En Cali y Bogotá se conmemorará la Semana Internacional de la Desaparición Forzada, entre el 25 al 31 de mayo, con el apoyo de la Agenda Conmemorativa del CNMH. Se realizaran actividades alrededor de la memoria de las víctimas de este flagelo, como la que organizó el Movice, donde se hará la exposición, en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, de 154 figuras de cristal que representan a los desaparecidos. De igual manera se llevarán a cabo caminatas y actividades culturales.
En Colombia han sido desparecidas 60.630 personas en los últimos 45 años en el marco del conflicto armado, según cifras del informe “Hasta encontrarlos, el drama de la desaparición forzada en Colombia” del Centro Nacional de Memoria Histórica”.
A propósito de esta fecha, recordamos 13 casos sobre lo que ha sido la desaparición forzada en Colombia, recopilados en el informe “Huellas y rostros de la desaparición forzada”, publicado en 2014.
El primer caso oficial de desaparición forzada:
El 9 de septiembre de 1977, en la ciudad de Barranquilla, Omaira Montoya Henao y Mauricio Trujillo Uribe fueron capturados por miembros del Servicio de Inteligencia (SIPEC), más conocido bajo la sigla F2, del Departamento de Policía Atlántico, en el marco de un operativo conjunto con la II Brigada del Ejército Nacional. Desde esa fecha Omaira Montoya Henao está desaparecida, mientras que su compañero Mauricio Trujillo Uribe, luego de ser torturado, fue puesto a disposición de un tribunal militar, procesado y condenado por el delito de rebelión.
El MAS en acción:
El 5 de septiembre de 1984, en el municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), los militantes del Partido Comunista y destacados líderes sociales Miguel Ángel Díaz Martínez y Faustino López Guerrero fueron capturados por varios hombres, uno de los cuales era un detective del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Los hechos ocurrieron en la “Capital antisubversiva de Colombia”, como rezaba una valla a la entrada de Puerto Boyacá, municipio bajo total control paramilitar. Desde esa fecha Miguel Ángel Díaz y Faustino López están desaparecidos.
Luis Fernando Lalinde Lalinde:
El 4 de octubre de 1984, luego de haber sido capturado en la vereda Verdúm, ubicada en el municipio de Jardín, Antioquia, Luis Fernando Lalinde Lalinde fue torturado, desaparecido y ejecutado por miembros de la compañía de la Compañía de Contraguerrilla “Cóndor”, del Batallón de Infantería No. 22 “Batalla de Ayacucho” del Ejército Nacional. El de Luis Fernando Lalinde Lalinde sería el primer caso de desaparición forzada sobre el cual se pronunciaría la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1987. Menos de un mes antes, el 25 de agosto de 1987, Héctor Abad Gómez, presidente del Comité de los Derechos Humanos de Antioquia (CDDH), y quien había denunciado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue asesinado junto con Leonardo Betancur Taborda, vicepresidente del CDDH, en un céntrico lugar de Medellín (Antioquia).
Represión antisindical:
El 19 de noviembre de 1987, Víctor Manuel Isaza Uribe, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Materiales de la Construcción (Sutimac), fue desaparecido forzadamente por un grupo de hombres fuertemente armados que vestían prendas militares, que ingresaron a la cárcel del municipio de Puerto Nare (Antioquia), donde la víctima se hallaba privada de la libertad. Su esposa, Carmenza Vélez, y sus dos hijos, Jhony Alexander y Haner Alexis Isaza Vélez, tuvieron que huir de Puerto Nare y se refugiaron en Medellín. Allí, en la capital antioqueña, Carmenza Vélez se afilió a la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (Asfaddes).
Nydia Erika Bautista de Arellana:
Nydia Erika Bautista de Arellana fue desaparecida forzadamente por hombres vestidos de civil, hacia las 6:30 de la tarde del día 30 de agosto de 1987, en el barrio Casablanca de Bogotá. La desaparecida fue torturada y posteriormente ejecutada. Los autores del crimen eran miembros de la XX Brigada de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército Nacional. A raíz de las revelaciones de un subofcial de la XX Brigada, el cadáver de Nydia Erika Bautista fue hallado en julio de 1990, junto con otras personas desaparecidas forzadamente, en el cementerio de Guayabetal, Cundinamarca. Por estos hechos, en julio de 1995 el Procurador Delegado para los Derechos Humanos ordenó la destitución del general Álvaro Velandia Hurtado, comandante de la XX Brigada, y de un subofcial de esa unidad militar. Era la segunda vez que un General de la República era destituido por graves violaciones de derechos humanos.
Frustrar procesos de paz:
El 25 de abril de 1989, Amparo del Carmen Tordecilla Trujillo fue desaparecida por miembros de la Brigada XX en Bogotá. Tordecilla era militante del grupo guerrillero Ejército Popular de Liberación (EPL) y uno de los contactos, junto con Carlos Uribe, miembro del Partido Comunista Colombiano-Marxista Leninista (PCC-ML), con el Gobierno en las negociaciones de paz que estaban en curso en 1989. Su desaparición forzada obedeció al propósito de sectores del Ejército Nacional, y en particular de los servicios de inteligencia y contrainteligencia, de torpedear las negociaciones de paz.
En el laberinto de la impunidad:
En horas de la noche del 4 de julio de 1990, en el sector de Suba de Bogotá, fue interceptado Alirio de Jesús Pedraza, abogado de derechos humanos del Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP), por varios hombres de civil y fuertemente armados. Desde esa fecha, Alirio Pedraza está desaparecido. Pedraza había hecho parte del grupo de juristas que, bajo el liderazgo de José Eduardo Umaña Mendoza, había redactado el primer proyecto de Ley tipificando como delito la desaparición forzada. El proyecto de Ley sería presentado en la última semana de octubre de 1988 por el entonces Procurador General de la Nación, Horacio Serpa Uribe, al Congreso de la República, por intermedio del Ministro de Justicia.
La desaparición forzada y la disciplina militar:
El 28 de diciembre de 1997, el soldado profesional del Ejército Nacional Oscar Iván Tabares Toro desapareció en las horas de la noche en extrañas circunstancias, cuando se encontraba acampando junto con su unidad militar en la vereda Toledo del municipio de San Juanito, Meta. El Ejército Nacional ha alegado que el soldado profesional habría desertado o se habría unido a un grupo guerrillero. Sin embargo, toda la información indica con total certeza que Oscar Iván Tabares Toro fue desaparecido y asesinado por sus superiores. Hasta la fecha de hoy, Oscar Iván Tabares Toro sigue desaparecido.
Los familiares de los desaparecidos:
El 6 de octubre de 2000, en un céntrico lugar de Medellín, los defensores de derechos humanos y miembros de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve Pulgarín fueron interceptados por varios hombres fuertemente armados que se movilizaban en un automóvil y una moto. Los dos defensores de derechos humanos fueron esposados y obligados a subirse al vehículo automotor, el cual partió con rumbo desconocido. Aquel día, en horas de la mañana, Ángel Quintero había rendido declaración en una fiscalía delegada ante el Gaula Urbano de Medellín, dentro del proceso penal por la desaparición forzada de varios miembros de su familia, tres de ellos desaparecidos en agosto de 2000. Desde esa fecha se desconoce el paradero de Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve Pulgarín.
En la boca del lobo:
El 27 de mayo de 2001, Jorge Luis De La Rosa Mejía, Fabio Luis Coley Coronado, Aída Cecilia Padilla Mercado y Sadith Elena Mendoza Pérez fueron desaparecidos forzadamente en jurisdicción del municipio de San Onofre, Sucre, por paramilitares. De La Rosa y Coley Colorado eran investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) que se habían desplazado a la zona en cumplimento de una comisión judicial asignada por la Fiscalía General de la Nación, para desarrollar actividades de investigación e inteligencia respecto de una serie de crímenes cometidos en los departamentos de Sucre y Bolívar por paramilitares del “Bloque Héroes de los Montes de María”, del “Bloque Norte” de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y en particular por el jefe paramilitar Rodrigo Antonio Mercado Peluffo, alias “Cadena”.
La desaparición forzada de los investigadores del CTI y las dos mujeres se enmarca en dentro de un contexto de violaciones sistemáticas y a gran escala de derechos humanos cometidas por grupos paramilitares para su consolidación en la región y sometimiento de la población. Estos grupos no sólo contaron con el apoyo, complicidad y aquiescencia de las autoridades civiles y militares locales, y de las elites políticas y económicas de la región, sino, como lo han señalado la Corte Suprema de Justicia e investigaciones periodísticas, el paramilitarismo en Sucre fue “un proyecto armado por su clase política”.
“Estado de las Autodefensas”:
El 21 de mayo de 2002, el joven franco colombiano Simón Efraín González Ramírez fue capturado y desaparecido por reconocidos paramilitares del Frente William Rivas Hernández, del “Bloque Norte” de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en una vía pública ante la presencia de numerosas personas en pleno centro del municipio de Ciénaga, Magdalena. Posteriormente, Simón fue torturado y ejecutado por sus captores en un paraje rural. En la morgue de Ciénaga, un funcionario de Medicina Legal, que trabajaba para los paramilitares, trató de disimular el cuerpo de Simón, el cual fue inhumando como “N.N.”.
“Falsos positivos”:
Álix Fabián Vargas Hernández fue detenido arbitrariamente, desaparecido forzadamente y posteriormente ejecutado extrajudicialmente por efectivos militares del Grupo de Caballería Mecanizado No. 1 “General José Miguel Silva Plazas”, perteneciente a la I Brigada del Ejército Nacional, entre el 7 y 8 de agosto de 2008, en la ciudad de Tunja, Boyacá, y el corregimiento de Susa, municipio de Onzaga, Santander. El Ejército Nacional de Colombia presentó el crimen ante la opinión pública como una “muerte en combate” y a Álix Fabián Vargas Hernández como un “terrorista” dado de baja. Su padre don Jorge Vargas Fonseca, falleció el 15 de diciembre de 2009 de pena moral por el crimen de su único hijo varón y el tratamiento recibido por el Estado.
Políticas públicas bajo prueba:
El 17 de febrero de 2011, la activista ambientalista Sandra Viviana Cuéllar Gallego fue desaparecida en Cali, Departamento del Valle del Cauca. Su amigo y colega de trabajo Hildebrando Vélez fue reiteradamente amenazado y hostigado por sus labores de búsqueda de Sandra Viviana. Hasta la fecha, Sandra Viviana está desaparecida. La desaparición forzada de Sandra Viviana pondría en evidencia las falencias y disfuncionamientos de la política pública de búsqueda de desaparecidos del Estado colombiano.
Para leer el informe completo ingresa a: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/informes-2014/desaparicion-forzada
