“¡Que la paz no nos cueste la vida!” piden las organizaciones de víctimas, sociales y defensoras de derechos humanos, por los asesinatos y ataques que vienen padeciendo mientras las instituciones y la sociedad permanecen indiferentes.
A la larga lista de líderes asesinados se suman los dos casos ocurridos el pasado 5 de marzo, en la vereda El Gobernador, del municipio de Mesetas, departamento del Meta. El campesino, militante del partido Comunista y del sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta “SINTRAGRIM”, José Antonio Anzola Tejedor, fue asesinado al salir de su finca.
José Antonio Anzola Tejedor, participó en un taller realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), a mediados de febrero en Jardín de Peñas, sobre el lugar de memoria en honor a la Unión Patriótica, que se ordenó en la sentencia Josué Giraldo Cardona. “Se está acallando la voz de los reclamantes de la restitución de las tierras y defensores de los derechos humanos, con lo cual están amedrantando a los habitantes de los territorios para que desistan de reclamar sus derechos”, dice la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC).
Ese mismo día, a las 7.00 p.m., llegaron tres hombres armados, uno de ellos encapuchado, hasta la casa de Luz Ángela Anzola Tejedor, hermana de José Antonio, “se presentaron como integrantes de la ‘disidencia’ de las FARC del frente segundo, manifestándole a su familia que ya habían asesinado a su hermano José Antonio y que venían a asesinarla a ella, por ser sapos, con lo que procedieron a sacarla de la vivienda y darle un disparo delante de su familia”, dice un comunicado del Partido Comunista Colombiano-Regional Meta.
Estos dos casos se suman al asesinato de Ruth Alicia López Guisao de 38 años de edad, ocurrido en Medellín el miércoles 2 de marzo. Esta lideresa era integrante de la Asociación Agroecológica Interétnica Nacional Agrario y del Congreso de los Pueblos, y dinamizadora alimentaria con doce comunidades indígenas y afro descendientes de los municipios de Medio San Juan y Sipí en el departamento de Chocó.
Ruth y su familia en reiteradas ocasiones habían recibido amenazas, fueron víctimas de una intensa persecución por parte de grupos paramilitares, que las obligó a desplazarse de la zona. La razón, ser reconocidos líderes comunitarios y sobrevivientes de la Unión Patriótica, haberse destacado por el servicio social y solidario, afirma el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado-MOVICE, en comunicado de prensa del pasado jueves 3 de marzo. En dicho comunicado, firmado por más de 33 organizaciones que han sufrido la violencia paramilitar, se rechazan estos asesinatos y se exige acciones efectivas por parte del Gobierno para el desmonte del paramilitarismo en el país.
En medio del dolor e indignación, ese mismo miércoles 2 de marzo en horas de la mañana en Bello-Antioquia, fue asesinado Fabián Antonio Rivera, presidente de la Acción Comunal de Rosalpi, zona en donde operan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), como informa la agencia de noticias e investigación Análisis Urbano.
Pero estos asesinatos se vienen produciendo a lo largo del país. Tres días antes de lo sucedido en la capital antioqueña, en Corinto-Cauca fue asesinado Eder Cuetia Conda, coordinador de la Seguridad Campesina del Corregimiento Los Andes, comunero del Resguardo Indígena de López Adentro e integrante de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Siberia. La Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, a través de su vocero Deivin Hurtado aseguró que ¨desde le año pasado han estado insistiendo en que este accionar obedece a grupos paramilitares, por más que la institucionalidad no haya querido reconocer la existencia de estos paramilitares y la persecución directa a líderes sociales¨.
La Corte Interamericano de Derechos Humanos en su comunicado de prensa del 7 de febrero de 2017 condena estos asesinatos y afirma que “los Estados tienen la obligación de establecer responsabilidades y sancionar a los autores materiales e intelectuales. Las investigaciones deben incluir el desarrollo de líneas de investigación donde se analice como hipótesis que este crimen haya tenido como móvil su actividad como persona defensora de derechos humanos¨.
La capital del país no se libró de estos actos de violencia y ataques. El 29 de enero en la localidad de Usme fue asesinado Wilfredy Gómez Noreña de 32 años de edad, quien era representante de una asociación comunal de Usme, y miembro de la Mesa de Derechos Humanos de la ciudad. Wilfredy había recibido amenazas por parte del grupo de los Rastrojos.
La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por los constantes ataques y asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.
En comunicado de prensa el Defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret afirmó que “en los últimos 14 meses al menos 120 líderes y defensores de derechos humanos han sido asesinados, y se han presentado 33 atentados y 27 agresiones en el país¨, y hace un llamado a las autoridades y a la sociedad en general “a tomar acciones urgentes para blindar moralmente y proteger a las posibles víctimas, organizaciones y movimientos sociales”.
Los actos de violencia contra los representantes de la vida comunitaria y de la defensa de la vida no sólo atetan contra la integridad de estos seres humanos, sino que quebrantan el tejido social de cada comunidad, teniendo en cuenta el papel fundamental que juegan estos líderes. Generan miedo y zozobra y dejan en evidencia la total indefensión en que se encuentran las personas y comunidades, que son los actores principales de la implementación de los acuerdos de paz en el territorio.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, monitoreó que a 30 de noviembre de 2016 se realizaron 35 atentados y 52 homicidios en contra de líderes y lideresas defensoras de Derechos Humanos.
