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La CNRR (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación) en cumplimiento de su mandato legal realizó entre 2007 y 2011 seguimiento a los procesos de desmovilización, desarme y reintegración a la vida civil de los exparamilitares de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y de acogimiento individual de exguerrilleros a los programas gubernamentales de reintegración. Producto de esta acción elaboró un primer informe en 2007 titulado Disidentes, rearmados y emergentes: ¿bandas criminales o tercera generación paramilitar? y un segundo informe en 2010 titulado La reintegración: logros en medio de rearmes y dificultades no resueltas. Esta publicación bajo el título REARMADOS Y REINTEGRADOS, Panorama posacuerdos con las AUC incluye estos dos informes dada su importancia y la actualidad que reviste revisar su contenido, en consideración del actual proceso de paz entre el Gobierno nacional y las guerrillas que se mantienen en alzamiento y de la intensa discusión registrada durante la última década en torno a la interpretación de lo sucedido al respecto.

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En los municipios de Segovia y Remedios (Antioquia) se presentó durante el periodo 1982-1997 una violencia política recurrente contra la población civil, dirigida especialmente hacia las disidencias políticas: el movimiento social (asociaciones comunitarias, sindicatos, juntas cívicas, comité de derechos humanos) y la Unión Patriótica.

Esta fue cometida por redes criminales articuladas por miembros activos de la Fuerza Pública que operaban en la región (Ejército y Policía), en asociación con civiles y grupos paramilitares, y sus principales hitos fueron cuatro masacres recogidas en este completo informe: Remedios, 4-12 de agosto de 1983; Segovia, 11 de noviembre de 1988; Segovia, 22 de abril de 1996; y Remedios, 2 de agosto de 1997. Como resultado, a partir de la violación de derechos humanos fundamentales a la vida y la integridad personal, se restringió en la región en medio de la guerra tanto el ejercicio pleno de la ciudadanía y los procesos democráticos como el disenso político.

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La desaparición de Omaira Montoya, militante de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ocurrió en la ciudad de Barranquilla en septiembre de 1977. Este caso fue el primero de miles similares que han ocurrido en el país, gran parte de los cuales han quedado en la impunidad; la mayoría debido a que solo en 1991 la Constitución Política estableció el derecho a no ser desaparecido y apenas en el año 2000 el Código Penal colombiano tipificó como delito esa conducta, la cual hasta aquel entonces había sido investigada como una modalidad de secuestro, sin serlo.

En este libro se realiza un minucioso recuento de los instrumentos internacionales en materia de desaparición forzada y los intentos colombianos por tipificar este crimen, así como de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional colombiana, el sistema interamericano de derechos humanos y los órganos que interpretan los tratados y los pactos suscritos al amparo de las Naciones Unidas.

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En este informe se seleccionaron 13 casos de desaparición forzada ocurridos en Colombia entre 1977 y 2011. Cada uno de ellos visibiliza una tipología diferente de desaparición forzada (victimarios, víctima, metodología y respuesta del Estado).

Son historias muy bien documentadas y dolorosas de las víctimas y sus familias. Allí se documenta las investigaciones penales y disciplinarias que se han hecho por esos casos, así como la suerte que han corrido en instancias internacionales. Al final, se evidencia la ineficacia del Estado, pues todos los casos han quedado impunes y solo se han impuesto sanciones menores.

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El mayor reto de este informe es reflejar los impactos psicosociales del delito de la desaparición forzada por cuanto supone exponer la dimensión del dolor y el sufrimiento, lo cual es a todas luces innombrable por la profundidad que implica en todos los aspectos de la vida de quienes se ven sometidos a una experiencia tan extrema.

Allí se realiza un ejercicio de memoria a través de testimonios, lo cual permite no sólo comprender la forma de explicar y ver el mundo de las personas victimizadas sino que, a través de ellas, es posible conocer el contexto histórico, social y político como referentes desde los cuales se narra la experiencia; es decir, evidenciar el sistema de creencias y valores de la sociedad colombiana.

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¿Ha sido eficaz el Estado colombiano para combatir, prevenir y sancionar a los responsables de un crimen contra la humanidad como la desaparición forzada de personas? Luego de leer este informe, lamentablemente la respuesta es que el Estado colombiano no ha sido eficaz en cumplir con esas obligaciones. Lo mismo puede decirse del papel del Estado en materia de búsqueda de las víctimas directas de la desaparición forzada.

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Este informe reconstruye la trayectoria múltiple del interlocutor insurgente en la mesa de negociaciones.

Su situación militar, su contexto internacional, la fatiga social con la guerra y sus agrietadas relaciones con la población civil les imponen hoy compromisos más decididos con la paz, si quieren evitar, como se avizora aquí, la deriva delincuencial o un lánguido y prolongado desmoronamiento. Dejar podrir la guerra no les sirve a ellas y no le sirve al país.

Por ello el tema hoy no es, como quisieran muchos, la victoria o derrota militar, sino cómo, después de tantas décadas de sufrimiento colectivo, hacer una paz honorable para disminuir la intensidad de las inevitables heridas del posconflicto.

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El conflicto armado en Colombia ha golpeado duramente la actividad política y, por lo tanto, ha perturbado el funcionamiento del sistema democrático.

El departamento de Norte de Santander es un doloroso ejemplo de los graves daños que el conflicto armado le ha ocasionado a la posibilidad de que los ciudadanos escojan libremente a sus voceros en los cargos de elección popular y que éstos puedan ejercer a plenitud sus compromisos legales y los mandatos de sus comunidades.

Esta región del nororiente del país ha sufrido, como pocas, los embates de las guerrillas y los paramilitares contra dirigentes y militantes políticos de todas las vertientes, mediante asesinatos, secuestros, amenazas y desplazamientos forzados.

En la presente publicación, el Centro Nacional de Memoria Histórica seleccionó cuatro casos muy representativos de cómo la guerra silenció la actividad política de voceros de todas las tendencias políticas en Norte de Santander. Se trata del secuestro y muerte en cautiverio del ex ministro conservador Argelino Durán Quintero y de los asesinatos del senador liberal Jorge Cristo Sahium, del ex alcalde, poeta y candidato independiente a la gobernación Tirso Vélez y del dirigente comunista Carlos Bernal. Estas historias son emblemáticas de muchísimas otras víctimas en el país, que incluyen alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, congresistas y candidatos presidenciales.

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El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV), entrega esta nueva publicación titulada NUEVOS ESCENARIOS DE CONFLICTO ARMADO Y VIOLENCIA. Panorama posacuerdos con AUC, Nororiente y Magdalena Medio, Llanos Orientales, Suroccidente y Bogotá DC, con informes regionales sobre la situación entre 2010 y 2013 del programa de reintegración de paramilitares desmovilizados de las AUC y guerrilleros entregados ante autoridades estatales, apreciada en contraste con el análisis de las expresiones de rearme que han dado lugar al surgimiento de nuevos grupos armados ilegales.

Estos trabajos se complementan con los incluidos en el tomo anterior de la serie, sobre el mismo tema, referidos a la Región Caribe y los departamentos de Antioquia y Chocó. Lo tratado sobre cada región se apoya en informes de seguimiento que realizó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), a través de su Área de Desmovilización Desarme y Reintegración (DDR), sobre los años 2010 y 2011, y lo complementa y actualiza el CNMH-DAV con lo sucedido entre 2012 y 2013.

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La Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) entrega esta publicación titulada Región Caribe, Antioquia y Chocó. NUEVOS ESCENARIOS DE CONFLICTO ARMADO Y VIOLENCIA. Panorama posacuerdos con AUC, cuyo contenido se refiere al impacto de la aplicación de los acuerdos de desmovilización, desarme y reintegración con agrupaciones paramilitares, que dieron lugar a ceremonias de desarme y desmovilización entre 2003 y 2006, a la implementación del programa de reintegración a la vida civil con sus exintegrantes vigente hasta la actualidad y a expresiones de rearme que han involucrado a parte de esta población.

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Esta publicación titulada Yo aporto a la verdad, acuerdos de contribución a la verdad y la memoria histórica, mecanismo no judicial, abre la serie de informes de la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), relativos al diseño, implementación y resultados conseguidos con la aplicación del mecanismo no judicial de memoria histórica a cargo, definido como Acuerdos de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica por la Ley 1424 de 2010. Los sucesivos informes darán cuenta tanto de las actividades, gestiones y documentos producidos por esta Dirección, como de los informes de hallazgos sobre la memoria histórica de las estructuras paramilitares y sobre temas específicos de tal fenómeno, a partir de los aportes que se consigan de la población desmovilizada firmante de los acuerdos, las contribuciones voluntarias presentas y la consulta de las fuentes de información existentes.

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Esta cartilla se realiza como resultado de un ejercicio de reconstrucción de memoria histórica en diferentes regiones del país con diversas comunidades afectadas por el conflicto armado. Allí las víctimas tuvieron la oportunidad de hablar sobre las pérdidas, los daños y las situaciones que debieron enfrentar en algún momento.

Fue gracias a este ejercicio de memoria colectivo que se logró ubicar los hechos violentos, los contextos en que éstos ocurrieron, reconstruir las acciones de los actores armados y evocar los padecimientos y las transformaciones por las que atravesaron las víctimas.

De esta manera, esta cartilla se constituye como un inventario de daños sobre los que las víctimas demandan acciones de reparación. La identificación de los daños contribuye a que las víctimas procesen sus experiencias, encuentran respuestas y otorguen sentido a sus vivencias. Además, aporta para que la sociedad y el Estado entiendan lo que significa y cuesta reparar, y asuman la responsabilidad de llevar a cabo acciones y políticas para lograrlo.

Ronald Villamil, investigador del CNMH, explica que “se trata de un instrumento metodológico que recoge la experiencia y postura que desde la entidad se le da a la relación entre memoria histórica y daño. La cartilla aporta en dos dimensiones: 1) fortalece el debate sobre los procesos de identificación de daño desde una perspectiva de exigibilidad de derechos y reparación y 2) ofrece una propuesta metodológica que va dirigida a aquellas entidades, instituciones o personas que deseen fortalecer sus procesos de valoración de los daños y esa relación entre memoria histórica y daño.”

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Esta obra es un texto histórico, descriptivo y explicativo de los procesos extractivos inherentes al primer período de la explotación cauchera en el Putumayo y ha sido construida con base en un vasto universo de fuentes documentales primarias, elaboradas por indígenas y mestizos, por caucheros, por misioneros, por militares, por agentes gubernamentales locales y regionales y, en fin, por un conjunto muy diverso de sujetos que, fundamentalmente, estuvieron atrapados en “la vorágine” de las caucherías.

La obra está dirigida a las poblaciones indígenas del Putumayo y, en general, de la Amazonia, cuyos “taitas”, “abuelos” y “mayores”, como mano de obra endeudada y esclavizada, sufrieron los vejámenes cometidos durante el primer auge de la explotación cauchera. Asimismo, la obra está dirigida a todas aquellas personas e instituciones comprometidas con el presente y el futuro del Putumayo y, en general, de la Amazonia.

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