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Cuando se arma que una comunidad ha sentido con fuerza el impacto del conflicto armado, ¿en quiénes se piensa dentro de la comunidad? ¿Quiénes conforman, legítimamente, “la comunidad”? Existen siempre márgenes sociales, personas que las propias comunidades no han reconocido como sujetos de derecho y han vivido victimizaciones por causa de la guerra. Las voces de estas víctimas, que incluso antes del accionar armado han sufrido sistemáticamente la estigmatización y la violencia, pocas veces logran ser recogidas en los procesos de memoria histórica, pues no todas las personas que conforman una comunidad tienen la misma posibilidad de hablar, ni todas las vidas aparecen como “susceptibles de ser lloradas” (Butler, 2010).

En esa perspectiva, este informe asume una deuda institucional que se mantenía pendiente: avanzar en la construcción de la memoria histórica de uno de los sectores de víctimas históricamente marginado, esto es, aquellas víctimas del conicto armado que se reconocen como lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas o desde otros lugares que se apartan de la norma heterosexual.

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En Arauca, como en Colombia, impera una cultura en la que la violencia contra las mujeres es omnipresente y socialmente aceptada. “En el contexto araucano, la violencia sexual no emerge como una forma novedosa de violencia ejercida exclusiva por los actores armados, sino que hace parte de un continuum de violencias ejercidas contra ellas”, dice el informe.

Este informe es una aproximación a la forma de violencia más silenciada del conflicto armado. Es un ejercicio de esclarecimiento histórico, un aporte a la reparación simbólica de las víctimas y una aproximación respetuosa a las mujeres que han sido víctimas de estos hechos. 

La violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado es la continuación de la violencia sexual en la sociedad. Aunque el marco normativo para atenderlas ha avanzado, su aplicación práctica presenta serias deficiencias.

El informe discute las complejidades jurídicas del tema, la legislación internacional y nacional y las circunstancias en las que la violencia sexual puede considerarse como un crimen internacional, ya se trate de un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra o parte de una estrategia de genocidio u otros crímenes internacionales, como la tortura.

El caso de Arauca

El informe hace un resumen de los inicios y el desarrollo del conflicto armado en Arauca: la colonización dirigida del Sarare, del gobierno de Guillermo León Valencia, en 1963, y el comienzo de la Anuc. Las primeras acciones del Eln y las Farc, en 1980; los intentos de creación de varias Convivir a lo largo de los años noventa; la llegada del Bloque Vencedores de Arauca, liderado por los mellizos Mejía Múnera, en 2001, a petición de empresas petroleras y políticos locales, que dispara los homicidios de civiles (99% de sus víctimas), y la desmovilización de medio millar de efectivos en 2006; la cruenta guerra entre las Farc y el Eln, entre 2005 y 2010, que ocasionó un aumento de la tasa de homicidios y el desplazamiento forzoso, y la excepcional ausencia de ‘bandas criminales’ en el departamento, en años recientes. 

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Este informe da cuenta de cómo en Putumayo los grandes procesos de configuración territorial tienen expresiones tanto en las formas de tenencia y de uso de la tierra y del territorio como en los conflictos relacionados con ellas. 

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Pogue es un pueblo afrodescendiente perteneciente al Consejo Comunitario de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), un territorio al cual se llega tras embarcarse por varias horas en panga y bote por el río Atrato y por el río Bojayá en el departamento del Chocó.

Desde allí, en noviembre de 2015 el grupo de cantaoras las Musas de Pogue presentaron a su comunidad y a atrateños visitantes dos productos para fortalecer su cultura y sus experiencias cotidianas de resistencia, en medio de la disputa que se gesta desde hace varias décadas en la región del Atrato por su territorio colectivo.

La cartilla Pogue: un pueblo, una familia, un río y el documental Las Musas de Pogue, fueron compartidos a los rezanderos y cantadoras invitadas de comunidades vecinas como La Boba, Veracruz, Buchado, Bellavista y Puerto Conto, pueblos en los cuales aún perviven las manifestaciones que, junto a los cantos de las Musas, constituyen el universo espiritual y las prácticas mortuorias de las comunidades negras del Chocó.

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El nuevo informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) pretende hacer visible una práctica que ha ido tomando fuerza en Colombia de manera silenciosa pero aun así goza de cierta aprobación. La llamada ‘Limpieza social’ es una dinámica que en la localidad de Ciudad Bolívar se ha convertido en un acontecimiento más de la vida cotidiana, y que ocurre de manera impune en el país desde hace más de 40 años.

Bajo premisas  como “árbol que no da fruto debe ser cortado” y “lo que no sirve, no debe estorbar” grupos de personas encubiertas, a menudo envueltos en las tinieblas de la noche, asesinan a otras personas en estado de completa indefensión. Sus convicciones les revelan estar haciendo lo correcto, pues las victimas portan consigo una marca de identidad: habitar la calle, un oficio sexual, delinquir, ser joven popular, lo cual, según los perpetradores, condena y despoja de toda dignidad a las víctimas, reduciéndolas a la condición de mal que es necesario extirpar.

El informe responde a  cuestionamientos que giran alrededor del origen de su nombre, como por ejemplo ¿Por qué se llama limpieza social si su práctica está lejos de tener una connotación positiva o de justicia? Explora además el por qué de este accionar de muerte contra grupos humanos estigmatizados, ofreciendo explicaciones sobre sus mecanismos, su persistencia y el asentimiento del que goza socialmente.

El documento se centra en Ciudad Bolívar, pero estudia también el fenómeno en Bogotá y en el país.

La investigación del CNMH explora un fenómeno sobre el que hay escasa información académica y estadística, pero que es de proporciones alarmantes: el único seguimiento sistemático, adelantado por el CINEP, da cuenta de casi 5.000 víctimas de ‘limpieza social’ entre 1988 y 2013, en 356 municipios. Y el subregistro es inmenso. En Bogotá se registran 189 casos, con 346 homicidios producto de esta modalidad, 28 por ciento de esos casos ocurrieron en Ciudad Bolívar.

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En los años setenta, a raíz de la fuerza que alcanzó el movimiento campesino en la lucha por la tierra, especiamente en la región Caribe, un grupo de trabajo, mediante la investigación de acción participativa, recogió testimonios y material de las comunidades. Este trabajo tuvo como objeto reconstruir la historia de la tenencia de la tierra, del despojo y de la organización de los movimientos campesinos en esta zonas del país a los largo del siglo XX. Sus resultados fueron entregados a la comunidad en cuatro historuitas gráficas, compliladas bajo el título Historia gráfica de la lucha por la tierra en la Costa Atlántica e ilustradas por Ulianov Chalarka.

Cuarenta años después de la elaboración de aquella historia gráfica el panorama para los campesinos se a complicado aún más. El despojo histórico de la tierra se gan sumado de una parte los daños colectivos de la violencia guerrillera y paramilitar de los años ochenta y noventa: asesinatos selectivos, masacres, desplazamiento forzado, y de otra, los daños al ecosistema, los monocultivos y el resurgimiento de la violencia contra líderes campesinos. En este escenario surge ARRAIGO y RESISTENCIA, la historia del campo caribeño colombiano en las últimas cuatro décadas.

Con base en el informe La tierra en disputa: Memorias del despojo y resistencias campesinas en la costa Caribe 1960 – 2010 y la cartilla Aportes metodológicos para la caracterización del sujero y el daño colectivo con población campesina en la región caribe desde la perspectiva de memoria histórica (2015), nace ARRAIGO Y RESISTENCIA como producto es una investigación que contó con las voces de los protagonistas de la lucha por la tierra en la costa Caribe. Su intención principal es visibilizar las continuidades de un confuso horizonte que permanece de una lucha y una organización – históricamente criminaluzadas –  que han resistido en la defensa de lo propio, con la digna esperanza de que, por fin, las políticas de tierras se vuelquen a mirar hacia la base del sistema rural: el campesinado.

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La revista Ciudadan@ de la Calle es un espacio para visibilizar las voces de personas cuyas realidades siguen silenciadas, especialmente en contextos de violaciones de derechos humanos hacia personas LTBIG (Al cambiar el orden de las letras de la sigla LGBTI por LTBIG, estamos invitando a un cambio de agenda al interior del movimiento.), con énfasis en hombres trans o transmasculinos; conflicto armado; procesos de paz y posconflicto. Ciudadan@ de normativas en el marco del conflicto armado colombiano, con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Hemos desarrollado este proceso desde varios enfoques, como el de las orientaciones sexuales e identidades de géneros no normativas, derechos humanos, enfoque diferencial y territorial, conjugado con elementos metodológicos y pedagógicos de la investigación acción participativa y la psicomagia, planteada esta última por Alejandro Jodorowsky. Tomamos los círculos de la palabra, denominados para esta experiencia círculos de memoria, como la técnica empleada para materializar dichos elementos, y el análisis del discurso, como la técnica de análisis de los hallazgos.

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La CNRR (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación) en cumplimiento de su mandato legal realizó entre 2007 y 2011 seguimiento a los procesos de desmovilización, desarme y reintegración a la vida civil de los exparamilitares de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y de acogimiento individual de exguerrilleros a los programas gubernamentales de reintegración. Producto de esta acción elaboró un primer informe en 2007 titulado Disidentes, rearmados y emergentes: ¿bandas criminales o tercera generación paramilitar? y un segundo informe en 2010 titulado La reintegración: logros en medio de rearmes y dificultades no resueltas. Esta publicación bajo el título REARMADOS Y REINTEGRADOS, Panorama posacuerdos con las AUC incluye estos dos informes dada su importancia y la actualidad que reviste revisar su contenido, en consideración del actual proceso de paz entre el Gobierno nacional y las guerrillas que se mantienen en alzamiento y de la intensa discusión registrada durante la última década en torno a la interpretación de lo sucedido al respecto.

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En los municipios de Segovia y Remedios (Antioquia) se presentó durante el periodo 1982-1997 una violencia política recurrente contra la población civil, dirigida especialmente hacia las disidencias políticas: el movimiento social (asociaciones comunitarias, sindicatos, juntas cívicas, comité de derechos humanos) y la Unión Patriótica.

Esta fue cometida por redes criminales articuladas por miembros activos de la Fuerza Pública que operaban en la región (Ejército y Policía), en asociación con civiles y grupos paramilitares, y sus principales hitos fueron cuatro masacres recogidas en este completo informe: Remedios, 4-12 de agosto de 1983; Segovia, 11 de noviembre de 1988; Segovia, 22 de abril de 1996; y Remedios, 2 de agosto de 1997. Como resultado, a partir de la violación de derechos humanos fundamentales a la vida y la integridad personal, se restringió en la región en medio de la guerra tanto el ejercicio pleno de la ciudadanía y los procesos democráticos como el disenso político.

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La desaparición de Omaira Montoya, militante de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ocurrió en la ciudad de Barranquilla en septiembre de 1977. Este caso fue el primero de miles similares que han ocurrido en el país, gran parte de los cuales han quedado en la impunidad; la mayoría debido a que solo en 1991 la Constitución Política estableció el derecho a no ser desaparecido y apenas en el año 2000 el Código Penal colombiano tipificó como delito esa conducta, la cual hasta aquel entonces había sido investigada como una modalidad de secuestro, sin serlo.

En este libro se realiza un minucioso recuento de los instrumentos internacionales en materia de desaparición forzada y los intentos colombianos por tipificar este crimen, así como de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional colombiana, el sistema interamericano de derechos humanos y los órganos que interpretan los tratados y los pactos suscritos al amparo de las Naciones Unidas.

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En este informe se seleccionaron 13 casos de desaparición forzada ocurridos en Colombia entre 1977 y 2011. Cada uno de ellos visibiliza una tipología diferente de desaparición forzada (victimarios, víctima, metodología y respuesta del Estado).

Son historias muy bien documentadas y dolorosas de las víctimas y sus familias. Allí se documenta las investigaciones penales y disciplinarias que se han hecho por esos casos, así como la suerte que han corrido en instancias internacionales. Al final, se evidencia la ineficacia del Estado, pues todos los casos han quedado impunes y solo se han impuesto sanciones menores.

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El mayor reto de este informe es reflejar los impactos psicosociales del delito de la desaparición forzada por cuanto supone exponer la dimensión del dolor y el sufrimiento, lo cual es a todas luces innombrable por la profundidad que implica en todos los aspectos de la vida de quienes se ven sometidos a una experiencia tan extrema.

Allí se realiza un ejercicio de memoria a través de testimonios, lo cual permite no sólo comprender la forma de explicar y ver el mundo de las personas victimizadas sino que, a través de ellas, es posible conocer el contexto histórico, social y político como referentes desde los cuales se narra la experiencia; es decir, evidenciar el sistema de creencias y valores de la sociedad colombiana.

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¿Ha sido eficaz el Estado colombiano para combatir, prevenir y sancionar a los responsables de un crimen contra la humanidad como la desaparición forzada de personas? Luego de leer este informe, lamentablemente la respuesta es que el Estado colombiano no ha sido eficaz en cumplir con esas obligaciones. Lo mismo puede decirse del papel del Estado en materia de búsqueda de las víctimas directas de la desaparición forzada.

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