Puerto Torres renace en sus recuerdos
Puerto Torres renace en sus recuerdos
Autor
César Romero Aroca, periodista de CNMH
Fotografía
César Romero para el CNMH
Publicado
17 Mar 2016
Puerto Torres renace en sus recuerdos
Luego de ser confinados por paramilitares, entre 2001 y 2002, y vivir la estigmatización de su territorio, la comunidad de Puerto Torres, inspección de Belén de los Andaquíes en Caquetá, experimenta un nuevo aire. Esta es la historia de dos personajes que, después de muchos años, han vuelto a visitar estas tierras y participar del acto de reconocimiento como sujetos de reparación colectiva.
El pasado 4 de marzo de 2016 la población de Puerto Torres celebró, por decirlo así, que la Unidad de Víctimas reconoció a esta comunidad y a La Mono como sujetos de reparación colectiva. Los pocos habitantes que se quedaron en la región luego del dominio paramilitar, sufrido por la presencia del Bloque Sur Andaquíes, se encontraron en la escuela del pueblo y allí escucharon a las diferentes instituciones del Estado de que todo lo que padecieron sí pasó, que no debe volver a repetirse y tanto dolor debe repararse.
El silencio con el que las personas esperaban en el recinto, se vio interrumpido por el inicio del evento, que trajo consigo un ambiente de agradecimientos y solicitudes. Primero, palabras de reconocimiento para los dirigentes políticos que aportaron para el almuerzo, luego para quien puso los papas, y también hubo palabras de gratitud por el escenario. Todo fue cambiando hasta la intervención de los pobladores, quienes después de 15 años de lo que vivieron en su territorio, por fin sentaron su voz. Los niños de la escuela compartieron sus preocupaciones por la falta de sillas, mesas, balones y computadores; los habitantes se apropiaron por un tiempo, que pudo ser más largo, de la palabra, esa misma que les había quitado la guerra. “Aquí el gobierno no ha existido desde hace mucho tiempo. La carretera no está pavimentada, tenemos un puente caído desde hace mucho y nuestros proyectos productivos no se incentivan”.
Y es que esa mezcla de sentimientos, reclamos y gratitudes, tiene una explicación. Antes, a estas tierras no venían los políticos en campaña. Ninguna institución del Estado llegaba al territorio y, además, allí recaía una estigmatización porque los paramilitares se habían apoderado del pueblo, una cuadra con 40 casas. Hasta se apropiaron de la iglesia, la casa cural y la escuela, para cometer actos de tortura, “capacitar”, si se puede llamar así, a sus hombres sobre cómo asesinar, descuartizar y enterrar a sus víctimas de la manera más rápida y sin dejar, aparentemente, rastro. La mayoría de los asesinados fueron campesinos acusados de ser guerrilleros.
En la época de la presencia paramilitar en Puerto Torres varios pobladores se vieron forzados a dejar sus casas, potreros y cultivos. Aquí, hasta el cura se había ido. En el 2001, cuando el padre Fredy Galindo era seminarista, fue enviado por el padre de Belén de los Andaquíes a Puerto Torres. “Yo ni sabía que esta gente estaba ahí, y cogen y me envían en el mixto” —un carro que funciona como medio de transporte entre municipios y veredas—, recuerda Fredy. En ese carro llegó a La Mono donde se encontró el primer anillo de seguridad, y luego a la última loma que se empina en la carretera y desde donde se divisa todo Puerto Torres. Allí, en un mirador de los paramilitares, le preguntaron quién era y qué venía a hacer; la defensa a su miedo, que ocultaba con una serenidad teatral, fue mostrar el carnet de seminarista. De inmediato lo dejaron pasar.
Al bajar a la zona urbana, incrédulo al desborde del horror que allí se vivía, se fue a la casa cural a dejar sus cosas. “¡Virgen santísima!”, exclamó al ver solo sangre, rasguños y una cama sin colchón; huellas de las torturas.
Al decidir que allí no se quedaría, buscó a dos mujeres del lugar para que lo acompañaran donde el comandante, en la tienda del casco urbano. Al rato, llegó en camioneta. “Comandante, me enviaron como seminarista y vengo a pedir permiso para poder celebrar la Semana Santa”, se presentó el padre Fredy con la seriedad que lo caracteriza. “Vea, haga lo que tenga que hacer, vino a una misión y tiene que cumplirla, pero no queremos ver a nadie después de las 6:00 p.m., usted haga lo suyo, pero sin movimientos raros”.
Nadie transitaba a esa hora por orden de los paramilitares, era un pueblito a oscuras, casi fantasma. Luego de esa charla corta, como quien pide permiso a un padre autoritario, el comandante le ofreció a Fredy un pan, un pedazo de salchichón y una gaseosa. “Comí delante de él. Al terminar, él sacó un fajo de billetes y pagó”. Ese mismo pan, el que el padre Fredy había acabado de comer, era uno de los que hizo con la comunidad para recolectar recursos para la celebración de la Semana Santa. ¿Quiénes compraban los panes? Los mismos paramilitares. Se sentaban, se quitaban las botas y comían mientras contaban sus historias de combate entre chistes.
Los pocos habitantes que quedaban en el pueblo se dirigían a la iglesia. Los paramilitares antes de ingresar al recinto religioso se quitaban la gorra pero no el fusil. Un año después, en 2002, el padre Fredy volvería hablar con el comandante, vender pan, dar la misa y bendecir a todos los que asistían a la ceremonia.
El padre Fredy, luego de esos años, no volvió a Puerto Torres hasta 2015, para marchar por la paz. También regresó el pasado 4 de marzo, un viernes, donde las personas, olvidadas de este pueblo al sur de Colombia, tuvieron la oportunidad de ser escuchadas de nuevo. “Hoy Puerto Torres renace de las cenizas, y créannos, el pueblo está totalmente dispuesto a la construcción de una paz”, comentó en su intervención la única profesora de la escuela del lugar.
Antes de 2015, cuando se lanzó el informe “Textos corporales de la crueldad. Memoria histórica y antropología forense”, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Puerto Torres era otro pueblo olvidado de Colombia. Y es que gracias a este informe —narra las infamias que ocurrieron en el poblado, la exhumación de 36 cuerpos por un equipo forense del CTI en 2002, los relatos de la angustiosa espera de los familiares de estas víctimas— elaborado por Helka Quevedo, el CNMH puso el tema en agenda y ayudó como puente para que otras instituciones miraran a Puerto Torres después de muchos años.
Textos corporales de la crueldad
Gracias al informe y la insistencia de su investigadora, en 2015 se realizaron actos simbólicos por los 36 cuerpos exhumados en 2001 y por la comunidad que resistió en aquella época. Además se llevó a cabo una marcha por la paz que recorrió la carretera destapada y polvorienta que va desde La Mono a Puerto Torres, medios de comunicación nacionales se interesaron por hacer crónicas y reportajes. Todo conllevó a que la Unidad de Víctimas reconociera a Puerto Torres, La Mono, y las veredas que componen la región de El Plan, como sujetos de reparación colectiva; se brindará apoyo en la implementación de medidas de atención humanitaria, prevención, asistencia psicosocial y reparación integral.
El pasado 4 de marzo Silvio Torres, en el evento, se paró y tomó la palabra. Sus inquietudes, muy válidas, se basaban en qué forma serían reparadas las personas que se desplazaron a partir de la presencia paramilitar. Él, junto a sus esposa e hijos, se fueron en 2002 a causa del miedo, la confinación y las amenazas de la guerrilla. Por ser de Puerto Torres y no irse, las Farc lo tildaron de colaborador de los paramiltares. Él solo estaba en el medio.
Silvio tiene un arraigo especial con Puerto Torres. “Me mata la nostalgia porque los años más bonitos fueron acá, el río, la solidaridad, mis amigos y mi familia, mucha familia”, recuerda Silvio. Y es que en este pueblito los Torres eran mayoría, su padre había llegado desde Pitalito, Huila, luego de La Violencia, cuando el territorio era baldío. “Eran claros de selva, solo habían dos familias y mi padre marcó 640 hectáreas”. Luego de eso, Pablo Torres, el padre de Silvio, hizo la casa cerca al río y una pequeña capilla a la que le puso una virgen que trajo desde Quito. Cuando se pobló este rincón se convirtió en centro de peregrinación; llegaban por el río a la misa de un padre capuchino.
Luego se abrió una tienda que se surtía en Belén de los Andaquíes; los domingos se hacían mercados con alimentos que se descargaban en bote en las orillas del terreno de los Torres. Al pasar los años más personas llegaron, se instaló una inspección de policía y se le dio el nombre de Puerto Tarso, por la recomendación de un religioso que copió el título de un lugar europeo. Pero al ver que la familia Torres se había multiplicado con 11 hijos de don Pablo y otros Torres que habían llegado, se llegó al acuerdo de darle por nombre Puerto Torres.
A estos paisajes Silvio solo ha regresado tres veces, incluyendo esta. Su padre murió en 2008 y aunque siente un gran arraigo por su terruño, no ha decidido volver. “Es difícil la vía, muchos se han ido, aún quedan familiares, pero no es lo que era antes. Tal vez de pronto con todo esto vuelva a ser ese pueblo tranquilo y fraterno que mi papá dejo.
Fredy y Silvio después de pasar muchos años han vuelto. Fredy por parte de la Pastoral Social como representante y Silvio porque ama este territorio que tiene su apellido. Los dos esperan, con dudas y esperanzas, que el acto que se llevó a cabo —con El Comité Territorial de Justicia Transicional, la Mapp OEA, el Museo Caquetá, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Unidad de Víctimas— no se quede solo en conversaciones vacías, y que la reparación sea una realidad en Puerto Torres.
Movice denuncia exterminio a líderes de izquierda
Noticia
Autor
Carolina Moreno, periodista del CNMH
Fotografía
www.movimientodevictimas.org
Publicado
22 Mar 2016
Movice denuncia exterminio a líderes de izquierda
En el marco de la octava jornada en homenaje a las víctimas de crímenes de Estado, que se adelantó el pasado 15 de marzo, diversas organizaciones sociales se dieron citan en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, para denunciar lo que consideran un “rearme paramilitar en Colombia”.
Este 2016 se cumplen ocho años de homenaje a las víctimas de crímenes de Estado en Colombia. Los actos conmemorativos que suelen adelantarse cada 6 de marzo, en esta oportunidad tuvieron lugar el martes 15 de marzo. Diversas organizaciones sociales realizaron una concentración en la Plaza de Bolívar de Bogotá, acompañada de una rueda de prensa para exponer la situación de las víctimas de crimenes de Estado en Colombia. En departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Meta y Sucre se realizaron las tradicionales movilizaciones.
Y es que fue con movilizaciones que se hizo el primer homenaje a las víctimas, el 6 de marzo del 2008. Entonces, cerca de dos millones de personas salieron a las calles de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla. La jornada, según lo señalado por sus convocantes, no era una respuesta a la marcha realizada ese mismo año, el 4 de febrero, contra las Farc. Por el contrario, aseguraban que era resultado de la crítica a la desmovilización paramilitar. “Aquí hay de fondo una discusión que es el problema de orden publico, el monopolio de la fuerza, el comportamiento de los funcionarios y de los miembros de la fuerza pública, y la relación con los grupos paramilitares que consideramos que en este momento con el instrumento que hay, que es la Ley de Justicia y Paz, no se resuelve de una manera satisfactoria”, declaró en su momento Iván Cepeda.
Para Soraya Gutiérrez, del Comité de Impulso del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) “las organizaciones habían tenido que enfrentarse a una Ley de Justicia y Paz negacionista, que no reconocía que en Colombia existieran víctimas diferentes a las generadas por el conflicto armado entre el Estado y las guerrillas; personas que son víctimas del conflicto social y de las políticas sistemáticas y generalizadas creadas desde altos niveles del Estado que buscan eliminar a sectores alternativos que reivindican derechos, y que por lo tanto, son víctimas del Estado”.
Lo que inició entonces como una movilización para denunciar ese “negacionismo”, y hacer manifiesta la existencia de víctimas de crímenes cometidos por el Estado, se ha convertido con el paso de los años en una iniciativa de encuentro y memoria colectiva, que convoca a diferentes expresiones sociales en un esfuerzo por trascender lo aprobado por la Ley de Justicia y Paz, pero también para promover y fortalecer el diálogo entre organizaciones para la realización de propuestas judiciales y extrajudiciales de reparación integral, sanción moral y política.
Las jornadas de conmemoración del 6 de marzo han contado con un sinnúmero iniciativas en los diferentes departamentos del país, entre las que se cuentan galerías itinerantes de la memoria, foros de debate público, talleres de memoria, plantones y movilizaciones, fomentadas por organizaciones como la Asociación de Familiares y Víctimas de la Masacre de Trujillo, la Fundación Nicolás Neira, las Madres de Soacha, la Unión Patriótica, y el Movice, entre otras.
“Las víctimas han encontrado un escenario para poder recordar a sus seres queridos pero hacer memoria de quienes eran ellos es también hacer memoria de lo que reivindicaban, y de los procesos sociales que fueron destruidos. Por eso la memoria para nosotros es transformación, es poder decir que somos ciudadanos y ciudadanas con derechos, que no exigimos medidas paliatorias de reparación, sino medidas que ataquen las causas que han generado la criminalidad del Estado”, asegura Soraya Gutiérrez-.
Victimas advierten incremento de amenazas y asesinatos
En el octavo homenaje anual a las víctimas de crímenes de Estado, las organizaciones valoraron el trabajo adelantado a lo largo de los últimos años que les permitió exponer ante la mesa de conversaciones de paz de La Habana, la necesidad de que el quinto punto incluya la necesidad de contemplar la responsabilidad del Estado en la eventual comisión de la verdad.
“Allí hay un escenario, y allí vamos a seguir luchando para que haya reformas estructurales que permitan una depuración al interior del Estado, pues son instituciones como el Ejército y la Policía las que como caldo de cultivo, han alimentado la persecución contra el movimiento social y popular en Colombia”, señala Soraya Gutiérrez. Sin embargo, asegura que este logro se ve disminuido ante la realidad que viven actualmente las organizaciones de derechos humanos en Colombia; denuncian que las situaciones de riesgo y seguridad persisten para las víctimas de crímenes de Estado.
En el último mes se registraron 54 agresiones a líderes y lideresas sociales, y 28 asesinatos, entre los cuales se encuentran 13 líderes de restitución de tierras y de movimientos en defensa de los derechos humanos, y 15 asesinatos “en el marco de las mal llamadas acciones de limpieza social, parte de la estrategia de terror y zozobra para controlar a las comunidades donde hacen presencia (los grupos paramilitares)”, indicó Ángela Castellanos, de la Corporación Acción Humanitaria por la Convicencia y la Paz del Nordeste Antioqueño.
Cabe recordar que en 2015 fueron asesinados 51 defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia (Informe de Amnistía Internacional), y en 2014 fueron asesinadas 55 (informe Somos Defensores), lo que supondría un incremento cercano al 200% en asesinatos en el primer trimestre del año. Por otra parte, desde que se implementó la Ley de Justicia y Paz en 2005, 86 personas han sido amenazadas, atribuyendolas a las “bacrim” o parmilitares desmovilizados, y han sido asesinados 71 reclamantes de tierras (informe Human Right Watch 2013) con una sola condena a los autores materiales y sin investigaciones en curso respecto a los autores intelectuales.
Las organizaciones sociales participantes en la conmemoración aseguraron que “estos hechos constituyen una respuesta de sectores de ultraderecha ante los anuncios de un inminente cese al fuego bilateral y la eventual firma del acuerdo de paz con las Farc, como a los anuncios de los avances en los diálogos con el ELN”, por lo que solicitan a la mesa de diálogos de paz de La Habana y a los países garantes, que se cree una comisión del más alto nivel “que depure las instituciones del Estado que perpetúan la impunidad en Colombia, y que dé garantías de no repetición porque no es posible que a las puertas de la firma de un acuerdo de paz, se esté iniciando un segundo genocidio”.
Para el Movice, el homenaje a las víctimas de crímenes de Estado sigue siendo en el 2016 tan vigente como en 2008, en tanto el reconocimiento de la magnitud del fenómeno paramilitar, la reparación y no repetición, sigue siendo una tarea pendiente por parte del Estado colombiano.
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“Limpieza social”: la principal arma de los paramilitares del Meta y el Vichada
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CNMHCNMH
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CNMH
Publicado
11 Dic 2018
“Limpieza social”: la principal arma de los paramilitares del Meta y el Vichada
- El CNMH presenta este 11 de diciembre en Puerto Gaitán (Meta), el informe “Violencia paramilitar en la Altillanura: Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada”, el tercero sobre el origen y actuación de las agrupaciones paramilitares.
- La “limpieza” o exterminio social, afectó al 61% de las víctimas, seguida de los homicidios selectivos y la desaparición forzada.
El principal repertorio de violencia que utilizaron los paramilitares en Meta y Vichada, en los 15 años que estuvieron instalados en estas regiones, fue la “limpieza social” (exterminio social), con el 61% de las víctimas afectadas. Luego están los homicidios selectivos (39%), la desaparición forzada (37%), la tortura (22%), las lesiones personales (10%), la violencia sexual (6%) y el secuestro (6%). Detrás de todas estas formas de violencia, la táctica era la intimidación de la población civil, con el objetivo de instaurar un orden paramilitar que les permitiera controlar el territorio y a la población.
Estas son algunas de las principales conclusiones a las que llegó el informe “Violencia paramilitar en la Altillanura: Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada”, que se lanza este martes 11 de diciembre en la vereda Planas de Puerto Gaitán, y este miércoles 12 de diciembre en Villavicencio. Esta es la tercera entrega de la serie “Informes sobre el origen y actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones”, de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
Las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada (ACMV) actuaron en la región de la Altillanura de los Llanos Orientales, particularmente en los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán en el Meta; y Santa Rosalía, La Primavera y Cumaribo en el Vichada, entre 1990 y 2005. Durante ese tiempo, este grupo cometió un importante número de victimizaciones contra la población civil, relacionadas con graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
El informe sobre las ACMV establece la estructura, los hechos, las circunstancias y las actuaciones de este grupo paramilitar, a partir del seguimiento de su trayectoria en términos de expansión territorial y de sus relaciones e impactos sobre la población y diversos actores sociales, políticos, institucionales y territoriales.
El accionar del grupo, bajo el discurso de combatir la guerrilla, implicó el estigma y el ataque permanente hacia ciertos sectores de la población. Los ataques sistemáticos del grupo paramilitar contra quienes transgredían su control y pretendido orden social, se enfocaron en personas que se resistían abiertamente a sus imposiciones, discriminando especialmente a mujeres, población LGTB, niños, niñas, adolescentes e indígenas. Esto ocasionó múltiples afectaciones, entre ellas el debilitamiento de las expresiones organizativas y políticas de la población civil.
La Dirección de Acuerdos de la Verdad del CNMH recopiló los relatos y las voces de personas oficialmente reconocidas como desmovilizadas del Bloque Calima y otros grupos paramilitares, quienes firmaron los Acuerdos de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica en el marco de la aplicación de la Ley 1424 de 2010, que busca diseñar e implementar un Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica.
Este mecanismo incluye la elaboración de informes de memoria referidos al conflicto armado, la violencia paramilitar desplegada en los territorios y los daños y afectaciones causadas a las víctimas. Estos también contienen testimonios de las víctimas y de otras voces como organizaciones sociales, funcionarios públicos, periodistas y, en general, las personas e instituciones que conocieron sobre las situaciones y hechos tratados.
Programación de los eventos de lanzamiento del informe La violencia paramilitar en la Altillanura: Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada:
- 11 de diciembre: Vereda Planas, Puerto Gaitán.
- 12 de diciembre: Villavicencio, auditorio Jaime Garzón, Sede San Antonio de la Universidad de los Llanos. (Calle 37 Nº 41 -02)
Publicado en Noticias CNMH
“Recuperamos la palabra”: 20 años de la masacre de El Tigre
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Publicado
10 Ene 2019
“Recuperamos la palabra”: 20 años de la masacre de El Tigre
El 9 de enero de 1999 unos 150 paramilitares irrumpieron en este poblado del Bajo Putumayo, acabaron con la vida de por lo menos 28 personas y desplazaron otras decenas. Veinte años después, la comunidad se dio cita para honrar a sus muertos y resignificar los lugares en los que ocurrieron los hechos.
La noche del 9 de enero de 1999 los paramilitares del Bloque Sur Putumayo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), partieron en dos la historia de la Inspección de Policía El Tigre, en el Bajo Putumayo. Unos 150 hombres irrumpieron de forma violenta y cruda en este poblado, ubicado en el municipio Valle del Guamuéz, asegurando que se trataba de un “pueblo guerrillero”.
Los paramilitares entraron disparando y quemando todo lo que encontraron a su paso. Por lo menos 28 personas fueron asesinadas y otras decenas, desplazadas. La racha de violencia quedó impregnada en varios lugares emblemáticos para la población: el río, el puente, la salida del pueblo, las casas.
El lunes pasado, 20 años después de este hecho, la comunidad y amigas y amigos de El Tigre se reunieron para honrar la vida de cada una de las personas que perdieron la vida; para solidarizarse con sus familiares, que aún cargan con ese dolor; y para recordar lo que nunca jamás puede volver a ocurrir.
La comunidad de El Tigre resistió cinco años de dominio paramilitar y, dicen sus habitantes, ese enorme desafío los hizo una comunidad más fuerte y organizada.
La cita fue en el puente principal, desde donde fueron lanzados la mayoría de los cuerpos sin vida. La comunidad de El Tigre quería resignificar este espacio, por esto se unieron en una meditación colectiva amenizada por el sonido de los cuencos de cuarzo. “Aunque la muerte vino y a sus anchas quiso andar, a la esperanza no pudo encontrar”, reza en un cartel ubicado junto al río
La represión y violencia contra esta población no terminó con la masacre del 9 de enero de 1999. Entre los años 2001 y 2006 este mismo bloque paramilitar, adscrito al Bloque Central Bolívar de las AUC, se expandió por las zonas urbanas del Bajo Putumayo (Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, La Hormiga, La Dorada) estableciendo un control territorial permanente, y ejerciendo un dominio social, económico y político en la región.
La masacre, y la posterior ocupación paramilitar de la zona, no sólo afectaron la economía y las dinámicas sociales de los habitantes de El Tigre, sino que modificaron sustancialmente la vida de campesinos, afrocolombianos e indígenas que habitan este sector.
Por esto, el encuentro del pasado lunes 9 de enero del 2019, también tenía el fin de abrazar y aplaudir todos los actos de valentía que les han permitido levantar un Tigre más fuerte, organizado y emprendedor. “El Tigre es un territorio vivo que escucha y siente, donde nos quedamos para sembrar la paz que vivimos. Como comunidad recuperamos la palabra; salimos a extendernos la mano; retornamos con fervor al río y al puente”, dice en otro cartel ubicado cerca al río.
Descargue aquí el informe “Masacre de El Tigre: Un silencio que encontró su voz”.
‘La escuela es fundamental para que niños y niñas no se vinculen a la guerra’: José Luis Campo
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Daniel Sarmiento
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Daniel Sarmiento
Publicado
11 Feb 2019
‘La escuela es fundamental para que niños y niñas no se vinculen a la guerra’: José Luis Campo
En el Día de las Manos Rojas, iniciativa mundial contra el reclutamiento forzado de menores, hablamos con el director de la asociación Benposta, quien advierte que este flagelo no es un tema del pasado. Campo señala, además, que “defender la escuela es defender la vida”.
Juan Pablo Esterilla
“La escuela es fundamental para que los niños y niñas no se vinculen a actores armados. Dejar la escuela es el indicador de riesgo más alto para ser víctima de reclutamiento forzado, o para sufrir explotación sexual o laboral”, dice José Luis Campo, director de Benposta: Nación de Muchachos Colombia, una asociación que lleva 40 años trabajando por la defensa y promoción de los derechos de niños, niñas y jóvenes. “Defender la escuela es defender la vida”, continúa José Luis en esta entrevista que le hicimos a propósito del Día Internacional de las Manos Rojas, una iniciativa contra el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados, que se celebra este 12 de febrero.
En 60 años de guerra en Colombia, 17.778 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados y utilizados por los grupos armados legales e ilegales, según el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica. El 25,89% corresponde a niñas y adolescentes mujeres, mientras que el 71,27% a niños y adolescentes hombres. El Observatorio estableció, además, que de ese total 4.857 pertenecieron a las guerrillas y 1.581 a los paramilitares.
Aunque gracias al acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno cientos de niñas, niños y adolescentes dejaron de escribir sus historias de vida en la guerra, hoy el reclutamiento forzado de menores sigue siendo una realidad en Colombia. La Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, y organizaciones de derechos humanos, vienen advirtiendo que la guerrilla del ELN es una de las principales amenazas para los menores de edad.
¿Qué explica que un niño, niña o adolescente termine en las filas de un grupo armado?
Quienes terminan haciendo parte de grupos armados son niños, niñas y adolescentes que tienen historias marcadas por la vulneración de derechos. ¿Qué manifiestan ellos? “Nosotros entramos a la guerra no porque quisiéramos, sino porque éramos victimas en nuestras familias y territorios”. Son víctimas de situaciones estructurales: pobreza, inequidad, falta de oportunidades…
Generalmente se cree que el reclutamiento es bajo la fuerza, pero en Colombia suele ser voluntario (por persuasión) y se ejerce casi como un grito de auxilio ante las condiciones de degradación, de abandono. El grupo armado se visualiza, en muchos casos, como un elemento de salvación. Por supuesto, luego los niños, niñas y adolescentes viven en la guerra situaciones que no imaginaban. Se dan cuenta de que se les vulneran sus derechos fundamentales y los obligan a asumir un rol de guerrero que no les corresponde.
En los últimos 15 años ustedes han trabajado por prevenir el reclutamiento forzado, y por construir “redes de entornos protectores”, en regiones como Buenaventura (Valle), Mesetas y Villavicencio (Meta), San José del Guaviare (Guaviare) y Catatumbo (Norte de Santander). En esos lugares, ¿el reclutamiento forzado sigue siendo una realidad latente para los niños, niñas y adolescentes?
Teníamos la confianza, como miembros de la Coalición contra la violencia de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, que participó en la mesa de diálogos (de paz entre el Gobierno y las FARC), de que con la implementación llegaran las condiciones de bienestar que las comunidades de regiones apartadas del país han pedido durante años. En todas esas regiones lamentablemente no se ha dado lo que esperábamos. No hay oferta de salud, de educación, de cultura…
La realidad es que continúa fuerte la oferta de la guerra. Nunca habíamos visto en el Catatumbo, por ejemplo, tanto riesgo de reclutamiento en el sentido amplio de la palabra. Es decir, no solo entendiendo el reclutamiento como el ingreso formal del niño, sino también como su participación en el marco del conflicto bajo el control de un actor armado.
¿Por qué dice eso? ¿Qué está pasando en esos lugares?
Por ejemplo, la confrontación entre el ELN y el EPL ha desconocido escenarios protegidos. En febrero del año pasado la escuela de Filo Gringo, en el Catatumbo, estuvo entre fuego cruzado. A partir de ahí, con la Diócesis se señalizó el colegio como entorno protector con signos internacionales, banderas blancas. Defender la escuela es defender la vida.
También el año pasado en la comuna 12 de Buenaventura, en medio de una actividad cultural, hubo un enfrentamiento al lado de la escuela. Y la Secretaría de Educación de ese municipio, decretó en noviembre pasado el cierre de todos los colegios públicos por una semana. Es cierto que no hay ataques directos contra las escuelas, pero los contextos que se están dando hacen que haya altas probabilidades de deserción.
Finalmente, hay una dificultad en Teorama y San Calixto, Alto Catatumbo: las minas antipersona. En estas zonas los niños y niñas caminan en muchos casos más de una hora para acudir a la escuela, y para ellos está latente la posibilidad de encontrarse en el camino con grupos armados, o verse afectados por minas.
¿Qué balance puede hacer del programa de inserción social que propuso el acuerdo de paz para niños, niñas y adolescentes desvinculados de las FARC?
Ha sido difícil el monitoreo al programa por compromisos de confidencialidad. No obstante, antes de que terminara el mandato de Santos, Paula Gaviria, entonces Consejera de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, presentó un informe en el que aseguró que el 80% de los desvinculados ya vivía con sus familias y comunidades. Para mí es problemático que al cabo de tres meses (que era el tiempo que había corrido cuando Gaviria hizo este anuncio) los niños, niñas y adolescentes ya hubieran dejado los centros transitorios, pues en muchos casos las condiciones estructurales de sus familias y entornos seguían siendo las mismas que los obligaron a salir. Es una revictimización porque están viviendo de nuevo con elementos expulsores. Generalmente sus familias no forman parte de su proyecto de vida.
Me da la impresión de que el Gobierno está trabajando mucho a través de procesos individuales de apoyo, pero no de acompañamiento integral y colectivo. No hay un acompañamiento fuerte para, por ejemplo, generar ingresos. Y eso afecta su proceso de construcción de proyecto de vida e implica un riesgo altísimo pues, repito, no están haciendo su proceso de inserción social en contextos de paz.
¿Usted cree que hoy existe más consciencia sobre la necesidad de prevenir el reclutamiento forzado?
Hoy en día hay una gran sensibilidad en las regiones sobre el tema de los derechos de niños y niñas. Hay una conciencia de que hay que recuperar la escuela como entorno protector, de que hay disminuir la deserción. Celebro las propuestas de acción colectiva, la construcción de capacidades locales que están haciendo los movimientos sociales en los territorios.
Me preocupa que en los medios de comunicación el tema esté enfocado en la responsabilidad de los comandantes guerrilleros, lo cual se entiende porque este es un delito no indultable. Pero creo que el tema debería discutirse más allá de la búsqueda por la judicialización de los responsables.
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Memorias de vida desde el Catatumbo
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Autor
CNMH
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CNMH
Publicado
14 Nov 2018
Memorias de vida desde el Catatumbo
- El CNMH lanzará en Bogotá, Tibú, Ocaña y Cúcuta el informe Catatumbo: Memorias de vida y dignidad*, un recorrido por la violencia que ha vivido esta región de Norte de Santander, desde la llegada de los españoles al territorio barí hasta la dominación de los grupos armados ilegales que persiste.
- Entre 1999 y 2006, con la entrada de tres estructuras paramilitares, la región vivió una violencia sin precedentes: casi 100 mil desplazados, 832 asesinatos selectivos y 599 muertos en masacres.
- La violencia, el abandono estatal y la pobreza hicieron que el cultivo de coca fuera una posibilidad de sustento para los campesinos, y eso los llevó a ser objetivo de políticas de lucha contra las drogas poco efectivas.
- A pesar de todo, las catatumberas y catatumberos han levantado y fortalecido sus organizaciones, han resistido y se han movilizado para exigir mejores condiciones de vida.
Desde la conquista española hasta hoy, los habitantes de la región del Catatumbo, en Norte de Santander, han hecho frente al abuso de diversos actores legales e ilegales, que han ocupado su territorio y han perpetuado distintos tipos de violencias. Esa es la historia que el Centro Nacional de Memoria Histórica reconstruye en su informe Catatumbo: Memorias de vida y dignidad, que estamos lanzando hoy, y que nació de una propuesta de la Diócesis de Tibú y su Pastoral de Víctimas, a la que luego se sumó la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí Ñatubaiyibarí.
Para el Pueblo Barí, la violencia en el Catatumbo arrancó con la llegada de los españoles, que trataron de imponerles su idioma, su religión y su cultura. Para otros habitantes de la región, esta empezó a principios del siglo XX, con la entrada de las empresas petroleras que provocaron el desplazamiento y la desaparición de miles de indígenas, y a la vez motivaron la llegada de campesinos y trabajadores de esta industria.
El conflicto armado llegó a finales de los setenta y se agravó a finales de los ochenta, cuando el ELN, el EPL y las FARC fortalecieron sus acciones militares con asesinatos selectivos, secuestros, extorsiones y tomas a poblados. Pero fue entre 1999 y 2006 cuando la región vivió una violencia sin precedentes, con el accionar de tres estructuras paramilitares: el Bloque Catatumbo, el Frente Héctor Julio Peinado Becerra y el Frente Resistencia Motilona. En estos siete años de presencia paramilitar se desplazaron forzadamente 99.074 personas, que equivalen al 59,5% de los desplazamientos de los últimos 32 años. También hubo 832 casos de asesinatos selectivos y 599 muertos en masacres: 403 por parte de paramilitares y 142 por parte de las guerrillas.
A raíz de estas violencias, del abandono estatal y de la pobreza, los cultivos de coca aparecieron como una posibilidad de sustento para los campesinos de la región, quienes enfrentaban (y siguen enfrentando) difíciles condiciones para la comercialización de sus productos tradicionales. Pero cultivar coca los convirtió en objetivo de políticas de lucha contra las drogas que, además de ser costosas en términos económicos, ambientales, sociales y de salud, en ocasiones justificaron también nuevas violencias.
Aunque las FARC se desmovilizaron, el conflicto persiste en el Catatumbo. El ELN y el EPL se expandieron en la región y hubo una militarización sin precedentes, que ha producido, entre otras graves vulneraciones, ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Fuerza Pública. A este escenario se suma a la presencia y accionar de Grupos Armados Posdesmovilización. La región presenta hoy grandes desafíos de cara a la construcción de la paz territorial. Sin embargo, y a pesar de la violencia y la precariedad, las catatumberas y catatumberos han levantado y fortalecido sus organizaciones, han resistido y se han movilizado en varios paros campesinos para exigir mejores condiciones de vida en su región.
En este recorrido por las voces y memorias de los habitantes de esta región se encuentran tres tensiones principales. Primero: a pesar de ser una región exuberante y rica en recursos naturales sus pobladores han vivido en la marginalidad y la precariedad, y las comunidades perciben la presencia estatal especialmente con su cara militar y antinarcóticos, en lugar de ver acciones que busquen suplir las necesidades más sentidas de la gente. Segundo: ante ese panorama, las catatumberas y catatumberos se han organizado y han trabajado comunitariamente por una vida digna, pero por esa razón han sido violentados y desconocidos. Y tercero: sobre ellos y ellas han recaído estigmas que han justificado distintas formas de violencia hasta el presente.
Ese panorama motivó al Centro Nacional de Memoria Histórica a hacer una serie de recomendaciones que permitan construir las condiciones para que la guerra no se repita, y se consoliden las apuestas por una vida digna en el Catatumbo: atender las necesidades de la gente, reconocer y proteger las dinámicas organizativas, ampliar los espacios de participación, desarmar estigmas y cerrar ciclos de violencia, replantear las políticas frente a la coca y avanzar en procesos de verdad, reparación y no repetición.
Este ejercicio de reconstrucción de memoria histórica contó con la colaboración de una multiplicidad de personas, organizaciones y entidades de la región.
*Además del informe general y su resumen, se presentará una serie de cartillas con historias sobre lo que significa ser campesino, niño o niña, mujer, indígena, docente o LGBT en ese territorio. También un mapa que identifica los lugares de memoria y de vida en la región, así como las transformaciones territoriales que ha sufrido el Catatumbo por cuenta de la violencia.
LANZAMIENTOS
Bogotá
Fecha: 15 de noviembre
Lugar: Centro Cultural Gabriel García Márquez – Calle 11 #5-60
Hora: 5:30 p.m.
Ocaña
Fecha: 27 de noviembre
Lugar y hora por definir
Cúcuta
Fecha: 28 de noviembre
Lugar: Universidad Francisco de Paula Santander – Salón Eustorgio Colmenares
Hora: 8:30 a.m.
Tibú
Fecha: 30 de noviembre
Lugar: Seminario Menor San Luis Beltrán
Hora: 9:00 a.m.
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Descargue aquí el informe Catatumbo: Memorias de vida y dignidad
Publicado en Noticias CNMH
Catatumbo, Guerrillas, Memoria, Norte de Santander, Paramilitares
Las 33 masacres que devastaron a San Carlos
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CNMH
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CNMH
Publicado
10 Jul 2019
Las 33 masacres que devastaron a San Carlos
Un 10 de julio de hace 15 años las Farc mataron a siete campesinos en San Carlos, Antioquia. Esa fue solo una de las 33 masacres que guerrilleros y paramilitares cometieron en menos de una década en ese municipio.
Después de casi tres años de total abandono, el corregimiento Samaná, en San Carlos, Antioquia, volvió a ser habitado a principios de 2004. Unas 70 personas, que habían huido de sus tierras por culpa de la violencia, creyeron que ya era seguro retornar. Pero no fue así: el 10 de julio, cinco meses luego de su regreso, siete campesinos fueron masacrados por guerrilleros del frente IX de las Farc.
“Se llevaron a todos los hombres, a las mujeres no, y dijeron que si nos poníamos a hacer mucho escándalo que nos mataban a todos por parejo… pero mataron fue a los hombres, que porque estaban cultivando, estaban trabajando en las tierras…”, nos contó una mujer durante la investigación de nuestro informe San Carlos. Memorias del éxodo en la guerra. El miedo forzó a desplazarse a 413 personas.
Ese municipio del oriente antioqueño, ubicado en la zona de embalses que produce una tercera parte de la energía del país, tiene una larga historia de sangre derramada: solo entre 1998 y 2005, los sancarlitanos fueron víctimas de 33 masacres, que dejaron 205 muertos. De esas, 23 fueron cometidas por paramilitares, 6 por las Farc y las demás por grupos sin identificar. Además, en ese mismo periodo, hubo 126 víctimas de asesinatos selectivos, 156 de desapariciones forzadas y 78 de minas antipersonal.
Te invitamos a conocer más acerca del informe “San Carlos. Memorias del éxodo en la guerra“
Hasta antes de 1998, los habitantes de San Carlos recuerdan la presencia cotidiana de las guerrillas: dormían en sus casas, les pedían comida, les robaban animales. Pero la situación empezó a complicarse tras la llegada de los paramilitares en 1999. La guerrilla, que se sintió acosada, empezó a aumentar los retenes, los robos, las minas, los secuestros, las amenazas y los asesinatos selectivos. Y los paramilitares, para desplazar a la guerrilla e implantarse en el territorio, expusieron también su peor repertorio violento.
En nuestro informe explicamos que las masacres fueron parte esencial de la guerra en San Carlos por tres razones. Primero, por su intensidad y persistencia: muchas en muy poco tiempo. Segundo, por el exceso de violencia, la crueldad y en algunos casos la sevicia. Y tercero, por su potencial comunicativo para amplificar el terror. También identificamos tres tipos de masacres: en las que los habitantes fueron convocados y luego asesinados en público, en las que los armados recorrieron rutas del terror por varias veredas y en las que los victimarios instalaron retenes y “lista en mano” buscaron a sus víctimas.
Para los paramilitares, dice la investigación, se trataba de romper lazos sociales y “demostrarle a la población local la incapacidad de la guerrilla para protegerlos y la vulnerabilidad del territorio bajo su control”. Mientras que para la guerrilla las masacres “eran estrategias militares decididas y pensadas como retaliación frente a acciones de los paramilitares”.
La población civil, de poco más de 25 mil habitantes, quedó en medio de esa disputa, en una época recordada por las víctimas como “la guerra total”. Fue tan grave que, según cifras del Registro Único de Víctimas, casi 18 mil personas se desplazaron entre 1998 y 2005. “El desplazamiento fue una estrategia directa que los diferentes grupos armados emplearon para generar el desalojo y obtener el control de territorios con alto valor geoestratégico en el marco de la confrontación armada, o para desterrar a quienes consideraban enemigos directos o colaboradores del bando contrario”, explicamos en el informe.
Te invitamos a conocer el documental “Memorias del éxodo en la guerra“
Ante la devastación del territorio, el exterminio del movimiento cívico y la violencia contra líderes y personas del común, los habitantes de San Carlos buscaron formas individuales y colectivas para resistir o sobrellevar el dominio de los grupos armados: usar los espacios a horas determinadas, adoptar lenguajes cifrados para comunicarse, acudir a su tradición religiosa, no entregar las escuelas a los armados, tratar de negociar con sus victimarios y hasta conformar grupos para enfrentarlos directamente.
También, a medida que pudieron retornar, crearon iniciativas de memoria histórica y reconstrucción del tejido social. Una de las más importantes fue el Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación (CARE), un lugar de memoria que la comunidad creó en 2008 en un edificio que había sido usado por paramilitares y narcotraficantes. A ese lugar se le suman otras iniciativas, como jardines de memoria o mingas muralistas, con las que los habitantes de San Carlos le apuestan a comprender y resignificar lo que pasó en la guerra.