Por: Equipo Redacción CNMH
Entre 1959 y 2017, según cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH, fueron asesinados 615 autoridades y líderes indígenas. Mientras que de 2016 a 2017, también el Observatorio, reportó 24 muertes de personas indígenas. Por su parte, el conteo de la ONIC, desde el inicio del proceso de paz, 2012 a la fecha, asegura que van 48 personas indígenas que han perdido la vida a consecuencia de su liderazgo dentro de las comunidades, mientras que otras 133 han sido amenazadas. Su muerte, además de afectar profundamente los procesos de defensa de los derechos, que ellos y ellas apalancaban, supone unas rupturas de tejidos y relaciones dentro de las cosmovisiones propias de los pueblos.
Ante esta preocupante situación, Oscar Montero, indígena del Pueblo Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, manifestó que “en Colombia habitan 102 pueblos indígenas, de los cuales 36 están catalogados o determinados por parte de la Corte Constitucional como Pueblos indígenas en vía de extinción física y cultural a causas del conflicto armado”. Y, complementó, “las sistematicidad de asesinatos a líderes indígenas no obedece únicamente a un tema de coyuntura y es un tema que se ha mantenido siempre”.
Preocupante resulta analizar cuáles son los departamentos donde más se han presentado casos contra los pueblos indígenas, sobresaliendo Nariño, Cauca y Chocó. Territorios que se ven afectados, no solo por los asesinatos de sus autoridades, sino que se producen a la par de otros hechos victimizantes como desplazamientos masivos forzosos, confinamiento, reclutamiento forzado y atentados. Todo esto pone en evidencia una grave situación humanitaria que padecen varias comunidades y pueblos indígenas en Colombia.
Las organizaciones indígenas y sociales, así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se han manifestado respecto a la vulnerabilidad en la que históricamente han estado los pueblos indígenas, al no ser garantizados sus derechos, y cómo esta situación se ve reflejada en los actuales asesinatos y amenazas a los líderes y las lideresas que defienden los derechos de los pueblos.
La principal problemática que vive actualmente el acuerdo de paz, entre el Gobierno y las FARC, se vive con los crímenes contra líderes sociales en el país. Más de 400 defensores de derechos humanos han sido asesinados entre 2013 y 2018 según el Informe Anual del Programa Somos Defensores, titulado ‘Una piedra en el zapato’, que denuncia la grave situación que están viviendo en las regiones del país los defensores de derechos humanos. “Si bien es de suma importancia —dice la investigación— reconocer que el silencio de los fusiles trajo consigo que tuviéramos la tasa de homicidios más baja en los últimos 30 años (24 por cada 100 mil habitantes), esta tasa de homicidio se disparó de manera focalizada en los defensores y defensoras de DD.HH”.
Según el informe, los homicidios contra este grupo de la población se elevaron de 78 casos en 2013, a 55 casos en 2014, 63 casos en 2015, 80 en 2016, 106 en 2017 y en 2018 se han presentado 18 líderes asesinados sólo en los primeros 31 días del año.
Llamando la atención sobre este tema, no repetir nuestro pasado y proteger el presente, ‘Una piedra en el zapato’ coloca el dedo en la llaga sobre tres puntos esenciales para blindar a nuestros defensores de derechos humanos.
El primero es que sin lugar a dudas esta sigue siendo una profesión de alto riesgo en Colombia. “El ejercicio de estos activistas y líderes se considera ‘un estorbo’ en los territorios para quienes tienen intereses de poder en los mismos y ven en los defensores un potencial peligroso para sus objetivos”, explica el informe. Son personas que están relacionadas con la defensa de la tierra y el territorio, con enfoques étnicos y poblacionales: campesinos, indígenas, afrodescendientes o Juntas de Acción Comunal de zonas rurales en departamentos como Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Córdoba, Chocó y Cesar, donde ha existido históricamente presencia de grupos armados ilegales. “Igualmente estas zonas corresponden a escenarios donde se desarrollan operaciones militares del Estado colombiano correspondientes al ‘copamiento’ de zonas ex–FARC”, dice ‘Una piedra en el zapato’.
El segundo punto en el que llama la atención el informe tiene que ver con la implementación del Acuerdo de paz. Allí se enumera de forma categórica algunos de los obstáculos que ha sufrido en su camino este Proceso, pero que de alguna manera se han logrado sortear. Por ejemplo los cambios jurídicos realizados por el Fast Track, la constitución e implementación de la Justicia Especial de Paz (JEP), los problemas de la sustitución de cultivos uso ilícito, la restitución de tierras, la amenaza constante contra el nuevo partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, las disidencias de las FARC y los nuevos grupos que generan conflictividades.
Asimismo la investigación establece que es necesario aprovechar que el Acuerdo brinda una serie de herramientas que deben ser aplicadas para la protección de los líderes sociales. Las principales son: Unidad Especial de Investigación; Comisión de Nacional de Garantías de Seguridad y el Programa Integral de Seguridad.
La intención del Programa Somos Defensores en su investigación es analizar todas las aristas de este flagelo. A partir de ellos realza un tercer punto donde analizan el papel que han jugado todas las instituciones del gobierno para velar por el bienestar de los líderes sociales, desde la Fiscalía, pasando por el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección, la Procuraduría, hasta la Defensoría del Pueblo.
Una deuda pendiente con los líderes sociales
La realidad es que el camino a una construcción de paz, debe centrarse en la protección de aquellos territorios que siempre han estado en el olvido. Es muy difícil que la paz sobreviva con el asesinato sistemático de los líderes y lideresas sociales. Los territorios están a merced de poderes locales que buscan controlarlos a toda costa y su mayor objetivo es silenciar a quienes los protegen.
En el programa de radio se abordaron las causas y las consecuencias de estas amenazas, que en los pueblos indígenas afecta su gobernabilidad, autonomía e incluso pervivencia. También, se habló de la forma como las personas de los pueblos indígenas comprenden estas dinámicas del conflicto, no como una parte de la terminación del mismo, sino como un continuo de violencia que tiene sus primeras manifestaciones en la conquista, y que ha variado a lo largo del tiempo, pero que sigue teniendo de fondo raíces de discriminación y falta de acceso a derechos fundamentales.
Les invitamos a escuchar esta emisión de Conmemora Radio, que contó con las voces de dos líderes Nasa y Awá, en el territorio, y tuvo como invitado a Oscar Montero, Indígena Kankuamo que trabaja para la Consejería de Derechos Humanos de la ONIC y Oscar Pedraza, investigador del CNMH.
