El Catatumbo ha sido un lugar de disputa para los grupos armados ilegales por su localización estratégica para las rutas del narcotráfico, el paso fronterizo con Venezuela y por el paso del oleoducto Caño Limón-Coveñas. Por la ausencia del Estado, los habitantes de la región se vieron obligados a convivir con todas las guerrillas.

Cuando los rumores de la presencia de los paramilitares empezaron a circular en la década de los noventa, muchos habitantes abandonaron sus tierras por temor a las actuaciones del naciente Bloque Catatumbo. La preocupación era tal, que varias oenegés habían convocado consejos de seguridad para alertar a las autoridades acerca del grave peligro que corría la población de Tibú. De hecho, el jueves 19 de agosto de 1999, dos días antes de la masacre, el entonces presidente Andrés Pastrana estuvo en un consejo de seguridad en Cúcuta, convocado por la oenegé, Minga.

Una masacre tras otra

Según la versión libre de Jorge Iván Laverde Zapata, alias “el Iguano”, Mancuso y Castaño tenían como uno de sus objetivos principales la conquista de Tibú; La Gabarra sería el primer paso para conseguirlo.

El 29 de mayo, en la vía que comunica a la cabecera con el corregimiento, cerca de 200 “paras”, que habían sido enviados desde Córdoba y Urabá, se ubicaron a lo largo de la carretera y pararon los vehículos que pasaban por ahí. Asesinaron a ocho personas, según reportes oficiales, con lista en mano (algunos testigos aseguran que fueron 16). Desde ese día hasta el 22 de agosto el CTI de la Fiscalía registró 77 muertos en Tibú, La Gabarra y algunas otras veredas del municipio.

Las alertas de varias autoridades defensoras de los derechos humanos lograron retrasar la llegada de los paramilitares a La Gabarra en mayo del 1999. Sin embargo, el excomandante del Batallón Contraguerrilla nº 46, teniente Luis Fernando Campuzano (condenado como coautor por esos hechos a 40 años de prisión según la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 12 de septiembre de 2007), permitió la llegada del grupo al casco urbano la noche del sábado 21 de agosto. Ese día, según testigos, el retén permanente del Ejército, que protegía al corregimiento, fue levantado. Además, se ordenó a los militares no salir de la base, argumentando que estaban siendo atacados por algún grupo insurgente, versión que también fue desmentida por varios testigos.

Ciento cincuenta paramilitares provocaron un apagón en La Gabarra y entraron a los bares y lugares de recreación aprovechando que los sábados en la noche varias personas de las veredas bajaban a divertirse. Las víctimas registradas en ese momento fueron 35. Sin embargo, durante la incursión paramilitar en El Catatumbo varios cuerpos fueron desmembrados y lanzados a los ríos Táchira, Zulia y Catatumbo, haciendo difícil las labores de reconocimiento y conteo de los cuerpos.

16 años de abandono

La masacre del 21 de agosto marcó el inicio de una serie de disputas territoriales que dejaron, en total, según informes del Cinep, cerca de 100 muertos. En 2001 hubo dos masacres a manos de las Farc y el Eln en contra de raspachines. En 2004 hubo otra gran masacre de 34 campesinos a manos de guerrilleros de las Farc. Según el fiscal asignado al caso, Edgar Carvajal, esto fue la evidencia más clara de la ausencia del Estado en la zona de El Catatumbo. “El Estado se desentendió porque no le convenía estar ahí, y a la vez le convenía que las Auc estuvieran ahí porque, mal que bien tenían, controlada la presencia de la guerrilla”, afirmó el fiscal.

Una gran consecuencia que dejó la incursión paramilitar en el Catatumbo fue el despojo masivo de tierras y la cantidad de familias que tuvieron que salir desplazadas. Según la Unidad de Restitución de Tierras, Tibú es el municipio con más reclamantes de tierra en Norte de Santander.

Tras la desmovilización de los paramilitares, se entregaron 105 fincas, 17 locales comerciales y 39 casas. El proceso de restitución en el área urbana, según el fiscal Carvajal, fue más fácil de llevar a cabo porque las casas ocupadas eran muy fáciles de identificar; varias de ellas fueron utilizadas como centros de tortura y eran conocidas como “casas del terror”.

En cuanto a la zona rural, en el corregimiento se adelanta un proceso de restitución colectiva aproximadamente desde 2013, pero, según el fiscal Carvajal, el proceso es lento debido a que los predios han sido difíciles de identificar. Las Auc nunca apropiaron completamente los terrenos, sino que muchos fueron usados temporalmente para guardar ganado robado o sembrar temporalmente cocaína. “Es más, la mayoría de ellos se fueron cuando se desmovilizaron y se devolvieron a los lugares de los que venían porque no eran de la zona”, dijo el fiscal.

Para Maria Fernanda Pérez, investigadora del Centro Nacional de Memoria Histórica, existe otro elemento que ha agravado el tema de las tierras en la zona y es la siembra de palma y las apropiaciones de la tierra para esta actividad. Además, las pocas garantías de seguridad impide el retorno de los desplazados: “Tú vas allá y ves solo tanques, solo Ejército. Es evidente que es una zona en guerra”, dice la investigadora.

El pasado fin de semana, la casa parroquial de La Gabarra convocó una caminata conmemorativa desde la parroquia del corregimiento hasta el cementerio. “Es necesario no dejar pasar por alto esas fechas que siempre son tan dolorosas”, dijo el padre Juan Manuel.

El desplazamiento ha sido definitivamente una consecuencia constante y silenciosa en medio del conflicto armado en Colombia. El Centro Nacional de Memoria Histórica, en el marco de la Semana por la Memoria, que se llevará a cabo en octubre, lanzará la serie de desplazamiento “Una nación desplazada”, que contendrá un informe sobre los desplazamientos en El Catatumbo titulado: “Con licencia para desplazar”.