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El Catatumbo: “casa del trueno” en lengua Barí, es una región fronteriza con Venezuela, ubicada al norte de Norte de Santander, de la que en Colombia se ha escuchado poco. Al Catatumbo lo conforman los municipios de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa de Belén, El Tarra, Tibú y Sardinata, alberga los resguardos Motilón-Barí y Catalaura, donde habita el Pueblo Barí.

Ocaña y Tibú funcionan como puertas de entrada a la región y son paso obligado para acceder a los demás municipios.

Estos municipios comparten rasgos socioculturales, históricos y ambientales que permiten comprender al Catatumbo como una misma región. Uno de ellos es el río del mismo nombre, que nace en el Cerro Jurisdicciones sobre los 3.500 msnm en el municipio de Ábrego, (de la unión de los ríos Oroque y Frío, que cuando se juntan toman el nombre de río Algodonal y, una vez terminado su tránsito por Ocaña, adquiere el nombre de río Catatumbo) y desemboca en el Lago Maracaibo, en la República Bolivariana de Venezuela. En su cuenca recibe las aguas de los ríos Tarra, de Oro, San Miguel, Socuavo Sur, Socuavo Norte, Tibú, Sardinata, Nuevo Presidente, entre otros, y recibe también las aguas de cientos de quebradas.

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Volver la mirada atrás tiene sentido para las y los trabajadores y extrabajadores de la palma por dos grandes motivos: el primero de ellos es la dignificación de su trabajo, su organización y su militancia política en torno al bienestar de los trabajadores, pues a su juicio, la narración de los empresarios se ha construido sobre el señalamiento y la estigmatización de la actividad sindical como destructora de la actividad económica regional y como generadora de violencia.

El segundo es la necesidad que tienen de que las nuevas generaciones de trabajadores de la agroindustria palmera y de las comunidades en el territorio, reconozcan y comprendan la forma como se victimizó a los trabajadores organizados, en medio de un conflicto social, por la mejora de su calidad de vida y la de las comunidades, y los esfuerzos empeñados en la construcción del “desarrollo regional”.

Los trabajos que presentamos se enmarcan en una acción de memoria que parte de la búsqueda de los trabajadores y extrabajadores de la palma en el Cesar para hacer oír su voz y para encontrar aliados en el camino como la ENS (Escuela Nacional Sindical), otras organizaciones sindicales y sociales, y ONG nacionales e internacionales. Es importante destacar que por medio de la ENS se realizó el contacto con el CNMH.

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La presente crónica ilustrada hace parte de un esfuerzo de largo plazo que las y los trabajadores y extrabajadores de la agroindustria de la palma de aceite en el departamento del Cesar vienen realizando desde 2009, que ha dado fruto a varias publicaciones de memoria en las que han querido comunicar a la sociedad nacional la forma como se desenvolvieron las relaciones entre los trabajadores y los empresarios de la palma y cómo laviolencia política ha sido protagonista y mediadora de esta relación.

Volver la mirada atrás tiene sentido para las y los trabajadores y ex trabajadores de la palma por dos grandes motivos: el primero de ellos es la dignificación de su trabajo, su organización y su militancia política en torno a su bienestar, pues la narración de los empresarios se ha construido sobre el señalamiento y la estigmatización de la organización y la actividad sindical como destructoras de la economía regional y generadoras de violencia.

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Si los árboles, los ríos, los caminos y las ruinas hablaran, ¿qué nos contarían sobre la guerra? Recorridos por los paisajes de la violencia en Colombia es un proyecto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en el que se considera que, en efecto, los paisajes contienen historias que relatan o callan la memoria del conflicto armado y que en muchas ocasiones basta con agudizar nuestros sentidos para descifrar los mensajes que en ellos se esconden.

Las siguientes páginas dan cuenta de un esfuerzo por ubicar a los paisajes en el foco de la discusión, por construir memoria a partir de ellos y por poner sobre la mesa la estrecha relación entre la naturaleza y la sociedad. Para ello, el texto se divide en cuatro secciones, la primera introduce el proyecto y presenta sus alcances; la segunda describe la metodología con la que se desarrolló la investigación; la tercera aborda la discusión en torno a tres conceptos: paisaje, violencia y memoria, y finalmente aparece una sección de tipo analítico compuesta por cuatro breves textos elaborados en torno a algunos elementos del paisaje con los que se busca indagar sobre lo que los árboles, los cuerpos de agua, las ruinas, los puentes y los caminos tienen para contar sobre el conflicto armado en algunas regiones del país.

El presente documento supone un insumo pedagógico que busca dar cuenta de las reflexiones que surgieron alrededor del proyecto de investigación. En estas condiciones no aborda en profundidad un debate teórico en torno a las categorías de paisaje, violencia y memoria. Por otro lado, es pertinente añadir, que tanto esta publicación, como el especial web que acompaña el proyecto fueron construidos teniendo presente que los paisajes constituyen una experiencia sensible y en razón de esto, se buscó dar vida a sus voces a partir de imágenes, ilustraciones, sonidos, videos, cartografías y relatos. El equipo de investigación invita a abordar las siguientes páginas de la mano del especial web ya que allí aparecerá información detallada de los recorridos y los contextos de los lugares visitados.

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El 11 de abril de 2002 quedó grabado en la memoria de muchos colombianos y colombianas. Las imágenes registradas por las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que daban cuenta del secuestro de trece diputados, dos funcionarias de la Asamblea Departamental y un funcionario de la Gobernación del Valle del Cauca en el corazón de Cali, se repitieron una y otra vez en los medios de comunicación.

También se difundió la noticia sobre la muerte del subintendente Carlos Alberto Cendales en medio del secuestro, del conductor Walter López y del camarógrafo Héctor Sandoval cuando acompañaban a un equipo de noticias de RCN TV (Radio Cadena Nacional) que estaba informando sobre los operativos militares de rescate de los diputados en los Farallones de Cali.

En adelante, el país presenció a veces con nitidez, a veces nublada por la avalancha de noticias de la guerra, la lucha por el intercambio humanitario de las doce familias de los diputados finalmente secuestrados. Misas, marchas, recorridos a los Farallones de Cali, plantones en la iglesia de San Francisco, foros, obras de teatro, declaraciones, actos simbólicos, le recordaron una y otra vez a la sociedad colombiana el implacable paso del tiempo para los secuestrados y sus familias.

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El texto que se presenta a continuación es resultado de un proceso que dio inicio en 2011, cuando la comunidad del corregimiento de Santa Cecilia se acerca al Centro de Memoria del Conflicto del Cesar, y a partir de este contacto, arranca la construcción colectiva de una propuesta que se enfocó en la generación de herramientas narrativas para reconstruir la historia del conflicto armado en el corregimiento.

En este marco, el equipo planteó la necesidad de entender las dinámicas del conflicto vivido por la comunidad y cómo este fragmenta o transforma los lazos sociales que le permiten subsistir. Para presentar y entender las dinámicas que construyen y consolidan lo que se entiende por “lazos sociales de una comunidad”, se diseñó un modelo de investigación que parte de observar la participación de la comunidad de Santa Cecilia en las prácticas culturales, su importancia en la cohesión social y la manera como el conflicto armado vulneró y afectó la vida de todas las personas del corregimiento. La metodología se desarrolló por medio de encuentros participativos en cuatro de los lugares del departamento del Cesar en donde se concentra la mayoría de la población: corregimiento de Santa Cecilia, municipios de Astrea, El Paso y Valledupar. En las últimas dos poblaciones se encuentra el mayor número de personas en situación de desplazamiento.

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El despojo de los labriegos de las parcelas El Toco, El Platanal y Santa Fe, localizadas en San Diego, Agustín Codazzi y Becerril, municipios cesarenses en la Serranía del Perijá se inscribe en una década de profundos cambios en el Gran Magdalena que se inicia en 1996. Es una década de transición desde economías agropecuarias en las cuales los campesinos parceleros se inscribieron en la ola de la reforma agraria y lucha por el acceso a la tierra, al predominio de la economía del carbón y su multinacionalización.

Los conflictos agrarios de primera generación fueron impactados por el despojo violento en una triple dinámica que se conjuga de hecho: Reconfiguración violenta del territorio. Por un lado, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) incursionan en Magdalena y Cesar para disputar control territorial y social a las guerrillas que tenían sus bases en la Serranía del Perijá, a lo largo de la frontera norte con Venezuela y extendían su radio de acción en zonas de La Guajira, Magdalena y Cesar. Esa incursión violenta se orienta en contra de los campesinos parcelarios y sus logros con el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) y precipita un mercado violento de tierras y un reordenamiento de la propiedad en función de proyectos mineros y acaparamiento de tierras para ganadería por parte de paramilitares.

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La violencia paramilitar en la Altillanura: Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada es el tercer informe de la serie “Informes sobre el origen y actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones”, a cargo de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica. Según el informe, los repertorios de violencia utilizados fueron “limpieza social” –exterminio social- con un 61%, homicidios selectivos 39%, desaparición forzada 37%, seguido por tortura 22%, lesiones personales 10%, violencia sexual 6% y secuestro 6%, como  una táctica de intimidación de la población civil en aras de instaurar un orden paramilitar en virtud de ejercer un control territorial y poblacional efectivo.

Las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada (ACMV) fueron un grupo paramilitar que actuó en la región de la Altillanura de los Llanos Orientales, particularmente en los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán del Meta y los municipios de Santa Rosalía, La Primavera y Cumaribo del Vichada, por un periodo cercano a 15 años –entre 1990 y 2005-, durante los cuales cometió un importante número de victimizaciones contra la población civil, relacionadas con graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH.

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Los nueve relatos que componen esta obra son el resultado del acompañamiento que el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) realizó en el proceso de reparación colectiva a las comunidades del corregimiento  Casacará (Agustín Codazzi, Cesar), la vereda Cerro Azul (Ciénaga, Magdalena), el corregimiento Chimila (El Copey, Cesar), la vereda La Secreta (Ciénaga, Magdalena), el corregimiento La Pola (Chibolo, Magdalena), el municipio Pailitas (Cesar), el corregimiento Poponte (Chiriguaná, Cesar), el corregimiento Santa Isabel (Curumaní, Cesar) y las veredas que componen la Zona Seis de Mayo (Pelaya, Cesar). En cada uno de los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC), las comunidades solicitaron emprender acciones de reparación simbólica para la dignificación y el reconocimiento de las víctimas que dejó el conflicto en sus poblaciones y sus territorios, y la eliminación del estigma que, según afirman, aún recae sobre ellos y ellas, señalados irresponsablemente de pertenecer o apoyar a uno u otro grupo armado a cada lado del conflicto.

El primer paso en el proceso de construcción de estos escritos consistió en el diálogo con cada una de las comunidades Sujetos de Reparación Colectiva (SRC) y sus comités de impulso, para conocer sus demandas y expectativas frente al acompañamiento del CNMH y la construcción conjunta de un producto de memoria histórica como medida de reparación simbólica para cada comunidad afectada por el conflicto armado. De estos primeros acercamientos surgió la expectativa de confrontar la visión que sobre las comunidades y sus territorios elaboró la sociedad regional y nacional, con base en los discursos que cada actor armado del conflicto armado interno posicionó en la opinión pública.

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El exilio es una experiencia compleja, atravesada por sensaciones heterogéneas y momentos que se han vivido fuera del país y en algunos casos, se siguen viviendo una vez se retorna. A pesar de que los daños, pérdidas e incertidumbres de quienes tuvieron que huir del país en contra de su voluntad hayan marcado sus vidas, también lo han hecho esas luchas que emprendieron para sobrevivir y ser reconocidos. Es así como la síntesis de esos momentos de encuentro y desencuentro resultan en el nacimiento de una nueva identidad, una que no cesa de construirse y reconstruirse, a partir de lo que dejaron atrás y de sus experiencias actuales.  

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Hasta noviembre de 2016, Colombia era el 2° país en el mundo, después de Afganistán, en número de víctimas nuevas de Minas Antipersonal (MAP) y Remanentes Explosivos de Guerra (REG)  y el primero en el mundo en número de víctimas de la Fuerza Pública de estos artefactos explosivos .

Actualmente, Colombia ocupa el sexto lugar en el mundo de víctimas general, y el segundo lugar en el número de víctimas de la Fuerza Pública

Colombia es el único país de América en donde las guerrillas y otros grupos armados ilegales emplean estas armas a pesar de que su uso se encuentra prohibido por el Derecho Internacional Humanitario y la Convención de Ottawa. Colombia suscribió y ratificó este tratado mediante la Ley 759 de 2002.

• Desde 1990 y hasta el 31 de marzo de 2017 la DAICMA (Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal) registró un total de 11.481 víctimas de MAP y REG, de las cuales 7.028 son de la Fuerza Pública y 4.453, civiles.

• De las víctimas civiles, casi el 30% son niños, niñas y adolescentes y desde el 2008, el 25% (la cuarta parte) son erradicadores manuales de cultivos de uso ilícito.

• Entre 2002 y 2010 fue el periodo en que más colombianos resultaron afectados por Minas Antipersonal y Remanentes Explosivos de Guerra, es decir, durante el despliegue de la política de Seguridad Democrática y el desarme paramilitar.

• Entre 2005 y 2006 Colombia fue el país que registró el mayor número de nuevas víctimas en el mundo.

• El 98% de los atentados suceden en zonas rurales.

• Los grupos armados que más han utilizado Minas Antipersonal en la historia del conflicto han sido las guerrillas. La victimización causada por los Remanentes Explosivos de Guerra (granadas, morteros, balas, etc.) es una responsabilidad compartida por la Fuerza Pública, las guerrillas y otros grupos armados ilegales.

• No toda Colombia está minada. En 25 municipios se concentra aproximadamente el 50% de la afectación.

• Vista Hermosa (Meta) es el municipio más afectado por Minas Antipersonal en Colombia.

• Cada 4 de abril se celebra el denominado Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal.

Es importante aclarar que el presente informe centra su análisis de manera particular en el uso de las Minas Antipersonal de fabricación improvisada por parte de las guerrillas y sus daños consecuentes. Aunque las Fuerzas Militares de Colombia emplearon Minas Antipersonal industriales hasta que en Colombia entró en vigor el Tratado de Ottawa el 1 de marzo de 2001, las 30 bases militares en donde existían campos minados fueron despejadas a través de desminado humanitario de 2004 a 2010. 

El empleo de estos artefactos no es aleatorio sino que responde a una lógica bélica. Sin embargo, el hecho de que estas armas sean activadas directamente por la víctima, y que además tal activación tenga lugar de forma diacrónica hace que sus efectos sean completamente indiscriminados. Es por esto que el empleo de Minas Antipersonal en Colombia es un reflejo de las dimensiones de la degradación del conflicto armado. 

Los REG (que pueden ser granadas, morteros, balas, entre otros) quedan en los campos después de los combates o pueden ser abandonados en las zonas donde la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales han estado. A diferencia de las Minas Antipersonal, en el caso de los Remanentes Explosivos de Guerra no existe una intencionalidad de hacer daño. No obstante, sí existe un efecto indiscriminado que en particular ha afectado en el país a niños, niñas y adolescentes quienes manipulan estas municiones que llaman su atención. 

Sin embargo, pese al alto nivel de afectación que hay en Colombia y a la creciente sensibilización frente a las víctimas directas de MAP y REG, las dimensiones, características, efectos colaterales y las muy diversas expresiones del daño que ocasionan, continúan siendo ignorados. Inclusive, el hecho de que las víctimas de MAP y REG registradas representen un número muy pequeño comparado con otros hechos victimizantes, ha contribuido a cierto grado de invisibilidad de la magnitud de este problema en Colombia.

No obstante, en los últimos meses ha habido un avance importante en la materia. Como en ningún otro hecho victimizante, el desminado humanitario permite realmente garantizar la no repetición de los hechos y garantizar que no haya más víctimas de MAP y REG. Lo anterior tiene un peso importante en la construcción de paz y la reconciliación si el proceso es realizado por los directamente responsables, como es el caso de la corporación Humanicemos, creada por las FARC-EP para esta labor y que está en proceso de acreditación ante la autoridad nacional de desminado. Esta actividad, además, será contemplada como una de las sanciones en el marco de Jurisdicción Especial de Paz para los excombatientes de este grupo guerrillero. Instamos a que las actividades de desminado humanitario se acompañen de actos de reconocimiento de responsabilidad y de reparación simbólica que busquen la dignificación de la población afectada que muchas veces fue llamada “terca” o “desobediente” por ser víctima de las minas antipersonal.

Esta nueva investigación, realizada en convenio con la Fundación Prolongar, presenta las lógicas, dimensiones y magnitudes del problema de las Minas Antipersonal y Remanentes Explosivos de Guerra en Colombia. Analiza no solo la afectación que estas armas ocasionan en la corporalidad de sus víctimas directas, sino que amplía el análisis hasta la forma en que se ven perturbadas las relaciones familiares y comunitarias, así como a las huellas que quedan en los territorios afectados por estos artefactos explosivos. El informe también es un acercamiento a las respuestas institucionales y a las acciones resistentes de víctimas y comunidades afectadas. Se busca así contribuir al reconocimiento, a la dignificación y a visibilizar las víctimas de estos artefactos explosivos. 

La Ley 1448 de 2011 de Víctimas y Restitución de Tierras reconoce como víctimas a aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos como consecuencia de infracciones al DIH. Es por eso que los miembros de la Fuerza Pública afectados por Minas Antipersonal son considerados como víctimas. Este es el primer informe con perspectiva de memoria histórica en Colombia que reúne simultáneamente las voces de víctimas civiles y de la Fuerza Pública, en un momento de coyuntura histórica donde el fin del conflicto armado nacional parece vislumbrarse. 

El informe, además, se acompaña de una guía que rescata la metodología de reconstrucción de memoria empleada en los talleres llevados a cabo para la investigación. En ellos, el enfoque de discapacidad y el cuerpo como lugar esencial de memoria fueron centrales para su desarrollo. 

Algunos de los mensajes con los que los lectores se encontrarán a lo largo de este texto son: 

• Se encontraron correlaciones positivas entre:
  • Combates y victimización por MAP y REG
  • Presencia de cultivos de uso ilícito y victimización por MAP y REG
  • Aumento de desplazamiento forzado y victimización por MAP y REG
  • Aumento de deserción escolar y victimización por MAP y REG
  • Reducción de área cultivada por municipio y victimización por MAP y REG

A pesar de que las MAP se instalan bajo una lógica bélica, su efecto es indiscriminado. Esta es la principal razón para que se encuentren prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario. 

Las MAP y los REG transforman todas las dimensiones de la corporalidad (física, sensorial, emocional y afectiva) y causan daños morales, materiales y al proyecto de vida. 

Las MAP y los REG producen discapacidades que se agravan por factores sociales. Los sobrevivientes y sus familiares/cuidadoras se enfrentan cotidianamente a entornos discapacitantes y a barreras debidas a la actitud y al entorno. Todo lo anterior evita su participación plena y efectiva en la sociedad y en igualdad de condiciones con los demás. 

Existen otras dimensiones de la afectación por MAP y REG, más allá de la directa y visible en los cuerpos: la sospecha de su presencia altera los sentidos de un territorio y la relación de sus habitantes con este. 

Hay 3 características de los atentados con MAP y REG:

• Anonimato de quien los instala/quien los ha dejado. 
• Los activa la propia víctima.
• Tiempos diferentes (incluso décadas) entre la instalación y el atentado.

 El informe encontró que lo anterior ha llevado a la autoinculpación de los sobrevivientes y sus familiares en gran parte de los casos. Por esta razón, la investigación hace una apuesta y no llama “accidente” si no “atentado” a este hecho victimizante. Creemos que la palabra “accidente” oculta la naturaleza del evento y no hace referencia al responsable.

Aunque el equipo de investigación encontró falencias en todos los componentes de la acción integral contra minas, como son el desminado humanitario y la educación en el riesgo de MAP y REG, sin lugar a dudas en la ruta de atención a víctimas es donde existen los mayores vacíos: 

La asociatividad y la cercanía con otras víctimas juegan un papel esencial en la recuperación. No obstante, es uno de los hechos victimizantes que menos asociaciones de víctimas tiene en el país. 

* Este informe se hizo en convenio con la Fundación Prolongar y contó con el apoyo financiero, logístico y de asistencia técnica de la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Saldarriaga Concha.

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