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El texto que se presenta a continuación es resultado de un proceso que dio inicio en 2011, cuando la comunidad del corregimiento de Santa Cecilia se acerca al Centro de Memoria del Conflicto del Cesar, y a partir de este contacto, arranca la construcción colectiva de una propuesta que se enfocó en la generación de herramientas narrativas para reconstruir la historia del conflicto armado en el corregimiento.

En este marco, el equipo planteó la necesidad de entender las dinámicas del conflicto vivido por la comunidad y cómo este fragmenta o transforma los lazos sociales que le permiten subsistir. Para presentar y entender las dinámicas que construyen y consolidan lo que se entiende por “lazos sociales de una comunidad”, se diseñó un modelo de investigación que parte de observar la participación de la comunidad de Santa Cecilia en las prácticas culturales, su importancia en la cohesión social y la manera como el conflicto armado vulneró y afectó la vida de todas las personas del corregimiento. La metodología se desarrolló por medio de encuentros participativos en cuatro de los lugares del departamento del Cesar en donde se concentra la mayoría de la población: corregimiento de Santa Cecilia, municipios de Astrea, El Paso y Valledupar. En las últimas dos poblaciones se encuentra el mayor número de personas en situación de desplazamiento.

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El despojo de los labriegos de las parcelas El Toco, El Platanal y Santa Fe, localizadas en San Diego, Agustín Codazzi y Becerril, municipios cesarenses en la Serranía del Perijá se inscribe en una década de profundos cambios en el Gran Magdalena que se inicia en 1996. Es una década de transición desde economías agropecuarias en las cuales los campesinos parceleros se inscribieron en la ola de la reforma agraria y lucha por el acceso a la tierra, al predominio de la economía del carbón y su multinacionalización.

Los conflictos agrarios de primera generación fueron impactados por el despojo violento en una triple dinámica que se conjuga de hecho: Reconfiguración violenta del territorio. Por un lado, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) incursionan en Magdalena y Cesar para disputar control territorial y social a las guerrillas que tenían sus bases en la Serranía del Perijá, a lo largo de la frontera norte con Venezuela y extendían su radio de acción en zonas de La Guajira, Magdalena y Cesar. Esa incursión violenta se orienta en contra de los campesinos parcelarios y sus logros con el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) y precipita un mercado violento de tierras y un reordenamiento de la propiedad en función de proyectos mineros y acaparamiento de tierras para ganadería por parte de paramilitares.

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La violencia paramilitar en la Altillanura: Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada es el tercer informe de la serie “Informes sobre el origen y actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones”, a cargo de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica. Según el informe, los repertorios de violencia utilizados fueron “limpieza social” –exterminio social- con un 61%, homicidios selectivos 39%, desaparición forzada 37%, seguido por tortura 22%, lesiones personales 10%, violencia sexual 6% y secuestro 6%, como  una táctica de intimidación de la población civil en aras de instaurar un orden paramilitar en virtud de ejercer un control territorial y poblacional efectivo.

Las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada (ACMV) fueron un grupo paramilitar que actuó en la región de la Altillanura de los Llanos Orientales, particularmente en los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán del Meta y los municipios de Santa Rosalía, La Primavera y Cumaribo del Vichada, por un periodo cercano a 15 años –entre 1990 y 2005-, durante los cuales cometió un importante número de victimizaciones contra la población civil, relacionadas con graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH.

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Los nueve relatos que componen esta obra son el resultado del acompañamiento que el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) realizó en el proceso de reparación colectiva a las comunidades del corregimiento  Casacará (Agustín Codazzi, Cesar), la vereda Cerro Azul (Ciénaga, Magdalena), el corregimiento Chimila (El Copey, Cesar), la vereda La Secreta (Ciénaga, Magdalena), el corregimiento La Pola (Chibolo, Magdalena), el municipio Pailitas (Cesar), el corregimiento Poponte (Chiriguaná, Cesar), el corregimiento Santa Isabel (Curumaní, Cesar) y las veredas que componen la Zona Seis de Mayo (Pelaya, Cesar). En cada uno de los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC), las comunidades solicitaron emprender acciones de reparación simbólica para la dignificación y el reconocimiento de las víctimas que dejó el conflicto en sus poblaciones y sus territorios, y la eliminación del estigma que, según afirman, aún recae sobre ellos y ellas, señalados irresponsablemente de pertenecer o apoyar a uno u otro grupo armado a cada lado del conflicto.

El primer paso en el proceso de construcción de estos escritos consistió en el diálogo con cada una de las comunidades Sujetos de Reparación Colectiva (SRC) y sus comités de impulso, para conocer sus demandas y expectativas frente al acompañamiento del CNMH y la construcción conjunta de un producto de memoria histórica como medida de reparación simbólica para cada comunidad afectada por el conflicto armado. De estos primeros acercamientos surgió la expectativa de confrontar la visión que sobre las comunidades y sus territorios elaboró la sociedad regional y nacional, con base en los discursos que cada actor armado del conflicto armado interno posicionó en la opinión pública.

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El exilio es una experiencia compleja, atravesada por sensaciones heterogéneas y momentos que se han vivido fuera del país y en algunos casos, se siguen viviendo una vez se retorna. A pesar de que los daños, pérdidas e incertidumbres de quienes tuvieron que huir del país en contra de su voluntad hayan marcado sus vidas, también lo han hecho esas luchas que emprendieron para sobrevivir y ser reconocidos. Es así como la síntesis de esos momentos de encuentro y desencuentro resultan en el nacimiento de una nueva identidad, una que no cesa de construirse y reconstruirse, a partir de lo que dejaron atrás y de sus experiencias actuales.  

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Hasta noviembre de 2016, Colombia era el 2° país en el mundo, después de Afganistán, en número de víctimas nuevas de Minas Antipersonal (MAP) y Remanentes Explosivos de Guerra (REG)  y el primero en el mundo en número de víctimas de la Fuerza Pública de estos artefactos explosivos .

Actualmente, Colombia ocupa el sexto lugar en el mundo de víctimas general, y el segundo lugar en el número de víctimas de la Fuerza Pública

Colombia es el único país de América en donde las guerrillas y otros grupos armados ilegales emplean estas armas a pesar de que su uso se encuentra prohibido por el Derecho Internacional Humanitario y la Convención de Ottawa. Colombia suscribió y ratificó este tratado mediante la Ley 759 de 2002.

• Desde 1990 y hasta el 31 de marzo de 2017 la DAICMA (Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal) registró un total de 11.481 víctimas de MAP y REG, de las cuales 7.028 son de la Fuerza Pública y 4.453, civiles.

• De las víctimas civiles, casi el 30% son niños, niñas y adolescentes y desde el 2008, el 25% (la cuarta parte) son erradicadores manuales de cultivos de uso ilícito.

• Entre 2002 y 2010 fue el periodo en que más colombianos resultaron afectados por Minas Antipersonal y Remanentes Explosivos de Guerra, es decir, durante el despliegue de la política de Seguridad Democrática y el desarme paramilitar.

• Entre 2005 y 2006 Colombia fue el país que registró el mayor número de nuevas víctimas en el mundo.

• El 98% de los atentados suceden en zonas rurales.

• Los grupos armados que más han utilizado Minas Antipersonal en la historia del conflicto han sido las guerrillas. La victimización causada por los Remanentes Explosivos de Guerra (granadas, morteros, balas, etc.) es una responsabilidad compartida por la Fuerza Pública, las guerrillas y otros grupos armados ilegales.

• No toda Colombia está minada. En 25 municipios se concentra aproximadamente el 50% de la afectación.

• Vista Hermosa (Meta) es el municipio más afectado por Minas Antipersonal en Colombia.

• Cada 4 de abril se celebra el denominado Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal.

Es importante aclarar que el presente informe centra su análisis de manera particular en el uso de las Minas Antipersonal de fabricación improvisada por parte de las guerrillas y sus daños consecuentes. Aunque las Fuerzas Militares de Colombia emplearon Minas Antipersonal industriales hasta que en Colombia entró en vigor el Tratado de Ottawa el 1 de marzo de 2001, las 30 bases militares en donde existían campos minados fueron despejadas a través de desminado humanitario de 2004 a 2010. 

El empleo de estos artefactos no es aleatorio sino que responde a una lógica bélica. Sin embargo, el hecho de que estas armas sean activadas directamente por la víctima, y que además tal activación tenga lugar de forma diacrónica hace que sus efectos sean completamente indiscriminados. Es por esto que el empleo de Minas Antipersonal en Colombia es un reflejo de las dimensiones de la degradación del conflicto armado. 

Los REG (que pueden ser granadas, morteros, balas, entre otros) quedan en los campos después de los combates o pueden ser abandonados en las zonas donde la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales han estado. A diferencia de las Minas Antipersonal, en el caso de los Remanentes Explosivos de Guerra no existe una intencionalidad de hacer daño. No obstante, sí existe un efecto indiscriminado que en particular ha afectado en el país a niños, niñas y adolescentes quienes manipulan estas municiones que llaman su atención. 

Sin embargo, pese al alto nivel de afectación que hay en Colombia y a la creciente sensibilización frente a las víctimas directas de MAP y REG, las dimensiones, características, efectos colaterales y las muy diversas expresiones del daño que ocasionan, continúan siendo ignorados. Inclusive, el hecho de que las víctimas de MAP y REG registradas representen un número muy pequeño comparado con otros hechos victimizantes, ha contribuido a cierto grado de invisibilidad de la magnitud de este problema en Colombia.

No obstante, en los últimos meses ha habido un avance importante en la materia. Como en ningún otro hecho victimizante, el desminado humanitario permite realmente garantizar la no repetición de los hechos y garantizar que no haya más víctimas de MAP y REG. Lo anterior tiene un peso importante en la construcción de paz y la reconciliación si el proceso es realizado por los directamente responsables, como es el caso de la corporación Humanicemos, creada por las FARC-EP para esta labor y que está en proceso de acreditación ante la autoridad nacional de desminado. Esta actividad, además, será contemplada como una de las sanciones en el marco de Jurisdicción Especial de Paz para los excombatientes de este grupo guerrillero. Instamos a que las actividades de desminado humanitario se acompañen de actos de reconocimiento de responsabilidad y de reparación simbólica que busquen la dignificación de la población afectada que muchas veces fue llamada “terca” o “desobediente” por ser víctima de las minas antipersonal.

Esta nueva investigación, realizada en convenio con la Fundación Prolongar, presenta las lógicas, dimensiones y magnitudes del problema de las Minas Antipersonal y Remanentes Explosivos de Guerra en Colombia. Analiza no solo la afectación que estas armas ocasionan en la corporalidad de sus víctimas directas, sino que amplía el análisis hasta la forma en que se ven perturbadas las relaciones familiares y comunitarias, así como a las huellas que quedan en los territorios afectados por estos artefactos explosivos. El informe también es un acercamiento a las respuestas institucionales y a las acciones resistentes de víctimas y comunidades afectadas. Se busca así contribuir al reconocimiento, a la dignificación y a visibilizar las víctimas de estos artefactos explosivos. 

La Ley 1448 de 2011 de Víctimas y Restitución de Tierras reconoce como víctimas a aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos como consecuencia de infracciones al DIH. Es por eso que los miembros de la Fuerza Pública afectados por Minas Antipersonal son considerados como víctimas. Este es el primer informe con perspectiva de memoria histórica en Colombia que reúne simultáneamente las voces de víctimas civiles y de la Fuerza Pública, en un momento de coyuntura histórica donde el fin del conflicto armado nacional parece vislumbrarse. 

El informe, además, se acompaña de una guía que rescata la metodología de reconstrucción de memoria empleada en los talleres llevados a cabo para la investigación. En ellos, el enfoque de discapacidad y el cuerpo como lugar esencial de memoria fueron centrales para su desarrollo. 

Algunos de los mensajes con los que los lectores se encontrarán a lo largo de este texto son: 

• Se encontraron correlaciones positivas entre:
  • Combates y victimización por MAP y REG
  • Presencia de cultivos de uso ilícito y victimización por MAP y REG
  • Aumento de desplazamiento forzado y victimización por MAP y REG
  • Aumento de deserción escolar y victimización por MAP y REG
  • Reducción de área cultivada por municipio y victimización por MAP y REG

A pesar de que las MAP se instalan bajo una lógica bélica, su efecto es indiscriminado. Esta es la principal razón para que se encuentren prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario. 

Las MAP y los REG transforman todas las dimensiones de la corporalidad (física, sensorial, emocional y afectiva) y causan daños morales, materiales y al proyecto de vida. 

Las MAP y los REG producen discapacidades que se agravan por factores sociales. Los sobrevivientes y sus familiares/cuidadoras se enfrentan cotidianamente a entornos discapacitantes y a barreras debidas a la actitud y al entorno. Todo lo anterior evita su participación plena y efectiva en la sociedad y en igualdad de condiciones con los demás. 

Existen otras dimensiones de la afectación por MAP y REG, más allá de la directa y visible en los cuerpos: la sospecha de su presencia altera los sentidos de un territorio y la relación de sus habitantes con este. 

Hay 3 características de los atentados con MAP y REG:

• Anonimato de quien los instala/quien los ha dejado. 
• Los activa la propia víctima.
• Tiempos diferentes (incluso décadas) entre la instalación y el atentado.

 El informe encontró que lo anterior ha llevado a la autoinculpación de los sobrevivientes y sus familiares en gran parte de los casos. Por esta razón, la investigación hace una apuesta y no llama “accidente” si no “atentado” a este hecho victimizante. Creemos que la palabra “accidente” oculta la naturaleza del evento y no hace referencia al responsable.

Aunque el equipo de investigación encontró falencias en todos los componentes de la acción integral contra minas, como son el desminado humanitario y la educación en el riesgo de MAP y REG, sin lugar a dudas en la ruta de atención a víctimas es donde existen los mayores vacíos: 

La asociatividad y la cercanía con otras víctimas juegan un papel esencial en la recuperación. No obstante, es uno de los hechos victimizantes que menos asociaciones de víctimas tiene en el país. 

* Este informe se hizo en convenio con la Fundación Prolongar y contó con el apoyo financiero, logístico y de asistencia técnica de la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Saldarriaga Concha.

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Mi voz es tu voz, la escucho, la siento y la cuento

A través de esta herramienta metodológica, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Caja de Compensación Familiar Compensar, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) te invitan a contribuir a la realización de procesos de memoria histórica con la participación activa de niños, niñas y adolescentes. Desde escenarios educativos y comunitarios puedes sumarte a la apuesta por integrar las narrativas de niños, niñas y adolescentes en la memoria histórica de Colombia.

Esta herramienta metodológica se desarrolla a partir de una obra musical que desde un lenguaje artístico que involucra la música y la narrativa a modo de fábula, la obra musical da cuenta de las experiencias de niños y niñas colombianos en contextos de guerra. De este modo, la obra musical se convierte en una vía para que quienes participen tengan la posibilidad de tejer un puente con los niños, niñas y adolescentes que aportaron sus relatos a la obra. Así mismo, invita a la creación y puesta en escena de una expresión artística, mediante la cual los participantes comuniquen sus comprensiones y reflexiones derivadas del ejercicio de aproximarse a las emociones y vivencias de niños, niñas y adolescentes en contextos de conflicto armado. De este modo, el proceso de memoria con niños, niñas y adolescentes contribuye a la dignificación de quienes han sido víctimas del conflicto armado, así como a la comprensión empática de quienes participan en él.

Mi voz es tu voz, la escucho, la siento y la cuento, te propone un camino, entre muchos posibles, para que los niños, niñas y adolescentes desde sus particularidades, realidades y comprensiones sobre lo ocurrido en sus territorios, desarrollen habilidades ciudadanas para la construcción de paz. 

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Al contrastar los datos sobre la propiedad privada registrada en el catastro rural del IGAC y las tierras adjudicadas por el Gobierno al Caquetá, el índice de coincidencia es de 87,59 %. Es decir, la gran mayoría de los predios rurales de propiedad privada tienen origen en la titulación de baldíos a lo largo del siglo XX. 

Según las cifras del Incoder, en el departamento del Caquetá entre 1903 y 2012 se realizaron 30.470 adjudicaciones sobre 1.625.611 hectáreas. 

A pesar del predominio de la mediana propiedad en Caquetá, se mantiene una desigual distribución de la tierra en las adjudicaciones de baldíos, ya que los predios de gran propiedad representan el 1,6 % del total de adjudicatarios y controlan el 14,2 % del total de la superficie adjudicada, mientras los adjudicatarios de pequeña propiedad representan el 24,7 % y controlan sólo el 3,1 % del total de la superficie adjudicada. 

Los períodos de más adjudicaciones coinciden con momentos particularmente conflictivos de la historia colombiana. Por ejemplo, entre 1962 y 1988, período en que se hicieron el 66,1 % del total de adjudicaciones en el Caquetá y se entregó el 60,7 % del total de área adjudicada, ocurrieron los bombardeos a El Pato, la guerra del Caquetá y los Acuerdos de La Uribe. 

Los períodos en los que se dieron más adjudicaciones a predios de mediana y pequeña propiedad son, en orden cronológico: 1932-1946, durante el cual los colonos de menos de 100 hectáreas recibieron el 61,18 % de la superficie adjudicada; el período comprendido entre 1962-1974, durante el cual los colonos de menos de 100 hectáreas obtuvieron el 62,70 % de la superficie adjudicada; y el período 1975-1988, en el cual los colonos de menos de 100 hectáreas obtuvieron el 69,51 % del área adjudicada. 

La colonización, la política agraria de adjudicación de baldíos, las organizaciones sociales y el conflicto armado han sido ejes determinantes de la configuración territorial y social en el departamento del Caquetá. 

Algunos de los procesos que han afectado a la región son el impulso de las colonizaciones en la guerra con el Perú; los programas de colonización diseñados en la época de La Violencia y la Violencia tardía; la colonización en el bajo Caguán tras los Acuerdos de La Uribe; la declaración de Zonas Especiales de Orden Público; la fumigación de cultivos de uso ilícito; la declaración de una zona de distensión en San Vicente del Caguán; la implementación del Plan Colombia; los planes militares diseñados para la retoma de la zona de distensión; y los actuales Planes de Consolidación Estatal Territorial. 

Podríamos decir que Caquetá se convirtió en uno de los epicentros del conflicto armado colombiano. Las autodefensas campesinas, que posteriormente darían origen a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), llegaron al Caquetá en 1955 impulsando un proceso de colonización armada en la región del Alto Pato. Desde mediados de los años 70 en esta región hicieron presencia el M-19 (Movimiento 19 de Abril) en la zona sur, y el Ejército Popular de Liberación (EPL) en el municipio de El Doncello. Luego, a finales de los años 90, ingresaron los grupos paramilitares a la zona sur del departamento, primero como Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, comandadas por la casa Castaño, y luego como Bloque Central Bolívar, comandadas por Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Estas estructuras paramilitares instauraron centros de tortura y muerte, y llevaron a cabo acciones de terror en la zona sur y en la zona norte del departamento con el fin de socavar los territorios históricos de la guerrilla de las FARC, lo que llevó a una degradación del conflicto que aún hoy se mantiene. En esta misma década el Caquetá fue uno de los centros de la política antidrogas en el país, lo que se tradujo en fumigaciones, restricciones a la movilidad, capturas y combates en las zonas rurales del departamento. El rechazo a esta política se manifestó en las marchas cocaleras que en el año 1996 sacudieron el sur de Colombia. 

Por otra parte, en la actualidad las organizaciones sociales en el departamento cumplen un papel muy importante. Realizan funciones de regulación de la vida cotidiana, con normas de convivencia que permiten la tranquilidad en territorios a los que no llegan jueces ni fiscales, o de bienestar a partir del aprovechamiento de los bienes disponibles. Arreglan y construyen carreteras con el dinero recolectado en los peajes comunitarios que han instalado en las vías veredales; construyen escuelas, casetas comunales y tienen iniciativas productivas solidarias que les permiten a los campesinos acceder a créditos a los que, dadas sus condiciones de informalidad (la mayoría no tiene títulos de propiedad), difícilmente podrían acceder. Igualmente, cumplen funciones de representación, ya que han impulsado en los últimos años múltiples movilizaciones, como el Paro Nacional Agrario y el paro por el derecho a la educación, movimientos que le han exigido al Estado una mayor intervención para la satisfacción de los derechos de los pobladores rurales del departamento. 

Hoy en día Caquetá es visto como un territorio estratégico para la construcción de la paz buscada en el Acuerdo Final conseguido en La Habana. Sin embargo, para comprender la dinámica actual de esta región es preciso examinar cómo se relacionan el proceso de configuración territorial, el mercado de tierras y los usos del suelo en un departamento con procesos migratorios continuos y en el que aún no se ha logrado una estabilización de la frontera agraria. De otra parte, hay que conocer qué tipo de órdenes locales ha construido la guerra, después de más de 50 años de presencia continua de las FARC-EP. 

La tierra no basta, la nueva investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica desarrollada por Erika Andrea Ramírez y dirigida por Rocío Londoño y José Jairo González, realiza una lectura de largo plazo del proceso de configuración agraria de una región que se ha construido al vaivén de las políticas de guerra y paz que se han dado en el país. Analiza el proceso de configuración territorial del departamento a partir de las diferentes olas de colonización que se han presentado desde principios de siglo, dando una visión amplia del paisaje rural caqueteño. Asimismo, da cuenta de los procesos de adjudicación de baldíos y de la incidencia que esta política agraria ha tenido en la configuración de la propiedad en el departamento. 

La investigación ofrece una lectura de la incidencia que el conflicto armado ha tenido en los procesos de despojo y abandono de tierras y en la concentración de la propiedad, y describe dos casos paradigmáticos de despojo de tierras que se han dado en el departamento. 

Uno de sus principales aportes de este informe es la descripción del repertorio de acciones políticas y los procesos de resiliencia económica de las organizaciones sociales y los gremios económicos en esta región. No debemos olvidar que esta región también es una muestra de interesantes experiencias de construcción de ciudadanías locales, de infraestructura comunitaria y de normas propias que les han permitido consolidar órdenes locales en medio de las más crudas condiciones de la guerra. 

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Este libro que fue escrito en respuesta a la orden judicial de reparar simbólicamente a las víctimas reconocidas por Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio, y Andrés Mauricio Torres León, alias Z1, desmovilizados del Bloque Norte de las AUC, en el marco de la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz. 

El eje central del libro son los perfiles biográficos que narran la vida de 93 víctimas mortales desde la voz de sus familiares, quienes enaltecen y dignifican el buen nombre de sus seres queridos, al mismo tiempo que condenan la injusticia de sus muertes. Se trata entonces de la historia de 93 personas —hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores e incluso una niña— cuyas vidas transcurrieron en diferentes municipios del Atlántico, Magdalena y Cesar. Padres, madres, hermanos, hermanas, hijos e hijas quienes a su vez eran los agricultores, líderes, profesores, estudiantes, conductores, tenderos, vigilantes, vendedores, concejales, alcaldes o médicos del pueblo o del barrio. En resumen, personas indispensables para que la cotidianidad familiar y comunitaria se viviera con normalidad.

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En este documento se condensan las memorias de una parte del campesinado del departamento del Atlántico, que vive en los municipios de Manatí y Repelón, subregión sur del departamento. También se narran los recuerdos de los campesinos que viven en los municipios de Baranoa, Ponedera, Luruaco y Sabanalarga de la subregión centro, así como de los que habitan en Piojó y Juan de Acosta en la subregión costera. Del trabajo de investigación también hicieron parte campesinos que viven actualmente en la vereda Las Nubes del corregimiento Juan Minas del área metropolitana de Barranquilla.

En la primera parte, las memorias del campesinado dan cuenta de una larga trayectoria de formación continuamente relacionada con la labranza de la tierra y la lucha agraria por la consecución de la tierra y la búsqueda de mejores condiciones de vida en sus comunidades, a través del surgimiento de diversas organizaciones campesinas como las ligas campesinas, los sindicatos agrarios, las cooperativas campesinas y la ANUC. En estas luchas se explicitan los buenos tiempos, en los que las comunidades eran autosostenibles y con largos periodos de bonanza.

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La narración aquí presentada está fundada (en lógica y contenido) en la memoria de personas campesinas habitantes del centro del Cesar. En los recuerdos evocados y presentados en este texto se relacionan históricamente los siguientes procesos: (a) colonización –adjudicación de tierras–, configuración de la organización campesina y “tomas de tierras”; (b) represión y victimización sistemática e histórica y; (c) relacionamiento con el Estado y desconocimiento de su condición social y de pobreza. La mayoría de los aspectos constitutivos de estas relaciones se proyectará desde los años sesenta hasta el presente, marcando definitivamente sus vidas.

En general, este documento se construye con base en los testimonios y experiencias aportadas por campesinos y campesinas del departamento del Cesar, que mediante distintos instrumentos consignaron sus vivencias en papel y en forma oral para la construcción de este relato. La versión escrita del documento1 fue leída por lo menos en tres oportunidades por los protagonistas de esta memoria, derivando este ejercicio en precisiones, nuevos aportes y correcciones de lo ya escrito.

Las palabras y frases destacadas entre comillas corresponden a intervenciones textuales de quienes participaron de la discusión. El resto del texto se construye con los elementos aportados en la conversación, así como en los testimonios consignados en las fichas que para la caracterización del proceso social fueron elaboradas y no requiere de comillas. También se incluyen aportes derivados del taller de validación de documentos, efectuado en el municipio de Magangué, en el año 2015. Igualmente, en algunos apartes se incluyen referencias contenidas en documentos producidos por los mismos campesinos en sus organizaciones.

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En este documento se condensan las memorias de una parte del campesinado del departamento del Atlántico, que vive en los municipios de Manatí y Repelón, subregión sur del departamento. También se narran los recuerdos de los campesinos que viven en los municipios de Baranoa, Ponedera, Luruaco y Sabanalarga de la subregión centro, así como de los que habitan en Piojó y Juan de Acosta en la subregión costera. Del trabajo de investigación también hicieron parte campesinos que viven actualmente en la vereda Las Nubes del corregimiento Juan Minas del área metropolitana de Barranquilla.

En la primera parte, las memorias del campesinado dan cuenta de una larga trayectoria de formación continuamente relacionada con la labranza de la tierra y la lucha agraria por la consecución de la tierra y la búsqueda de mejores condiciones de vida en sus comunidades, a través del surgimiento de diversas organizaciones campesinas como las ligas campesinas, los sindicatos agrarios, las cooperativas campesinas y la ANUC. En estas luchas se explicitan los buenos tiempos, en los que las comunidades eran autosostenibles y con largos periodos de bonanza.

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En Córdoba el recorrido de las luchas campesinas fue guiado a través del agua y la tierra, por la identidad que generaba el vivir y trabajar en el campo, en las ciénagas y ríos, en los terrenos aledaños a estos, en las lomas, serranías y sabanas.

La trayectoria que siguió el establecimiento de las comunidades campesinas que ocuparon algunos predios baldíos en el departamento desde finales del siglo XIX, y que durante el siglo XX tomaron la iniciativa de organizarse, correspondió al curso de río Sinú y a los terrenos circunvecinos a este: San Bernardo del Viento, Montería, Valencia y Tierralta. El valle del río San Jorge y las ciénagas grandes y pequeñas fueron también escenarios de la luchas por la tierra y el agua, así como del surgimiento de organizaciones campesinas en el departamento.

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Las memorias sobre el antes y el ahora de las comunidades y organizaciones campesinas en La Guajira tienen como punto de partida la existencia del campesinado en el norte del país. La palabra que habría que empeñar para saldar la deuda frente al olvido de esta población por parte de los gobiernos y de la sociedad colombiana sería: reconocimiento.

El desconocimiento sobre la población campesina que habita en el departamento, tan notorio como la península en el conjunto de la geografía nacional, no es un asunto nuevo. Los relatos que aluden a las condiciones en las que han vivido y viven actualmente los campesinos en La Guajira dan cuenta de algunas tensiones que se reflejan al contraponer los argumentos que respaldan la ancestralidad indígena y la presencia histórica de los campesinos, sin dejar de destacar algunas acciones de solidaridad que también han estado presentes en los territorios en que estas poblaciones habitan.

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Campesinos de tierra y de agua: memorias sobre sujeto colectivo, trayectoria organizativa, daño y expectativas de reparación colectiva en la región Caribe, 1960 – 2015 es el resultado del trabajo realizado por campesinos de la región Caribe y por el Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH- en el marco del proyecto “Aportes metodológicos para la caracterización del sujeto y el daño colectivo con población campesina en la región Caribe desde la perspectiva de la memoria histórica”, desarrollado entre los años 2013 y 2016.

Se nombra región Caribe a la fracción del territorio nacional que comprende los departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Cesar y La Guajira; incluyendo en esta concepción a los territorios insulares del Mar Caribe colombiano, como el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, entre otros. En este sentido, el concepto comprende la parte continental como marítima o insular de Colombia, localizada al norte del país y ubicada sobre el Mar Caribe. Esta región representa el 11 por ciento del territorio nacional y para el año 2010, el 21,4 por ciento del total de la población (Banco de La República, 2013).

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Incursionar en el pasado por medio de los recuerdos de personas campesinas que estuvieron ligadas a procesos sociales comunitarios y políticos en el caso del departamento del Magdalena, y concretamente de los municipios de Ariguaní (El Difícil), San Ángel, Nueva Granada, Chibolo y Plato, visibiliza elementos relacionados con su proceso de configuración como sujeto colectivo campesino en distintos planos: a nivel socio cultural, político y también en el plano territorial, lo que muestra una estrecha relación con la naturaleza.

Por otra parte, muestra en el largo plazo, cómo ese sujeto colectivo conformado fue transformándose a lo largo del tiempo, a partir de fenómenos de violencia orientados contra sus comunidades, líderes y organizaciones mucho antes de la existencia y de la presencia de guerrillas en sus municipios.

Lo que a la vez permitió hacer tangibles las consecuencias, o hechos, que han producido en ellos una cadena de daños acumulados en el tiempo y que han dejado cicatrices profundas en sus vidas a nivel individual y colectivo. Finalmente, este caminar por los tiempos andados permite sacar a flote las expectativas que muchos de ellos guardan en relación con la reparación colectiva y el posconflicto.

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Este documento presenta las memorias y las trayectorias organizativas de campesinas y campesinos de una parte del sur del departamento de Sucre (municipios de Sucre, Majagual, San Benito Abad y San Marcos) y del centro y sur del departamento de Bolívar (municipios de Zambrano, Córdoba, Magangué, Pinillos y Tiquisio).

A pesar de pertenecer a dos departamentos diferentes, estos nueve municipios guardan una estrecha relación a través de una ecoregión1 conformada en torno a la denominada depresión momposina: ríos Magdalena, San Jorge y Cauca, así como a los complejos cenagosos que se derivan de sus aguas.

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Siguiendo las narraciones de diferentes dirigentes campesinos sucreños pertenecientes al norte y centro del departamento, en el siguiente documento se presenta parte del devenir de sus comunidades en medio de una historia no fácil de recordar y contar.

Como piezas de un gran rompecabezas: hechos, hitos organizativos, lugares, amigos, fechas, etc., son acomodados a modo de relato, intentando rescatar del olvido y del silencio parte de una historia aún en proceso de construcción.

Estos recuerdos se enmarcan dentro de la historia social del movimiento campesino en la región Caribe. Bajo este trasegar el campesinado y sus comunidades evocan el periodo de disputa por la tierra en medio del auge de sindicatos agrarios, comités campesinos y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –ANUC–; de igual manera se narran los periodos de criminalización y de violencia en contra de las reivindicaciones campesinas en el marco de la confrontación armada entre la insurgencia y los paramilitares por el control del territorio.

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