reintegración), el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Fiscalía General de la Nación, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y el Ministerio de Justicia, con el apoyo de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones).
Los asistentes conocieron los avances que en materia de Acuerdos de la Verdad ha registrado el Centro Nacional de Memoria Histórica que a la fecha ha realizado alrededor de 5.000 entrevistas a personas desmovilizadas cobijadas por la ley y ha expedido más de 1.400 certificaciones de contribución a la verdad.
Gracias a este mecanismo, desarrollado en su totalidad por el Centro Nacional de Memoria Histórica, los firmantes de los acuerdos con el gobierno pueden resolver su situación jurídica y culminar su proceso de reintegración.
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Comité de los Derechos de las Víctimas de Bojayá
09 Dic 2015
Un día después de que delegaciones del Gobierno y las Farc visitarán Bojayá en el acto de reconocimiento de responsabilidad por la masacre del 2 de mayo de 2002, miembros del Comité de los Derechos de las Víctimas de Bojayá se manifestaron en una rueda de prensa en Bogotá frente a este acto y dieron a conocer sus exigencias para lograr verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de estos trágicos hechos.
“Sabemos que estas palabras, como lo hemos manifestado en varias ocasiones, no reparan lo irreparable, no devuelve a ninguna de las personas que perecieron y tampoco borra el sufrimiento causado, sufrimiento que se refleja en el rostro de todas y todos ustedes, por eso ojalá algún día seamos perdonados. Venimos impulsados por el compromiso con la verdad reconociendo el daño causado”. Estas fueron las palabras de Félix Antonio Muñoz Lascarro alias ‘Pastor Alape’ ante cerca de 700 representantes de las comunidades afrocolombianas e indígenas que participaron en este acto en Bellavista Viejo, lugar donde hace 13 años estalló una de las cuatro pipetas lanzadas por las Farc en medio de los combates que sostenía con grupos paramilitares de las AUC y en el que murieron al menos 79 personas y más de 100 quedaron heridas.
Por su parte Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz, en este mismo escenario manifestó: “Hay que construir la paz y para construir la paz tenemos que enfrentar ese pasado que hemos vivido. El asunto ahora no es simplemente conocer los hechos, sino reconocer lo ocurrido. Esa es la esencia del cambio, reconocer y asumir la responsabilidad de lo ocurrido, no solo en Bojayá sino en todos los hechos del conflicto (…) entendemos además que hay otras responsabilidades aquí en juego y que se deben hacer otros reconocimientos por parte de los paramilitares y también por parte del estado que tenemos que venir aquí a explicar por qué esta comunidad se encontraba en ese grado de desprotección”.
Después de este acto, que no tuvo presencia de medios de comunicación, pues querían dedicarlo de manera solemne a las víctimas, en rueda de prensa Delmiro, Leyner y Delis Palacios- representantes del Comité de Víctimas de Bojayá- catalogaron el encuentro como un avance hacia la verdad y la reconciliación, sin embargo pidieron nuevamente que se apliquen el conjunto de medidas de reparación del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica “Bojayá: la guerra sin límites”; exigencias que fueron manifestadas desde 2010 y que según los representantes, aún no reciben respuestas concretas ni eficaces.
Entre éstas se destacan la identificación de los restos de las víctimas que fallecieron entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2002 -días de combates previos a la masacre- y la construcción de un panteón propio para su sepultura. Lugar que igualmente será una expresión de construcción de memoria.
También pidieron la atención médica y rehabilitación para los 110 lesionados sobrevivientes de la masacre. “Esas heridas sin sanar nos recuerdan todos los días lo que vivimos el 2 de mayo” expresó Leyner Palacios.
En clave de memoria pidieron establecer en Bellavista Viejo, donde aún permanece la capilla y las casas misioneras, un centro regional de memoria de las víctimas, para que se convierta en un escenario de reflexión, formación y divulgación de los hechos que contribuya a la construcción de una paz firme y duradera.
Además, exigieron que el reconocimiento de responsabilidades no se quede sólo en este acto público, pues debe ser acompañado de un acto de contrición por todas las vidas, sueños y esperanzas que no se han podido construir por causa del conflicto armado.
Lea aquí el comunicado completo
En el punto de justicia, Leyner Palacios manifestó “en materia de justicia Colombia tiene una institucionalidad que se encarga de ello, sin embargo, cuando en nuestro país se habla de justicia solo se piensa en la cárcel, los pueblos indígenas y afrocolombianos podemos aportar otro tipo de justicia que apunte más a la resocialización y la reconciliación”.
Finalmente, el Comité de los Derechos de las Víctimas de Bojayá solicitó al Gobierno crear una comisión, presidida por el Ministerio del Interior y que cuente con el acompañamiento de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para cumplir estas exigencias y que hechos como los del 2 de mayo nunca vuelvan a suceder.
Bojayá, Comisionados, Derechos Humanos, justicia, Reparación, Víctimas
CNMH
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13 May 2016
El lanzamiento del informe El derecho a la justicia como garantía de no repetición se llevará a cabo el 17 de mayo a las 9:00 a.m. en el auditorio D-200 de la Universidad Externado de Colombia
El derecho a la justicia como garantía de no repetición, la nueva investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica, presenta el panorama de las víctimas de este país en la búsqueda de la justicia. Indaga, desde la experiencia de las víctimas, las organizaciones sociales y de derechos humanos cómo ha sido la relación entre estas luchas por la justicia y las respuestas judiciales.
El informe hace mención de ciertos factores que se constituyen en brechas grandes y complejas que, en muchos casos, impiden dar cuenta de una experiencia de reconocimiento, como por ejemplo: el lenguaje en que se consolida todo el modelo de administración de justicia que inicia desde la forma en que se redactan las normas; la manera como se construyen las decisiones judiciales; la forma como se las comunica a los destinatarios; las lógicas de la estructura del proceso judicial en tiempos, momentos y expectativas que no coinciden con las de las víctimas; la distancia física de las autoridades judiciales, unida a la precariedad de recursos y las dificultades de tiempos de las víctimas, entre otras.
El deber que tiene el Estado y sus autoridades de satisfacer el derecho a la justicia de las víctimas mediante procedimientos que conduzcan al esclarecimiento de los hechos, la identificación, investigación, juzgamiento y sanción de los responsables, es la premisa sobre la que se centra esta investigación del CNMH para presentar algunas de las respuesta que ha dado el Estado colombiano a quienes han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
Aunque el Estado ha ido incorporando diversos mecanismos e instrumentos que en ocasiones han hecho frente a las demandas de las víctimas y sus familiares y ha mostrado resultados positivos cuando se trata de sancionar a los responsables, continúa siendo insuficiente para las víctimas quienes, en su mayoría, han estado excluidas y marginadas del proceso que lleva a esos resultados. Es por ese motivo que las decisiones no dan respuestas a preguntas y expectativas centrales que las víctimas tienen en la búsqueda de justicia: ¿por qué?, ¿dónde está?
El informe está dividido en dos volúmenes. El primero, ‘Graves violaciones de derechos humanos: luchas sociales y cambios normativos e institucionales 1985 – 2012’, reconstruye la historia de la lucha de los movimientos sociales y de víctimas por la defensa de los derechos humanos y contra la impunidad en diálogo con los cambios de las normas y regulaciones en ese campo en Colombia en esos 30 años y los contextos cambiantes en los que todo esto tuvo lugar.
El segundo, ‘Casos de víctimas de violaciones a los derechos humanos en búsqueda de la justicia y de la satisfacción del derecho a la justicia’, reúne con gran detalle los relatos de seis víctimas y familiares de distintas violaciones, ubicadas en varios lugares del país, que exponen las debilidades, los avances y las contradicciones entre las normas, su interpretación y su aplicación y los desafíos enfrentados en el acceso de las víctimas a la justicia
Los seis casos que recoge esta publicación están relacionados directamente con cuatro violaciones de derechos humanos: desaparición forzada, ejecuciones arbitrarias, tortura y violencia sexual. Allí se indagó la manera como las víctimas buscaron, construyeron y enfrentaron caminos de búsqueda de la justicia.
El estudiante de la Universidad Surcolombiana, Tarcisio Medina Charry, fue detenido por la policía ante testigos y luego desapareció. Llevaba en su mochila el periódico Voz Proletaria del Partido Comunista. El hecho sucedió en Neiva el 19 de febrero del año con más desapariciones forzadas en Colombia: 1988 (307 desapariciones forzadas según cifras oficiales y 380 según las organizaciones de familiares). Esta es la historia de una familia que ha pasado 26 años en la búsqueda de justicia.
Las denuncias de corrupción en la universidad por parte del profesor y sindicalista Lisandro Vargas lo llevaron a sufrir allanamientos y estigmatización hasta su asesinato el 23 de febrero de 2001.
Pese al reconocimiento como investigador y a su actividad a favor de causas comunitarias y sociales, el profesor Alfredo Correa fue detenido por el DAS el 18 de junio de 2004 acusado de ser ideólogo de las FARC. Un mes más tarde fue liberado, aunque la investigación siguió. El 17 de septiembre él y su escolta fueron asesinados en Barranquilla.
Como estudiante de derecho en la Universidad del Atlántico, Henry Molina participó en la creación de la Federación de Estudiantes Universitarios en 2005. La noche del 18 de octubre fue retenido y llevado a la SIJIN donde fue torturado física y sicológicamente. El motivo: ser señalado de guerrillero.
El 19 de abril de 2005 11 jóvenes del barrio Punta del Este fueron invitados a jugar un supuesto partido de fútbol en otro barrio. El premio era de 200.000 pesos. Al final todos terminaron amarrados con los cordones de sus tenis, asesinados y arrojados al agua en un hecho que conmocionó a Buenaventura. Ese año en la ciudad se cometieron 324 homicidios según Medicina Legal.
Dos mujeres adolescentes fueron raptadas por los paramilitares, quienes se las llevaron una noche y las abusaron sexualmente. Las liberaron en la madrugada en un marco de violencia generalizada en el Putumayo. Su madre, pese a la situación de vulnerabilidad en que se encontraba, se empeñó en alentar y apoyar a sus hijas para que lo ocurrido no quedara en el silencio.
Los seis relatos son elocuentes sobre las dificultades de las víctimas para encontrar satisfacción de sus derechos en el sistema judicial y sobre las dificultades y contradicciones de la justicia para relacionarse con ellas, sin embargo, sus luchas muestran que, aunque en las primeras aproximaciones algunos familiares expresaron no haber logrado incidir en las autoridades para obtener una efectiva búsqueda de justicia, el proceso de diálogo establecido y las formas como sortearon las dificultades y retos los convirtió en verdaderos agentes de construcción de caminos de búsqueda de justicia. Algunos de ellos lograron tener incidencia en la construcción de mecanismos o herramientas legales y otros se convirtieron en movilizadores de otras iniciativas de personas que se encontraban en similares circunstancias.
CNMH
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24 Ago 2016
El lanzamiento del informe del CNMH: “La justicia que demanda memoria: las víctimas del Bloque Calima en el suroccidente colombiano”. Se realizará el próximo 27 de agosto en Popayán a las 9 a.m., en el Centro Recreativo Pisojé de Comfacauca.
Este libro fue escrito como medida de satisfacción para las víctimas reconocidas en la sentencia de Justicia y Paz contra el postulado del Bloque Calima, Gian Carlo Gutiérrez Suárez. La investigación reconstruye los perfiles biográficos de 24 de las víctimas mortales reconocidas y a la vez intenta brindar un contexto de la violencia paramilitar en los municipios de El Tambo, Patía y Mercaderes (Cauca) y San José de Isnos y Guadalupe (Huila).
Es evidente que el informe, en toda su esencia, quiere resaltar cómo desde la construcción de memoria se contribuye a la reparación de las víctimas, en tanto que aporta a sus procesos de duelo y dignificación, al cuestionar las órdenes instauradas por los grupos armados. Los perfiles hablan sobre las víctimas, sus familias, y evidencian su fuerza para impedir que la violencia paramilitar los hundiera en un lugar de pasividad, resignación y quietud. La memoria de quienes no están ha sido un aliciente para perseverar, a pesar del dolor y de todas las dificultades, hacia un futuro esperanzador que aún se está descubriendo.
El informe indaga sobre la presencia de cultivos de uso ilícito, uno de los factores que incidió en la llegada de los paramilitares al suroccidente del país a finales en la década de los noventa: en Cauca (coca y amapola) y Huila (amapola). Estos departamentos ofrecían la posibilidad de controlar zonas de cultivo, y el montaje de laboratorios de procesamiento y rutas de tráfico de la droga. Aunque las zonas de cultivo estaban disminuyendo por efecto de las políticas de erradicación, poco a poco se recuperó la producción en la primera década del siglo XXI y el Pacífico caucano se constituyó en un eje fundamental para el narcotráfico.
Existen otras razones que explican la entrada de los paramilitares al suroccidente y su consideración de esta región como “estratégica”. En el caso del departamento del Cauca es fundamental hacer referencia a la estigmatización de la movilización social. En el caso del departamento del Huila, la conformación, desarrollo y fin de la zona de distensión fue la motivación para la acción de los paramilitares que temían el fortalecimiento y la extensión de la guerrilla desde la zona despejada.
Las acciones de los paramilitares transformaron radicalmente la vida cotidiana de los habitantes de los municipios. Se modificaron sus rutinas, formas de habitar el territorio, normas, rituales, etc. Los paramilitares impusieron formas de justicia respaldadas por la violencia, que si bien ya eran conocidas por las comunidades por efecto del dominio de la guerrilla, en este caso, les resultaron arbitrarias y desproporcionadas. Con el tiempo y como estrategia para sobrevivir y adaptarse a la guerra, el orden de los paramilitares se asumió como normal. La normalización de la guerra generó desesperanza, divisiones comunitarias, delegación del cambio y el futuro, entre otras. También produjo una profunda militarización de la sociedad visible en la admiración de la guerra y los guerreros por parte de las nuevas generaciones.
Los hechos cometidos por el Frente Farallones y específicamente los atribuidos a Gian Carlo Gutiérrez transformaron la vida de las 152 víctimas indirectas reconocidas en la sentencia. En la sentencia se afirma que se vulneraron sus derechos fundamentales. Las familias cuentan que vivieron serias situaciones de vulnerabilidad: perdieron sus bienes materiales, sufrieron la ausencia de sus familiares, se desplazaron, asumieron los roles y tareas de los seres queridos, vivieron la fragmentación de sus comunidades y familias. Casi 15 años después de los hechos las heridas siguen vigentes a nivel individual y comunitario. Las ausencias y las herencias de la guerra en la cultura persisten. La confrontación también continúa. Han vivido la reparación en medio de demoras y el aprendizaje de trámites que no siempre han logrado devolver la confianza en la institucionalidad.
Luego de la desmovilización del Bloque Calima en El Tambo, Patía, Mercaderes, Isnos y Guadalupe, la violencia armada continuó en todos los municipios. Aunque cada caso tiene sus particularidades, por lo menos cuatro razones pueden explicar la continuidad del conflicto armado: primero, la existencia de nuevas generaciones de paramilitares; segundo; el intento de los grupos armados que hacían presencia en los departamentos por disputar los espacios vacíos dejados por el Bloque Calima; tercero, la intensificación de los operativos militares de la fuerza pública que desencadenaron la respuesta de las guerrillas; y cuarto, la llegada de nuevos grupos armados al territorio con el propósito de apropiarse de los ingresos económicos provenientes de la economía de la droga.
Lanzamiento: Informe “La justicia que demanda memoria: las víctimas del Bloque Calima en el suroccidente colombiano”.
Ciudad: Popayán
Día: 27 de agosto
Hora: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Lugar: Centro Recreativo Pisojé de Comfacauca. Carrera 5 N°50-130-Vereda Gonzáles.
Se entregará el informe a los asistentes del evento.
Isabel Valdés
Isabel Valdés
09 Nov 2016
El día en que la censura le metió dos goles al Palacio de Justicia
El miércoles 6 de noviembre de 1985 el Palacio de Justicia, en Bogotá, ardía en llamas. Tras el ataque y toma de la guerrilla del M-19, prosiguieron los bombardeos con rockets del Ejército, los disparos desde tanques de guerra. Un gran número de soldados combatían al grupo insurgente, que respondía de igual manera con el armamento que habían preparado para su objetivo.
En Colombia lo más común es ocultar o exagerar lo horrores de la guerra a través de los medios de comunicación. Por una imposición, en este caso el fútbol le ganó la batalla al holocausto del Palacio. El pueblo expectante en sus televisores, por saber qué pasaba en el recinto de las Altas Cortes, tuvo que ver —por orden de la Ministra de Comunicaciones en esa época, Noemí Sanín— cómo Millonarios le metía dos goles a Unión Magdalena, al mismo tiempo que a menos de 10 kilómetros eran asesinados y calcinados decenas de personas: entre magistrados, abogados, empleados administrativos, soldados y guerrilleros.
Aprovechando la escasa vigilancia del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre, entre las 10:30 y las 11:00 de la mañana ingresaron siete guerrilleros armados, vestidos de civil, pertenecientes al M-19. Según la periodista Julia Navarrete, en entrevista a la Comisión de la Verdad, “el ingreso de los guerrilleros con armas fue posible porque, aunque frente al descubrimiento del plan pusieron detectores de armas, ´uno o dos días antes quitaron las máquinas´, lo que llamó mucho la atención de los periodistas que diariamente asistían al Palacio”. No había seguridad, el ingreso del primer grupo de guerrilleros se dio sin ningún contratiempo.
Después, alrededor de las 11:30 a.m., ingresaron tres carros por el sótano con 28 guerrilleros. De manera que el “Comando Iván Marino Ospina” del M-19, que ingresó al Palacio de Justicia para realizar la denominada “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, quedó finalmente conformado por 35 guerrilleros (25 hombres y 10 mujeres).
“Nadie podía imaginar que 28 horas después el Palacio de Justicia sería arrasado como resultado de una de las acciones más demenciales que el país ha presenciado, resultado de la violenta incursión armada de la guerrilla y la desproporcionada respuesta del Estado: el uso de armamentos y explosivos de todo tipo, el inexplicable vacío de poder del gobierno, los incendios que destruyeron la edificación y el saldo trágico de cerca de un centenar de personas que perdieron la vida entre civiles, miembros de la fuerza pública y guerrilleros y al menos 11 cuyo paradero aún se desconoce”, dice el Informe de la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia de 2010.
El 20 de octubre de 2015 la Fiscalía General y Medicina legal dieron a conocer que los restos de Cristina del Pilar Guarín, Luz Mary Portela y Lucy Amparo Oviedo Bonilla fueron identificados en Bogotá, mujeres que desaparecieron ese fatídico 6 de noviembre. Los restos Lucy Amparo Oviedo y Cristina Guarín ya fueron entregados a sus familiares. Los de Luz Mery Portela fueron entregados en un acto conmemorativo el pasado 8 de noviembre en el reconstruido Palacio de Justicia.
Durante todo el día de la toma, los medios de comunicación transmitieron parte de lo que observaban desde la Plaza de Bolívar, y las conversaciones que lograban entablar con los rehenes dentro del Palacio. Es el caso de la conversación telefónica que sostuvo Yamid Amat con el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, que se encontraba en el último piso del Palacio como rehén de Luis Otero Cifuentes, líder de la operación por parte del M-19. Así se registraron las angustiantes palabras del Presidente de la Corte Suprema de Justicia:
¡Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego!
La situación es dramática, estamos rodeados aquí de personal del M-19. ¡Por favor, que cese el fuego inmediatamente! Divulgue ante la opinión pública, esto es urgente, es de vida o muerte. ¿Sí me oyen? […]
Por favor que el Presidente dé finalmente la orden del cese al fuego […]. Estamos en un trance de muerte. Ustedes tienen que ayudarnos. Tienen que pedirle al gobierno que cese el fuego. Rogarle para que el Ejército y la Policía se detengan… Ellos no entienden. Nos apuntan con sus armas. Yo les ruego detengan el fuego porque están dispuestos a todo…
Según el Informe de la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia otros periodistas también se comunicaron con el magistrado Reyes Echandía, “después de lo cual la Ministra de Comunicaciones llamó a Yamid Amat, a Juan Gossaín y a Juan Guillermo Ríos y les dijo que si seguían pasando estas entrevistas o noticias del Palacio, se cerrarían todos los noticieros”.
El informe también explica que “después de deliberar ampliamente sobre la conveniencia o inconveniencia de establecer censura a la radio y la televisión, la Ministra de Comunicaciones se comunicó por teléfono y télex con los responsables de las cadenas y emisoras radiales, y de los noticieros de televisión, y les hizo presentes las prohibiciones legales de transmitir noticias relacionadas con los operativos militares, y les notificó que no podían transmitir los comunicados de los subversivos como lo habían pedido ellos en su manifiesto ni podían tampoco transmitir al público entrevistas desde el interior del Palacio de Justicia, pues dentro de él estaban los delincuentes que inducirían la violación del orden jurídico, y muchos inocentes que no eran libres para manifestar la plenitud de su pensamiento”. El télex respectivo fue el siguiente:
El ministerio de Comunicaciones prohíbe terminantemente la transmisión de entrevistas y llamadas a Magistrados puesto que ello dificulta cualquier operación tendiente a salvaguardar la vida de las personas que todavía se encuentran en el palacio de justicia, atentamente, Noemí Sanín Posada – Ministra de Comunicaciones.
Periodistas como Yamid Amat consideraron esto como una implacable imposición de censura. “La censura tuvo como efecto la muerte de la Corte. […]. Los medios de comunicación eran en ese momento los ojos abiertos, y les colocaron una venda. Eran la única luz de información que tenía el gobierno; cuando vino la censura, no sabían qué estaba pasando”, concluyó Yamid Amat en entrevista a la Comisión de la Verdad.
A raíz de esta orden, en uno de los canales de televisión que había de la época, el feroz combate del M-19 con el Ejército dejó de verse, no se sabía de los rehenes y por varios minutos lo colombianos vieron, sin que eso estuviera en la programación, que en el estadio Nemesio Camacho el Campin de Bogotá, a 10 kilómetros del Palacio, Juan Carlos Díaz y Juan Gilberto Funes le hacían dos goles al Unión Magdalena, y al holocausto del Palacio de Justicia por la censura del gobierno.
Durante la toma y retoma del Palacio, hace 31 años, fueron desaparecidas 12 personas. A pesar de que existen videos que muestra claramente que varios de ellos fueron evacuados con vida del recinto, por parte del Ejército, su paradero nunca fue revelado. Sus familiares aún esperan el esclarecimiento de los hechos; esperan verdad y justicia.
Para este aniversario del holocausto se recordó a los desaparecidos con urnas en las que sus familiares depositaron objetos que les pertenecían: fotografías y poemas dedicados, y 11 sillas rodeadas por fotografías, velas y flores en representación de la ausencia de sus seres queridos.
“Este día y muchos de los días de dolor que tiene Colombia es importante recordarlos porque no podemos permitir que vuelvan a pasar estas cosas. Recordar es pasar por el corazón, entonces cada año y siempre pasamos a nuestros familiares por el corazón”, explicó Pilar Navarrete, esposa de Héctor Jaime Buitrago, uno de los desaparecidos en la toma del Palacio.
Publicado en Noticias CNMH
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17 Feb 2017
Familia de Jairo Calvo pide justicia
Al conmemorarse un nuevo aniversario de la muerte del exdirigente del EPL, firmante de acuerdos de paz y convocante para la Asamblea Nacional Constituyente, Jairo de Jesús Calvo Ocampo, conocido como “Comandante Ernesto Rojas”, sus familiares insistieron en la necesidad de investigar las verdaderas circunstancias de su muerte, ocurrida el 15 de febrero de febrero de 1987.
El pronunciamiento de la familia se realizó durante un homenaje a la memoria del líder guerrillero que se realizó en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá y en el cual participaron, entre otros, representantes de organizaciones sociales como Acracia, Fundación Cultura Democrática y Fundación Progresar.
Calvo Ocampo nació en Manizales en 1949 pero se crio en Cartago, Valle del Cauca. Desde muy joven se destacó por su sensibilidad social y disciplina, que lo llevó en 1966 a vincularse al Partido Comunista de Colombia (Marxista Leninista) y posteriormente ingresó a su estructura armada, el naciente Ejército Popular de Liberación, en el cual permaneció hasta su muerte.
Bajo el seudónimo de Ernesto Rojas, Calvo Ocampo firmó junto con su hermano Oscar William, en calidad de comandantes del EPL, los Acuerdos de Cese del fuego, Tregua Bilateral y Diálogo Nacional entre su organización, el Partido Comunista (ML) y el gobierno del presidente Belisario Betancur.
Jairo Calvo
La versión oficial sobre su muerte señala que fue abatido durante un operativo policial, aunque su familia y organizaciones de derechos humanos han manifestado que fue desaparecido y asesinado por agentes del Estado, hipótesis que nunca fue investigada. Por esta razón este caso ha sido considerado un caso emblemático de grave violación a los derechos humanos relacionada con los procesos de paz.
Álvaro Villarraga, director de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, manifestó que el derecho a la verdad y a la reparación es una garantía para todas las víctimas del conflicto que han sufrido violación de sus derechos, sin importar a que grupo u organización hayan pertenecido.
Luego del homenaje se realizó un debate sobre los procesos de paz que se han realizado en el país y las expectativas frente a la desmovilización de las FARC y los diálogos con el ELN, en el que participaron miembros de las organizaciones insurgentes que ya se encuentran reincorporadas a la vida civil.
Publicado en Noticias CNMH
Centro Nacional de Memoria Histórica
Sede principal
Dirección: Carrera 7 No 32-42 Pisos 30 y 31
