Torturas, asesinatos selectivos, muerte a sindicalistas, masacres, desplazamientos, violaciones, extorciones y otras cientos de historias son las que recolecta actualmente el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, en el norte del país. La tarea es rescatar los perfiles biográficos de las víctimas del Bloque Norte de las Autodefensas. Y cuando decimos cientos, nos referimos a exactamente 107 que están siendo elaborados para un informe que será lanzado el próximo año.
En atención a una orden de la magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Lester María González, contra este bloque paramilitar, el Grupo de Reparación Judicial del CNMH ha venido realizando varias entrevistas y encuentros con algunas de las familias de las víctimas mortales que fueron reconocidas en la sentencia.
En los perfiles se ha iniciado el proceso de construcción de las biografías; allí familiares recordaron la vida de las víctimas: sus gustos, aficiones, actividades laborales, anécdotas de infancia y juventud, rol familiar, más allá de las circunstancias dolorosas de su asesinato. Los familiares participaron a pesar del dolor de sus pérdidas, del miedo por la continuidad de la violencia y con un interés profundo de hacer una clara narración de la vida de sus seres queridos, “lejos de las estadísticas y de los estigmas”, explica el Grupo de Reparación Judicial del CNMH.
“Se fue entonces a la parcela a vender un lote. Iba como siempre, con su sombrero, la mochila terciada y un palito de escoba con el que estaba midiendo el lote. Iba subiendo en la moto y en un momento volteó a mirar y se encontró con dos hombres que en otra moto le dijeron ‘por ahí no hay salida’ y comenzaron a dispararle. Le dieron muchos tiros, el primero en la ingle, después en la cabeza y en el brazo. Le quitaron la mochila. Ahí tenía sus papeles, las fotocopias de los papeles de nosotros y dos millones. También nos robaron animales que teníamos en la parcela. De pronto si nos hubiéramos alcanzado a ir no estuviera contándole esta historia”, relató uno de los familiares al CNMH.
La historia de “don Antonio”
Entre los jefes máximos de este bloque estaba Edgar Ignacio Fierro Flores, alias “don Antonio”, quien asesinó y socavó el buen nombre de comerciantes, ganaderos, escoltas, funcionarios públicos, celadores, enfermeras, líderes comunitarios, agricultores, sindicalistas, defensores de derechos humanos y estudiantes de diversos municipios del Atlántico, Cesar y Magdalena.
Edgar Ignacio Fierro Flores está en libertad condicional desde el pasado mes de julio. Si bien sus delitos le implicarían estar en la cárcel por el resto de su vida, la pena alternativa le ha permitido salir de la cárcel este año. La Jueza de Control de Garantías, Zoraida Chalela, le concedió la libertad, argumentando que ya había cumplido con todos los requisitos exigidos por la Ley de Justicia y Paz, sin embargo esta orden fue apelada por la Fiscalía, pero su libertad fue ratificada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Múltiples organizaciones sociales se han pronunciado al considerar que el postulado no ha cumplido en tanto afirman que no ha dicho toda la verdad y no se ha indemnizado a la totalidad de sus víctimas.
Al Bloque Norte —eran 14 frentes con 4.759 miembros— se le atribuyen 15.700 homicidios selectivos, la desaparición de 2.100 personas, el desplazamiento de 81.700, 344 masacres y 410 reclutamientos de menores de edad. Las acciones de este bloque estaban dirigidas a crear un ambiente de miedo y zozobra en la población civil. En este marco Fierro Flores dirigió entre marzo de 2003 y marzo de 2006, el frente “José Pablo Díaz” conformado por diez comisiones.
El frente “José Pablo Díaz”, comandado por “don Antonio”, hizo presencia en 23 municipios del departamento del Atlántico y dos del Magdalena. En cada uno de los municipios en donde las acciones violentas de los postulados dejaron víctimas, se ha ordenado también al CNMH prestar asesoría técnica para la construcción social de lugares de memoria. Con diversos niveles de colaboración de las autoridades locales y con la activa participación de las víctimas, el CNMH se ha propuesto la construcción de monumentos y lugares de encuentro que permitan denunciar públicamente lo que pasó y reunir nuevamente a comunidades que sufrieron las tensiones, miedos y desconfianzas como resultado de la guerra.
El reto del perdón
Las víctimas rechazaron el acto público de perdón realizado por Edgar Ignacio Fierro Flores en el estadio de baloncesto Elías Chewing de Barranquilla, el pasado 28 de noviembre, argumentando que sus palabras no eran sinceras y que seguía delinquiendo desde la cárcel.
Y es que el dolor y la tristeza se unen a los encuentros donde las víctimas deben escuchar a sus victimarios. En audiencia de Justicia y Paz, uno de los lugartenientes de “don Antonio” se refirió a una de sus víctimas como un “objetivo militar” al explicar su asesinato. En pleno encuentro la hermana de la víctima le reclamó a los abogados y al paramilitar, de no manchar el nombre de “el Niño”, el de su hermano que fue asesinado a los 19 años.
Y es que los daños morales son una de las tantas máscaras de la guerra, una especie de segunda muerte, que acaba con la vida y también con el buen nombre de las personas, dejando un inmenso manto de duda sobre los motivos de la acción violenta. Bien sea en el momento de los hechos, como rumor, o en los mismos escenarios judiciales donde salen a relucir explicaciones y títulos como “colaborador de la guerrilla”, “delincuente común”, “informante”, “elemento nocivo para la sociedad”, entre otros, con que los victimarios tratan de justificarse.
“Es posible evidenciar en el acercamiento y acompañamiento a las víctimas de Fierro Flores que las consecuencias de la guerra aún están vivas”, expresa el Grupo de Reparación Judicial del CNMH, que ha sentido el temor de las víctimas —en la reconstrucción de estas biografías— y quienes luchan contra los estigmas que aún persisten.
Muchas víctimas saben que ahora hay mayor claridad sobre lo que pasó pero la desconfianza generada por la guerra sigue intacta, son escépticas frente a otras instituciones que aún no han logrado cumplirles y son conscientes de que las viejas estructuras paramilitares sobreviven en sus territorios con nuevos nombres.
Esas mismas víctimas temen con la libertad de alias “don Antonio”. Y es aquí donde surgen múltiples preguntas sobre la viabilidad de la justicia transicional cuando la sociedad y el Estado no han logrado, de verdad, hacer la transición, cuando no parecen estar dadas las condiciones para la no repetición, cuando no se han escuchado a todos los actores necesarios para el esclarecimiento de la verdad. ¿Qué puede implicar hacer memoria y reparar simbólicamente en medio de una transición poco consolidada?
