El calor es insoportable. De un momento a otro, un hombre empieza a golpear a su esposa, a lo cual responde el hermano de la mujer armándose de un palo de escoba. La multitud se congrega alrededor de los hombres, ávida de conocer el desenlace de un suceso cotidiano para los pobladores de Playón de Orozco.
Mientras tanto, alguien busca a la inspectora de policía del corregimiento. Es una joven de 21 años, escogida en la comunidad por su vocación de servicio comunitario. La jovencita llama a la policía que se instala en la cabecera municipal de El Piñón, quien anuncia que en 20 minutos estará en el corregimiento, pero nunca llega.
Esa es la presencia mínima del Estado que reclaman los habitantes de Playón de Orozco. Esta comunidad -como muchas del país- ha sufrido los horrores de la guerra. Desde la década de los noventa en esta zona del departamento del Magdalena hizo presencia la guerrilla de las FARC. El accionar de este grupo se dirigió principalmente hacia los terratenientes a través de secuestros, extorsiones, robo de ganado, homicidios. Su estrategia de mimetización no fue otra que ocultarse entre la comunidad poniendo en riesgo la vida de civiles.
Un horror que no se olvida
En medio de la presencia guerrillera surge el paramilitarismo en esta zona en 1997. Recuerdan los habitantes -sin precisar la fecha- el día que unos cuarenta hombres entraron en camionetas con brazaletes de las AUC y al bajarse de los vehículos golpearon a un joven que se conocía con el sobrenombre de “Carlos Cuca”.
Hacia diciembre de ese año los paramilitares comenzaron a dar la orden a los habitantes de que se encerraran antes de la seis de la tarde. A veces iban encapuchados, otras veces sin capucha, por lo que la gente reconocía que no eran de la zona. Realizaban patrullaje, imponían sus normas y restringían la salida y la entrada al corregimiento. En marzo de 1998 secuestraron al médico botánico del pueblo, Miguel Fonseca, a quien posteriormente encontraron muerto en una finca denominada “La Montonera”. La comunidad de Playón de Orozco ya presentía lo que se veía venir.
El siguiente año, en la mañana del 9 de enero, la comunidad se preparaba para la celebración de los bautizos colectivos. Ese día el corregimiento contaría con la presencia de un párroco que frecuentaba el lugar al menos dos vez al año. Para la comunidad se trataba de una fecha importante, en los patios de las casas donde había bautizos se sacrificaban gallinas y chivos para el agasajo. Los niños y niñas estaban listos para recibir el sacramento y los familiares en sus casas organizaban todo para recibir a los invitados.
Quienes iban a ser bautizados comenzaban a congregarse en la puerta de la iglesia, a pleno sol de mediodía. En ese instante, un centenar de paramilitares al mando de Tomás Gregorio Freyle Guillén alias Esteban, Edelmira Esther Pérez Méndez alias La Mona, y con el apoyo de una unidad móvil comandada por John Jairo Esquivel Cuadrado, alias El Tigre y la escuadra de Francisco Gaviria, alias Mario, del Frente de Pivijay -Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia- rodearon el pueblo.
Esteban y La Mona ordenaron a sus hombres sacar a la gente de sus casas y reunirla en la iglesia San Martín. Al reunirla en la iglesia, la población fue dividida por grupos: en una casa diagonal al templo reunieron un grupo de niños y niñas y en el puesto de salud encerraron otro grupo. A los hombres les ordenaron que se alinearan contra la cerca que rodea la casa frente a la iglesia y les pidieron los documentos de identidad; documentos que iban cotejando con una lista que llevaban.
Una vez que los paras terminaron de inspeccionar cédulas, encerraron a todos los hombres en la iglesia y comenzaron a sacarlos de cinco en cinco y se los llevaron a distintos lugares donde posteriormente los asesinaron y desmembraron. Luego de esto saquearon las casas, se llevaron los bienes y quemaron veintidós viviendas.
El resto de la comunidad se mantuvo encerrada en la iglesia. Cuando se dieron cuenta de que los paramilitares se habían ido salieron y comenzaron a buscar y recoger a sus parientes asesinados. Inmediatamente después comenzó el éxodo hacia la cabecera del municipio de Pivijay. “No podíamos creer lo que veíamos. Nos tocó entonces empezar a arriar muertos hasta sus casas, porque las mujeres estaban destrozadas y los niños… no me quiero acordar… Yo buscaba desesperado a un hermano, hasta que por fin lo encontré muerto”, dice uno de los hombres sobrevivientes.
La masacre dejó un saldo de 27 víctimas hombres y una mujer: Carmen Rudas, promotora de salud del pueblo, madre de cuatro hijos y en estado de embarazo. Entre los hombres asesinados estaban el profesor Jorge Calvo, de 32 años (trabajaba en una vereda de Chibolo); el exinspector del pueblo, Lascanio De la Hoz; los primos Julio Pabón Miranda y Julio Mozo Ortiz; los campesinos Luis Alberto De la Hoz y Manuel Villa; Luis José Bocanegra (quien estaba desgranando maíz cuando llegaron los paras a su casa) y Néstor García, residente en la vereda Veranillo y estaba de visita ese día.
Igualmente, José Agustín Palacín; Ramón García; Jaime Rojano (exinspector de policía); Orlando Polo Villa; Andrés José Salas (estudiante de odontología); Andrés Polo Villa; Antonio Arévalo; Diomedes Barrios; Humberto Cervantes; Humberto Romo; Hansel Rodríguez; Álvaro De la Cruz; Edgardo De la Hoz; Ángel Castillo; Eduardo Bocanegra; Luis Alberto Dávila Camacho y Antonio Arévalo de 19 años de edad. Las víctimas mortales de la masacre fueron fundamentalmente los hombres jóvenes del Playón de Orozco.
Cuenta la comunidad que no hubo tiempo de nada, escasamente recogieron los cuerpos de sus familiares y amigos y los enterraron. Un día después de la masacre se produjo el desplazamiento masivo de aproximadamente 130 familias. Algunos se refugiaron en fincas aledañas, en corregimientos cercanos y en los municipios de Pivijay, El Piñón, Barranquilla y Santa Marta. “El desplazamiento se da desde el del día de la masacre. Ellos –los paras– mientras la gente se iba se robaron enfriadores, prendas, animales, saquearon a los muertos”, según un testimonio de un poblador.
La población empezó a retornar en septiembre del mismo año, sin ningún tipo de garantía, pues los paramilitares permanecieron en el corregimiento durante dos años más, con el mando de alias Rafa. Instauraron un régimen de terror, ordenaron cercar las viviendas a una altura para que ellos pudieran vigilar, celebraron las fiestas patronales a la fuerza, entre otros hechos relatados por la gente.
La masacre fue reconocida por alias El Tigre ante la Fiscalía 3 de Justicia y Paz. Esta masacre como otras que fueron comandadas en estas fechas por alias Esteban y alias La Mona, fueron ejecutadas por orden de Carlos Castaño Gil, máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia en ese momento. Según declaraciones de estos paramilitares, luego del atentado perpetrado por las FARC en la base del Urabá donde él permanecía y en el que casi muere, arremetió contras las comunidades cercanas y que -según expresó El Tigre- la orden exacta transmitida por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, era la de “aporrear un pueblo que fuese nido de la guerrilla”.
Aún hoy día, dicen los playoneros que en el lugar no hay trabajo. Los terratenientes no contratan a los campesinos, ni arriendan las tierras porque consideran que se pueden meter en problemas por el estigma de que son supuestos guerrilleros. El corregimiento no cuenta con servicios públicos, en épocas de invierno se inunda más del 40% del corregimiento y en verano el ganado enflaquece y los cultivos se secan.
Después de 16 años la comunidad de Playón de Orozco tiene esperanzas en el futuro con la implementación de la Ley 1448 (denominada ley de víctimas). Su mayor deseo es que esta masacre sea reconocida por el presidente de la república en un acto público, dado que llevan dieciséis años de abandono, donde si bien la alcaldía de El Piñón ha implementado algunas obras de reconstrucción del pueblo, han sido paliativos que consideran ellos no son suficientes ni garantía para resarcir el daño.
Justicia y Paz
La actual inconformidad de las víctimas en El Playón aumentó con la sentencia del pasado 28 de noviembre de 2014. En ella la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá relaciona 1.426 hechos y 9.493 víctimas de los excomandantes Salvatore Mancuso, Édgar Fierro Flores, Jorge Iván Laverde (El Iguano), Úber Enrique Banquez (Juancho Dique) y José Gregorio Mangonez Lugo (Tijeras o Don Carlos). Sin embargo en la sentencia no se incluye ningún fallo para las víctimas del Playón de Orozco. Aún más, líderes y abogados de la región Caribe argumentan que la sentencia no ordena investigar a miembros de las fuerzas armadas y agentes del Estado implicados en la expansión del paramilitarismo en esta zona.
La deuda histórica que el Estado y la sociedad colombiana tienen con comunidades como el Playón de Orozco comienza por garantizar los derechos fundamentales de sus víctimas y por reconstruir la memoria de los hechos. “Ya esa masacre pasó, no es que lo vayamos a olvidar porque es inolvidable, pero tenemos que pensar en los que vivimos, en los que estamos, porque ¡aja!, si llorando fueran a volver ellos al lado de nosotros, hubieran vuelto ya porque hemos derramado muchas lágrimas”.
